Julio César Olivera Azuaje

Expediente 2836/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2836/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Julio César Olivera Azuaje

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, a al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/5845/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Raúl Amílcar Méndez Aranda, apoderado de Julio Cesar Olivera Azuaje, quejoso en este asunto, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada el trece de diciembre del año que transcurre. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito aclaratorio y la demanda de amparo que promovió Raúl Amílcar Méndez Aranda, apoderado de Julio Cesar Olivera Azuaje, quejoso en este asunto, contra la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral del escrito aclaratorio de demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, como una facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: ACTO RECLAMADOS La resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, notificada mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de noviembre de la presente anualidad, dictada en el toca 152/2022. DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por tanto, por actos que sean de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen derechos sustantivos públicos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales. En otras palabras, para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquellos que afectan derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos. Como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, por sólo tener un efecto de carácter formal e inciden solamente en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, en la especie se advierte que el quejoso acude a la presente vía constitucional reclamando que la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocó la resolución del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se había decretado la caducidad de la instancia en el juicio extraordinario hipotecario 326/2017. Acto el cual no tiene la característica de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo del promovente, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental; máxime, de que existe la posibilidad de que el resultado que se emita en dicho procedimiento pueda resultar favorable a sus intereses, con lo que quedaría subsanada la posible ilegalidad cometida en el acto que ahora reclama. Atento a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado constituye un acto procesal, el cual, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del impetrante de amparo una ejecución que sea de imposible reparación. De ese modo, se insiste, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de una actuación meramente procesal dictada en un procedimiento que no ha concluido, es claro que aún está en condiciones de obtener sentencia favorable a sus intereses y, en el supuesto de no ser así, podrá impugnar dicha violación a través del juicio de amparo directo que en su oportunidad promueva en contra del fallo definitivo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011428 de rubro y texto siguiente siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese, haciéndolo personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; trece de diciembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos, se ordena agregar el escrito de los quejosos ********************y ********************, mediante el cual, por los motivos ahí expuestos, esencialmente solicitan se fije nueva hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial señalada en auto de cinco de los corrientes, en el lugar que ocupa el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. En virtud de lo anterior, dígase a los ocursantes que deberán estarse a lo acordado en proveído de doce de diciembre del año en curso, en el cual se solicitó al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, señalara nueva fecha y hora para que la perito oficial comparezca en el local que ocupa ese órgano jurisdiccional, para el desahogo de la referida probanza. Por lo que una vez que la mencionada autoridad comunique a este Juzgado ello, se hará del conocimiento de las partes, para los fines legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Jennifer Pérez González. Doy fe.

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