Julio Cesar Lopez

Expediente 613/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
613/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • JULIO CESAR LOPEZ y Otros.
  • Genaro Castillo Bolio
  • Julio Cesar Lopez
  • Delegado del Registro Nacional Agrario En el Estado de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional con residencia en la Ciudad de México que remite en representación del Director General de Registro y Control Documental, así como, del Director en Jefe, mediante el cual manifiesta que se encuentran realizando los trámites conducentes a efecto de cumplir con la sentencia de amparo. Así, del oficio de cuenta, se desprende que la autoridad responsable instruyó al Director General de Registro y Control Documental, a fin de que informe el estatus de la liberación de clave de acceso al sistema informático relativo a la solicitud ********************, lo cual hará del conocimiento de este Juzgado Federal. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, requiérase a la citada autoridad para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe lo relativo a la liberación de la clase de acceso de la solicitud de mérito. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el telegrama suscrito por el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional con residencia en la Ciudad de México que remite en representación del Director General de Registro y Control Documental, así como, del Director en Jefe, mediante el cual manifiesta que se encuentran realizando los trámites conducentes a efecto de cumplir con la sentencia de amparo. Para acreditar lo anterior, la ocursante manifiesta que vía correo certificado remite a este órgano, copia certificada del oficio DGAJ/14865/2023. Por lo tanto, estese a la espera de recibir las constancias antes descritas, a fin de acordar lo que a derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de agosto de dos mil veintitrés, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. La cual en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, contra los actos reclamados del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y en su segundo resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que reclamó del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 613/2023-I-B, promovido por JULIO CÉSAR LÓPEZ, GENARO CASTILLO BOLIO, DANIEL IVÁN CAMPOS AGÜERO y JOSÉ GONZPALEZ PÉREZ; y. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el diecinueve de abril de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el veinte siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció JULIO CÉSAR LÓPEZ, GENARO CASTILLO BOLIO, DANIEL IVÁN CAMPOS AGÜERO y JOSÉ GONZPALEZ PÉREZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclaman a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; Director General de Registro y Control Documental; y, Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite 31220017879, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela colectiva 110, del ejido Seyé, municipio del mismo nombre, en el Estado de Yucatán, así como expedir y poner a disposición el título correspondiente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Delegada Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad (número de promoción 7998), pues así lo señaló su encargada al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe de ley, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En ese sentido, debe decirse que por la naturaleza del trámite de registro agrario de que se trata, se tienen diversos estadios procesales en los que se involucran las diferentes autoridades responsables, el cual comienza con la integración y remisión que debe hacer la indicada Delegación correspondiente del Registro Agrario Nacional, de los expedientes relativos a las inscripciones, entre otras, que tengan relación con la adopción del dominio pleno de las parcelas, a la Dirección General de Registro y Control Documental, en términos de los artículos 16, fracción IV, inciso e) y 22, fracción IV, ambos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En efecto, de las constancias allegadas y lo anteriormente asentado, se aprecia que a la fecha en la que se promovió la demanda (diecinueve de abril de dos mil veintitrés), la responsable ya había remitido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, la solicitud 31220017879, relativa a la parcela colectiva 110, del ejido Seyé, municipio de Seyé, Estado de Yucatán; lo que hizo mediante oficio RAN/YUC/SR/7202/2022 de doce de diciembre de dos mil veintidós. Sin que obste el hecho de que del oficio en comento no se advierta la fecha cierta en que el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México, recibió las documentales relativas al trámite administrativo antes indicado, pues como se verá más adelante dicha autoridad incluso emitió calificación registral positiva. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director General de Registro y Control Documental y al Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México (número de promoción 11085), pues aun cuando negaron su existencia, realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, por lo que se ve desvirtuado con las constancias que obran en autos de las que se constata que al día de hoy, la solicitud 31220017879 relativa al trámite iniciado por los quejosos, aún no se encuentra concluida. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por los quejosos, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (nueve de diciembre de dos mil veintitrés), a la en que se promovió la demanda (diecinueve de abril de dos mil veintitrés), ya habían transcurrido cuatro meses, ocho días, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que haya sido expedido y puesto a disposición el título de propiedad correspondiente. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en el informe justificado rendido en representación de las autoridades con sede en la Ciudad de México, de donde se desprende que el día quince de mayo de dos mil veintitrés le recayó calificación positiva a la solicitud número 31220017879, y la cual se encuentra en proceso para la liberación de la clave para su debida inscripción. En virtud de que, si bien las autoridades responsables ya emitieron la calificación positiva correspondiente, lo cierto es que a la presente fecha no han concluido con el trámite correspondiente a la solicitud 31220017879, pues el Director en Jefe no ha autorizado la liberación de la clave del sistema informático y, por ende, la Dirección General de Registro y Control Documental no ha realizado la inscripción respectiva, lo que evidencia la violación al artículo 17 Constitucional. Por tanto, toda vez que de autos se advierte que hasta el momento en que se resuelve las autoridades responsables aún no ha dado cabal trámite a la solicitud materia de la litis, por tanto, el acto reclamado resulta violatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, por lo que se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades, en aras de evitar la promoción de diversos juicios de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, sea puesto a disposición el documento respectivo a la parte promovente, sin que ello implique la entrega del mismo como parte del cumplimiento a esta ejecutoria, ya que tal circunstancia dependerá de la actuación del propio quejoso de presentarse ante la autoridad para tal efecto. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta resolución se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JULIO CÉSAR LÓPEZ, GENARO CASTILLO BOLIO, DANIEL IVÁN CAMPOS AGÜERO y JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ, contra los actos atribuidos a la responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JULIO CÉSAR LÓPEZ, GENARO CASTILLO BOLIO, DANIEL IVÁN CAMPOS AGÜERO y JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ, en contra de los actos que reclamaron del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

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