Julia Hernández Portilla
Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julia Hernández Portilla
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que obste lo anterior, que a la fecha no haya transcurrido dicho término a la autoridad responsable Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, toda vez que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, su sentido no le causa ningún agravio, y además, no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 389/2022, promovido por Julia Hernández Portilla, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diecinueve de abril de dos mil veintidós y turnado a este juzgado al día siguiente, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de abril siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y emplazar a la parte tercero interesada Un Embleme, Sociedad Anónima de Capital Variable que opera con el nombre comercial de Spazio Gym Fuerza y Salud en Equilibrio (fojas 8-13). Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 23) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 51) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna, ya que se trata de un acto omisivo; de ahí la competencia del suscrito, para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La omisión de emitir el acuerdo correspondiente donde se fije hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo dentro de los autos del expediente laboral 453/IX/2013 de la estadística de la junta responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado (foja 23) lo cual es suficiente para considerar la existencia de dicho acto, acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo que se corrobora en razón que la Junta responsable remitió copia certificada de las diversas constancias que integran el expediente 453/IX/2013 (mismas que obran en el presente juicio) las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el acuerdo correspondiente donde se fije hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo dentro de los autos del expediente laboral 453/IX/2013 de la estadística de la junta responsable, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, que permitirán su mejor comprensión: 1). Mediante escrito de uno de junio de dos mil veintiuno, el autorizado de la aquí quejosa Julia Hernández Portilla, solicitó a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, señalar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo a la parte demandada (foja 56). 2). Por auto recaído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 453/IX/2013, la Junta responsable acordó el escrito de uno de junio de ese mismo año, en los términos siguientes: ".desprendiéndose de su contenido que se encuentra solicitando la ejecución del laudo emitido en este asunto, a fin de proveer lo conducente, se instruye, practicar la notificación del citado fallo en forma personal a su contraparte." (foja 57). 3). El diecinueve de abril de dos mil veintidós, la quejosa Julia Hernández Portilla interpuso la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, ante la omisión de la junta responsable de fijar hora y fecha para la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo. 4). Mediante escrito de seis de abril de la presente anualidad y presentando ante la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje hasta el dieciocho de mayo siguiente, el autorizado de la aquí quejosa Julia Hernández Portilla, reiteró nuevamente su solicitud en el sentido de que se fije fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo a la parte demandada (foja 90). 5). Por auto de veinticinco de mayo siguiente, la junta responsable acordó la petición de la quejosa, en el sentido siguiente: ".advirtiéndose que mediante promoción de fecha seis de abril del año en curso, y presentada ante esta autoridad el dieciocho del mismo mes y año, signada por el C. Lic. Edgar Emmanuel Cinta Maraboto, apoderado legal de la parte actora personalidad debidamente reconocida y acreditada como de autos consta, donde se encuentra solicitando se sirva a señalar fecha y hora, para llevar a cabo la diligencia de REINSTALACIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, esta autoridad del trabajo acuerda de conformidad lo solicitado, en consecuencia se abre la sección de ejecución, consecuentemente a fin de proveer lo conducente, llévese a cabo por conducto de la Secretaría de la Junta la certificación correspondiente, encaminada a verificar si la resolución emitida el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fue impugnada o no por alguna de las partes." (foja 92). 6). Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, la junta responsable señaló las diez horas del seis de julio de dos mil veintidós a fin de llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento al laudo emitido dentro del expediente laboral 453/IX/2013 (foja 92 vuelta y 93). 7). El dos de junio siguiente, se notificó a la parte quejosa (actora en el juicio de origen) por conducto de su autorizado el acuerdo de treinta de mayo de la presente anualidad (foja 94). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de la omisión reclamada, la cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, se desprende que por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dio respuesta a la petición planteada por la aquí quejosa mediante escrito de uno de junio de ese año, en el sentido de que se notificara a la parte demandada el laudo emitido en el expediente laboral 453/IX/2013, a fin de aperturar la sección de ejecución. Así, mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la fecha en que se promovió el presente juicio de amparo, se abrió la sección de ejecución dentro del juicio laboral 453/IX/2013, y en acuerdo de treinta de mayo siguiente se fijaron las diez horas del seis de julio de este año para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo en cumplimiento al laudo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. De dichas constancias se aprecia con claridad que la autoridad responsable hizo referencia y dio respuesta a la solicitud presentada por la aquí quejosa, contenida en el escrito de uno de junio de dos mil veintiuno que ésta le dirigió, respuesta que fue favorable a los intereses de la promovente, pues se observa que la autoridad aperturó la sección de ejecución dentro del expediente laboral 453/IX/2013, y posteriormente fijó hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo. Luego, si la Junta responsable dio respuesta a la solicitud que le presentó la quejosa, abriendo la sección de ejecución y fijando hora y fecha para las diligencias de reinstalación, requerimiento de pago y embargo; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de pronunciarse a fin de acordar la solicitud de la parte quejosa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la citada autoridad responsable. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En términos de lo anteriormente considerado, el suscrito considera procedente emitir el presente fallo, aun cuando no se ha emplazado a juicio a quien fuera señalado con el carácter de tercera interesada Un Embleme, Sociedad Anónima de Capital Variable que opera con el nombre comercial de Spazio Gym Fuerza y Salud en Equilibrio. Lo anterior, pues el sentido de esta sentencia no le produce perjuicio alguno; de ahí que a nada práctico conllevaría posponer el dictado de la misma, a fin de ordenar que se realice dicho emplazamiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así también, es aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes, copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Julia Hernández Portilla, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de junio pasado (notificado vía oficio 19216) remite las constancias ahí solicitadas. Ahora, como lo anterior resulta ser en alcance a su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las referidas constancias por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de la materia. Asimismo, se tienen como PRUEBAS de dicha autoridad las documentales que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley en comento. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de junio de dos mil veintidós. Atento al estado procesal de autos, se advierte que la aquí quejosa ******************** reclama de manera destacada, la omisión e inactividad procesal en la emisión del auto y/o acuerdo que señale fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento a lo dispuesto en el laudo de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del expediente laboral número ******************** del índice administrativo de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. No obstante, de la lectura total de su escrito de demanda, se aprecia que también atribuye a la Junta responsable la omisión de acordar la solicitud realizada mediante escrito de uno de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de señalar fecha y hora para la referida diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo. Ahora, como el Presidente de la Junta responsable, al rendir su informe justificado (vía oficio 439/2022) nada dijo respecto de lo mencionado en el párrafo que precede, ni acompañó las constancias en donde se aprecie que atendió dicha solicitud, empero agregó: ".aunado a lo anterior el ahora quejoso, no ha solicitado se abra la sección de ejecución, tal y como lo advierte el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que esta Junta se está, a lo indicado en dicho ordenamiento legal, motivo por el cual no se ha señalado fecha para que se lleve a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento pago y embargo.". Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, pero además con apoyo en la jurisprudencia P./J. 17/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a fin de no dejar sin defensa a ninguna de las partes, se impone requerir al Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita a este juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias que componen la sección de ejecución del laudo dentro del expediente laboral número ********************, así como del auto que haya recaído al aludido escrito de uno de junio de dos mil veintiuno, en donde la aquí quejosa le solicitó señalar fecha y hora para la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo, o en su caso, informe si a la fecha, existe algún pronunciamiento en ese sentido. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo previamente establecido, se le impondrá multa de cincuenta a mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 237, fracción I y 259 de la citada Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se tiene que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado para dictar sentencia, por lo que, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha para su celebración. Notifíquese en términos de ley.
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