Julio César Aguilar Carlos
Expediente 589/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Julio César Aguilar Carlos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En catorce de junio de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que del treinta de mayo al diez de junio del presente año, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo número 589/2016-3.- DOY FE. En catorce de junio de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Hágase la presente determinación del conocimiento de las partes, y en razón de que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 589/2016-3, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, que actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado José de Jesús Martínez Torres, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da cuenta con un oficio con registro 10097, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el laudo de veinticuatro de mayo del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 266/2014. Acto continuo, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (por conducto de Magistrada Presidenta), en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas se da cuenta con las documentales que remitió la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado; así como las que adjuntó al ocurso de cuenta, consistentes en copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 266/2014 y así como el laudo dictado el veinticuatro de mayo del presente año, dentro de dicho expediente. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la ley reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del precepto legal antes invocado, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 589/2016-3; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JULIO CÉSAR AGUILAR CARLOS solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas de dictar el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 266/2014. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de quince de abril de dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión atribuida a una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como de los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . Presunción. En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la omisión en que ha incurrido el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas de dictar el laudo correspondiente, en el juicio laboral 266/2014. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro y texto : "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Existencia. Es cierto el acto que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, pues así lo reconoció expresamente su magistrada presidenta en el informe justificado que rindió (f. 8). Además, la certeza del acto impugnado se corrobora con las constancias que integran el expediente laboral 266/2014, que remitió la citada magistrada en apoyo a su informe justificado, así como a su ocurso recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal en esta propia fecha; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. " TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión que debe analizarse de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto se lee: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías ". Este resolutor considera que en el presente asunto se patentiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso JULIO CÉSAR AGUILAR CARLOS señaló como acto reclamado la omisión en que ha incurrido el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 266/2014. Ahora bien, mediante oficio TCA/1004/2016, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado en esta propia fecha, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través de su Magistrada Presidenta, remitió el laudo dictado el veinticuatro del mayo de dos mil dieciséis, dentro del citado sumario; lo que revela que ha dejado de existir el apuntado acto de omisión que se reclama en el presente juicio de amparo. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las documentales antes descritas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional, la autoridad responsable dictó el laudo cuya omisión reclamó el quejoso; y en ese contexto, es inconcuso que ello se traduce en que fue restituido en el pleno goce del derecho fundamental tutelado por el artículo 17 constitucional, que consideró vulnerada en su perjuicio. Por identidad de razones, lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo ". En ese tenor, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de garantías 589/2016-3, promovido por JULIO CÉSAR AGUILAR CARLOS, respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por las razones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. L'JJMT/mcc. 26480
- Principal
En trece de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presente autos, y tomando en consideración que mediante proveído de cuatro del presente mes y año, se dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido de dicho informe y no se le deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En trece de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presente autos, y tomando en consideración que mediante proveído de cuatro del presente mes y año, se dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido de dicho informe y no se le deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe."
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