Julio Bartolano Avendaño

Expediente 660/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
660/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2015

Partes del expediente

  • Julio Bartolano Avendaño
  • Juez Quinto de lo Penal del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 4 B PRAL. 660/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciséis de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo dictado el veintidós de junio de dos mil quince (fojas 41 a 44), en el que se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho proveído. Por otra parte, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    notificacion a la quejosa.- Número de expediente: 660/2015 Acuerdo: messa 4 b pral. 660/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 3962, firmado por la juez Quinto Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, con registro 019883, por el que informa que con fecha doce de junio del año en curso, decretó el sobreseimiento de la causa penal 29/2013, de su índice, instruido, entre otros, contra el aquí quejoso Julio Bartolano Avendaño, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Amalia Angélica Ramos, en virtud de la conciliación que celebraron esas partes, como modo simplificado de terminación del proceso; por lo que ordenó la inmediata libertad del impetrante y, remite, para justificar su dicho, copia certificada del acuerdo dictado en esa fecha, en el citado expediente penal. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado en este juicio de amparo, se hizo consistir en el auto de formal prisión dictado contra el quejoso JULIO BARTOLANO AVENDAÑO, por el 1) juez Quinto de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, cuya ejecución atribuyó al 2) director del Reclusorio Regional de Santa Catarina Juquila, Oaxaca. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por el director del Centro de Internamiento de Juquila, Oaxaca y de la resolución dictada el doce de junio de este año, por la juez Quinto Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad (fojas 24, 25 y 35-39), documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierte lo siguiente: I. Con fecha cinco de mayo del año en curso, la juez Quinto de lo Penal del distrito judicial del centro, con sede en esta ciudad, dictó auto de formal prisión, entre otras personas, contra el aquí quejoso JULIO BARTOLANO AVENDAÑO, en la causa penal número 29/2013, de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Amalia Angélica Ramos; ilícito previsto y sancionado por los artículos 384 y 386, del Código Penal vigente en el Estado. II. En audiencia de conciliación de doce de junio de dos mil quince, en atención a la petición realizada por la aquí tercera interesada Amalia Angélica Ramos, en su carácter de ofendida y por el quejoso Julio Bartolano Avendaño, como uno de los procesados, la juez Quinto de lo Penal, con sede en esta ciudad, 1) tuvo a las citadas partes ratificando el convenio que celebraron el treinta y uno de mayo de dos mil quince, como una forma alterna de resolver el conflicto; 2) aprobó la conciliación como modo simplificado de terminar el proceso penal 29/2013, 3) declaró extinguida la acción penal ejercitada contra el agraviado, por el delito en cuestión, 4) declaró el sobreseimiento total de la causa penal y, como consecuencia de lo anterior, 5) ordenó poner en inmediata libertad al impetrante Julio Bartolano Avendaño. De lo narrado se llega a la conclusión que han cesado los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional, en virtud de que si bien es cierto que existe este último, consistente en el auto de formal prisión dictado el cinco de mayo de dos mil quince, en la causa penal 29/2013, también se advierte que en dicho expediente penal de donde deriva esa resolución, las partes (imputado, aquí quejoso y ofendida, aquí tercera interesada) llegaron a un acuerdo conciliatorio, consistente en el pago de la reparación del daño; por lo que, al tener por cumplidas las obligaciones pactadas, se decretó la extinción de la acción penal y conforme al artículo 286, fracción V, del Código de Procedimientos Penales del Estado, se determinó el sobreseimiento de la causa penal, en favor del aquí quejoso Julio Bartolano Avendaño, por el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Amalia Angélica Ramos. Ante ello, el auto de término constitucional impugnado no puede seguir surtiendo efectos, lo que trajo consigo una nueva situación jurídica que destruyó aquella que motivó el amparo, reponiendo al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados; es decir, volviendo a constituirse legalmente una situación igual a la que existía antes de que se hubiera librado el auto de formal prisión. Por consiguiente, es evidente que al decretarse el sobreseimiento en la causa penal 26/2013, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del centro, con sede en esta ciudad, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de cinco de mayo de dos mil quince, quedó sin efecto, pues se resolvió en definitiva el asunto, sin entrar al fondo y conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad de analizarlo. En ese tenor, se insiste que el auto de formal prisión de cinco de mayo de dos mil quince, quedó insubsistente con la diversa resolución de doce de junio de este año, por lo cual, es evidente que volvieron las cosas a una situación similar a la que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en el goce de los derechos humanos que estimaban violados y afectaba su esfera jurídica. En efecto, el resultado del sobreseimiento fue la libertad absoluta del quejoso, en ese orden de ideas, se debe decir que el promovente Julio Bartolano Avendaño, no puede obtener mayor beneficio en una sentencia de amparo, que la libertad ya decretada por la autoridad natural, en los autos de la causa penal 29/2013. En razón de lo expuesto, se evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, ante la cesación de los efectos del acto reclamado al juez Quinto de lo Penal del distrito judicial del centro, con sede en esta ciudad, porque pone de manifiesto que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación de que se duele el inconforme, ya que, como se dijo, se declaró extinguida la acción penal instruida contra el quejoso, toda vez que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio o reparatorio, con el cual se decretó el sobreseimiento de la causa penal de que se trata y, por ende, la inmediata y absoluta libertad del recurrente; situación que evidentemente ya no le genera agravio alguno, pues se hizo patente la destrucción definitiva e incondicional de todos los efectos del acto reclamado. No se considera necesario dar vista a la parte quejosa, con la causa de improcedencia que se actualiza en este asunto, pues es evidente que tiene conocimiento de la causa que originó la improcedencia del amparo y, además, ya no puede obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, al haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada. Por ende, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer, fuera de audiencia, en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; como así lo ilustra, por identidad jurídica, la tesis II,1o.18 P, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, visible en la página 2008961, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata". Asimismo, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido las siguientes tesis: La número 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La número 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la número P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. No se priva de defensas al aquí quejoso, con el sobreseimiento decretado fuera de audiencia, toda vez que la causal de improcedencia que se actualiza, es notoria, manifiesta e indudable, pues ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, visible en la página 386, con número de registro IUS 184572, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial". Este fallo comprende el diverso acto de ejecución, que también se reclama al director del Centro de Internamiento de Juquila, Oaxaca; por no combatirse por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia VI2°. J/7, visible a foja 690, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo II Segunda Parte-2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS, CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios." Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del veintiséis de junio de dos mil quince (foja 28). Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de este acuerdo, con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    mesa 4 b pral. 660/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil quince. Vistos los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido en proveído de trece de mayo del año en curso (fojas 18-21), a la autoridad responsable, juez Quinto de lo Penal, residente en esta ciudad, pues, fue notificada de dicha petición el quince del mismo mes y año, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja veintitrés de este expediente. En esas condiciones, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para su desahogo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA 4 B PRAL. 660/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese con conocimiento de las partes para que surta sus efectos legales consiguientes, el telegrama con folio 376586, signado por el director del Centro de Internamiento de Juquila, Oaxaca, con registro 015322, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. NOTIFÍQUESE.

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