Julián Paredes Ramos

Expediente 1260/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1260/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2016

Partes del expediente

  • Julián Paredes Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso JULIÁN PAREDES RAMOS, registrado con el número 21634, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada por auto del diez de noviembre del año en curso, respecto a su escrito de demanda en contra de los actos reclamados a la Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, se advierte que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo; y que de acuerdo a lo manifestado por el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de cuenta, se enteró en la primera quincena del mes de noviembre del año dos mil dos; y que en el mes de junio de dos mil trece¸ le fueron expedidas copias certificadas de la resolución; por tanto, dicho acto resulta extemporáneo, y consecuentemente es improcedente, por lo cual deberá desecharse la demanda como se verá a continuación. Al respecto, es conveniente señalar que la Ley de Amparo vigente entró en vigencia a partir del tres de abril de dos mil trece, según publicación del dos de abril del año citado en el Diario Oficial de la Federación. La inserción en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina que no se pueda argüir su desconocimiento; consecuentemente, es a partir del día siguiente a la vigencia de la nueva Ley de Amparo, para comenzar a computar los plazos previstos. Atento a lo expuesto, al haber sido presentada la demanda de amparo durante la vigencia de la Ley de Amparo de abril de dos mil trece, debe precisarse que en el presente asunto es de aplicarse la ley de amparo vigente, en razón de que el escrito de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, durante la vigencia de la Ley de la materia. Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de Amparo vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: (...) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos;". Asimismo, el numeral 17 del cuerpo de leyes en consulta dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Luego entonces, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis previstas en las cuatro fracciones antes transcritas del citado artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, se dice que se está en presencia de actos consentidos, en virtud de que el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo; mismo que de acuerdo a lo manifestado por el quejoso en su escrito de cuenta, tuvo conocimiento en la primera quincena del mes de noviembre del año dos mil dos. En consecuencia, si el escrito de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el día nueve de noviembre de dos mil dieciséis; en la especie, se está en presencia de actos consentidos, de conformidad a lo establecido en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, cabe precisar que los mencionados quince días de la regla genérica se computan a partir de tres distintos supuestos, que son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación practicada al quejoso respecto del acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el inconforme haya tenido conocimiento del acto o su ejecución, o bien, c) Desde el día siguiente al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del mismo. En adición a lo anterior, es de señalarse que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. En el caso que nos ocupa, el peticionario de amparo reclama la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, de la cual tuvo conocimiento en la primera quincena del mes de noviembre del año dos mil dos. En esas condiciones, resulta evidente que el ahora quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado en la presente Litis constitucional, cuando menos desde el mes de noviembre del año dos mil dos. Bajo esa tesitura, debe precisarse que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue promovida de manera extemporánea, dado que si la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, de la cual el ahora quejoso tuvo conocimiento desde el año dos mil dos, de conformidad a lo manifestado por el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de cuenta, y la demanda que dio origen al juicio constitucional que ahora se resuelve, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que es evidente, que transcurrieron entre la fecha en la que tuvo conocimiento el aquí quejoso al de la presentación de la demanda más de quince días hábiles; lo que de suyo hace que la misma fue presentada fuera del plazo de quince días a que se refiere el normativo 17 de la Ley de Amparo, para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. Asimismo, apoya la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia 52, visible en la página 88, Segunda Parte, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo la voz y texto: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado, por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por consiguiente, si el quejoso no ejercitó dentro del término legal la acción del juicio de amparo, es evidente que consintió tácitamente la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo; lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del normativo 61, de la Ley de Amparo, razón por la que procede DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS. En apoyo a lo anterior, se considera aplicable a la presente resolución, la tesis visible en la página 291, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que textualmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, sirven de apoyo, en lo relativo, las tesis de jurisprudencia 5 y 14, consultables en las páginas 6 y 11 respectivamente, ambas del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que en su orden dicen: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, por el espíritu que encierra su contenido, sirve de apoyo, la tesis localizable en la página 40, del Informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de mil novecientos noventa y dos, que reza: "AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPOSICIÓN DEL. DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGÚN EL ARTICULO 21 DE SU LEY REGLAMENTARIA.- El término para la interposición de la demanda de amparo, es por regla general de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de la Materia. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige; al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiera ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del referido, los días feriados, este criterio es el que prevalece en la actualidad y no el que sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINOS PARA LA INTERPOSICION DEL.- Los términos para la interposición de la demanda de amparo, debe regirse por el artículo de la ley de la materia y no por las disposiciones que regula el procedimiento civil del fuero común, por tanto, dicho término empieza a correr el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surta efectos la notificación correspondiente de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimientos constitucional". Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese personalmente.***

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso JULIÁN PAREDES RAMOS, registrado con el número 21634, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada por auto del diez de noviembre del año en curso, respecto a su escrito de demanda en contra de los actos reclamados a la Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, se advierte que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo; y que de acuerdo a lo manifestado por el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de cuenta, se enteró en la primera quincena del mes de noviembre del año dos mil dos; y que en el mes de junio de dos mil trece¸ le fueron expedidas copias certificadas de la resolución; por tanto, dicho acto resulta extemporáneo, y consecuentemente es improcedente, por lo cual deberá desecharse la demanda como se verá a continuación. Al respecto, es conveniente señalar que la Ley de Amparo vigente entró en vigencia a partir del tres de abril de dos mil trece, según publicación del dos de abril del año citado en el Diario Oficial de la Federación. La inserción en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina que no se pueda argüir su desconocimiento; consecuentemente, es a partir del día siguiente a la vigencia de la nueva Ley de Amparo, para comenzar a computar los plazos previstos. Atento a lo expuesto, al haber sido presentada la demanda de amparo durante la vigencia de la Ley de Amparo de abril de dos mil trece, debe precisarse que en el presente asunto es de aplicarse la ley de amparo vigente, en razón de que el escrito de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, durante la vigencia de la Ley de la materia. Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de Amparo vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: (...) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos;". Asimismo, el numeral 17 del cuerpo de leyes en consulta dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Luego entonces, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis previstas en las cuatro fracciones antes transcritas del citado artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, se dice que se está en presencia de actos consentidos, en virtud de que el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo; mismo que de acuerdo a lo manifestado por el quejoso en su escrito de cuenta, tuvo conocimiento en la primera quincena del mes de noviembre del año dos mil dos. En consecuencia, si el escrito de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el día nueve de noviembre de dos mil dieciséis; en la especie, se está en presencia de actos consentidos, de conformidad a lo establecido en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, cabe precisar que los mencionados quince días de la regla genérica se computan a partir de tres distintos supuestos, que son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación practicada al quejoso respecto del acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el inconforme haya tenido conocimiento del acto o su ejecución, o bien, c) Desde el día siguiente al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del mismo. En adición a lo anterior, es de señalarse que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. En el caso que nos ocupa, el peticionario de amparo reclama la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, de la cual tuvo conocimiento en la primera quincena del mes de noviembre del año dos mil dos. En esas condiciones, resulta evidente que el ahora quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado en la presente Litis constitucional, cuando menos desde el mes de noviembre del año dos mil dos. Bajo esa tesitura, debe precisarse que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue promovida de manera extemporánea, dado que si la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, de la cual el ahora quejoso tuvo conocimiento desde el año dos mil dos, de conformidad a lo manifestado por el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de cuenta, y la demanda que dio origen al juicio constitucional que ahora se resuelve, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que es evidente, que transcurrieron entre la fecha en la que tuvo conocimiento el aquí quejoso al de la presentación de la demanda más de quince días hábiles; lo que de suyo hace que la misma fue presentada fuera del plazo de quince días a que se refiere el normativo 17 de la Ley de Amparo, para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. Asimismo, apoya la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia 52, visible en la página 88, Segunda Parte, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo la voz y texto: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado, por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por consiguiente, si el quejoso no ejercitó dentro del término legal la acción del juicio de amparo, es evidente que consintió tácitamente la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil dos, dentro del expediente número 545/2002, por el entonces Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, promovido por Martha Suárez Suárez, por sí y en representación de sus menores hijos Christian Mishai y Brandon Paredes Ramos, actualmente radicado con el número 224/2016, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo; lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del normativo 61, de la Ley de Amparo, razón por la que procede DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS. En apoyo a lo anterior, se considera aplicable a la presente resolución, la tesis visible en la página 291, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que textualmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, sirven de apoyo, en lo relativo, las tesis de jurisprudencia 5 y 14, consultables en las páginas 6 y 11 respectivamente, ambas del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que en su orden dicen: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, por el espíritu que encierra su contenido, sirve de apoyo, la tesis localizable en la página 40, del Informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de mil novecientos noventa y dos, que reza: "AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPOSICIÓN DEL. DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGÚN EL ARTICULO 21 DE SU LEY REGLAMENTARIA.- El término para la interposición de la demanda de amparo, es por regla general de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de la Materia. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige; al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiera ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del referido, los días feriados, este criterio es el que prevalece en la actualidad y no el que sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINOS PARA LA INTERPOSICION DEL.- Los términos para la interposición de la demanda de amparo, debe regirse por el artículo de la ley de la materia y no por las disposiciones que regula el procedimiento civil del fuero común, por tanto, dicho término empieza a correr el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surta efectos la notificación correspondiente de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimientos constitucional". Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio número 668/2016 que suscribe la Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región de Xalapa, Veracruz, al que anexa el juicio de amparo 296/2016-VI y dos tomos de pruebas; en tales condiciones, glósese el expedientillo de antecedentes y procédase de inmediato a imprimir las copias necesarias para notificar a las partes la sentencia dictada por la autoridad oficiante y acúsese el recibo de estilo acostumbrado.Notifíquese personalmente y cúmplase.

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