Julio Ángel Arango Pérez y Otros.
Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Ángel Arango Pérez y Otros.
- Agente del Ministerio Público Adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca
- Julio Ángel Arango Pérez
- Amadeo Alejo Vásquez Rosario
- Flora María Rodriguez Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Incidental
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa ********, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 200/2021; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar requerida por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, toda vez que en la caja de valores de este Juzgado, obran los siguientes billetes de depósitos: 1).- Billete de depósito número: N**** Por el monto de: $ **** Exhibido por el quejoso: **** Para garantizar la suspensión provisional concedida a dicho quejoso ***** El cual está registrado en el libro de gobierno respectivo con el número: 03/2021. 2).- Billete de depósito número: N **** Por el monto de: $ **** Exhibido por el quejoso ***** Para garantizar la suspensión provisional concedida al citado quejoso ***** El cual está registrado en el libro de gobierno respectivo con el número: 04/2021. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del artículo 156 de la Ley de Amparo. Una vez transcurrido el término que prevé dicho numeral, sin que se hubiese hecho manifestación alguna, comuníquese a los quejosos: 1).- ****, que su billete de depósito número N *** (foja 83). 2).- ***, que su billete de depósito número N ****(foja 82). Estarán a su disposición por el plazo de dos años, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, a efecto de que se presenten ante este Juzgado a recogerlos, mismos que serán debidamente endosados, respectivamente, a nombre de cada uno de los quejosos citados, apercibidos que de no comparecer dentro de ese término, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47 de la Ley de la Tesorería de la Federación, dichas garantías se declararán prescritas a favor del erario federal, en términos de los artículos 45 y 48, primer párrafo, de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como a la parte tercera interesada.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio de amparo 200/2021; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. De autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento que, en su opinión, dio la autoridad judicial responsable. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; para ello, se formula el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA CONCESIÓN CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- Deje insubsistente la resolución de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la cual giró orden de aprehensión en el expediente penal número ***********, única y exclusivamente por lo que hace a los quejosos ************* La autoridad responsable mediante resolución de fecha doce de noviembre del año en curso determinó: ".1: se ordena dejar insubsistente la orden de aprehensión librada con fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho en contra de los quejosos ********** Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción: 2.- Funde y exponga los motivos o circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas, que haya tomado en consideración para concluir por qué la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mi diecisiete, en sus artículos 24, fracciones I, II y III; y, 25, fracciones I y II, tipifica de forma más progresiva el delito de tortura que la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca, del año de mil novecientos noventa y tres, en sus artículos 1º, 2º, 3º y 4. ".como lo ordena la autoridad federal en la ejecutoria que se cumple, con libertad de jurisdicción se procede a resolver en los siguientes términos (.) Al respecto, el estado mexicano realizo diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en incluir el principio de progresividad de los Derecho Humanos, tal como se encuentra establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal. (.) se puede considerar que la tortura de la legislación mexicana se encuentra contemplada en dos dimensiones: una de ellas como un delito y la segunda como una violación a derechos humanos, de manera tal que brinda la posibilidad de investigar la conducta y sancionar desde ambas perspectivas." 3.- Funde y exponga los motivos o circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas, que haya tomado en consideración para concluir por qué los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca, del año de mil novecientos noventa y tres, (antes de las reformas en Derechos Humanos), son inconvencionales y no acordes con la evolución de análisis sobre TORTURA. ".si bien el agente del ministerio público investigador manifiesta que el ilícito de Tortura se encuentra sancionado en los artículos 2°,3° y 4° de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca (de mil novecientos noventa y tres), a criterio de esta Juzgadora dichos numerales prevén una tipificación deficiente del delito de tortura, por lo que resultan incompatibles, con el marco convencional en materia de derechos humanos, además las sanciones que establece no corresponden a la extrema gravedad del ilícito." 4.- Cite de manera concreta con base en qué ley está "acreditado legalmente el cuerpo del delito de TORTURA", que se les imputa a los ahora quejosos; esto es, si su conducta está sancionada en: a).- Los artículos 24, fracciones I, II y III; y 25, fracciones I y II, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mi diecisiete. O, en : b).- Los artículos 1º, 2º, 3º y 4, de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca, del año mil novecientos noventa y tres, (antes de las reformas en Derechos Humanos). ".A criterio de esta juzgadora, el delito de TORTURA se encuentra acreditado legalmente en términos de lo establecido por el artículo 24, fracciones I, II y III; y 25, fracciones I y II, ambos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cometido en agravio de Martin Octavio García Ortiz, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 5.- Señale con precisión cuáles son los elementos que integran el delito de TORTURA, que se les imputa a los ahora quejosos, con base en los artículos de la Ley que estime aplicable al caso concreto. Elementos que la autoridad responsable señala con precisión dentro del considerando segundo de la resolución fecha doce de noviembre del año en curso, (de la foja ocho a la foja treinta y dos vuelta, de las copias certificadas que remitió en cumplimiento a la ejecutoria en el presente asunto). De ahí que, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, dictada en este juicio. No obsta a lo anterior, las manifestaciones que formula la parte quejosa en su escrito que se acordó en proveído de veintiséis de noviembre de este año y en el escrito de cuenta, pues los motivos que expone se encuentran dirigidos a combatir la ilegalidad en el cumplimiento que efectuó la responsable a la ejecutoria pronunciada en este juicio, lo que, en todo caso, es materia de estudio de un medio de impugnación distinto, como así lo ilustra la tesis número 2a. CXIV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1997, Novena época, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como la jurisprudencia número 2a./J. 70/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 248, del tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2001, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA. El artículo 17 de la Constitución General de la República establece, en su párrafo segundo, el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, a través de resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial; además, dispone que el servicio de administración de justicia es gratuito. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo por violación a la citada garantía individual sólo obliga a la autoridad responsable a dictar la resolución dentro de los plazos y términos en los que debe administrarse justicia e impide que el Juez de Distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el procedimiento de ejecución o en la inconformidad promovida en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, examinen los motivos o fundamentos que sustentan la resolución dictada en el juicio, recurso o instancia respectivo, los que, en su caso, deben ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad." ARCHIVO. Toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 8, 9, 12, y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino: Ahora, de conformidad con la fracción I, inciso b), del artículo 18 del multicitado Acuerdo General, este expediente es depurable. Por tanto, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Archivo reciente: Conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido el proceso de depuración, se transferirá al Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista electrónica por oficio a las autoridades responsables y personalmente a los quejosos.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. De autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento que, en su opinión, dio la autoridad judicial responsable. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; para ello, se formula el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA CONCESIÓN CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- Deje insubsistente la resolución de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la cual giró orden de aprehensión en el expediente penal número ***, única y exclusivamente por lo que hace a los quejosos ****. La autoridad responsable mediante resolución de fecha doce de noviembre del año en curso determinó: ".1: se ordena dejar insubsistente la orden de aprehensión librada con fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho en contra de los quejosoS *** Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción: 2.- Funde y exponga los motivos o circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas, que haya tomado en consideración para concluir por qué la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mi diecisiete, en sus artículos 24, fracciones I, II y III; y, 25, fracciones I y II, tipifica de forma más progresiva el delito de tortura que la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca, del año de mil novecientos noventa y tres, en sus artículos 1º, 2º, 3º y 4. ".como lo ordena la autoridad federal en la ejecutoria que se cumple, con libertad de jurisdicción se procede a resolver en los siguientes términos (.) Al respecto, el estado mexicano realizo diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en incluir el principio de progresividad de los Derecho Humanos, tal como se encuentra establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal. (.) se puede considerar que la tortura de la legislación mexicana se encuentra contemplada en dos dimensiones: una de ellas como un delito y la segunda como una violación a derechos humanos, de manera tal que brinda la posibilidad de investigar la conducta y sancionar desde ambas perspectivas." 3.- Funde y exponga los motivos o circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas, que haya tomado en consideración para concluir por qué los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca, del año de mil novecientos noventa y tres, (antes de las reformas en Derechos Humanos), son inconvencionales y no acordes con la evolución de análisis sobre TORTURA. ".si bien el agente del ministerio público investigador manifiesta que el ilícito de Tortura se encuentra sancionado en los artículos 2°,3° y 4° de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca (de mil novecientos noventa y tres), a criterio de esta Juzgadora dichos numerales prevén una tipificación deficiente del delito de tortura, por lo que resultan incompatibles, con el marco convencional en materia de derechos humanos, además las sanciones que establece no corresponden a la extrema gravedad del ilícito." 4.- Cite de manera concreta con base en qué ley está "acreditado legalmente el cuerpo del delito de TORTURA", que se les imputa a los ahora quejosos; esto es, si su conducta está sancionada en: a).- Los artículos 24, fracciones I, II y III; y 25, fracciones I y II, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mi diecisiete. O, en: b).- Los artículos 1º, 2º, 3º y 4, de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Oaxaca, del año mil novecientos noventa y tres, (antes de las reformas en Derechos Humanos). ".A criterio de esta juzgadora, el delito de TORTURA se encuentra acreditado legalmente en términos de lo establecido por el artículo 24, fracciones I, II y III; y 25, fracciones I y II, ambos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cometido en agravio de Martin Octavio García Ortiz, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 5.- Señale con precisión cuáles son los elementos que integran el delito de TORTURA, que se les imputa a los ahora quejosos, con base en los artículos de la Ley que estime aplicable al caso concreto. Elementos que la autoridad responsable señala con precisión dentro del considerando segundo de la resolución fecha doce de noviembre del año en curso, (de la foja ocho a la foja treinta y dos vuelta, de las copias certificadas que remitió en cumplimiento a la ejecutoria en el presente asunto). De ahí que, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, dictada en este juicio. No obsta a lo anterior, las manifestaciones que formula la parte quejosa en su escrito que se acordó en proveído de veintiséis de noviembre de este año y en el escrito de cuenta, pues los motivos que expone se encuentran dirigidos a combatir la ilegalidad en el cumplimiento que efectuó la responsable a la ejecutoria pronunciada en este juicio, lo que, en todo caso, es materia de estudio de un medio de impugnación distinto, como así lo ilustra la tesis número 2a. CXIV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1997, Novena época, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como la jurisprudencia número 2a./J. 70/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 248, del tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2001, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA. El artículo 17 de la Constitución General de la República establece, en su párrafo segundo, el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, a través de resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial; además, dispone que el servicio de administración de justicia es gratuito. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo por violación a la citada garantía individual sólo obliga a la autoridad responsable a dictar la resolución dentro de los plazos y términos en los que debe administrarse justicia e impide que el Juez de Distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el procedimiento de ejecución o en la inconformidad promovida en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, examinen los motivos o fundamentos que sustentan la resolución dictada en el juicio, recurso o instancia respectivo, los que, en su caso, deben ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad." ARCHIVO. Toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 8, 9, 12, y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino: Ahora, de conformidad con la fracción I, inciso b), del artículo 18 del multicitado Acuerdo General, este expediente es depurable. Por tanto, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Archivo reciente: Conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido el proceso de depuración, se transferirá al Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista electrónica por oficio a las autoridades responsables y personalmente a los quejosos.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ********, ********* y ********, quejosos en el presente asunto, en atención a su contenido se provee: Se tiene a los promoventes realizando diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; las cuales, en caso de ser procedente, serán tomadas en consideración una vez que se emita la declaratoria de cumplimiento respectiva.Por otra parte, agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que mediante auto de diecisiete de noviembre del presente año, se proveyó lo conducente. Notifíquese por lista electrónica.
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