Julio César Díaz Acosta

Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
412/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Julio César Díaz Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Juicio de amparo: 412/2022 El doce de julio de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veintidós de junio del año en curso; sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la suspensión provisional y definitiva; sin embargo, no se exhibió billete de depósito sobre el cual deba proveerse. Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos en el que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en tres tomos (duplicados en tres legajos relativos a la causa penal 10/2010). Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del trece de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 412/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inicia su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y de las demás constancias que obran en autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias, lo anterior para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. En el periodo de alegatos: el secretario da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado, por medio de los pedimentos con folios 15715 y 15950. A lo que el juez dispone: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los presentados por la representante social y por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho proceda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 412/2022; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido al día siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en el estado cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Julio César Díaz Acosta, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1).- Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Villa de cos, Zacatecas. 2).- Inspector Jefe de la Policía de Investigación, con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión girada en su contra dentro del proceso penal número 10/2010 y su ejecución. Preceptos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el estado. En proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se registró el expediente con el número 882/2021 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. TERCERO. Solicitud de constancias a este órgano jurisdiccional. En proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Villa de cos, Zacatecas. Asimismo, se dio cuenta con la manifestación realizada por la responsable, en el sentido de que la parte quejosa promovió diversos juicios de amparo que por razón de turno le correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el estado, registrados con el números 406/2013, 2119/2015 y 1052/2016, en los que reclamó los mismos actos que en el juicio de amparo del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas. Ante ello, la juez Federal solicitó copia certificada de las constancias relativas a las boletas de turno, demandas de amparo, auto admisorio, informes justificados, sentencia y auto que la haya declarado ejecutoriada, de los citados procedimientos. CUARTO. Returno por conocimiento previo. Una vez que se recibieron las copias certificadas, mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós, la Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, relató que el quejoso Julio César Díaz Acosta promovió diversos juicio de amparo, los cuales fueron del conocimiento de este Juzgado Primero de Distrito en el estado, registrados con los números 406/2013, 2119/2015 y 1052/2016, en los que reclamó la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas y otras autoridades, derivada de la causa penal 10/2010; situación que se corroboró con las constancias remitidas de tales juicios. De ahí, que la citada juzgadora estimó que los actos reclamados en los diversos juicios de amparo, derivaban del mismo asunto (orden de aprehensión) y por ello, se surtía la hipótesis de conocimiento previo para conocer del citado asunto. En tales condiciones, con fundamento en lo previsto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, ordenó remitir el juicio de amparo número 882/2021 de su índice, a fin de que este órgano jurisdiccional se pronunciara sobre la competencia planteada. QUINTO. Aceptación de la competencia planteada. En acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós y una vez analizados, los motivos que dieron lugar a considerar que este Juzgado de distrito conoció previamente en los juicio de amparo números 406/2013, 2119/2015 y 1052/2016, en los que reclamó la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas y otras autoridades, derivada de la causa penal 10/2010, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Primero de Distrito en el estado, asumió el conocimiento de la demanda promovida; se registró el juicio con el expediente 412/2022; se admitió a trámite la demanda de amparo, sin que resultara necesario solicitar el informe justificado, ya que el mismo ya obraba en el sumario; se ordenó emplazar a la tercera interesada y dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Esto es así, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Julio César Díaz Acosta reclama lo siguiente: Del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas y del Inspector Jefe de la Policía de Investigación, con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: La orden de aprehensión girada en su contra dentro del proceso penal número 10/2010 y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reprochados al Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, con sede en Villa de Cos, Zacatecas (foja 33 del presente juicio de amparo); además, dicha certeza se corrobora con las constancias certificadas que la responsable ordenadora allegó al sumario consistentes en copias fotostáticas del proceso penal 10/2010 y que se tienen a la vista para resolver; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 226 consultable en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También es cierto el acto de ejecución combatido al Inspector Jefe de la Policía de Investigación, con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (foja 21 del presente juicio de amparo), ya que si bien lo negó, esa manifestación se encuentra desvirtuada con el informe justificado rendido por la autoridad ordenadora que aceptó la existencia del mandato de captura, por lo que es inconcuso que aquélla tiene intervención en la ejecución de esa determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, página cincuenta y seis, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se precisa que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados hizo de conocimiento que la orden de aprehensión aquí reclamada, es decir, la librada el diecisiete de enero de dos mil trece dentro de la causa penal 10/2010 ya fue materia de análisis de una ejecutoria de amparo anterior; circunstancia que a juicio de este órgano constitucional actualiza el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, y para demostrarlo es necesario tener presente su contenido que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Por su parte, la diversa fracción a que hace alusión dicho precepto estatuye: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la interpretación sistemática de los segmentos normativos transcritos se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: I. Que se trate del mismo quejoso; II. Contra las mismas autoridades responsables; y, III. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, para que opere la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XI, de la legislación de amparo debe tratarse de los mismos actos, de las mismas autoridades y del propio quejoso aunque las violaciones constitucionales sean diversas; además, se refiere a juicios terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. En estas condiciones, la mencionada hipótesis de inejercitabilidad aplica sólo cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. La razón de esa causal de inejercicio de la acción constitucional es evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario el quejoso contra el mismo acto reclamado, ya que esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa por lo que de acuerdo a esta naturaleza sería ilógico otorgar a los quejosos la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar el acto se estimen necesarias, por lo que si la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto ya ha sido resuelta negando o concediendo el amparo la controversia no debe plantearse nuevamente, ya que ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, a la proliferación superflua de juicios de amparo y a que la cosa juzgada fuera obsoleta. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, página veintiocho, que informa: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Ahora, en la especie como se precisó la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con domicilio en Villa de Cos, al rendir su informe con justificación anexó copia certificada del proceso penal 10/2010, dentro del cual obra la demanda de amparo y la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil trece, relativas al juicio de amparo 406/2013 del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, de cuyo contenido se advierte que el aquí inconforme señaló como autoridades responsables a la Juez Mixta de Primera Instancia; al Juez Penal; a los Agentes del Ministerio Público de su adscripción, así como a los diversos Uno y Dos Instructores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos con domicilio en Villa de Cos, Zacatecas; al Director de la Policía Ministerial del Estado y a los Comandantes de la Policía Ministerial de los Grupos de Villa de Cos, Zacatecas, y de Aprehensiones Uno adscritos a dicha Dirección, de quienes reclamó los siguientes actos: "A).- DE LAS ORDENADORAS: Reclamo la ilegal orden de aprehensión que nuevamente y por segunda ocasión se ha girado en mi contra sin que el suscrito haya cometido delito alguno de los que reglamenta el Código Penal vigente en nuestro Estado de Zacatecas y no he sido oído ni vencido en juicio y se trata de diversa persona que no se refiere al suscrito. B).- DE LAS EJECUTORAS: Reclamo la ejecución del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas como ordenadoras." Por otra parte, de la resolución constitucional se advierte en lo que interesa que la Secretaria en funciones de Juez negó el amparo solicitado, toda vez que consideró que los conceptos de violación hechos valer contra la orden de aprehensión de diecisiete de enero de dos mil trece eran infundados, dado que no se quebrantó algún derecho fundamental en perjuicio de Julio César Díaz Acosta ni se advirtió queja deficiente que suplir, la cual el dieciocho de diciembre de dos mil trece causó ejecutoria al no haber sido impugnada por las partes (esta información se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, ya que dicha sentencia fue dictada por éste órgano jurisdiccional. En esa tesitura, de la comparación de las autoridades responsables y de los actos reclamados en este juicio de amparo y en el diverso 406/2013, ambos del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, se desprende que ambos sumarios constitucionales fueron instados por Julio César Díaz Acosta contra algunas de las mencionadas autoridades, tales como el juez ordenador, así como el Inspector Jefe de la Policía de Investigación con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y por los propios actos combatidos en este juicio constitucional. Entonces, si de autos se advierte que en la sentencia dictada en el juicio de amparo 406/2013 del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se determinó negar el amparo solicitado contra la orden de aprehensión librada el diecisiete de enero de dos mil trece contra el inconforme y que ese fallo causó estado, al no ser recurrido esa firmeza es concluyente para establecer que se está en presencia de la figura jurídica de la cosa juzgada, en tanto que ya existe una sentencia firme emitida por este Juzgado Federal que se pronunció sobre la legalidad del acto aquí reclamado; situación que no puede ser desconocida en este nuevo juicio. Ante tal escenario es jurídicamente inaceptable pretender la viabilidad de un nuevo amparo promovido por el mismo inconforme contra las propias autoridades responsables y por los mismos actos reclamados, si previamente existió un diverso juicio biinstancial en el cual se negó la protección de la Justicia solicitada respecto de éstos, lo que obliga material y jurídicamente a este órgano jurisdiccional a respetar los efectos vinculatorios de aquella decisión judicial que ya no es susceptible de ser alterada por tratarse de verdad legal. Aunado a lo anterior, es menester destacar que posteriormente se promovió otro juicio de amparo por el aquí inconforme bajo el expediente 2119/2015 del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien mediante resolución de siete de junio de dos mil dieciséis lo sobreseyó por este órgano jurisdiccional en virtud de que ya existía una sentencia firme en la que se pronunció sobre la legalidad de ese acto, que es precisamente el aquí reclamado, lo que evidencia aún más la actualización de la causal en este apartado analizada. Por las razones expuestas se patentiza el supuesto de improcedencia previsto por el ordinal 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Ahora, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado en este juicio biinstancial y al efecto que al proceso le irroga tal resolución, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, puesto que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 509, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el mismo sentido, se invoca la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página ochenta y ocho, que reza: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Julio César Díaz Acosta respecto de los actos reclamados y de las autoridades responsables señalados en el segundo considerando del presente fallo, por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. L'JMZG. En Zacatecas, Zacatecas a seis de junio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del siete de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense al sumario los oficios con folios 10153, 10682 y 10186, signados por el Gerente Integral de Teléfonos de México, con sede en esta ciudad y Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, por conducto del encargado de la Zona de Comercial, mediante los cuales dan cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez del mes y año en curso y al efecto informan que el domicilio que tienen registrado de la tercera interesada Juana Orozco Robledo, lo es, el ubicado en calle Miguel Hidalgo número veintidós (22), de la Comunidad de Cervantes, Villa de Cos, Zacatecas; sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento en dicho domicilio, en virtud de que ya se ordenó mediante auto admisorio y no se logró emplazar en el mismo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio con folio 10162, 10169, 10195, signado por el director de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (a través del coordinador jurídico) y coordinadora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante los cuales informan que en la base de datos de dichas dependencias no encontraron domicilio alguno en el que se pueda localizar a la tercera interesada Juana Orozco Robledo. Luego, agréguense a los autos las promociones con folios 10171 y 10173 que remite el administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Zacatecas "1" del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez del mes y año en curso y al efecto informa que el domicilio que tiene registrado de la tercera interesada Juana Orozco Robledo, lo es, el ubicado en calle Sombrerete, Colonia Felipe Ángeles, número dos mil once (2011), del Municipio de Juárez, Chihuahua, Código Postal 32100. Asimismo, agréguese a los autos la promoción con folio 10165 que remite el jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Guadalupe, Zacatecas, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez del mes y año en curso y al efecto informa que el domicilio que tiene registrado de la tercera interesada Juana Orozco Robledo, lo es, el ubicado en Bacteriólogos, sin número, Lorenzo Garza, Monterrey, Nuevo León. En atención a lo anterior, se tiene a las autoridades oficiantes dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. ...

  4. Principal

    Juicio de amparo: 412/2022 El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 10067. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese al sumario el oficio con folio 10067, signado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez del mes y año en curso, informa que en la base de datos de dicha dependencia no encontró domicilio alguno en el que se pueda localizar a la tercera interesada Juana Orozco Robledo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. A.I Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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