Judith Osorio Bautista
Expediente 516/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Karla Ivette Hernández Valdéz
- Judith Osorio Bautista
- Oficial Encargado del Registro Civil en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de dos del actual, que dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hiciera manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa +++ para los efectos siguientes: ... En el entendido de que la concesión del amparo obliga a la responsable a que, al momento en que provea sobre la solicitud de los amparistas, observe los principios de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente resolución, pero con la precisión de que esto no releva a las impetrantes de cumplir con los diversos requisitos que la ley exige tales como la edad, estado civil, etcétera, siempre que no se relacionen con el acto de discriminación aquí declarado inconstitucional. (.)" En esas condiciones, mediante auto de siete de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Oficial Encargado del Registro Civil, en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues el Oficial Encargado del Registro Civil, en Veracruz, Veracruz, mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el oficio sin número de siete de octubre de la presente anualidad, en el que negó la solicitud de matrimonio de +++ Asimismo, emitió otra respuesta en la que se pronunció nuevamente sobre la solicitud de contraer matrimonio que le fue planteada, sin aplicar el trato discriminatorio que emana del artículo 75 del Código Civil del Estado, declarando procedente y concediendo autorización para que una vez cumplidos los requisitos correspondientes, se lleve a cabo la celebración del matrimonio de las aquí quejosas. Notificando personalmente dicha determinación, a las peticionarias de amparo, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, tal como se advierte de la firma autógrafa que obra en el oficio sin número de nueve de diciembre pasado. Finalmente, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos que se le especificaron en la sentencia dictada en el presente asunto, esto es, dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la respuesta negativa contenida en el oficio sin número de siete de octubre de dos mil veinte, respecto de la solicitud que le fue formulada para que las quejosas +++, contrajeran matrimonio y, emitió otra respuesta, en la que se pronunció nuevamente sobre la solicitud de contraer matrimonio que le fue planteada, sin aplicar el trato discriminatorio que emana del artículo 75 del Código Civil del Estado, restituyendo a las quejosas en el goce de sus garantías violadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos originales en el presente juicio de amparo, como prueba de su parte; en esas condiciones, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el capítulo séptimo, artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente.
- Principal
I. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de catorce del mes y año en curso, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el Oficial Encargado del Registro Civil, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberá entregar copia autorizada de la mencionada constancia. Apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, el contenido del presente proveído.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veinte. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Oficial Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: "(.) a) Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la respuesta negativa contenida en el oficio sin número de siete de octubre de dos mil veinte, respecto de la solicitud que le fue formulada para que las quejosas Judith Osorio Bautista y Karen Ivette Hernández Valdes; contrajeran matrimonio y, b) Emita otra respuesta en la que se pronuncie sobre la solicitud de contraer matrimonio que le fue planteada, sin aplicar el trato discriminatorio que emana del artículo 75 del Código Civil del Estado, en la parte que dispone: "[.] El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer [.]". En el entendido de que la concesión del amparo obliga a la responsable a que, al momento en que provea sobre la solicitud de los amparistas, observe los principios de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente resolución, pero con la precisión de que esto no releva a las impetrantes de cumplir con los diversos requisitos que la ley exige tales como la edad, estado civil, etcétera, siempre que no se relacionen con el acto de discriminación aquí declarado inconstitucional. (.)" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con fundamento en el artículo 26 fracciones II inciso a), y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 516/2020, promovido por Judith Osorio Bautista y Karen Ivette Hernández Valdes, yRESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad el trece de octubre de dos mil veinte, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, las quejosas promovieron juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 5). SEGUNDO. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 8 a 11). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 16) así como la notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito(foja 15) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución (foja 19). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, pues se reclama un acto que desatiende el mandato constitucional que prohíbe la discriminación y afecta directa e irreparablemente, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La negativa de la autoridad responsable de permitir a las quejosas contraer matrimonio, como se aprecia en el oficio sin número, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, notificado el día ocho del mes y año en cita, indicando que se encuentra impedido para celebrar nupcias entre parejas del mismo sexo. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Oficial Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 16). Además, dicha certeza se corrobora con el oficio exhibido por las quejosas junto con su demanda de amparo (foja 6) mediante el cual el Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz informó a las mismas el impedimento existente para celebrar su matrimonio. Documental a la que se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, al tratarse de documentos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia, ni se advierte de oficio la existencia de alguna; por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se omite pues no existe disposición que lo exija. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el motivo de inconformidad que esgrimen las impetrantes de amparo, al sostener que la negativa de la responsable a autorizar la celebración de su matrimonio, fundándose en que el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, que únicamente permite esta unión entre un hombre y una mujer, es discriminatorio por darles un trato diferenciado a situaciones que gozan del mismo estatus jurídico como son las familias homoparentales y las heteroparentales, lo que del mismo modo afecta su derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación a la figura del matrimonio, en franca vulneración a los artículo 1 y 4 de la Carta Magna. PREMISAS NORMATIVAS En principio, conviene establecer las siguientes premisas que servirán de respaldo al suscrito juzgador para otorgar el amparo solicitado. Como primer punto de aproximación, es oportuno precisar que los quejosas no combaten como acto reclamado en específico la inconstitucionalidad del artículo 75 del Código Civil del Estado en que se funda el acto reclamado; de ahí que no se analizará si dicho precepto es constitucional o inconstitucional, por lo que el acto reclamado se analizará por vicios propios, al impugnarse la negativa de la autoridad de acceder a celebrar su matrimonio civil, aplicando de manera literal y estricta el contenido de dicho precepto, que a juicio de las quejosas, trastoca sus derechos humanos. El citado numeral señala lo siguiente: "Artículo 75.- El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil." De dicha disposición legal, en lo que al caso interesa, se extrae que la legislación civil del Estado define a la institución del matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer; es decir, su interpretación literal revela que excluye la posibilidad de la unión entre personas del mismo sexo. Al respecto, es menester referirse al contenido de los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establecen: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." [.] Lo resaltado el propio de esta sentencia. "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos [.]" Los preceptos transcritos establecen, en esencia, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, que su ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidas en la propia ley; prevé también las interpretaciones conforme al principio pro persona, de las normas relativas a los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, prohíbe la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas y, estatuye el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Por su parte, los artículos 1.1, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. [.]" "Artículo 17. Protección a la Familia 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes [.]" "Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." Lo resaltado es propio de esta resolución. De los numerales reproducidos se obtiene que los Estados parte están obligados a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana invocada; lo que implica garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Asimismo, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, sin afectar al principio de no discriminación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que este tipo de normas, que limitan a la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, es discriminatoria en razón de la preferencia sexual y, por ende, violatoria de los derechos humanos y principios de igualdad protegidos por la Constitución Federal y los instrumentos internacionales. Hasta aquí las anteriores premisas. SUBSUNCIÓN Como se adelantó en el presente caso resulta fundado el concepto de violación señalado por las quejosas consistente en que la negativa a autorizar su matrimonio con fundamento en el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, resulta discriminatorio en términos de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales de los que nuestro país es integrante. En efecto, nuestro máximo tribunal ha sostenido que una ley establecida en dichos términos impide a las personas que tomen decisiones fundamentales en su vida y en su identidad, ya que hace una distinción con base en la preferencia sexual de las personas, que se traduce en la exclusión arbitraria de las parejas homosexuales del acceso a la institución matrimonial; es decir, que con base en leyes de esa naturaleza, no reconoce el derecho y la posibilidad de que, de así decidirlo eventualmente, las personas de orientación homosexual, accedan a la institución del matrimonio, contrario a lo que sucede con las personas heterosexuales que sí cuentan con esa posibilidad, pues dicho derecho se les reconoce expresamente por el orden normativo local. Asimismo, dicho órgano colegiado ha asumido la postura de que el derecho a casarse no sólo implica el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En este sentido, acceder al matrimonio comporta en realidad "un derecho a otros derechos". Así pues, ha precisado que en el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: 1) beneficios fiscales; 2) beneficios de solidaridad; 3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; 4) beneficios de propiedad; 5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas y, 6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros y, que en ese sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a las personas homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", con implicaciones negativas que incluso se proyectan al futura al negar derechos a los hijos de dichas parejas que se encuentran al alcance de uniones de miembros de sexos opuestos. Por tanto, concluyó que no existe justificación alguna racional para reconocer a las personas homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Lo anteriormente expuesto, tiene sustento en el contenido de las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 84/2015 (10a.) y 1a./J. 86/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya aplicación es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; criterios que literalmente dicen: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre "un solo hombre y una sola mujer", y/o que establecen entre sus objetivos que "se unen para perpetuar la especie", prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad. Así, para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer a esas personas. Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comportan en realidad una distinción basada en las preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución." "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales." Ahora bien, dado que en el caso concreto, las quejosas se duelen de la negativa del Oficial Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, en relación a la solicitud que le formularon para contraer nupcias (foja 7) fundada en lo dispuesto por el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, cuya interpretación literal, es inconvencional, por instituir un trato discriminatorio a las personas, para acceder al matrimonio en función de su orientación sexual; entonces, es claro que la determinación negativa que se reclama infringe el derecho a la no discriminación previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1.1, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pugnan por la eliminación de la discriminación no sólo de preferencias sexuales, sino de sexo y género, pues debe preverse que al encontrarse en situaciones de igualdad, ambas personas deberán ser tratados de igual manera, aunado a que les brinda seguridad jurídica, pues no las priva de acceder a un beneficio, o bien, soportar un perjuicio desigual e injustificado, como en el caso, resulta la imposición de contraer matrimonio sólo entre un hombre y mujer. CONCLUSIÓN Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Judith Osorio Bautista y Karen Ivette Hernández Valdes; contra el acto reclamado al Oficial Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz. EFECTOS Protección constitucional que se concede para que la citada autoridad responsable: a) Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la respuesta negativa contenida en el oficio sin número de siete de octubre de dos mil veinte, respecto de la solicitud que le fue formulada para que las quejosas Judith Osorio Bautista y Karen Ivette Hernández Valdes; contrajeran matrimonio y, b) Emita otra respuesta en la que se pronuncie sobre la solicitud de contraer matrimonio que le fue planteada, sin aplicar el trato discriminatorio que emana del artículo 75 del Código Civil del Estado, en la parte que dispone: "[.] El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer [.]". En el entendido de que la concesión del amparo obliga a la responsable a que, al momento en que provea sobre la solicitud de los amparistas, observe los principios de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente resolución, pero con la precisión de que esto no releva a las impetrantes de cumplir con los diversos requisitos que la ley exige tales como la edad, estado civil, etcétera, siempre que no se relacionen con el acto de discriminación aquí declarado inconstitucional. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes, copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del presente año. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Judith Osorio Bautista y Karen Ivette Hernández Valdes; respecto del acto reclamado y por la autoridad responsable, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.
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