Juana Moreno Pérez
Expediente 540/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 27 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 01/03/2021
Partes del expediente
- Juana Moreno Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de marzo de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad de la Auxiliar de Actuario adscrita a la Unidad de Notificadores Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de entregar el oficio 327-2P-B, de veintidós de febrero del año en curso, del índice de este Juzgado, dirigido al Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dependiente de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, toda vez que no se precisa a que Fiscal del Ministerio Público se refiere, en virtud de que existen diversos Fiscales del Ministerio Público Investigadores adscritos a la Unidad Central de Investigación. Acuerdo. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dependiente de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, emplazada como tercera interesada en el presente juicio lo es la licenciada Elvira Pozo Serrano; por tanto, utos, se ordena el reenvío del oficio de que se trata, a la citada Fiscal, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: i) la audiencia de control de detención; ii) el auto de vinculación a proceso de treinta de marzo de dos mil diecinueve; y, iii) la medida cautelar de prisión preventiva, dictada contra la quejosa Juana Moreno Pérez, mediante resolución de treinta de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal número 269/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por el delito de despojo agravado, previsto y sancionado en el artículo 305, párrafo primero, fracción I, párrafo cuarto, del Código Penal vigente del Estado de Chiapas, que se dijo cometido en agravio del Ejido Francisco I. Madero, representado por su Comisariado Ejidal, representado por su Comisariado Ejidal. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: i) Deje sin efecto parcialmente la audiencia inicial celebrada el treinta de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 269/2018, únicamente por cuanto a la aquí quejosa Juana Moreno Pérez; pero dejando subsistente únicamente el debate respecto del control de detención y la formulación de imputación; y enseguida, señale nueva fecha y hora para la continuación de esa audiencia. ii) Hecho lo anterior, continué con la audiencia en las fases correspondientes y con libertad de jurisdicción decida sobre la situación jurídica de la impetrante de amparo, así como de lo relativo a las medidas cautelares, sin omitir el estudio exhaustivo del requisito de procedibilidad de la querella, en los términos indicados en esta sentencia. Recurso de Revisión. Inconforme con el sentido de la sentencia, el tercero interesado Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dependiente de la Fiscalía General del Estado y la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión y por ejecutoria de nueve de octubre de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en esta ciudad, dejó firme la negativa del amparo y confirmó la sentencia recurrida, y concedió la protección constitucional en los siguientes términos: Que el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, deje sin efecto parciamente la audiencia inicial celebrada el treinta de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 269/2018, únicamente por cuanto a la aquí quejosa Juana Moreno Pérez; pero dejando subsistente el debate respecto del control de detención y la formulación de imputación; y en seguida, señale nueva fecha y hora para la continuación de esa audiencia. Hecho lo anterior, continúe con la audiencia en las fases correspondientes y con libertad de jurisdicción decida sobre la situación jurídica de la peticionaria del amparo, así como lo relativo a las medidas cautelares, pero subsanando la violación que destacó el juez de distrito. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 3840/2020 de veintiocho de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada de la sentencia de procedimiento abreviado, dictada el once de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal 269/2018 y del oficio 2098 de trece de ese mismo mes (fojas 380 a 391). De dicha resolución se advierte que la aquí quejosa Juana Moreno Pérez asistida de su defensor, estuvo de acuerdo con la tramitación del procedimiento abreviado, reconociendo estar debidamente informada de su derecho a un juicio y de los alcances de la forma de terminación anticipada del proceso, renunciando al juicio oral, admitiendo su responsabilidad por el delito que se le imputa y aceptando ser sentenciada con base en los medios de convicción expuesto por el Ministerio Público. Así, el juez responsable consideró a la aquí quejosa Juana Moreno Pérez (acusada en la citada causa), penalmente responsable del delito de despojo, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y cincuenta días de multa; además, concedió a la impetrante de amparo (sentenciada), el beneficio de la condena condicional por la caución de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional). Como la quejosa Juana Moreno Pérez, se acogió al beneficio de la condena condicional, mediante oficio 2098/2020 de trece de julio de dos mil veinte, el juez responsable ordenó su inmediata libertad. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. De lo anteriormente analizado, con meridiana claridad se puede concluir la imposibilidad jurídica que el citado Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, tiene para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que de la resolución señalada en párrafo que anteceden, se advierte que la aquí quejosa Juana Moreno Pérez, se le consideró penalmente responsable del delito de despojo, en la que se le impuso la pena de cuatro años de prisión y cincuenta días de multa; además, de las constancias remitidas se advierte que la impetrante de amparo, se encuentra en libertad con motivo de haber exhibido la garantía fijada para gozar del beneficio de la condena condicional que le fue concedida; por ello, al operar un cambio de situación jurídica imposibilita al juez cumplir con los efectos por los que se concedió la protección constitucional. Bajo las circunstancias narradas, es preciso establecer, que de acuerdo a las razones expuestas en líneas previas, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector por imposibilidad legal. Tiene aplicación al caso por su contenido la jurisprudencia: "SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD. Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse". (Sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, registro digital: 2016660, Materias(s): Común, Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 53, Abril de 2018 Tomo II, Tesis: PC.XVI.P. J/2 P (10a.), Página: 1496) Asimismo, cobra aplicación al caso en lo conducente, la jurisprudencia: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso." (Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 586, del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable se encuentra en imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, se declara sin materia el cumplimiento del fallo protector. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Ricardo Coutiño Gordillo, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas) LRCG
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Ricardo Coutiño Gordillo, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: i) la audiencia de control de detención; ii) el auto de vinculación a proceso de treinta de marzo de dos mil diecinueve; y, iii) la medida cautelar de prisión preventiva, dictada contra la quejosa Juana Moreno Pérez, mediante resolución de treinta de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal número 269/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por el delito de despojo agravado, previsto y sancionado en el artículo 305, párrafo primero, fracción I, párrafo cuarto, del Código Penal vigente del Estado de Chiapas, que se dijo cometido en agravio del Ejido Francisco I. Madero, representado por su Comisariado Ejidal, representado por su Comisariado Ejidal. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: i) Deje sin efecto parcialmente la audiencia inicial celebrada el treinta de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 269/2018, únicamente por cuanto a la aquí quejosa Juana Moreno Pérez; pero dejando subsistente únicamente el debate respecto del control de detención y la formulación de imputación; y enseguida, señale nueva fecha y hora para la continuación de esa audiencia. ii) Hecho lo anterior, continué con la audiencia en las fases correspondientes y con libertad de jurisdicción decida sobre la situación jurídica de la impetrante de amparo, así como de lo relativo a las medidas cautelares, sin omitir el estudio exhaustivo del requisito de procedibilidad de la querella, en los términos indicados en esta sentencia. Recurso de Revisión. Inconforme con el sentido de la sentencia, el tercero interesado Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dependiente de la Fiscalía General del Estado y la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión y por ejecutoria de nueve de octubre de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en esta ciudad, dejó firme la negativa del amparo y confirmó la sentencia recurrida, y concedió la protección constitucional en los siguientes términos: Que el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, deje sin efecto parciamente la audiencia inicial celebrada el treinta de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 269/2018, únicamente por cuanto a la aquí quejosa Juana Moreno Pérez; pero dejando subsistente el debate respecto del control de detención y la formulación de imputación; y en seguida, señale nueva fecha y hora para la continuación de esa audiencia. Hecho lo anterior, continúe con la audiencia en las fases correspondientes y con libertad de jurisdicción decida sobre la situación jurídica de la peticionaria del amparo, así como lo relativo a las medidas cautelares, pero subsanando la violación que destacó el juez de distrito. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 3840/2020 de veintiocho de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada de la sentencia de procedimiento abreviado, dictada el once de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal 269/2018 y del oficio 2098 de trece de ese mismo mes (fojas 380 a 391). De dicha resolución se advierte que la aquí quejosa Juana Moreno Pérez asistida de su defensor, estuvo de acuerdo con la tramitación del procedimiento abreviado, reconociendo estar debidamente informada de su derecho a un juicio y de los alcances de la forma de terminación anticipada del proceso, renunciando al juicio oral, admitiendo su responsabilidad por el delito que se le imputa y aceptando ser sentenciada con base en los medios de convicción expuesto por el Ministerio Público. Así, el juez responsable consideró a la aquí quejosa Juana Moreno Pérez (acusada en la citada causa), penalmente responsable del delito de despojo, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y cincuenta días de multa; además, concedió a la impetrante de amparo (sentenciada), el beneficio de la condena condicional por la caución de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional). Como la quejosa Juana Moreno Pérez, se acogió al beneficio de la condena condicional, mediante oficio 2098/2020 de trece de julio de dos mil veinte, el juez responsable ordenó su inmediata libertad. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. De lo anteriormente analizado, con meridiana claridad se puede concluir la imposibilidad jurídica que el citado Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, tiene para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que de la resolución señalada en párrafo que anteceden, se advierte que la aquí quejosa Juana Moreno Pérez, se le consideró penalmente responsable del delito de despojo, en la que se le impuso la pena de cuatro años de prisión y cincuenta días de multa; además, de las constancias remitidas se advierte que la impetrante de amparo, se encuentra en libertad con motivo de haber exhibido la garantía fijada para gozar del beneficio de la condena condicional que le fue concedida; por ello, al operar un cambio de situación jurídica imposibilita al juez cumplir con los efectos por los que se concedió la protección constitucional. Bajo las circunstancias narradas, es preciso establecer, que de acuerdo a las razones expuestas en líneas previas, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector por imposibilidad legal. Tiene aplicación al caso por su contenido la jurisprudencia: "SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD. Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse". (Sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, registro digital: 2016660, Materias(s): Común, Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 53, Abril de 2018 Tomo II, Tesis: PC.XVI.P. J/2 P (10a.), Página: 1496) Asimismo, cobra aplicación al caso en lo conducente, la jurisprudencia: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso." (Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 586, del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable se encuentra en imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, se declara sin materia el cumplimiento del fallo protector. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Ricardo Coutiño Gordillo, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas) LRCG
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