Juana Pérez Ramírez

Expediente 206/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
206/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Juana Pérez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV-B "... Se ordena el archivo del presente juicio de amparo..."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por Juana Pérez Ramírez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 206/2018-IV-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicado a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La primera disposición transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que se compone, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de garantías, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que, una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de garantías no procede contra actos emitidos dentro de juicio si no tienen una ejecución que sea de imposible reparación. Para determinar si un acto procesal, por sus consecuencias dentro del juicio, es de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. Del mismo modo, consideró que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerita su impugnación mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, cuando la afectación es de extrema gravedad y posee una trascendencia específica apreciable a través de los posibles alcances vinculatorios que se derivan del dictado de una sentencia que llegara a conceder el amparo. Resulta aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Sobre tal base, el máximo tribunal de la nación definió en múltiples ejecutorias que una interpretación sistemática de los artículos 107 (114), 34 (158) y 172 (159) de la Ley de Amparo, permite concluir que cuando se trate de violaciones a derechos adjetivos cometidas dentro del procedimiento, que no afecten de modo cierto e inmediato algún derecho sustantivo, será necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, y si ésta es desfavorable a los intereses del quejoso, entonces podrá impugnar dicha resolución, ya sea que la violación se cometa en ella o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. En otras palabras, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. En ese orden de ideas, resulta claro que al promoverse un juicio de amparo contra esa clase de resoluciones (sentencias definitivas o laudos), pueden reclamarse también las infracciones de índole procesal que en opinión de las partes hubieren sido cometidas en su perjuicio, que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo. Luego, es patente que si las violaciones cometidas dentro de juicio no transgreden algún derecho sustantivo (en contraposición a adjetivo) o en grado predominante o superior, es decir, no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, será necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, y si ésta es desfavorable a los intereses del quejoso, entonces podrá impugnar dicha resolución ya sea que la violación se cometa en ella o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Las consideraciones precedentes se corroboran teniendo en cuenta que la corte ahora considera que la afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que la violación a derechos humanos, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan la labor de las autoridades jurisdiccionales. Así, la nueva perspectiva persigue un fin constitucionalmente válido de dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, al impedir que las partes acudan a estrategias dilatorias buscando un pronunciamiento federal, sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo sus derechos en litigio. De este modo, la nueva definición de actos en juicio de imposible reparación, brinda certidumbre a las partes, pues los procedimientos serán tramitados conforme al principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, respondiendo así a la relación de interdependencia entre los derechos que someten a la instancia jurisdiccional, y se genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar la eficacia de alguno de ellos. Sustenta a lo anterior, la tesis I.5o.C.8 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el cinco de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, registro 2009302, que dice: AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo. Por las consideraciones apuntadas, en el caso concreto no procede el juicio de amparo indirecto en contra de las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas que se traducen al desechamiento de la prueba pericial grafoscópica y documentoscópica que la autoridad ordenadora dictó en contra del quejoso en el juicio ordinario civil 550/17/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, lo anterior es así, pues no se traduce en infracción de derechos sustantivos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales que pueden restituirse si se dicta resolución favorable a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene, como ya se dijo, resolución favorable, dado que tal hecho sólo sería impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto que viole derechos sustantivos, y esto no ocurre sino cuando se colman actos que dejen sin defensa al quejoso, o que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; consecuentemente, el amparo promovido contra estos actos es improcedente. Este criterio tiene aplicación ya que las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas, que se traducen al desechamiento de la prueba instrumental privada que el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dictó contra el aquí quejoso, en el juicio ordinario civil 550/17/I, por más que cause molestia entre las partes contendientes, no justifica la procedencia del amparo indirecto. Entonces, al no ser un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que infrinja derecho sustantivo alguno de manera directa e inmediata, no es impugnable mediante el presente juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 56, agosto de 1992, Octava Época, cuyo rubro y texto son: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por las razones expuestas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a José de Jesús Vargas Santes y Carmela Lucero Concepción Espinosa Martínez, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique las notificaciones de carácter personal que se ordenen durante la tramitación del juicio de amparo, esto con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena al secretario Daniel Alfredo Gómez Zuqui supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 278 del código procesal supletorio, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, las que podrán obtener y recoger en cualquier día hábil, en un horario de diez horas a doce horas con treinta minutos, por conducto de la persona autorizada para ese efecto, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos, siempre y cuando la materia y el caso concreto lo permitan. Finalmente, se autoriza al Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del presente juicio de amparo, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios. Notifíquese personalmente..."

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