Jueces de Proceso y Procedimiento Oral Distrito Acayucan
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jueces de Proceso y Procedimiento Oral Distrito Acayucan
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que la autoridad responsable, 42. Agustín Torres Bello, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Poza Rica, Veracruz; no ha rendido su informe justificado, ni en autos obra constancia de la que se advierta que hayan recibido el oficio 15278/2022 de dos de junio de dos mil veintidós, por el que se le reexpidió el diverso 27577/2021 y se le requirió dicho informe. En razón de lo anterior, se requiere al Administrador Local de Correos de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, informe a este Juzgado el trato que le dio a la pieza postal 17148 de la factura 103 de ocho de junio de la presente anualidad, respecto del oficio 15278/2022, dirigido a la autoridad citada en el párrafo que antecede, y remita el acuse correspondiente. En el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; la cual se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del citado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia incidental, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable 38. Gabriela Ordorica Ávila, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Panuco, Veracruz, no ha rendido su informe previo, ni en autos obra constancia de la que se advierta que haya recibido el oficio 563/2022, de diez de enero del año en curso, por el que se reexpidió el diverso 27644/2021, en el que requirió dicho informe. En consecuencia, se reserva la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS la que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del citado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia incidental, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia. Sin que obste el hecho que obren los informes de diversas autoridades, pues se debe salvaguardar el principio de indivisibilidad o de unidad procesal de la audiencia incidental y, atendiendo a la finalidad de concentración procesal, que se celebre una sola audiencia y se dicte una sola interlocutoria respecto de todos los actos reclamados y autoridades responsables que correspondan, a fin de que las partes estén en posibilidad de combatir integralmente, de ser conforme a sus intereses, la negativa o concesión de suspensión respectiva, y evitando así la posible existencia de dos medios de impugnación distintos contra las diversas interlocutorias o el posible dictado de sentencias contradictorias en éstos, además de que ello es conveniente conforme al principio constitucional de seguridad jurídica.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por 12. Paula Morales Marín por si y en representación de 9. Marco Antonio Rodríguez Lobato, 10. María Andrea García Zavaleta y 11. Marcelo Alfredo Campos Scougall, todos Jueces Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Incidental
...Córdoba, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 799/2021, promovido por ., contra los actos reclamados a los Jueces de Proceso y Procedimiento Oral Distrito Acayucan, y otras autoridades INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrán por presuntamente ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de la suspensión y se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, en términos del artículo 260, fracción I, de la citada Ley, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido que deberán rendir su informe previo en forma separada del justificado, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente incidente de suspensión, precisando sobre la certeza o no del acto reclamado. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que este órgano jurisdiccional tiene su domicilio en la Avenida Tres, número mil trescientos nueve, esquina Calle Trece, de esta ciudad de Córdoba, Veracruz. OFICIOS TELEGRÁFICOS. En atención a que algunas de las autoridades responsables residen fuera de la sede de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena requerirles su informe previo vía telegráfica, sin perjuicio de remitirles el oficio correspondiente por correo ordinario. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, la cual se fija de manera objetiva atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del citado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia incidental, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia. De la lectura de la demanda se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los consistentes en: La orden de aprehensión y su ejecución La orden de comparecencia y su ejecución La realización de actos de investigación sin dar acceso a la quejosa a los registros de investigación. Respecto al acto reclamado consistente en la realización de actos de investigación sin dar acceso al quejoso a dichos registros, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que con ello se afectaría la investigación de delitos, lo cual es de orden público, pues impediría al Fiscal realizar la función encomendada por el artículo 21 constitucional, esto es, la investigación y persecución de los delitos; de ahí que, ante el conflicto del interés particular de la quejosa con el de la Sociedad y el Estado, debe prevalecer el interés colectivo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada, respecto de tales actos. En cuanto a los actos reclamados a las autoridades jurisdiccionales consistentes en la orden de aprehensión y/o comparecencia, y su ejecución, con fundamento en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, la suspensión se otorga condicionando sus efectos en los siguientes términos: Si el delito atribuido a la parte quejosa es de aquellos en que procede decretar prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para el único efecto de que el peticionario de amparo .. quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal en el lugar que se destine para su reclusión, y a la de la autoridad que conoce de su proceso para la continuación del procedimiento penal, hasta en tanto se resuelva acerca de la suspensión definitiva. En cambio, si dicho ilícito es de aquellos que no implican prisión preventiva oficiosa, con apoyo en el citado numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para el efecto de que el quejoso, .. no sea detenido, hasta en tanto se resuelva acerca de la suspensión definitiva. Si el acto reclamado se trata de una orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria, aun cuando esta hubiese causado ejecutoria procede conceder la suspensión solicitada para los efectos precisados en los párrafos precedentes, toda vez que con ello no se contraviene el interés social ni disposiciones de orden público, pues no se está determinando que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino únicamente que la compurgue hasta en tanto exista certeza legal de que el acto combatido se llevó a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige y no se violen preceptos de la Constitución Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 1a./J. 34/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, Tomo XXXI, correspondiente al mes de junio de dos mil diez del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de contenido y rubro siguientes: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes." En relación con los actos atribuidos a los Fiscales señalados como responsables, con fundamento en los numerales 163 y 166 de la Ley de Amparo, dicha suspensión se otorga condicionando sus efectos en los siguientes términos: Si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no se han efectuado dichos actos reclamados, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no se prive de la libertad a .., hasta que las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público, y por tanto insuspendible. En caso de que dichos actos reclamados hubiesen sido emitidos por parte de algún Ministerio Público y éstos se hayan llevado a cabo, se concede la suspensión para el efecto de que la citada autoridad deje en libertad al peticionario de amparo, si no se justifican los supuestos de flagrancia, y en caso de existir, deberá dejarlo a disposición del Juez que corresponda en los plazos constitucionales, de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, a partir de que fuere privado de su libertad según sea el caso; lo anterior, en términos del primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo. Si los actos reclamados fueron efectuados por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en contra del quejoso, como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional lo permite, o su consignación, de conformidad con el artículo 164, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En cambio, si dicho ilícito es de aquellos que implican prisión preventiva oficiosa o exista algún impedimento para que obtenga alguna medida cautelar (oposición ministerial, etcétera), con apoyo en el citado numeral 163 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para el efecto de que una vez que el quejoso sea detenido quede, por cuanto a su libertad personal, a disposición de este Juzgado, en el lugar destinado para su reclusión, y al de las autoridades responsables que conozcan del procedimiento penal, por cuanto a la continuación de ésta, mientras se resuelva acerca de la suspensión definitiva. En el entendido de que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si el peticionario del amparo es sorprendido en flagrante delito o se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto del artículo 16 constitucional; si la orden es librada por autoridad judicial distinta a las señaladas como autoridades responsables o si es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda. REQUISITO DE EFECTIVIDAD (MONTO DE LA GARANTÍA). Para el caso de que el ilícito por el cual se dictó la orden de aprehensión o citación reclamadas, sean de aquéllos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, el artículo 168 de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso; y III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos, pues la parte quejosa en su demanda de amparo no proporciona datos fidedignos respecto al delito o delitos que se les atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos los inculpados no tienen conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se les detiene. Por lo que al reunirse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional solicitada surte sus efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si la quejosa no otorga garantía en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a satisfacción de este Juzgado de Distrito, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional); cantidad que se fija tomando en consideración la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución de los actos reclamados. Dicha garantía deberá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Si el promovente exhibe billete de depósito deberá procurar que el mismo sea expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el entendido de que al llenar el rubro denominado concepto deberán especificar que se exhibe "para que surta sus efectos la suspensión provisional otorgada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 799/2021", o en cualquiera de las demás formas establecidas por la ley, A NOMBRE DEL DIRECTO QUEJOSO COMO DEPOSITANTE, ante y a satisfacción de este Juzgado. En caso de ser póliza de fianza, deberá de ser a disposición de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado. Asimismo, de conformidad con los artículos 174, 175 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía respectiva deberá comprometerse, para el caso que sea necesario hacerla efectiva, al trámite previsto en el artículo 278 de ese ordenamiento. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. A fin de poder determinar lo conducente conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva, con fundamento en dicho precepto, se requiere a la parte quejosa, para que en el término de tres días acredite con documento fehaciente el estado que guarda su situación económica, la actividad a la que se dedica y el ingreso mensual que percibe, con el apercibimiento que de no hacerlo se fijará discrecionalmente el monto de la caución que corresponda. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 166, fracción II, del ordenamiento legal en cita, se presente ante la autoridad responsable que corresponda, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído para la continuación del procedimiento de donde derivan los actos reclamados, debiendo acreditar con la constancia respectiva en la que se advierta el sello de las autoridades responsables el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del mismo plazo al que se hizo alusión con anterioridad, esto es, tres días hábiles. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del Erario Federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar los actos reclamados. Signifíquese al peticionario del amparo que la obligación descrita en el párrafo precedente, será exigible hasta que se tenga la certeza respecto de la existencia de los actos reclamados y de la autoridad que la emitió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J.149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 371, tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DE LA QUEJOSA DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación de la quejosa de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. A fin de poder determinar lo conducente conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva, con fundamento en dicho precepto, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de cuarenta y ocho horas, que se les otorgó para rendir su informe previo: a) Manifiesten de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que hayan emitido el acto reclamado y, de ser necesario, REMITAN COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS CONDUCENTES, MANIFIESTE (N) EL ORIGEN DEL ACTO RECLAMADO, Y SI ÉSTE SE DICTÓ EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA FIRME EN EL ÁMBITO PENAL. b) Informen si a la quejosa ya se le resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en este. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a los requerimientos detallados en los incisos antes citados, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con idéntico apercibimiento se requiere a las autoridades responsables para que informen el incumplimiento de la parte quejosa de comparecer a la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado. SOLICITUD DE COPIA. Expídasele a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, previa identificación y recabándose la razón de recibo correspondiente, y entréguese a las personas que designa en su escrito. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como sus autorizados con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Mijangos y González, Carolina Marrusich Esquivel, Juana Itzel Paz Castillo, Arturo Pinelo Rodríguez, Mauricio Oliver López, Eduardo Arturo Galicia de la Cruz, Gilberto Granados Jaimes, Blanca Paloma Guerra Lavín, Verónica Rojas Cortés, Felipe Neri Narváez Gallangos, Jorge Cantú Mirón, Daniela Ramos Sosa y Mauricio Hernández Maldonado, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana; y con facultades restringidas, en términos del segundo párrafo del precepto en cita, esto es, exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a los demás profesionistas que menciona, por no estar en igualdad de condiciones y así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico y número de teléfono que indica en el escrito que se provee, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. En términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizarán electrónicamente, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de le Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. CONSULTA ELECTRONICA. Se autoriza el acceso y consulta del presente expediente, de conformidad con el artículo 3°, sexto párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los numerales artículos 9, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, en razón de que proporcionó los usuarios a que hace referencia en su escrito de demanda, por lo que se presume que dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En tales circunstancias, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 799/2021, de este índice administrativo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE CONTINÚEN EL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que proporcionen un correo electrónico, número telefónico y/o servicio de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, se autoriza a cualesquiera de los Secretarios del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, para librar oficios a las autoridades responsables en este asunto...
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