Julio Cesar Alonso Matus
Expediente 493/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Cesar Alonso Matus
Actuaciones
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo que promovió ********, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente.Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el tres del mes y año en curso, y que se turnó a este órgano jurisdiccional el mismo día, que promovió *********, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 493/2021.Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo.Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea.Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes.Desechamiento.Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen.En el caso, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado:"04.- ACTO RECLAMADO.- Auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, notificado el trece de abril del año en curso sin que se levantara constancia de notificación"Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el tres de julio de dos mil catorce, la entonces Segunda Sala de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, dictó sentencia en el juicio de nulidad número 565/2013, declarando la nulidad lisa y llana de la resolución dictada el nueve de agosto de dos mil trece, en el diverso expediente administrativo 34(VIS.GRAL.)2013, por el entonces Procurador General de Justicia del Estado (ahora Fiscal General el Estado).Luego, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, refiere que presentó el incidente de liquidación dentro del expediente 565/2013, dictándose resolución el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, respecto a la indemnización constitucional y otras prestaciones ley. Inconforme con dicha resolución, interpuso recurso de revisión, misma que fue radicada con el número 539/2017; por lo que el ocho de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia que ordenó la modificación de la resolución impugnada.Luego refirió, que debido a las modificaciones de creación en el Tribunal responsable, su expediente quedó radicado con el número 258/2016 del índice de la Cuarta Sala de Primera Instancia.Asimismo, aduce que el tres de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, acordándose el pago de la autoridad demandada (en el juicio de origen); por lo que el quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado Instructor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, decretó el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 258/2016, ordenado el archivo del expediente.Como consecuencia de lo anterior, interpuso el recurso de revisión contra la resolución antes citada, radicándose con el número 3/2020, en la que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, revocó dicha determinación y dejó sin efecto las actuaciones del procedimiento de ejecución de sentencia, en relación con la resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve.De igual manera, dicha Sala Superior ordenó reponer el procedimiento y realizar la cuantificación exacta de la cantidad liquida que se tenía que pagar al ahora quejoso.Por ello, el trece de abril de dos mil veintiuno, le fue notificado el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que el Magistrado de la Cuarta Sala, pretende dar cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior, por lo que aduce que el mismo no es correcto, por las consideraciones que expone en sus conceptos de violación.Por tanto, planteada la demanda de amparo, se advierte que es improcedente; pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la misma ley, que disponen lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.]XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.""Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución."El primero de los preceptos citados, establece que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo.Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, restringe el amparo en el periodo de ejecución de sentencia a la última resolución dictada en el procedimiento, entendida ésta como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo cual atiende a la necesidad de abreviar el periodo de ejecución de sentencia mediante la concentración de las violaciones procesales, ya que todas estas pueden combatirse hasta el juicio de amparo que se promueva contra la última resolución. Concentración que redundará en un beneficio al derecho de justicia pronta, vinculado al interés de la sociedad por un escenario de cumplimiento pleno a las sentencias dictadas en procedimientos jurisdiccionales.La excepción al parámetro en comento -última resolución- se encuentra en los actos trascendentes al escenario de autonomía destacada, pues las cuestiones que impacten derechos sustantivos en el procedimiento de ejecución, habrán de materializar una imposible reparación como factor idóneo a la procedencia del amparo indirecto, siempre que sean ajenos a la cosa juzgada.Así, el concepto jurídico de última resolución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; es decir, en la Ley de Amparo, prevalece la intención del legislador consistente en evitar el entorpecimiento de los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."Expuesto lo anterior, debe precisarse que de acuerdo a lo manifestado por el quejoso en la demanda, bajo protesta de decir verdad, el juicio de origen actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia.Además, refirió que la determinación reclamada se emitió en cumplimiento a la resolución dictada en el expediente 3/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. En lo que interesa, dicha sentencia dice:"2) Se ordena al resolutor de la Cuarta Sala Unitaria del Primera Instancia de este Tribunal de Primera Instancia de este Tribunal, reponer el procedimiento a partir de dicha determinación y, realizar la cuantificación exacta de la cantidad líquida que tenía que pagar la parte demandada para cumplimentar la sentencia el 3 tres de octubre de 2019 dos mil diecinueve, fecha de la celebración de la audiencia de conciliación, tomando como base los lineamientos y operaciones aritméticas realizadas en las resoluciones del incidente de liquidación emitida por la Sala de Primera Instancia y, del recurso de revisión 539/2017 de la Sala Superior; y, 3) En caso de haber actualizado correctamente la autoridad demandada el pago correspondiente, declare cumplida la sentencia y, caso contrario, continúe con los requerimientos y apercibimientos que corresponda, hasta que se cubra en su totalidad la remuneración ordinaria diaria hasta la fecha de la audiencia de conciliación, como lo solicita la parte actora al formular sus motivos de inconformidad en el presente recurso de revisión."Sin embargo, en la determinación que hoy se reclama, no se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el procedimiento de origen; es decir, no tuvo como finalidad poner fin al procedimiento administrativo, como así lo estableció la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.Pues la autoridad responsable, requirió al Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, pague al ahora quejoso, la cantidad de $******; apercibiéndolo que en caso contrario se le impondrá una multa, además de poder efectuar en su contra un procedimiento penal como administrativo por incumplimiento a un mandato de autoridad.Entonces, es evidente que aún no se emite la determinación que decrete el cumplimiento de la sentencia emitida en el procedimiento de origen; pues conforme a lo antes expuesto, todavía pueden derivarse diversos actos para lograr la ejecución material de ésta; de lo cual, la responsable emitirá sus acuerdos conducentes conforme a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Por tales motivos, el acto reclamado no implica el último auto de ejecución de la sentencia correspondiente, ni tampoco se considera que ocasione un perjuicio irreparable al quejoso, porque contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de origen, estará en posibilidad de promover el juicio de amparo y en la misma demanda podrá reclamar las demás violaciones que considere, se cometieron durante ese procedimiento que lo hubiere dejado sin defensa.Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 2ª.VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, que textualmente dice:"RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución."Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, todos de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda origen de este juicio.Domicilio y autorizados.Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa se autoriza a los usuarios "****,", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; así como para recibir notificaciones electrónicas.En consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a****, ********y ****, pues no cuentan con registro de cédula profesional en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho.Se toma nota del correo electrónico que proporciona la parte quejosa, para establecer comunicación no procesal.Habilitación de días y horas inhábiles.En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio.Publicación de datos personales.En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento.Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias.Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición.Notifíquese personalmente vía electrónica.
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