Judith Santa Cruz Palacios
Expediente 627/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Judith Santa Cruz Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 627/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. " En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
II. Con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado la sentencia engrosada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad (a través de su buzón judicial) y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-10). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de agosto siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal la Federación adscrita y, emplazar al presente juicio al tercero interesado (fojas 11- 15). Se emplazó personalmente al juicio al tercero interesado (foja 21) y se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 26). Integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 99) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (foja 107). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos de un ascendiente, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en razón de que el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en:Familia, en Veracruz, Veracruz, que declaró procedente la reclamación planteada por el demandado y redujo el monto de la pensión alimenticia fijada de manera provisional en el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones, para ubicarla en un veinte por ciento (20 %) a favor de la acreedora alimentaria (determinación que fue notificada por lista de acuerdos a la quejosa el mismo día, según se observa a foja 69). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 26). Lo que se constata, puesto que dicha autoridad remitió copia certificada de esa determinación (fojas 93-96) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."6 QUINTO. Regularidad constitucionalidad del acto reclamado. En principio, es oportuno precisar que al tener la quejosa la calidad de acreedora alimentaria en el juicio civil de origen, procede suplir en su favor la deficiencia de la queja al tratarse de un asunto en materia de alimentos. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados, lo que impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada, por las razones que enseguida se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán de respaldo para dar solución al problema jurídico planteado, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio deproporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador tomó como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la celeridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito7, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado8, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador naturalordena resolver." Ahora bien, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los ASCENDIENTES que demandan alimentos de sus descendientes no tienen a su favor la presunción legal de necesitarlos, por esa razón, cuando los demanden, deben acreditar en el juicio los elementos de su acción, es decir, tienen la carga probatoria de demostrar: el entroncamiento, su necesidad y la posibilidad del que debe dar los alimentos, tal como lo ordena la jurisprudencia 1a./J. 103/20089 que se lee: "ALIMENTOS PARA ASCENDIENTES. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO CUANDO LOS RECLAMAN DE SUS DESCENDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los ascendientes que demandan alimentos de sus descendientes no tienen en su favor la presunción legal de necesitarlos, ni el juez debe resolver esos casos haciendo uso de una presunción general en tal sentido, contrario a lo que ocurre con los menores de edad. En el caso de estos últimos, la presunción de su necesidad alimentaria tiene sentido porque constituyen un grupo altamente homogéneo cuyos miembros, en general y con independencia de sus circunstancias socioeconómicas, requieren que alguien más les proporcione los medios necesarios para vivir y educarse. Sin embargo, entre los ascendientes que puedan reclamar alimentos de sus descendientes, esta homogeneidad de circunstancias no existe, ni siquiera cuando los primeros pueden calificarse de "adultos mayores" bajo alguno de los posibles criterios de definición de esta categoría. De esta manera, al no existir a favor de los ascendientes ninguna presunción a su favor de su necesidad alimentaria, éstos deben acreditar en el juicio los elementos de su acción (el entroncamiento, su necesidad y la posibilidad del que debe darlos), sin perjuicio de que del material probatorio aportado se pueda desprender una presunción humana de la necesidad alimentaria. Esto es, la presunción humana es el hecho que se deduce de otro debidamente probado y que es consecuencia ordinaria de aquél, y admite prueba en contrario. Así, lo que el juzgador debe hacer, es aplicar las reglas generales de los juicios civiles prestando una atención muy cuidadosa a las particularidades que caracterizan la situación de los ascendientes involucrados en cada caso concreto para determinar, de acuerdo con el material probatorio que se aporte al juicio, si la necesidad existe o no existe, esto es, si de las pruebas aportadas ante sí puede desprenderse la presunción humana de que el ascendiente necesita los alimentos que reclama. El hecho de que no proceda partir de una presunción general de necesidad de alimentos en todos los casos de ascendientes actores, no impide al juez operar con presunciones humanas derivadas directamente de los hechos y particularidades del caso que tiene ante sí." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se obtienen de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). El treinta de abril de dos mil veinte, la quejosa Judith Santa Cruz Palacios (en su calidad de progenitora) demandó al hoy tercero interesado José Luis Cancio Santa Cruz (en su carácter de hijo) el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento definitiva, no menor al cincuenta por ciento de su sueldo (fojas 28-34). 2). Por acuerdo de once de mayo de dos mil veinte, el juez responsable radicó el juicio ordinario civil 389/2020 y, entre otras cosas, se previno a la actora para que exhibiera el documento que acreditara su entroncamiento con el demandado (fojas 37-40). 3). En proveído de trece de mayo siguiente, se acordó: tener por desahogada la aludida prevención y, fijar como medida cautelar, una pensión alimenticia provisional consistente en el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente de trabajo (fojas 41-42). 4). Emplazado que fue el demandado (foja 52) contestó la demanda e interpuso recurso de reclamación en el que realizó las manifestaciones y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, con base en las cuales sostiene que el monto de la pensión resulta excesivo e insuficiente para solventar sus propias necesidades, puesto que tiene tres diversos acreedores alimentarios que son su esposa y dos hijos menores de edad (fojas 56-64).5). El seis de enero de dos mil veintiuno, el juez instructor tuvo al demandado interponiendo recurso de reclamación contra la pensión alimenticia provisional, dando vista a la actora por el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera (foja 54). 6). Una vez que la actora desahogó la vista de la reclamación planteada (fojas 72-88) por acuerdo de dos de marzo siguiente, se tuvo por desahogada en tiempo y forma la misma (foja 69). 7). Luego, una vez que se turnaron los autos para resolver (foja 91) el doce de julio de dos mil veintiuno, se declaró procedente la reclamación planteada por el demandado y se redujo el monto de la pensión alimenticia fijada de manera provisional, para ubicarla en un veinte por ciento (20 %) del sueldo y demás prestaciones del reclamante -Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo- (fojas 93-96). Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN De la resolución reclamada se advierte que el juez responsable declaró fundada la reclamación aquí combatida, con base en las siguientes consideraciones: ? El demandado acreditó que cuenta con tres acreedores alimentarios más, a saber, su esposa y dos hijos menores de edad, como se advierte de las actas de matrimonio y de nacimiento exhibidas. ? La actora no demostró en ese momento procesal si cuenta con otros gastos como por ejemplo de energía eléctrica, agua potable, etcétera. ? El demandado debe guardar para sí un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades. Hasta aquí las razones esenciales de la autoridad responsable. Ahora bien, a título de conceptos de disenso la quejosa sostiene que la resolución reclamada viola su derecho a recibir alimentos, porque el monto de la pensión alimenticia que se redujo no le es suficiente para cubrir sus gastos médicos, alimentos y vestido, dado que su única fuente de ingresos es la que le puede proporcionar su hijo. Además, sostiene que, debido a su vejez y enfermedad, se encuentra imposibilitada para valerse por sí misma. Agrega la quejosa que la resolución reclamada no es congruente con la reclamación planteada, puesto que no se valoraron de manera correctas las pruebas ofrecidas en autos. Dichos motivos de disenso resultan infundados. Ello porque se estima que la decisión emitida por la autoridad responsable es objetivamente correcta, cuenta habida que el demandado demostró en la reclamación contar con tres diversos acreedores alimentarios más que son su esposa y dos hijos menores de edad, lo que por sí mismo implica que su capacidad económica de proporcionarlos se vea reducida, circunstancia que desconocía el juzgador al momento de fijar la pensión alimenticia provisional, pero que necesariamente tenía que tomar en cuenta al resolver la reclamación combatida. Lo anterior, contrario a lo sostenido por la quejosa, también hace patente que la resolución reclamada no es incongruente con la reclamación planteada por el demandado y con las pruebas ofrecidas en autos, puesto que se observa que el juzgador civil tomó en cuenta precisamente la circunstancia alegada por el reclamante en el sentido que contaba con tres diversos acreedores alimentarios más, lo que como se vio, justificó con las documentales relativas a las actas de matrimonio y de nacimiento respectivas. Adicionalmente, se estima que la resolución reclamada no le causa perjuicio a la quejosa, sino todo lo contrario le beneficia, en la medida de que a pesar que el juez responsable no expuso los motivos por los cuales estimó que, al ser la madre del demandado (ascendiente) le correspondía la carga probatoria de acreditar no sólo el entroncamiento y la posibilidad de su hijo de proporcionarle alimentos, sino también la necesidad de los mismos, como lo ordena la jurisprudencia 1a./J. 103/2008; no obstante, lo cierto es que, aun cuando no se verificó dicha necesidad, el juzgador estimó acreditados los elementos de su acción de alimentos, por lo menos hasta esta etapa procesal, circunstancia que sin duda le benefició, pues de haberse analizado dichos extremos por la autoridad incluso se hubiera estado en posibilidad jurídica de resolverse la reclamación en forma distinta.De allí que, la resolución reclamada no dejó en estado de indefensión a la quejosa, pues como se dijo, a pesar de que el juez responsable no analizó que estuvieran o no acreditados los elementos de su acción de alimentos en su calidad de ascendiente del demandado como se ordena jurisprudencialmente, aun así, la autoridad decretó a su favor la medida cautelar solicitada. Pues debe recordarse que en ese tipo de asuntos los ascendientes que demandan alimentos de sus descendientes no tienen en su favor la presunción legal de necesitarlos, ni el juez debe resolver esos casos haciendo uso de una presunción general en tal sentido; pero a pesar ello, en el caso concreto así se hizo. Por último, se estima que el monto fijado de la pensión alimenticia del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado, es objetivamente suficiente para hacer frente a su alegada necesidad de cubrir sus gastos médicos, alimentos y vestido, puesto que no se observa que en su demanda civil la quejosa haya manifestado la necesidad de cubrir diversos conceptos a título de gastos. CONCLUSIÓN En conclusión, la resolución reclamada resulta ajustada a derecho, dado que, aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 130810, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Judith Santa Cruz Palacios, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
II. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad (a través de su buzón judicial) y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-10). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de agosto siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal la Federación adscrita y, emplazar al presente juicio al tercero interesado (fojas 11- 15). Se emplazó personalmente al juicio al tercero interesado (foja 21) y se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 26). Integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 99) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (foja 107). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos de un ascendiente, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en razón de que el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en:Familia, en Veracruz, Veracruz, que declaró procedente la reclamación planteada por el demandado y redujo el monto de la pensión alimenticia fijada de manera provisional en el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones, para ubicarla en un veinte por ciento (20 %) a favor de la acreedora alimentaria (determinación que fue notificada por lista de acuerdos a la quejosa el mismo día, según se observa a foja 69). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 26). Lo que se constata, puesto que dicha autoridad remitió copia certificada de esa determinación (fojas 93-96) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."6 QUINTO. Regularidad constitucionalidad del acto reclamado. En principio, es oportuno precisar que al tener la quejosa la calidad de acreedora alimentaria en el juicio civil de origen, procede suplir en su favor la deficiencia de la queja al tratarse de un asunto en materia de alimentos. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados, lo que impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada, por las razones que enseguida se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán de respaldo para dar solución al problema jurídico planteado, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio deproporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador tomó como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la celeridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito7, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado8, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador naturalordena resolver." Ahora bien, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los ASCENDIENTES que demandan alimentos de sus descendientes no tienen a su favor la presunción legal de necesitarlos, por esa razón, cuando los demanden, deben acreditar en el juicio los elementos de su acción, es decir, tienen la carga probatoria de demostrar: el entroncamiento, su necesidad y la posibilidad del que debe dar los alimentos, tal como lo ordena la jurisprudencia 1a./J. 103/20089 que se lee: "ALIMENTOS PARA ASCENDIENTES. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO CUANDO LOS RECLAMAN DE SUS DESCENDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los ascendientes que demandan alimentos de sus descendientes no tienen en su favor la presunción legal de necesitarlos, ni el juez debe resolver esos casos haciendo uso de una presunción general en tal sentido, contrario a lo que ocurre con los menores de edad. En el caso de estos últimos, la presunción de su necesidad alimentaria tiene sentido porque constituyen un grupo altamente homogéneo cuyos miembros, en general y con independencia de sus circunstancias socioeconómicas, requieren que alguien más les proporcione los medios necesarios para vivir y educarse. Sin embargo, entre los ascendientes que puedan reclamar alimentos de sus descendientes, esta homogeneidad de circunstancias no existe, ni siquiera cuando los primeros pueden calificarse de "adultos mayores" bajo alguno de los posibles criterios de definición de esta categoría. De esta manera, al no existir a favor de los ascendientes ninguna presunción a su favor de su necesidad alimentaria, éstos deben acreditar en el juicio los elementos de su acción (el entroncamiento, su necesidad y la posibilidad del que debe darlos), sin perjuicio de que del material probatorio aportado se pueda desprender una presunción humana de la necesidad alimentaria. Esto es, la presunción humana es el hecho que se deduce de otro debidamente probado y que es consecuencia ordinaria de aquél, y admite prueba en contrario. Así, lo que el juzgador debe hacer, es aplicar las reglas generales de los juicios civiles prestando una atención muy cuidadosa a las particularidades que caracterizan la situación de los ascendientes involucrados en cada caso concreto para determinar, de acuerdo con el material probatorio que se aporte al juicio, si la necesidad existe o no existe, esto es, si de las pruebas aportadas ante sí puede desprenderse la presunción humana de que el ascendiente necesita los alimentos que reclama. El hecho de que no proceda partir de una presunción general de necesidad de alimentos en todos los casos de ascendientes actores, no impide al juez operar con presunciones humanas derivadas directamente de los hechos y particularidades del caso que tiene ante sí." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se obtienen de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). El treinta de abril de dos mil veinte, la quejosa Judith Santa Cruz Palacios (en su calidad de progenitora) demandó al hoy tercero interesado José Luis Cancio Santa Cruz (en su carácter de hijo) el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento definitiva, no menor al cincuenta por ciento de su sueldo (fojas 28-34). 2). Por acuerdo de once de mayo de dos mil veinte, el juez responsable radicó el juicio ordinario civil 389/2020 y, entre otras cosas, se previno a la actora para que exhibiera el documento que acreditara su entroncamiento con el demandado (fojas 37-40). 3). En proveído de trece de mayo siguiente, se acordó: tener por desahogada la aludida prevención y, fijar como medida cautelar, una pensión alimenticia provisional consistente en el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente de trabajo (fojas 41-42). 4). Emplazado que fue el demandado (foja 52) contestó la demanda e interpuso recurso de reclamación en el que realizó las manifestaciones y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, con base en las cuales sostiene que el monto de la pensión resulta excesivo e insuficiente para solventar sus propias necesidades, puesto que tiene tres diversos acreedores alimentarios que son su esposa y dos hijos menores de edad (fojas 56-64).5). El seis de enero de dos mil veintiuno, el juez instructor tuvo al demandado interponiendo recurso de reclamación contra la pensión alimenticia provisional, dando vista a la actora por el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera (foja 54). 6). Una vez que la actora desahogó la vista de la reclamación planteada (fojas 72-88) por acuerdo de dos de marzo siguiente, se tuvo por desahogada en tiempo y forma la misma (foja 69). 7). Luego, una vez que se turnaron los autos para resolver (foja 91) el doce de julio de dos mil veintiuno, se declaró procedente la reclamación planteada por el demandado y se redujo el monto de la pensión alimenticia fijada de manera provisional, para ubicarla en un veinte por ciento (20 %) del sueldo y demás prestaciones del reclamante -Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo- (fojas 93-96). Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN De la resolución reclamada se advierte que el juez responsable declaró fundada la reclamación aquí combatida, con base en las siguientes consideraciones: ? El demandado acreditó que cuenta con tres acreedores alimentarios más, a saber, su esposa y dos hijos menores de edad, como se advierte de las actas de matrimonio y de nacimiento exhibidas. ? La actora no demostró en ese momento procesal si cuenta con otros gastos como por ejemplo de energía eléctrica, agua potable, etcétera. ? El demandado debe guardar para sí un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades. Hasta aquí las razones esenciales de la autoridad responsable. Ahora bien, a título de conceptos de disenso la quejosa sostiene que la resolución reclamada viola su derecho a recibir alimentos, porque el monto de la pensión alimenticia que se redujo no le es suficiente para cubrir sus gastos médicos, alimentos y vestido, dado que su única fuente de ingresos es la que le puede proporcionar su hijo. Además, sostiene que, debido a su vejez y enfermedad, se encuentra imposibilitada para valerse por sí misma. Agrega la quejosa que la resolución reclamada no es congruente con la reclamación planteada, puesto que no se valoraron de manera correctas las pruebas ofrecidas en autos. Dichos motivos de disenso resultan infundados. Ello porque se estima que la decisión emitida por la autoridad responsable es objetivamente correcta, cuenta habida que el demandado demostró en la reclamación contar con tres diversos acreedores alimentarios más que son su esposa y dos hijos menores de edad, lo que por sí mismo implica que su capacidad económica de proporcionarlos se vea reducida, circunstancia que desconocía el juzgador al momento de fijar la pensión alimenticia provisional, pero que necesariamente tenía que tomar en cuenta al resolver la reclamación combatida. Lo anterior, contrario a lo sostenido por la quejosa, también hace patente que la resolución reclamada no es incongruente con la reclamación planteada por el demandado y con las pruebas ofrecidas en autos, puesto que se observa que el juzgador civil tomó en cuenta precisamente la circunstancia alegada por el reclamante en el sentido que contaba con tres diversos acreedores alimentarios más, lo que como se vio, justificó con las documentales relativas a las actas de matrimonio y de nacimiento respectivas. Adicionalmente, se estima que la resolución reclamada no le causa perjuicio a la quejosa, sino todo lo contrario le beneficia, en la medida de que a pesar que el juez responsable no expuso los motivos por los cuales estimó que, al ser la madre del demandado (ascendiente) le correspondía la carga probatoria de acreditar no sólo el entroncamiento y la posibilidad de su hijo de proporcionarle alimentos, sino también la necesidad de los mismos, como lo ordena la jurisprudencia 1a./J. 103/2008; no obstante, lo cierto es que, aun cuando no se verificó dicha necesidad, el juzgador estimó acreditados los elementos de su acción de alimentos, por lo menos hasta esta etapa procesal, circunstancia que sin duda le benefició, pues de haberse analizado dichos extremos por la autoridad incluso se hubiera estado en posibilidad jurídica de resolverse la reclamación en forma distinta.De allí que, la resolución reclamada no dejó en estado de indefensión a la quejosa, pues como se dijo, a pesar de que el juez responsable no analizó que estuvieran o no acreditados los elementos de su acción de alimentos en su calidad de ascendiente del demandado como se ordena jurisprudencialmente, aun así, la autoridad decretó a su favor la medida cautelar solicitada. Pues debe recordarse que en ese tipo de asuntos los ascendientes que demandan alimentos de sus descendientes no tienen en su favor la presunción legal de necesitarlos, ni el juez debe resolver esos casos haciendo uso de una presunción general en tal sentido; pero a pesar ello, en el caso concreto así se hizo. Por último, se estima que el monto fijado de la pensión alimenticia del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado, es objetivamente suficiente para hacer frente a su alegada necesidad de cubrir sus gastos médicos, alimentos y vestido, puesto que no se observa que en su demanda civil la quejosa haya manifestado la necesidad de cubrir diversos conceptos a título de gastos. CONCLUSIÓN En conclusión, la resolución reclamada resulta ajustada a derecho, dado que, aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 130810, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Judith Santa Cruz Palacios, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
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