Julian Cotlami Cocotle

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Julian Cotlami Cocotle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la que SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que a los terceros interesados, les transcurra el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que el sentido de dicha sentencia no les causa agravio alguno. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el telegrama remitido por el Auxiliar Administrativo de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial con sede en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 10204/2022, por medio del cual se le notificó la sentencia dictada el diecinueve de abril del año en curso. Cúmplase.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 320/2021, promovido por. contra actos del 1. Juez Primero de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, los cuales consideraron violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río. solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables que a continuación se precisan. SEGUNDO. Incompetencia, admisión y trámite del juicio. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 19 a 22 de autos), el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, previno a los quejosos para que informaran la dirección donde residían o tenían su domicilio; y para que precisaran si señalaban como autoridades responsables ejecutoras a aquéllas que residían en el mismo lugar donde los impetrantes tenían su domicilio. Mediante escrito de dos de diciembre de dos mil veinte (fojas 26 y 27 de autos), desahogaron la prevención formulada, en el sentido de que habitaban en los municipios de Rafael Delgado y Orizaba, Veracruz; asimismo, ampliaron su demanda para señalar como responsables al 14. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, y 15. Coordinación de División de Detectives de la Policía Ministerial de Veracruz, Veracruz. Por auto de once de diciembre de dos mil veinte (fojas 29 a 31 de autos), el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades su informe con justificación, dio al Agente del Ministerio Público la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. El treinta de marzo de dos mil veintiuno. dicho Juez Federal declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del asunto; y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, en turno. El doce de abril de dos mil veintiuno (fojas 184 a 188 de autos), el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, tuvo por recibido el juicio y, a su vez, declaró carecer de competencia legal, por razón de turno, y ordenó remitir dichos autos a este órgano de control constitucional, donde fue recibido el quince de abril siguiente (foja 1 de autos). El dieciséis de abril de dos mil veintiuno (fojas 194 a 197 de autos), este Juzgado de Distrito registró el juicio con el número 320/2021, aceptó la competencia planteada, no solicitó informes justificados al ya obrar en autos, ordenó notificar a las partes, emplazar a los terceros interesados y los citó a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de los terceros interesados. El catorce de enero y veintidós de abril de dos mil veintiuno se emplazó a juicio a la 1. Fiscal encargada de la Fiscalía Itinerante de Orizaba, Veracruz, y al 2. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Rafael Delgado, Veracruz (fojas 107 y 284 de autos). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. toda vez que de ser cierto el acto reclamado, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquél consiste en. TERCERO. Inexistencia de autoridades. Mediante proveído de tres de junio de dos mil veintiuno (foja 264 de autos), se tuvo por inexistentes a las autoridades 12. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial en Orizaba, Veracruz, y 13. Coordinación de División de Detectives de la Policía Ministerial de Orizaba, Veracruz. Por consiguiente, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento en cuanto a dichas autoridades, pues con tal declaratoria no tuvieron relación con el presente juicio y se suspendió toda comunicación con ellas. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Fiscales 4. Primero, 5. Segundo, 6. Tercero, 7. Cuarto, 8. Quinto, 9. Sexto, y 10. Séptimo, todos Investigadores de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito de Orizaba, Veracruz; 11. Dirección General de la Policía Ministerial con sede en Xalapa, Veracruz; 14. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, y 15. Coordinación de División de Detectives de la Policía Ministerial de Veracruz, Veracruz, en sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, los tres Jueces de Control del Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba Veracruz, actualmente integrado por los. entonces Juez de dicho órgano, quien rindió el informe justificado respecto de todos los jueces que conforman ese juzgado (foja 60 de autos), también negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Además, respecto de los quejosos. al rendir informe justificado por dos de las Salas del Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba Veracruz, actualmente presididas por las. señaló que era cierto el acto reclamado, también refirió que éste emanaba del proceso penal a cargo del diverso Juez de Control. Los quejosos no aportaron prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de dichas autoridades; de ahí que los actos que se les atribuyen resulten inexistentes y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los quejosos. únicamente por lo que hace a las autoridades Juezas de Control del Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba Veracruz. Fiscales 4. Primero, 5. Segundo, 6. Tercero, 7. Cuarto, 8. Quinto, 9. Sexto, y 10. Séptimo, todos Investigadores de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito de Orizaba, Veracruz; 11. Dirección General de la Policía Ministerial con sede en Xalapa, Veracruz; 14. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, y 15. Coordinación de División de Detectives de la Policía Ministerial de Veracruz, Veracruz. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable denominada. así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto del. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con el disco versátil digital remitido por el juzgador al rendir su informe justificado, el cual tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones. SEXTO. Oportunidad de la demanda. Los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, sin prueba en contrario, que conocieron del acto reclamado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte y el veintisiete siguiente presentaron la demanda de amparo que motivó la formación de este juicio, es decir, entre una y otra fecha sólo transcurrió un día natural completo. Luego, es evidente que la demanda se presentó dentro del término de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Consideraciones previas. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la citada Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues el acto reclamado es relativo a la materia penal y los quejosos son los imputados, y en estos casos la suplencia de la queja opera aun ante la ausencia de conceptos de violación. Asimismo, en la especie, de resultar procedente este juicio de amparo, el análisis de constitucionalidad del acto reclamado deberá realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, ya que el acto que se reclama fue dictado aplicando el nuevo sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. OCTAVO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso, las partes no plantearon alguna y no se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia en relación con los actos reclamados. NOVENO. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados por. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir en beneficio de los peticionarios del amparo. Así es, los quejosos sostienen, en lo medular, que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratan de privarlos de la libertad, sin que se les haya seguido juicio previo ante autoridad judicial competente, en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se les hiciera de su conocimiento el supuesto o supuestos típicos y se les otorgara la oportunidad de defenderse, a efecto de aportar elementos de prueba de descargo con base en los principios de contradicción, presunción de inocencia, igualdad de partes y procesal que rigen el Sistema Penal Acusatorio. Lo expuesto a ese respecto es infundado. Para corroborar dicha postura es pertinente citar el contenido del invocado numeral constitucional, que en su párrafo segundo establece. Disposición normativa de la que deriva que el constituyente reconoció en la Carta Magna la llamada garantía de audiencia, relativa a las formalidades esenciales del procedimiento, que integran el debido proceso legal, referida al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera como formalidades esenciales del procedimiento las siguientes: a) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) Oportunidad de alegar; y, d) Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Por otra parte, es pertinente indicar que, como forma de conducción al proceso prevista en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de aprehensión tiene como finalidad que el imputado esté presente en la audiencia inicial y conozca los hechos atribuidos en su contra al tenor de los principios de contradicción e inmediación, así como los datos de prueba que sustentan la imputación a fin de que ejerza su derecho de defensa. Luego, es al momento de comparecer con motivo de la orden de aprehensión, cuando se otorga al imputado la garantía de audiencia, en la que deben atenderse las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en hacer de su conocimiento las imputaciones que se le atribuyen, darle la oportunidad de probar y alegar lo que a su derecho convenga. En ese entendido, se estima que no existe violación alguna por parte de la responsable por cuanto hace a las formalidades del procedimiento del que deriva el acto reclamado, dado que se reitera tratándose de órdenes de aprehensión libradas con fundamento en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es exigible la garantía de audiencia, pues para su emisión sólo se debe atender a lo establecido por el numeral 16 constitucional y en el indicado precepto, tal y como se analizará en líneas posteriores. De ahí lo infundado del motivo de inconformidad en análisis. Por otra parte, también es infundado lo sostenido por los peticionarios de amparo en el sentido de que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, indican, la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación. Para justificar dicha postura, es pertinente citar el texto actual del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece. La fracción III, que es la que interesa a este estudio, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de control, que procede incluso sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir (además de la necesidad de cautela que exige tal fracción) con los siguientes requisitos: a) Deberá liberarse por la autoridad judicial competente; b) Cuando preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; c) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; y d) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, de los artículos 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte, por un lado, que el Ministerio Público, al solicitar la orden de aprehensión se encuentra obligado a exponer las razones por las que considera que se actualizaron los requisitos previstos en el artículo 141 del citado ordenamiento; y por otro, que el juez debe resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión en audiencia, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en la petición, la cual debe cumplir con los requisitos legales exigibles. Así, el Juez de control sólo podrá librar la orden de aprehensión solicitada cuando cumpla con los requisitos previstos en los artículos 141 y 142, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, la responsable es autoridad judicial competente para resolver respecto de la solicitud del libramiento de la orden de aprehensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se trata de un Juez de control; además de que es competente por razón de territorio de conformidad con el artículo 20, fracción I, de ese mismo ordenamiento, por versar la solicitud de captura sobre hechos que acontecieron en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz; territorio sobre el que la autoridad judicial responsable ejerce jurisdicción de conformidad con el artículo 187, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Luego, se satisface el requisito precisado en el inciso Por lo que respecta al requisito indicado en el inciso b), también se actualiza, pues, acorde con lo relatado por la fiscalía, existe la querella formulada por Isidora Antonio Ramos, quien funge como la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Veracruz, y acreditó contar con la representación legal de dicho ayuntamiento a través del acta de cabildo número 72 de fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve, en la que se le otorgó poder amplio (minuto 3:45 del archivo contenido en el disco versátil digital); y los delitos que se investigan son los de robo agravado, previsto en el artículo 202, fracción I, párrafo tercero, en relación con el 205, fracción II, incisos a) y b), del Código Penal del Estado, y el de daños dolosos calificados, que establece el artículo 226, en relación con el diverso 228, del citado ordenamiento penal, los cuales ameritan como pena la imposición de sanciones privativas de libertad. En cuanto a la existencia de c) datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, como sostuvo el juez responsable, también se colman. Para la mayor claridad del presente estudio, se analizará por separado la acreditación de tales hechos delictivos y, posteriormente, de forma conjunta, la probable intervención de los ahora quejosos en la comisión de los mismos. Robo agravado. Los artículos 202, fracción I, párrafo tercero, y 205, fracción II, incisos a) y b), del Código Penal del Estado, establecen. Ahora, se considera que el juez responsable legalmente estimó acreditado el referido hecho delictivo y sus agravantes, pues por lo que hace al apoderamiento de una cosa mueble totalmente ajena, lo tuvo por justificado con los datos de prueba que, según lo relatado por la fiscal, son del contenido siguiente. Además, el juez responsable tomó en cuenta las diversas facturas exhibidas por la querellante, con las que se acreditó la compra de despensas, así como de las lámparas "LED" que fueron sustraídas, las cuales, según lo narrado por la fiscal, son del contenido siguiente. En esa guisa, dada la mecánica en que ocurrieron los hechos, es evidente que los activos se apoderaron de dichos muebles sin el consentimiento de quien legalmente podía disponer de ellos, esto es, del Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Veracruz; lo que se corrobora con el hecho de que la Presidenta Municipal del mismo, fungiendo como su representante legal, acudió ante el Ministerio Público a presentar la denuncia respectiva. Asimismo, el juez responsable legalmente consideró que dicho apoderamiento fue con ánimo de lucro, lo que resulta si se toma en cuenta, sobre todo, la naturaleza de las lámparas LED que fueron sustraídas, las cuales estaban destinadas para instalarse en el alumbrado público, es decir, no estaban diseñadas para su empleo doméstico. De igual forma, como también lo indicó el juzgador, se acredita que el valor de lo robado excede de quinientos días de salario, pues, atendiendo a que dicho salario en el año dos mil veinte era de $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 M.N.), multiplicado por quinientos arroja la cantidad de $61,610 (sesenta y un mil seiscientos diez pesos); y el monto de lo robado, según el informe número 1760, firmado por el perito en criminalística. También fue ajustado a derecho que el juez responsable considerara acreditadas las agravantes previstas en los incisos a) y b), de la fracción II, del artículo 205, del Código Penal del Estado, toda vez que, por una parte, la mecánica de los hechos refleja que el robo de trato se llevó a cabo por más de dos personas y, por otra, que para sustraer los bienes robados los activos ejercieron violencia física en las cosas, específicamente, sobre los candados de la bodega del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Rafael Delgado, Veracruz, los cuales fueron forzados para poder acceder y sustraer las despensas que ahí se encontraban. En suma, la resolución reclamada se ajusta a derecho, pues los datos de prueba precisados permiten establecer que aproximadamente a las veintiuna horas del veintinueve de julio de dos mil veinte, un grupo de aproximadamente ciento cincuenta personas se presentó en la explanada del Palacio Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, incitados por los activos para destruir y saquear las instalaciones de dicho palacio; que se apoderaron de varios cientos de despensas localizadas en la bodega del "DIF Municipal" y en el salón de usos múltiples localizado en el segundo piso del mencionado palacio, así como de noventa y dos lámparas LED también ubicadas en dicho salón; que para acceder a la referida bodega forzaron los candados de sus puertas; y que el valor de los objetos, según dictamen pericial, asciende a. Lo que llevaron a cabo sin contar con el consentimiento de quien legalmente podía disponer de dichos bienes. De ahí que se considere, como lo estimó el juez responsable, que existen datos suficientes para establecer que se cometió el hecho delictivo de robo agravado. Daños dolosos calificados. Los artículos 226 y 228, del Código Penal del Estado, establecen. Por lo que respecta a la probabilidad de que se haya cometido el delito de daños, en cuanto tipo básico, esto, en la hipótesis consistente en que alguien, en perjuicio de tercero, destruya o deteriore cosas totalmente ajenas, se considera que el juez responsable actuó correctamente al tenerla por demostrada. Es así, pues para ello tomó en cuenta la querella formulada por Isidora Antonio Ramos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Veracruz, cuya relatoría fue transcrita en líneas precedentes y a la que se remite en obvio de repeticiones innecesarias. Dato de prueba del que, efectivamente, se desprende que aproximadamente a las veintidós horas del veintinueve de julio de dos mil veinte, un grupo de aproximadamente ciento cincuenta personas, incitados y liderados por diversos sujetos activos, causaron daños a las instalaciones del Palacio Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, e incendiaron tres unidades automotrices propiedad del Ayuntamiento de ese municipio, consistentes en: una unidad de Protección Civil, tipo camioneta Van; una Nissan tipo "Estacas", de alumbrado público, y una Ford Lobo de Obras Públicas; y que también causaron daños a un tractor, marca Honder, propiedad del Ayuntamiento, que se encontraba en la explanada municipal. A ello se adiciona el oficio. adscrito a la Jefatura de Detectives de Orizaba, Veracruz, mediante el cual, según relato de la fiscal, remitió las primeras investigaciones y realizó una inspección ocular en compañía del perito, en donde se observó. A lo que el juez de control sumó el contenido del informe número 1760, firmado por el perito en criminalística Refugio Andrés Huerta Pérez, en la parte en que determina que el valor de los bienes dañados asciende a un total de $752,700.00 (setecientos cincuenta y dos mil setecientos pesos) . Por lo que hace a la demostración de la agravante prevista en el artículo 228 del Código Penal del Estado, en la hipótesis de que el daño recaiga en bienes de utilidad pública, también se colma, pues como bien lo estimó el juez de control, es un hecho notorio que las instalaciones de los Palacios Municipales, como el de Rafael Delgado, Veracruz, objeto de los daños que se investigan, están destinadas a la prestación de diversos servicios públicos en beneficio del interés colectivo, principalmente de los habitantes de ese municipio, como podrían ser Registro Civil, de Tesorería, de Catastro, Obras Públicas, etcétera, Luego, se justifica la agravante de mérito, en la medida de que el daño recayó, entre otros, en un bien de utilidad pública. Con base en los anteriores datos de prueba es posible establecer que la responsable legalmente determinó que en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, indicadas en su querella por Isidora Antonio Ramos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Veracruz, varios sujetos activos causaron daños a las instalaciones del Palacio Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, e incendiaron tres unidades automotrices propiedad del Ayuntamiento de ese municipio, consistentes en: una unidad de Protección Civil, tipo camioneta Van; una Nissan tipo "Estacas", de alumbrado público, y una Ford Lobo de Obras Públicas; que también causaron daños a un tractor, marca Honder, propiedad del Ayuntamiento, que se encontraba en la explanada municipal. De ahí que se considere, como lo hizo el juez responsable, que existen datos suficientes para establecer que se cometió el hecho delictivo de daños calificados. Ahora, se procederá al análisis de la probabilidad de que los imputados hayan intervenido en la comisión de los delitos que se les atribuyen. El juez de control consideró que los datos de prueba existentes son aptos y suficientes para acreditar la probabilidad de que Oscar Román Morales, Othon Isabel González Valerio e Isidra Mendoza Cervantes intervinieron en su ejecución conjuntamente con varios sujetos más, esto es, como autores (coautores) materiales del hecho en términos del artículo 37 del Código Penal del Estado. Así es, como lo sostuvo la autoridad responsable, dicha intervención deriva del señalamiento que realizó la querellante Isidora Antonio Ramos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Veracruz, como las personas que el día de los hechos encabezaban a un grupo de aproximadamente ciento cincuenta manifestantes, los cuales reconoció porque pertenecen a ese municipio. Dato de prueba que, como señaló el juez, se encontró robustecido con las investigaciones del comandante Tomás Espinoza Hernández, de donde se advierte su intervención en la comisión de los hechos delictivos que se investigan, de acuerdo con la narración efectuada por la fiscal, en el sentido siguiente. Lo anterior se encuentra relacionado, como estimó el juez, con la entrevista del testigo presencial de identidad resguardada. como las personas que incitaban para que sacaran las despensas y abrieran la cortina del DIF municipal. Es con base en lo anterior, que es posible concluir, como lo hizo la referida responsable, que en las circunstancias de modo, tiempo y lugar previamente relatadas en esta sentencia, probablemente fueron Oscar Román Morales, Othon Isabel González Valerio e Isidra Mendoza Cervantes quienes, en compañía de otros sujetos, se apoderaron de varios cientos de despensas localizadas en la bodega del "DIF Municipal" y en el salón de usos múltiples sito en el segundo piso del mencionado palacio, así como de noventa y dos lámparas LED también ubicadas en dicho salón, cuyo valor, según dictamen pericial, asciende a $6,404,394.00 (seis millones cuatrocientos cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos). Asimismo, que fueron Oscar Román Morales, Othon Isabel González Valerio e Isidra Mendoza Cervantes quienes, en compañía de varios sujetos, causaron daños a las instalaciones del Palacio Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, e incendiaron tres unidades automotrices consistentes en: una unidad de Protección Civil, tipo camioneta Van; una Nissan tipo "Estacas", de alumbrado público, y una Ford Lobo de Obras Públicas; así como un tractor, marca Honder; todos ellos propiedad del Ayuntamiento de ese municipio. Ahora, por lo que respecta a la necesidad de cautela que requiere el dictado de la orden de aprehensión en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se colma, pues del disco de videograbación se advierte que la Fiscal justificó dicha necesidad de la siguiente manera. Por tanto, como lo estimó el juez responsable, las circunstancias y los datos de prueba proporcionados por la fiscal son suficientes para establecer que, como argumentó el fiscal, existe riesgo fundado de que los aquí quejosos puedan realizar actos que afecten o pongan en riesgo la integridad personal de la testigo Isidora Antonio Ramos, quien al momento de los hechos fungía como Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Veracruz. Ello se obtiene a partir del contenido de las entrevistas de los diversos testigos Joel Onésimo Molohua Coscahua y Flora Alicia López Herrera, elementos de la Policía Municipal de ese lugar, quienes, además de narrar la violenta mecánica de hechos, señalaron que la personas que se constituyeron en la explanada del Palacio Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, exigían la presencia de la alcaldesa (Isidora Antonio Ramos). Lo que se adminicula con lo manifestado por Isidora Antonio Ramos, tanto al formular su querella como al ser entrevistada por Tomás Hernández Espinoza, comandante adscrito a la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Orizaba, Veracruz, consistente en que teme ser agredida físicamente por los imputados, debido a las circunstancias narradas y porque se trata de personas vecinas y residentes de la zona. A lo que es pertinente agregar el dato de prueba consistente en la entrevista realizada al testigo presencial de identidad resguardada. el cual, según relato de la fiscal, en lo que aquí trasciende, refirió Tales datos de prueba, a los que hizo referencia el juzgador, son suficientes para demostrar que existe el riesgo fundado de que los aquí quejosos puedan realizar actos que afecten o pongan en riesgo la integridad personal de la testigo Isidora Antonio Ramos. Ante lo narrado a lo largo de este considerando, es que resulta infundado lo sostenido por los peticionarios en el sentido de que se transgrede en su perjuicio la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, pues, como se ha visto, la orden de aprehensión reclamada se encuentra ajustada a derecho. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por los quejosos Oscar Román Morales, Othon Isabel González Valerio e Isidra Mendoza Cervantes, contra el acto reclamado del 3. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra en el proceso penal 174/2020. DÉCIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de parte diversa en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo aplicable se resuelve. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por. respecto de los actos y las autoridades precisadas en el considerando cuarto del presente fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en éste. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a. contra el acto reclamado del. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando noveno de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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