Julio César Bocanegra Rendón

Expediente 1718/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1718/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Julio César Bocanegra Rendón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El trece de noviembre de dos mil dieciocho el licenciado Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, transcurrió del seis al doce de noviembre de la presente anualidad, sin contar los días diez y once del mismo mes y año, por haber sido inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe. Karla

  2. Principal

    CUENTA. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el escrito registrado con el folio 21857 con cuatro copias que se adjuntan. Zacatecas, Zacatecas, treinta de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el escrito aclaratorio presentado por el quejoso Julio César Bocanegra Rendón, a través del cual da cumplimiento a las prevenciones realizadas mediante proveído de dos de octubre pasado, al respecto se provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad responsable ordenadora: Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. Autoridades responsables ejecutoras: Central de Notificadores y el oficial notificador de los juzgados civiles, familiares y mercantiles del Distrito Judicial de la Capital del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas Acto reclamado: La ilegal notificación de la sentencia definitiva y como consecuencia de ello todo lo actuado incluyendo la ejecución de la misma en el juicio 245/2017 radicado ante el juzgado segundo familiar. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el juzgado de Amparo, luego de examinar la demanda de derechos, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". De la lectura integral del escrito de demanda, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Julio César Bocanegra Rendón, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado disponen lo siguiente: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y [.]" "Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad". De los preceptos transcritos se advierte que procede el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las notificaciones que no se hayan verificado conforme a las disposiciones legales. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la ilegal notificación de la sentencia definitiva y como consecuencia de ello todo lo actuado incluyendo la ejecución de la misma dentro del juicio 245/2017 radicado ante el Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial de la capital. Ahora, de las manifestaciones del quejoso, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda y escrito aclaratorio, se desprende que Julio César Bocanegra Rendón compareció dentro del juicio 245/2017 radicado ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial de la capital como parte demandada. En ese orden, contra el acto reclamado el impetrante se encontraba en aptitud de defenderse e interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 178, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas; sin embargo, no se aprecia que el promovente acudiera al citado medio de defensa, no obstante, de encontrarse en aptitud para ello, al ser parte en dicho expediente, y atendiendo a que el juicio de amparo, como medio de defensa extraordinario únicamente procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por estos, aquellos en contra de los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa cuya substanciación pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación de los mismos, y como en la especie, era procedente tramitar el incidente de nulidad de notificaciones, y al no haberlo hecho así, el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o.C. J/309, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 1775, registro digital 167485, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." De igual forma, es aplicable por analogía la tesis aislada IV.1o.C.52 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2430, registro digital 176916, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia." Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia referida se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la ilegal notificación de la sentencia dictada en el juicio 245/2017, puede ser combatida según lo establecen los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a través del incidente de nulidad de notificaciones, ya que éste es procedente contra las notificaciones que no sean practicadas conforme a las leyes; así pues, dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado sí permite que dicho incidente pueda promoverse dentro de aquél procedimiento; y con el medio de impugnación referido podría lograrse la nulificación de dichas notificaciones. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural (demandado), no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo a la orden de embargo, dictada en su contra dentro del juicio 245/2017 y su ejecución, en razón a que no es combatida por vicio propios, sino en vía de consecuencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JULIO CÉSAR BOCANEGRA RENDÓN, LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa el licenciado Juan Carlos Lombardo Reveles, mediante el cual pretende dar cumplimiento a las prevenciones realizadas mediante proveído de dos de octubre pasado, sin embargo no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el desahogo de las prevenciones deben ser cumplidas por el propio promovente del amparo, ya que es él quien debe realizar la protesta de ley al manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada. Ahora, toda vez que el escrito aclaratorio de cuenta fue presentado el tercer día de los cinco otorgados para dar cumplimiento a las prevenciones realizadas, con lo cual se interrumpe dicho cómputo, luego, dicho plazo otorgado continuará transcurriendo hasta en tanto surta efectos la notificación personal que se practique al impetrante del amparo respecto del presente auto. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia que se precisa enseguida: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente. ..."

  4. Principal

    El dos de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 19929. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la promoción signada por la actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución pronunciada por el tribunal Colegiado auxiliar; acúsese recibo. Agréguese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia dictada por este Juzgado, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para los efectos indicados en dicha ejecutoria; por tanto a fin de dar cabal cumplimiento a lo anterior, se acuerda: Requiérase al secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, remita las constancias pertinentes o cualquier otro medio que justifique que el quejoso realizó el pago del impuesto adicional para la infraestructura en el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Se apercibe a la mencionada autoridad que de hacer caso omiso al presente requerimiento, este órgano jurisdiccional resolverá el presente juicio únicamente con las constancias que obran en el expediente. Finalmente, se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional celebrada, así como la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y en su lugar, se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cindy* 28280, 28281, 28282 y 28283

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