Julián Raúl Rodríguez Meza
Expediente 887/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julián Raúl Rodríguez Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Córdoba, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficio 04533 de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió la resolución con la que consideró dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y en auto de cuatro de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la responsable, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil*** Aunado a ello, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado*** acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que trasciende, que analizó las pruebas aportadas por el impetrante de amparo así como sus argumentos, y determinó que debía considerarse a la fecha desempleado formal, pero empleado informal, ya que tiene el oficio de herrero y balconero por cuenta propia, y que por lo menos, su capacidad económica supera el salario mínimo general. Posteriormente, precisó que asistía razón al aquí quejoso, en cuanto a que la pensión alimenticia no resulta proporcional a su capacidad económica real, pues al no contar con datos de sus ingresos debió decretarse la medida provisional mediante la fijación de un porcentaje determinado del salario o ingresos del deudor, a través de una fórmula flexible y objetiva; después confrontó las necesidades alimentarias de las acreedoras y las posibilidades económicas del deudor, y determinó que las acreedoras tienen cubierto el rubro de habitación y que el demandado, en ejercicio de su oficio de herrero y balconero, debía percibir por lo menos un salario superior al mínimo general; y que del total de esos ingresos deben subsistir tres acreedores alimentarios, por lo cual redujo la pensión alimenticia provisional de dos salarios mínimos al cincuenta por ciento del salario mínimo general vigente en el año en que se interpuso la demanda inicial, es decir, en la cantidad liquida de $103.72 (ciento tres pesos, setenta y dos centavos moneda nacional) diarios. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable, resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficio 04533 de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió la resolución con la que consideró dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y en auto de cuatro de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la responsable, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil*** Aunado a ello, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado*** acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que trasciende, que analizó las pruebas aportadas por el impetrante de amparo así como sus argumentos, y determinó que debía considerarse a la fecha desempleado formal, pero empleado informal, ya que tiene el oficio de herrero y balconero por cuenta propia, y que por lo menos, su capacidad económica supera el salario mínimo general. Posteriormente, precisó que asistía razón al aquí quejoso, en cuanto a que la pensión alimenticia no resulta proporcional a su capacidad económica real, pues al no contar con datos de sus ingresos debió decretarse la medida provisional mediante la fijación de un porcentaje determinado del salario o ingresos del deudor, a través de una fórmula flexible y objetiva; después confrontó las necesidades alimentarias de las acreedoras y las posibilidades económicas del deudor, y determinó que las acreedoras tienen cubierto el rubro de habitación y que el demandado, en ejercicio de su oficio de herrero y balconero, debía percibir por lo menos un salario superior al mínimo general; y que del total de esos ingresos deben subsistir tres acreedores alimentarios, por lo cual redujo la pensión alimenticia provisional de dos salarios mínimos al cincuenta por ciento del salario mínimo general vigente en el año en que se interpuso la demanda inicial, es decir, en la cantidad liquida de $103.72 (ciento tres pesos, setenta y dos centavos moneda nacional) diarios. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable, resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
NO ATENDIERON AL CITATORIO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO QUE DICE Córdoba, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficio 04533 de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió la resolución con la que consideró dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y en auto de cuatro de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la responsable, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil*** Aunado a ello, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado*** acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que trasciende, que analizó las pruebas aportadas por el impetrante de amparo así como sus argumentos, y determinó que debía considerarse a la fecha desempleado formal, pero empleado informal, ya que tiene el oficio de herrero y balconero por cuenta propia, y que por lo menos, su capacidad económica supera el salario mínimo general. Posteriormente, precisó que asistía razón al aquí quejoso, en cuanto a que la pensión alimenticia no resulta proporcional a su capacidad económica real, pues al no contar con datos de sus ingresos debió decretarse la medida provisional mediante la fijación de un porcentaje determinado del salario o ingresos del deudor, a través de una fórmula flexible y objetiva; después confrontó las necesidades alimentarias de las acreedoras y las posibilidades económicas del deudor, y determinó que las acreedoras tienen cubierto el rubro de habitación y que el demandado, en ejercicio de su oficio de herrero y balconero, debía percibir por lo menos un salario superior al mínimo general; y que del total de esos ingresos deben subsistir tres acreedores alimentarios, por lo cual redujo la pensión alimenticia provisional de dos salarios mínimos al cincuenta por ciento del salario mínimo general vigente en el año en que se interpuso la demanda inicial, es decir, en la cantidad liquida de $103.72 (ciento tres pesos, setenta y dos centavos moneda nacional) diarios. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable, resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196, de la Ley de Amparo, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable; dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
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