Julián Pérez Casanova
Expediente 272/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julián Pérez Casanova
Actuaciones
- Principal
"...se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción."
- Principal
"...Vista la demanda de amparo instaurada por... contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrar la demanda en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 272/2023-II-A. Antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio... La interpretación contrario sensu de la referida disposición, lleva a establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; tomando como base que éstos deben afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional, había considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos. Asimismo, dicho Alto Tribunal había considerado complemento de lo anterior, en una amplia interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Con base en este último supuesto, las violaciones procesales de grado predominante o superior dentro del juicio, se estiman como afectaciones a las partes cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a los derechos fundamentales de la parte quejosa, o bien porque conllevaran la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Así, para determinar los supuestos referidos, se requería la satisfacción de los aludidos requisitos. Ante tales extremos, de no actualizarse alguna de las hipótesis antes contempladas, el juicio de amparo indirecto que se promoviera contra actos dentro del juicio, sería improcedente. Al respecto, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En los términos de la Ley de Amparo anterior, el Pleno de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis LVII/2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, de texto y rubro siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así como la diversa LVIII/2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, página 10, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." La Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó dichos criterios, en razón de que en la Ley de Amparo abrogada el legislador secundario dio lugar a la interpretación del alcance de lo que debía entenderse por "imposible reparación"; la situación ha cambiado, en la ley de la materia, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma total y actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, en la especie la parte quejosa señaló como acto reclamado... En ese contexto, dicho acto resulta inadmisible para los efectos del juicio de amparo, dado que el acuerdo que desecha las pruebas supervenientes, no produce una afectación material a derechos sustantivos. En tales condiciones, es evidente que tal determinación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo cual, no se actualiza el caso de excepción para acudir a esta instancia constitucional, dado que el acto que reclama no es de imposible reparación, en virtud de que tal determinación no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que se trata de una violación intraprocesal, la cual, no necesariamente llegará a trascender en el resultado del fallo, y en caso de trascender en aquél, debe impugnarse en la vía de amparo directo... Con motivo de las razones expuestas en la presente determinación, con fundamento en los diversos 112 y 113, de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa..."
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