Juana Quiroz Lagos

Expediente 512/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
512/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Juana Quiroz Lagos

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno,, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    "...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.."

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el escrito de demanda de amparo instaurada por... en representación de su mejor hijo de iniciales... contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 512/2021-II-A. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. En efecto, la fracción V del numeral 107 de la invocada Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de modo que una interpretación en sentido contrario, lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese contexto, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dichas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Sobre esa línea de pensamiento, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias, sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos, en tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que generan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos, se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de septiembre del año en curso, pronunciada en el expediente...radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, en la que se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto por el que se tuvo por desahogada la prueba de inspección judicial ofrecida por la ahora quejosa; es incuestionable que se trata de una violación intraprocesal cuya naturaleza no significa una violación trascendente para el procedimiento; de ahí que, resulte válido concluir que será hasta que se dicte la resolución respectiva, de ser contraria a los intereses de la impetrante de amparo, cuando esté en aptitud de impugnar a través del juicio constitucional uniinstancial, la existencia de violaciones al procedimiento que hubieran afectado sus defensas y que esas transgresiones hubieran trascendido al resultado del fallo. Además, se desprende que dicho acto no engendra un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que, como se anotó en párrafos precedentes, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación, entre otros, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera; pues en los primeros dos casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero, la libertad personal, en el cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto, la libertad de trabajo, y en el sexto, la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, debemos concluir que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Por ende, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación o de las violaciones en grado predominante o superior, se actualiza la causa de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia..."

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