Juana Patricia Salazar González

Expediente 1539/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1539/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Juana Patricia Salazar González

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, así como el cómputo que antecede realizado por el Secretario, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve Juana Patricia Salazar González, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1539/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la promovente señala como acto reclamado: la orden que han dado para que se le notifique y emplace en el expediente 238/2018, del índice de la responsable, así como cualquier acto de notificación o cumplimiento que se le hubiere realizado. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, debe observarse lo establecido en los artículos 74, 75, 76, 77, y 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; esto es, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, concede medios de defensa, dentro del procedimiento, por virtud de los cuales las resoluciones pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. En la especie, el acto reclamado lo constituye el emplazamiento a juicio dentro del expediente 238/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, mismo que puede ser combatido por un medio de defensa ordinario. Luego, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para que la tutela de derechos fundamentales pueda acontecer la quejosa debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe ser acatado cuando, como en el caso, se reclama la indebida notificación y emplazamiento en el juicio de origen. En tal virtud, como ya se indicó, se arriba a la consideración de que, efectivamente, el juicio de amparo que ahora se intenta, es notoriamente improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque del análisis de la demanda, se llega al convencimiento de que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover en su caso el incidente de nulidad de notificaciones, porque así lo prevé el Código en cita, ya que es un acto practicado por una autoridad jurisdiccional respecto del que concede la ley el respectivo incidente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; no obstante, la accionante de esta instancia constitucional, no agotó previamente el mismo, por lo que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Ello es así, tomando en cuenta que el Legislador Constituyente, estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo, con el objeto de limitar los juicios constitucionales, obligando a los promoventes al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad responsable la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudo haber incurrido, pues el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Jurisprudencias. Es aplicable al caso la tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 224578, de igual forma la jurisprudencial VI.2º.C.J/259, así como la tesis con registro 251728. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la corporación jurídica ubicado en calle 1, casa número 17, manzana 5, del Fraccionamiento San Pedro y San Cayetano, en esta ciudad. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, los licenciados Claudio Eleazar López Ramírez, Rosalba Torres Vázquez, Jenny Araceli Lara Sánchez y Miguel Gómez Gömez, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, de quienes se acordará su autorización en amplios términos del citado numeral, una vez que registren su cédula profesional en el mencionado sistema. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PROMOVENTE.- 1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve Juana Patricia Salazar González, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1539/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la promovente señala como acto reclamado: la orden que han dado para que se le notifique y emplace en el expediente 238/2018, del índice de la responsable, así como cualquier acto de notificación o cumplimiento que se le hubiere realizado. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, debe observarse lo establecido en los artículos 74, 75, 76, 77, y 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; esto es, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, concede medios de defensa, dentro del procedimiento, por virtud de los cuales las resoluciones pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. En la especie, el acto reclamado lo constituye el emplazamiento a juicio dentro del expediente 238/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, mismo que puede ser combatido por un medio de defensa ordinario. Luego, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para que la tutela de derechos fundamentales pueda acontecer la quejosa debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe ser acatado cuando, como en el caso, se reclama la indebida notificación y emplazamiento en el juicio de origen. En tal virtud, como ya se indicó, se arriba a la consideración de que, efectivamente, el juicio de amparo que ahora se intenta, es notoriamente improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque del análisis de la demanda, se llega al convencimiento de que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover en su caso el incidente de nulidad de notificaciones, porque así lo prevé el Código en cita, ya que es un acto practicado por una autoridad jurisdiccional respecto del que concede la ley el respectivo incidente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; no obstante, la accionante de esta instancia constitucional, no agotó previamente el mismo, por lo que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Ello es así, tomando en cuenta que el Legislador Constituyente, estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo, con el objeto de limitar los juicios constitucionales, obligando a los promoventes al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad responsable la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudo haber incurrido, pues el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Jurisprudencias. Es aplicable al caso la tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 224578, de igual forma la jurisprudencial VI.2º.C.J/259, así como la tesis con registro 251728. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la corporación jurídica ubicado en calle 1, casa número 17, manzana 5, del Fraccionamiento San Pedro y San Cayetano, en esta ciudad. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, los licenciados Claudio Eleazar López Ramírez, Rosalba Torres Vázquez, Jenny Araceli Lara Sánchez y Miguel Gómez Gömez, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, de quienes se acordará su autorización en amplios términos del citado numeral, una vez que registren su cédula profesional en el mencionado sistema. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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