Juliett Rodríguez Flores
Expediente 917/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juliett Rodríguez Flores
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, proveído que no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 917/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE PLANO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, por ser preferente su estudio, se analizará, de oficio, la procedencia del juicio de amparo, conforme a lo previsto por los artículos 61 y 62, de la propia Ley del Amparo. Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.76/2004, consultable en la página 262, del tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 181325, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, la suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama la resolución de fecha uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de queja 170/2022, en la cual confirma la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, emitida por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dictada dentro del cuaderno de pruebas de la parte actora del expediente 119/2020, en la que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, empero, tal resolución, no tiene tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de Amparo. La demostración de lo anterior requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis aislada P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 180415, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Como se puede ver, el citado precepto reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En el mismo sentido se pronunció la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro 2006589, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;' puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En mérito de lo anterior, el hecho de que se haya impugnado la resolución de fecha uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de queja 170/2022, en la cual confirma la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, emitida por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dictada dentro del cuaderno de pruebas de la parte actora del expediente 119/2020, en la que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones; no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), debido a que tal únicamente constituye una cuestión formal y adjetiva, que, de ser el caso, trastocará la esfera jurídica material del quejoso hasta que se resuelvan en forma definitiva. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juliett Rodríguez Flores, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada en párrafos que anteceden. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones subsecuentes, incluso las personales, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se tienen por autorizados en términos restringidos a Francisco Javier Gutiérrez Salgado y Arturo Lara Xicohténcatl, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a dos de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 917/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE PLANO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, por ser preferente su estudio, se analizará, de oficio, la procedencia del juicio de amparo, conforme a lo previsto por los artículos 61 y 62, de la propia Ley del Amparo. Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.76/2004, consultable en la página 262, del tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 181325, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, la suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama la resolución de fecha uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de queja 170/2022, en la cual confirma la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, emitida por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dictada dentro del cuaderno de pruebas de la parte actora del expediente 119/2020, en la que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, empero, tal resolución, no tiene tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de Amparo. La demostración de lo anterior requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis aislada P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 180415, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Como se puede ver, el citado precepto reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En el mismo sentido se pronunció la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro 2006589, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;' puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En mérito de lo anterior, el hecho de que se haya impugnado la resolución de fecha uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de queja 170/2022, en la cual confirma la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, emitida por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dictada dentro del cuaderno de pruebas de la parte actora del expediente 119/2020, en la que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones; no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), debido a que tal únicamente constituye una cuestión formal y adjetiva, que, de ser el caso, trastocará la esfera jurídica material del quejoso hasta que se resuelvan en forma definitiva. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juliett Rodríguez Flores, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada en párrafos que anteceden. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones subsecuentes, incluso las personales, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se tienen por autorizados en términos restringidos a Francisco Javier Gutiérrez Salgado y Arturo Lara Xicohténcatl, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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