Julieta Vaquero Ramos
Expediente 670/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 46 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Julieta Vaquero Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual, la Secretaría de Acuerdos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, acusa recibo de los autos del toca civil de queja ********************y las copias certificadas deducidas del expediente ********************respecto del presente juicio de amparo promovido respecto del presente juicio de amparo promovido por ********************, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual, la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, devuelve el exhorto 38/2023 del índice de este juzgado, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, librado a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado ******************** Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; en atención a su contenido, agréguese a los autos sin emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, se tuvo al Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, devolviendo diligenciado la comunicación oficial de referencia, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual sólo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En mérito de lo anterior, se ordena la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en copia certificada de las constancias y resolución dictada en el expediente ******************** y el toca de queja ********************, de su índice, sin que se requiera por el acuse de recibo, toda vez que el mismo correrá agregado en autos, una vez que realizada la devolución correspondiente. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la secretaria de juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 670/2022, promovido por********************, contra actos de los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante buzón judicial, turnada y recibida por este órgano jurisdiccional el uno de junio del mismo año,********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y Diligenciario Non, adscrito a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: La resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca civil de queja ******************** del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como su notificación. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, requiriéndose el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento. Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa a efecto de manifestar si era su deseo ampliar la demanda respecto del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, apercibiéndola de que en caso de no cumplir con lo ordenado, se resolvería el presente juicio, tal como se encuentre integrado (fojas 81 a 83), por lo que el seis de octubre de dos mil veintidós, se hizo efectivo dicho apercibimiento, por lo que el juicio se continuara con las autoridades señaladas en la demanda de amparo. Finalmente, y previo diferimiento se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el análisis de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa reclama: La resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca civil de queja ******************** del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la que se declaró procedente el trámite del citado medio de impugnación y ordenó revocar la resolución recurrida -dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por la Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala- en que se confirmó el auto de veinticuatro de septiembre del mencionado año -en la que no se dio trámite a la excepción de prescripción de ejecución de la sentencia definitiva-, toda vez que en contra de la prescripción de la ejecución de la sentencia, resultaba improcedente recurso alguno, así como su notificación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Los Magistrados Integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como la Diligenciaria de su adscripción, al rendir sus informes justificados admitieron la existencia del acto reclamado, certeza que se corrobora con las constancias que integran el original del toca de queja ******************** (cuaderno de pruebas I), así como con la copia certificada del expediente ******************** relativo al juicio ordinario civil de acción de condena de pago (cuaderno de pruebas II); a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: [...] Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto [.]. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni la suscrita advierte que se actualice alguna; por lo tanto, se procederá al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. QUINTO. Análisis del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación que hace valer la quejosa********************, puesto que no combaten las consideraciones que sustentan la resolución recurrida en queja, sin que en el caso, la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de un amparo cuyo acto reclamado sea en materia familiar, penal, agraria o laboral, ni se advierte que la resolución reclamada se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales, del mismo modo, tampoco se observa que en contra de la quejosa hubiese habido una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa. Razón por la cual, la suscrita juzgadora considera que los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa en su demanda son inoperantes, en virtud que no controvierten las razones en que se sustentó la determinación reclamada. En efecto, la quejosa, aduce que se transgrede en su perjuicio el derecho contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que la autoridad responsable, al emitir la resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja ********************, expuso las siguientes razones: Que la resolución combatida dictada en el recurso de revocación que promovió en contra del auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (sic), debía de desecharse por notoriamente improcedente, sin embargo, considera que tal determinación es ilegal, porque viola en su perjuicio el contenido del artículo 591 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, que establece que la ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, TRANSACCIÓN O CONVENIO DURARA TRES AÑOS, CONTADOS CONFORME AL ARTÍCULO 591 (sic). Del mismo modo, la quejosa refiere que el diverso numeral 581 del citado ordenamiento legal, dispone que los términos fijados en el artículo anterior, se contarán desde la fecha del convenio, a no ser que en ellos se fije plazo para el cumplimiento de la obligación, a no ser que se fije plazo para el cumplimiento de la obligación, caso en el cual se contará el término desde el día en que se venció el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se trata de prestaciones periódicas. Por lo cual afirma que se pretende ejecutar en su contra una sentencia que data desde el dieciséis de noviembre de dos mil once, por lo que actualmente el derecho que tiene la actora para ejecutar la sentencia de origen ha prescrito a su favor, razón por la cual debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, para que no se le vulneren sus garantías individuales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Precisado lo anterior, es menester traer a contexto los antecedentes relevantes, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, deducidas tanto de las copias certificadas del expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil de acción de condena de pago, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, así como en el toca de queja ******************** del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de las que se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de fecha ocho de julio de dos mil ocho dirigido al Juez, en turno, de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, ******************** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ********************Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción de condena de pago diversas prestaciones en contra de******************** (fojas 1 a 283, del Tomo II de pruebas). 2. Por auto de once de agosto de dos mil ocho, el entonces Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, radicó el juicio - bajo el número ********************y ordenó emplazar a la parte demandada (foja 425). 2. Seguida la secuela procesal del juicio de origen, el treinta de mayo de dos mil once, el entonces Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo -hoy Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala-, resolvió en definitiva, los autos del juicio ********************de su índice, en la que declaró procedente la tramitación del Juicio Ordinario Civil promovido por el actor, sin embargo, determinó que era improcedente la acción ejercitada por ******************** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ********************Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (fojas 491 a 495). 3. Inconforme con dicha sentencia, ******************** -también en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la tercera interesada ********************Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable-, interpuso recurso de apelación; el cual fue radicado bajo el número ********************, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y resuelto en definitiva mediante sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil once, en el que revocó la sentencia apelada, por lo que declaró el vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, a partir de esa fecha y condenó a la demandada al pago de ******************** para el Distrito Federal (fojas 499 a 513). 4. Por auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se cambió la denominación del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo a Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala (foja 553). 5. Seguida la secuela procesal correspondiente, mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, la ahora quejosa********************, en su carácter de demandada, promovió la excepción de prescripción de ejecución de la sentencia definitiva, toda vez que aduce que se pretende ejecutar la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil once (ejecutoria dictada en el toca civil de apelación ********************), la cual ha prescrito a su favor (fojas 646 a 648). 6. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, tuvo a la demandada******************** -aquí quejosa-, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado de su parte para tales efectos a la persona designada; y no acordó favorable su petición de dar trámite a la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, toda vez que señaló que la acción que promovió es de tramitación especial, por lo que una vez que promoviera conforme a derecho, se acordaría lo correspondiente (foja 652). 7. Inconforme con tal determinación, la demandada********************, promovió recurso de revocación en contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 653 a 655), el cual fue admitido en auto de once de octubre de dos mil veintiuno (foja 652). 8. Mediante resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la juez de primera instancia confirmó el auto impugnado de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, toda vez que consideró que los conceptos de violación hechos valer por la recurrente eran infundados, ya que la excepción de prescripción de sentencia definitiva surge del dispositivo 44 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado, sin embargo, dicho precepto no tiene relación con el artículo invocado, dado que la excepción de prescripción resulta improcedente en el mencionado asunto, ya que de conformidad con la legislación procesal invocada, la parte vencida puede solicitar en vía de acción, el respeto de ese derecho subjetivo, mediante la formulación del incidente de prescripción de ejecución de la sentencia definitiva, en el caso de que se encuentre en dicho supuesto el expediente, en virtud de que pertenece al derecho privado, que se rige por el principio dispositivo, por lo cual es de Litis cerrada y limita la intervención oficiosa del juzgador, por lo cual resulta que la prescripción de la acción es una "excepción" propia que debe de hacer valer el demandado al contestar la demanda y no como lo hace valer el recurrente, ya que ésta excepción se refiere al transcurso del tiempo, que por sí sólo no excluye la acción de prescripción (fojas 658 a 660). 9. Inconforme con dicha resolución, la demandada en el juicio de origen********************, promovió ante el juzgado de primera instancia recurso de queja (fojas 5 a 10 del tomo I de pruebas), por lo que el juez de primera instancia, tuvo por recibido el recurso por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (foja 11). 10. Mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, radicó el toca de queja bajo el número ********************-III y le dio trámite al recurso (fojas 40 y 41). 11. Por interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, resolvieron en definitiva el toca civil de queja ********************-III, en la que declararon procedente el trámite del medio de impugnación y ordenaron revocar la resolución recurrida, toda vez que en contra de la prescripción de la ejecución de la sentencia, resultaba improcedente recurso alguno, conforme a lo establecido en el artículo 589 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. ESTA RESOLUCIÓN CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por lo que para demostrar la ineficacia de los argumentos expuestos por el quejoso, en principio, es menester tener presente que la resolución dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y que fue reclamada en el presente juicio de garantías, se sustentó en las siguientes consideraciones: Que conforme lo establece el artículo 589 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en contra de la prescripción de la ejecución de la sentencia, resulta improcedente recurso alguno. Asimismo, que la recurrente no controvirtió los argumentos que sustentaban la resolución dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el sentido de que el derecho subjetivo de prescripción de la ejecución de la sentencia, debería de efectuarse a través de la formulación del incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia, pues únicamente se limitó a transcribir casi textualmente los agravios que hizo valer en el recurso de revocación que promovió inicialmente, sin combatir los razonamientos, ni los fundamentos legales en que la Jueza responsable sustentó el fallo recurrido, por lo que estimó que sus conceptos de violación resultaban inoperantes. Adicionalmente los Magistrados responsables señalaron que el alegato que hizo valer la recurrente al interponer la queja en mención, no podía considerarse que estuviese encaminado a controvertir la procedencia de la excepción intentada, dado que conforme a lo dispuesto por los artículo 39, 42 y 44 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son excepciones las defensas que puede emplear el demandado para impedir el curso de la acción o para destruirla, por lo que las primeras son excepciones dilatorias y las segundas, excepciones perentorias, las cuales se formularán al contestar la demandas y se fallarán en sentencia definitiva, por lo que después de contestada, no se admitirá excepción alguna que no se origine en causa superveniente, ni se admitirá al demandado que cambie la excepción opuesta. Por tal motivo, consideró la responsable, que conforme a lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la oposición a la ejecución debería de tramitarse en forma de incidente y la interlocutoria que se dicte en éste, no admite recurso alguno, por lo cual estimó que la manifestación de la juez de primera instancia fue correcta al determinar que debió promoverse dicha petición a través de la vía incidental. Por otra parte la Sala responsable consideró que el incidente planteado era improcedente, dado que la propia recurrente señaló que al notificársele el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, fue requerida de una resolución en la que se le condenó al desembolso, lo cual tornaba improcedente la prescripción de la ejecución de sentencia reclamada; por ende resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 589 del citado ordenamiento legal, lo que implicaba que el recurso intentado fuese improcedente de origen. De lo anterior, se colige que como se señaló al inicio del presente considerando, los conceptos de violación formulados por la quejosa, son inoperantes, dado que no combaten las consideraciones que sustentan la interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, dado la quejosa se limitó a señalar que dicha resolución vulnera sus derechos, dado que se dejaron de aplicar los artículos 591 y 581 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, relativos el primero a que la acción para pedir la ejecución de la sentencia durará tres años; y que dicho término deberá de computarse a partir de que venza el plazo en que pudo exigirse la última prestación. Sin embargo, no controvirtió que la Sala responsable compartía el criterio sustentado por la Juez responsable, en el sentido de que la prescripción de la ejecución de la sentencia, debe de hacerse valer en la vía incidental, conforme a lo expuesto por el artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Asimismo, la quejosa, tampoco controvirtió que la responsable en su resolución determinó que las excepciones son dilatorias y perentorias, y que éstas se hacen valer al contestar la demanda, y que después de contestada la demanda, no pueden variarse, asimismo que ésta figura procesal, se analizará al dictar sentencia, en términos de lo expuesto por los artículos 39, 42 y 44 del invocado Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que concluyó que la vía para ejercitar la prescripción de la ejecución de la sentencia, era a través de la vía incidental. Del mismo modo, omitió combatir el argumento de la Sala responsable, en el sentido de que su excepción de prescripción de ejecución de la sentencia resultaba improcedente, ya que al recurrir en queja el auto combatido, la ahora quejosa externó que se le notificó el auto de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se le anexó la resolución en la que se le condenaba a un desembolso y se le requirió para que procediera a hacer el pago a la parte actora, en el plazo de cinco días posteriores a la notificación. Por tanto, como se adelantó, los argumentos vertidos en vía de conceptos de violación son ineficaces, en tanto que no refutan las consideraciones que sustenta la resolución reclamada. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 109/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, del Tomo XXX, Agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 166748, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida [.]. Del mismo modo, se cita por su aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 12/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 169923, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios [.]. Finalmente cabe señalar que la prescripción negativa es una institución jurídica establecida en beneficio del deudor para verse librado de la obligación por el transcurso de cierto tiempo sin que se le haya exigido su cumplimiento por el acreedor, que genera en su favor una acción o una excepción perentoria, la cual no opera de pleno derecho, porque el deudor no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de este medio de defensa, de modo que si realiza el pago no obstante el tiempo transcurrido, éste es válido y no da lugar a la acción de pago de lo indebido. De ahí que los jueces deban abstenerse de analizar oficiosamente este aspecto, para dejar al deudor la determinación de hacer valer o no la prescripción, pues responde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y probada por el deudor o ejecutado, ya que no se funda en un hecho que por sí solo excluya la acción de ejecución, porque no bastaría verificar el transcurso del tiempo, sino que involucra hechos que deben ser acreditados y de los que debe darse oportunidad al acreedor de controvertir, referentes a las diversas condiciones necesarias para configurar la prescripción; por ejemplo, si la obligación es prescriptible, si operó algún supuesto de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción, si es correcto el cómputo de plazo, cuál es su punto inicial y cuál el final, entre otros, es por ello, que se dicha excepción debe de hacerse valer en la vía y forma que establece la legislación aplicable al caso concreto. Resulta aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 873, del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2013070, con el rubro: [.] PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE ANALIZARLA DE OFICIO [.]. En mérito de lo anterior, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que en el caso sea procedente suplir la queja deficiente en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto que se reclamada al Diligenciario Non, adscrito a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la notificación de dicha resolución al no impugnarse por vicios propios, dado que es una consecuencia de la interlocutoria impugnada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a********************, en contra del acto reclamado de las autoridades responsables, precisadas en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; por medio de lista a la quejosa y al tercero interesado, por ser el lugar designado para tal fin, por medio de oficio a las autoridades responsables; y electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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