Julian Arturo Camacho Rojas

Expediente 6/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
6/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Julian Arturo Camacho Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación y cuenta que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que por proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, sin que la parte quejosa haya hecho valer el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra dicha determinación. En tal circunstancia, se declara firme tal resolución, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquéllos susceptibles de depuración, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda de garantías, sentencia y ejecutoria de Alzada respectiva, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables...

  2. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante diversos oficios, el primero de ellos de doce de febrero de dos mil dieciséis (fojas 172 a 180), y el último de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 353), la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual, con algunos de dichos comunicados, remitió copia certificada de las constancias correspondientes (fojas 291 a 295; 305 a 307; 316 a 319; 327 a 331; y 343 a 350). En diversos proveídos, el inicial de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis (foja 181) y el final de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 354), se dio vista a la parte quejosa con los correspondientes oficios y documentales referidas, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, este juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se establece lo siguiente: Por sentencia de fecha de engrose ocho de junio de dos mil quince, dictada por este juzgado de Distrito, se negó a los quejosos Julián Arturo Camacho Rojas, Ascención Vázquez Pacheco y Mauro Salvador Espinoza Aguilar, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado (fojas 86 a 114). La sentencia fue recurrida por la parte agraviada, correspondiendo su conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, quien mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de catorce de enero de dos mil dieciséis, pronunciada dentro del amparo en revisión 253/2015, revocó el fallo recurrido y concedió a los quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado (fojas 139 a 158). Para los efectos de la concesión del amparo, el Tribunal de Alzada determinó lo siguiente: ".Ahora, es necesario precisar que en las demandas de amparo se aprecia que el motivo de la queja constitucional fue cifrada por los quejosos, aquí recurrentes, como el retraso injustificado del juez de la causa para resolver el proceso que se formó en su contra por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aduciendo infracción al principio de brevedad de los procesos penales a que se refiere el artículo 20, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a las reformas de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en concordancia con el diverso 17, del propio Ordenamiento Supremo, estimando insuficiente la razón del juez de la causa en cuanto a que aún se encuentran pendientes de desahogar pruebas cuya práctica es imperativo legal y redundaría en beneficio de los procesados. Sin embargo, este órgano colegiado estima que el juez de Distrito debió atender a las particularidades del caso concreto, en virtud de que si bien es cierto el derecho fundamental de acceso a la justicia tiene rango axiológico mayor que el de expedités en la impartición de justicia, también lo es que desde el diecinueve de abril de dos mil trece, el juez del proceso ordenó los careos entre Hermila Gutiérrez Salazar y los policías aprehensores y el diecinueve de junio siguiente, ordenó los careos entre los citados elementos aprehensores y Margarita Martínez Rangel, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ocho de enero de dos mil quince, había transcurrido un año ocho meses, por lo menos, sin que se hubiera desahogado tal probanza; de ahí que debió atender el caso particular y ponderar entre los dos derechos fundamentales antes señalados a fin de lograr su armonización y no dejar en estado de incertidumbre a los inconformes. Por tanto, a fin de atender correctamente el planteamiento formulado por los quejosos en sus demandas de amparo, en términos del ordinal 93, fracción V, de la Ley de Amparo, y al no existir la figura de reenvío, este órgano colegiado realizará el análisis correspondiente de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, atendiendo a los argumentos expuestos en la demanda de amparo. [.] De lo hasta aquí narrado resalta la necesidad de armonizar los derechos fundamentales de los quejosos: el de una adecuada defensa y la prontitud en el dictado de una sentencia, previstos en ese orden por los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual debe tomarse en cuenta que los procesados se encuentran en prisión preventiva desde el cuatro de septiembre de dos mil once, detenidos por fuerzas de seguridad federales el quince de julio de ese año, probablemente en flagrancia delictiva llevando consigo armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país y en posesión de cartuchos para esos artefactos, y a la fecha de promoción del juicio de amparo contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, todavía prevalece esa condición debido a la falta de práctica de los medios de prueba que se estimen indispensables para la correcta integración del proceso. Asimismo, se tiene en cuenta que el cierre de instrucción de un juicio penal a fin de que se coloque en estado de resolución, impone que previamente se haya producido el desahogo de todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por las partes, en un primer momento, así como las conducentes que a juicio del juez resulten necesarias para mejor proveer y aquellas que el juzgador debe practicar de manera oficiosa, entre este último rango se encuentran los careos procesales a que se contraen los artículos 265 a 268 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuya práctica resulta imperativa para el juzgador . Sin embargo, también se tiene que el pronunciamiento del fallo definitivo dentro de los plazos legales, entraña derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, a fin de armonizar los derechos fundamentales, el juez de la causa está obligado a desahogar los careos pero siempre atendiendo a los plazos que marca la ley y sólo en casos excepcionales y por obstáculos materiales ampliar dichos plazos, pues cuenta con todas las facultades para lograr la comparecencia de los testigos que deben participar en el desahogo de tal diligencia haciendo uso, en su caso, de los medios de apremio que el mismo Código Federal de Procedimientos establece o proceder en términos de lo estatuido en el artículo 268 de la citada legislación procesal cuando no pudiere obtenerse la comparecencia de alguno de los que deban ser careados. Habida cuenta que si bien dicho criterio postula la necesidad del desahogo de los careos procesales, cuya omisión amerita reponer el procedimiento para su desahogo, también lo es que omitió hacer referencia a que debe haber un plazo razonable en el dictado de la sentencia definitiva, esto es, antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, según prescribe el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Norma Fundamental. En mérito de lo expresado, debe concederse el amparo a los quejosos, para que el juez Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, realice lo siguiente: Provea lo necesario dentro del proceso penal 62/2011, a fin de lograr el desahogo de los careos procesales que ordenó, lo cual, deberá hacerlo dentro de los plazos que el Código Federal de Procedimientos Penales establece y, en caso de ser necesario, haga uso de los medios de apremio que la ley le concede a fin de lograr la comparecencia de los testigos que deben ser careados. En caso de que encuentre obstáculos que impidan el desahogo de la prueba, por no lograr la comparecencia de alguno de los que deban ser careados, proceda en términos del artículo 268 del Código Federal de Procedimientos Penales; y, Respete el plazo establecido en la fracción VIII, apartado A, del artículo 20 Constitucional, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, para que cierre la instrucción y proceda al dictado del fallo definitivo, en el entendido de que sólo en casos en que se necesite un plazo mayor para la defensa de los quejosos podrá prorrogarse, sin que ello implique una dilación injustificada." En auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis (fojas 159 y 160), se tuvo por recibido el testimonio autorizado de la ejecutoria de Alzada, requiriéndose a la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Uruapan, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, diera cumplimiento a la misma e informara lo propio a este órgano jurisdiccional. De esta forma, en auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis (foja 181), se acordó sobre la recepción del oficio sin número de doce del propio mes y año, mediante el cual, Titular del juzgado responsable, con el propósito de acatar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, informó esencialmente lo siguiente: "[.] Por tanto, se procede a dar en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dentro del amparo en revisión penal 253/2015. Se tienen a la vista los autos de la causa penal 62/2011, instruida en contra de los quejosos JULIAN ARTURO CAMACHO ROJAS, ASCENCIÓN VAZQUEZ PACHECO, FAUSTINO PACHECO TORRES Y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR, y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, y otro, de la que se desprende: En auto de catorce de enero de dos mil quince, fecha en que se presentó a demanda de amparo que dio origen al amparo en revisión penal 253/2015, se determinó que no era posible cerrar la instrucción en virtud de que se encontraban pendientes de desahogar los siguientes medios probatorios: CAREOS SUPLETORIOS entre la testigo de descargo Margarita Martínez Rangel, con el extinto elemento Sergio Pérez Cadena. CAREOS PROCESALES entre la testigo de descargo Hermila Gutiérrez Salazar y los elementos aprehensores Belisario Julián Méndez y Jorge Martínez Antonia. CAREOS PROCESALES entre la testigo de descargo Margarita Martínez Rangel y los elementos aprehensores Jesús Francisco Carrillo González, Alejandro Viveros Ramos, Belisario Julián Méndez, Francisco Méndez Ramírez, Gilberto Montalvo García, Sergio Flores Pineda y Jorge Martínez Antonia. [.] De la anterior narración de autos, se tiene que desde el diecinueve de abril de dos mil trece (foja 4295 Tomo VI original del proceso), se ordenó la presentación del ex elemento de la Policía Federal Jorge Martínez Antonia y la testigo de descargo Hermila Gutiérrez Salazar, para el desahogo de los careos PROCESALES DECRETADOS de oficio a su cargo; es decir, a la fecha han transcurrido más de dos años y medio con resultados negativos; puesto que el citado elemento aprehensor ya no labora para las Fuerzas Federales, sin poderlo localizar en los domicilio que ha señalado en diversas dependencias; mientras que la testigo de descargo tiene su domicilio en Apatzingán, Michoacán, pero al parecer no cuenta con recursos económicos para comparecer a este Juzgado. Por tanto, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y a los derechos fundamentales de los procesados, a una defensa adecuada y el derecho a ser juzgados dentro de los plazos que establece la Constitución, tomando en cuenta que los procesados se encuentran en prisión preventiva desde el cuatro de septiembre de dos mil once, y que debido a que faltan por practicarse las diligencias de prueba que se estiman indispensables para la correcta integración del proceso y que el cierre de instrucción impone que previamente se haya producido el desahogo de todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por las partes así como las conducentes que el Juzgador estime necesarias para mejor proveer y aquellas que se deban practicar de manera oficiosa entre estas últimas, se encuentran los careos procesales; pero también atendiendo al tiempo que se ha llevado para el desahogo de los careos sin haber obtenido resultado favorable. Consecuentemente, en obvio de dilación procesal, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, se fijan las DIECISETE HORAS DEL VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para el desahogo de los CAREOS PROCESALES entre la testigo de descargo Margarita Martínez Rangel, con los elementos aprehensores Jesús Francisco Carrillo González, Alejandro Viveros Ramos, Belisario Julián Méndez, Francisco Méndez Ramírez, Gilberto Montalvo García, Sergio Flores Pineda y Jorge Martínez Antonia. Asimismo (.), con fundamento en el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena notificar a la testigo MARGARITA MARTÍNEZ RANGEL, por única vez, por medio de EDICTOS, de su comparecencia ante este órgano jurisdiccional. Los edictos, deberán publicarse en el periódico de mayor circulación nacional, del que deberá agregarse a los autos únicamente la parte del ejemplar correspondiente a la página respectiva, es decir, la que contenga la inserción en la que se pueda identificar el periódico, la fecha de publicación, la sección y página en la que éste aparece, con cinco días de anticipación a la fecha programada; en consecuencia, proporciónense los datos necesarios al Delegado Administrativo en comento, para que realice las publicaciones respectivas, de las cuales deberá informar en el momento oportuno. En la inteligencia que, para el caso de que la ateste MARGARITA MARTÍNEZ RANGEL no comparezca ante la sala de audiencias de la sección penal de este órgano jurisdiccional, en la fecha y hora que han quedado precisadas, al desahogo de los careos procesales en que habrá de intervenir, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 268 del Código Federal de Procedimientos Penales, en obvio de mayores dilataciones procesales se ordena se lleven a cabo los CAREOS PROCESALES DE MANERA SUPLETORIA. [.] Gírense atentos oficios por mensajería acelerada MEX-POST, al Director General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal y el Titular de la División de Fuerzas Federales de dicha corporación, ambos con residencia en ciudad de México, para que ordenen la comparecencia de los agentes Jesús Francisco Carrillo González, Alejandro Viveros Ramos, Belisario Julián Méndez, Francisco Méndez Ramírez, Gilberto Montalvo García, Sergio Flores Pineda y Jorge Martínez Antonia; en las fechas y horas precisadas en los párrafos que anteceden. [.] En otro orden de ideas, tomando en consideración que la diversa testigo de descargo Hermila Gutiérrez Salazar, tiene su domicilio en Calle Manuel Muñiz número cincuenta y uno, esquina con calle Feliciano Mendoza, colonia Gertrudis Bocanegra, en Apatzingán, Michoacán; es decir, fuera del lugar donde reside este Juzgado, pero dentro de su jurisdicción; por tanto, con fundamento en los artículos 46 y 49, del Código Federal de Procedimientos Penales, gírese atenta REQUISITORIA. al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Apatzingán, Michoacán, en TURNO, para que en auxilio de la Justicia Federal:. señale en su agenda de trabajo día y hora hábil para el desahogo de los CAREOS PROCESALES entre Hermila Gutiérrez Salazar y el ex elemento Jorge Martínez Antonia." (fojas 172 a 180). Asimismo, en diverso comunicado número 18111/2018, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 338 a 341), la referida autoridad jurisdiccional, hizo del conocimiento lo siguiente: "Vistas las manifestaciones realizadas por los procesados (1) FAUSTINO PACHECO TORRES, (2) RAMÓN CONTRERAS RÍOS ALIAS "EL ALACRÁN", (3) JULIÁN ARTURO CAMACHO ROJAS ALIAS "EL CHUPÓN", (4) CONCEPCIÓN VÁZQUEZ PACHECO O ASUNCIÓN VÁZQUEZ PACHECO O ASCENCIÓN VÁZQUEZ PACHECO ALIAS "EL CHOMPIRAS", y (5) ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ ALIAS "EL CHORE" y su defensa en la audiencia informativa de desahogada el pasado veintisiete de agosto, en el sentido de oponerse a que se les realicen los dictámenes que conlleva la prueba de Estambul para que se acelere el cierre de su causa penal; asimismo, renuncian al término de diez días al que tienen derecho, toda vez que no tienen más pruebas que presentar, aspectos respecto de los cuales su defensa manifestó su conformidad. Ahora bien, de la certificación que antecede se advierte por lo que ve a los diversos encausados ALFONSO ROJAS AMEZOLA y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR, con fundamento en los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, atento a que la presente causa se tramitó por la VÍA ORDINARIA [auto de veintiuno de septiembre de dos mil once], se declara agotada la instrucción y se ordena poner el proceso a la vista de los encausados ALFONSO ROJAS AMEZOLA y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR así como de sus respectivas defensas, por el término de diez días comunes para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y se puedan desahogar en quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud, o en su caso, puedan expresar, de así considerarlo, renuncien a ese lapso. En otro orden, los procesados ALFONSO ROJAS AMEZOLA y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR, al momento de ser consignados ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, con residencia en México, Distrito Federal [ahora Ciudad de México], presentaron lesiones, tal como se desprende del dictamen de integridad física suscrito por el perito médico oficial adscrito a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas, de la citada Subprocuraduría con sede en la misma ciudad. Luego, en sus respectivas declaraciones preparatorias, los procesados ALFONSO ROJAS AMEZOLA y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR manifestaron que los agentes aprehensores los golpearon sin motivo aparente. Por tanto, conforme al criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 90/2014, que en lo relativo refiere: "En efecto, conforme a lo dispuesto en el vigente artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esta disposición también adopta el principio hermenéutico pro persona, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, tal y como ha quedado acotado con precisión en diverso apartado de esta ejecutoria, los artículo 22 constitucional, 5°de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncian haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades investiguen inmediatamente y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Asimismo, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. [.] Del anterior criterio jurisprudencia, se sigue que debido a las lesiones que presentaron al ser puestos a disposición ante el fiscal consignador, así como por lo manifestado por los implicados respecto del trato recibido por sus aprehensores el día de los hechos, no se pasa por alto la posible afectación en los derechos humanos de los procesados al momento de su detención. Por tanto, dése vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito con las lesiones que presentó el procesado y los actos de robo que señaló para que proceda a la investigación de los hechos. En esas condiciones con fundamento en los artículo 25 y 36, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, entréguese al fiscal adscrito copia de las constancias respectivas para los efectos legales a que haya lugar. [.] Por tanto, procede ordenar de manera oficiosa la práctica del dictamen médico-psicológico de conformidad con el Protocolo de Estambul, a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos expuestos por el procesado, que pudiera constituir una violación a su derecho de integridad personal, para en su caso ser valorado en sentencia definitiva. [.] En tales condiciones, resulta necesario explicar a los procesados ALFONSO ROJAS AMEZOLA y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR, en qué consisten las evaluaciones para la realización del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible Tortura y/o Maltrato, de acuerdo a las directrices establecidas por el Protocolo de Estambul. Para lo cual, debe analizarse cuáles son los criterios que establece el Protocolo de Estambul con relación a la negativa del evaluado para que se le practique el dictamen de mérito y al respecto resulta relevante lo dispuesto en el capítulo II, inciso C, número 2, párrafos 63 y 64, bajo el rubro "consentimiento informado"; capítulo III, B, 83 primer párrafo; y capítulo III, inciso C, número 2, inciso a), párrafo 89, intitulado "Consentimiento informado y otras medidas de protección de la presunta víctima" del referido protocolo, los cuales establecen en lo conducente: ".Todas las declaraciones relativas al deber asistencial ponen de relieve la obligación de actuar en el mejor interés del individuo que está siendo examinado o tratado, lo cual presupone que los profesionales de la salud saben qué es lo mejor para el paciente. Un precepto absolutamente fundamental de la ética médica moderna es que son los propios pacientes quienes mejor pueden determinar sus propios intereses... La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial especifica que el médico tiene la obligación de obtener el consentimiento voluntario e informado de los pacientes mentalmente competentes para cualquier examen o tratamiento. Esto significa que los pacientes necesitan conocer las consecuencias que puede tener su consentimiento o su rechazo. Por consiguiente, antes de examinar al paciente el profesional de la salud deberá explicar con toda franqueza cuál es el objetivo del examen y el tratamiento.". "Los expertos médicos que participen en la investigación de torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Los exámenes deberán respetar las normas establecidas de la práctica médica.". "Siempre que sea posible y desde el primer momento se informará a la presunta víctima de la naturaleza del procedimiento, la razón por la cual se solicita su testimonio, y si y cómo se utilizará la información facilitada por la presunta víctima. Los investigadores explicarán al sujeto qué partes de la investigación serán de dominio público y cuáles van a mantenerse confidenciales. El sujeto tiene derecho a negarse a cooperar con la totalidad o con parte de la investigación.". En sintonía con lo estipulado en el Protocolo en cuestión, el Acuerdo número A/057/2003 del Procurador General de la República, en sus puntos cuarto y quinto, en lo conducente, dispone: "CUARTO.- El Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato se practicará con el consentimiento, expreso e informado, de la persona que alegue haber sido objeto de dichos abusos, para que sea revisada en su integridad psicofísica, de lo contrario, se hará constar su negativa en actuaciones de conformidad con las directrices establecidas por el "Protocolo de Estambul" en materia de examen y documentación de la tortura y/o maltrato". "QUINTO.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, a la persona que alegue haber sido objeto de tortura y/o maltrato, a efecto de que otorgue su consentimiento expreso e informado al inicio del examen médico/psicológico, se le hará saber lo siguiente: a) El propósito del examen; b) La naturaleza de la evaluación, incluyendo una valoración de evidencia física y/o psicológica de posible abuso; c) La manera como será utilizada la información; d) La posibilidad de otorgar o negar su consentimiento para la práctica de la entrevista y el examen médico.". En ese tenor, conforme al Protocolo de Estambul y Acuerdo número A/057/2003 referido, se tiene que para la práctica de la pericial tendente a indagar tortura y/o maltrato, ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO EXPRESO E INFORMADO DE LA PERSONA QUE SE VAYA A EXAMINARLOS, pues es éste quien puede determinar su propio interés para que se le practiquen los estudios médico-psicológico y de fotografía. Luego, este juzgado no puede obligar a los procesados a someterse a la práctica de los estudios médico-psicológico y fotográfico, para determinar si hubo o no tortura por parte de los agentes que intervinieron en su detención, pues de obligarlos se violaría su derecho a la intimidad. Consecuentemente, hágase saber a los procesados ALFONSO ROJAS AMEZOLA y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR en qué consisten las evaluaciones para la realización del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible Tortura y/o Maltrato, de acuerdo a las directrices establecidas por el Protocolo de Estambul y requiéraseles para que al momento de la notificación manifiesten si se oponen o se encuentran de acuerdo en que sea revisada su integridad psicofísica y se les practiquen estudios médico-psicológico y fotográficos; apercibidos que de nada manifestar se les tendrá por conformes en que se les practiquen los citados exámenes. Por lo que, una vez que los procesados ALFONSO ROJAS AMEZOLA y MAURO SALVADOR ESPINOZA AGUILAR sean notificados del presente proveído, se acordara lo que conforme a derecho corresponde, respecto a las manifestaciones vertidas en la audiencia informativa." Finalmente, por oficio número 19426/2018, de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 353), comunicó: "Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en autos, no queda prueba alguna pendiente por desahogar, ni recurso por resolver; que el término de diez días comunes que se le concedió a las partes, para el efecto de manifestar, sin tenían más pruebas por ofrecer, feneció en los términos asentados en aquélla, sin que haya ofrecido algún medio de convicción; por tanto, atendiendo además que la presente causa penal se tramita por la VÍA ORDINARIA, con fundamento en el ordinal 150, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se declara CERRADA LA INSTRUCCIÓN y con base en el diverso ordinal 291 del citado ordenamiento legal, se ordena poner los autos de la presente causa penal a la vista del Representante Social de la Federación, por el término de TREINTA DÍAS, para que formule las conclusiones que a su parte correspondan." Para lo cual, en diversos comunicados remitió copias certificadas de varias constancias vinculadas con el cumplimiento al fallo protector, tendentes a avalar su dicho en relación con el cúmulo de actuaciones que practicó para lograr el desahogo de los medios de convicción afectos a la causa penal 62/2011, del índice de la responsable (fojas 291 a 295, 305 a 307, 316 a 319, 327 a 331 y 343 a 350). Del examen de los oficios y de las documentales descritas, las cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 62/2011, generadora de los actos reclamados, ha acatado lo ordenado por el órgano colegiado en la ejecutoria de amparo, habida cuenta que, no obstante los obstáculos que le impidieron el desarrollo ordinario y oportuno del sumario, los medios probatorios respecto de los cuales se ordenó su admisión y preparación (careos procesales, entre otros) han sido desahogados en los términos correspondientes; de ahí que, con base en el artículo 150, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, haya sido declarada cerrada la instrucción y puestos los autos a la vista del agente del Ministerio Público de la Federación para la formulación de conclusiones, y de ese modo, estar en condiciones de dictarse la sentencia que conforme a derecho proceda. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio al Juez responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación del Tribunal de su adscripción...

  3. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual, se tiene al Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando las actuaciones realizadas dentro de la causa penal 62/2011-I, instruida en contra del quejoso y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y otro, en cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; esto es, que mediante proveído de veintiuno del presente mes y año, se declaró cerrada la instrucción en dicho procedimiento, ordenándose además, poner los autos a la vista del representante social de la Federación, para la formulación de conclusiones. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el comunicado de referencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, computados legalmente, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la referida autoridad jurisdiccional. Al respecto, se invoca la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual, se tiene al Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando las actuaciones realizadas dentro de la causa penal 62/2011-I, instruida en contra del quejoso y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y otro, en cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, tendentes a desahogar cabalmente las pruebas admitidas dentro de dicho proceso que permitan decretar el cierre de la instrucción, y por consiguiente, estar en condiciones de dictarse el fallo definitivo, y al efecto, remite copia certificada de la audiencia de información celebrada el veintisiete del presente mes y año. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el comunicado y documental de referencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, computados legalmente, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la referida autoridad jurisdiccional. Al respecto, se invoca la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

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