Juanito Hernández Pereyra
Expediente 2434/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 162 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2434/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 162
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Juanito Hernández Pereyra
- Juanito Hernández Pereyra y Otros.
- Lic. Javier Antonio Orantes Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 162.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado actual que guarda los autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable y vinculadas al cumplimiento no han acatado el fallo constitucional. Al respecto, cabe señalar que el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en este juicio, en la cual, se concedió el amparo solicitado a la parte quejosa (fojas 18 a 22 de autos tomo I), para los siguientes efectos: "(.) .los Magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad: i) De manera inmediata provean las medidas que a su juicio estime pertinentes, hasta lograr la eficaz ejecución del laudo condenatorio de veintitrés de septiembre de dos mil once y planilla de liquidación de dieciocho de enero de dos mil trece, dictados en los autos del expediente laboral 250/E/2008. ii) En caso, de proseguir sin acatar el fallo condenatorio, podrá imponer multas a todos los miembros del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Villaflores, Chiapas de hasta cien días de salario mínimo vigente en la entidad, mismas que podrán ser aplicadas hasta en tres ocasiones, vigilar que su cobro se haga efectivo por las autoridades correspondientes; asimismo, procederá a la ampliación del embargo, auxiliándose de autoridades civiles y militares. (.)". Fallo constitucional que les fue notificado, el cinco de marzo de dos mil dieciocho (fojas 290 a 292 tomo I). Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Segunda Sala, actualmente Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, siendo el último requerimiento el diecisiete de marzo de dos mil veinte (fojas 27, 28 y 92 tomo I y 868 a 869 y 889 del tomo II). Por auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó vincular al cumplimiento de la sentencia de amparo al Ayuntamiento Municipal Villaflores, Chiapas, en específico, al Presidente, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento citado, debido a que están obligadas a realizar dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que se logre vigencia real y eficacia práctica, lo que se traduce en obtener los recursos necesarios para pagar el laudo, materia de la condena del juicio de origen (fojas 255 tomo I). Enseguida, se continuo con los requerimientos, tanto a la autoridad responsable como autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia concesoria, durante el lapso de tiempo comprendido de los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y parte de dos mil veinte, como se aprecia de los tomos I y II de autos. Siendo hasta el tres de diciembre de dos mil veinte, ante la negativa de cumplir con la sentencia de amparo, que se planteó el inicidente de inejecución de sentencia, así como, se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, pero no obstante de ello, se requirió nuevamente a la responsable y autoridades vinculadas (fojas 1015 a 1022 del Tomo III de autos). No obstante de lo anterior, se continuó con los requerimientos respectivos, mostrando una conducta abstensiva, tanto la responsable como autoridades vinculadas al cumplimiento. Así, mediante oficio 1732 de once de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, el treinta de septiembre anterior, dictó la ejecutoria respectiva en el incidente de inejecución de sentencia de 10/2021, en el sentido de devolver los autos a este Juzgado para que agotara su jurisdicción en el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo y procediera en los siguientes términos: "(.) 1. Emita un proveído en el que requiera a la responsable para que tome las medidas correspondientes a efecto de constreñir a quienes tengan injerencia en el cumplimiento de las condenas decretadas en el laudo. 2. Señalar de manera clara y precisa la conducta que deben asumir dentro de los límites de su competencia, tomando en cuenta no solamente las condenas de naturaleza económicas sino la totalidad de las impuestas. En el entendido de que, en su caso, en relación con las medidas que pueden adoptarse para lograr el acatamiento de la ejecutoria y, en consecuencia, del laudo relativo, deberá atender a los lineamientos establecidos en el incidente de inejecución de sentencia 103/2020, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de julio de dos mil veintiuno. 3. Hecho lo anterior, una vez que haya dado oportunidad de acatar lo ordenado a las responsables, así como a las ya vinculadas y aquéllas que se lleguen a vincular, si considera que persiste el incumplimiento, de manera obligatoria emita un auto en el que deberá fundar y motivar concretamente cuáles fueron los efectos que no han quedado cumplidos y que son la materia de la incidencia, tal como lo impone el artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que con ello se estará delimitando la litis que será materia del incidente, para que sea evaluado tanto por el tribunal colegiado como, en su caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (.).". En plena observancia a lo ordenado, por acuerdo de veintisiete de enero; dieciséis y veintitrés de febrero, así como, ocho de marzo de dos mil veintidós, se le dio seguimiento a los requerimiento a la autoridad responsable, sin obtener resultado favorable alguno (fojas 1238, 1328, 1333 y 1340 del tomo III de autos). Siendo en el acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, derivado del proceder contumaz de la responsable, que se vinculó a la nueva administración del Ayuntamiento obligado al cumplimiento; se determinaron las prestaciones pendientes de cumplir y se le señaló al ahora Juzgado Burocrático responsable, las medidas que debía tomar, así como, se ordenó decidiera sobre las restantes que considerara pertinentes, a fin de que la vinculada cumpliera con las prestaciones pendientes de acatar y realizara los apercibimientos correspondientes; informando lo relativo mediante oficio JEB/2°/3°S/986/2022 (fojas 1376 a 1379, así como, 1387 y 1388 del tomo III de autos). Ante la falta de cumplimiento, por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se hizo efectiva la multa a las autoridades vinculadas al cumplimiento y derivado de los informes rendidos por la responsable, se le fijaron nuevas medidas a la citada autoridad para que formulara diversos requerimientos a la demandada (fojas 1457 y 1478, ibídem). Obteniendo como resultado, que las vinculadas al cumplimiento informaran que se encontraban solicitando el apoyo de un despacho externo para cumplir con la inscripción retroactiva del trabajador al Instituto de Seguridad Social del Estado, así como, haciendo pagos parciales en observancia al convenio celebrado con el operario y llevando a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de cumplir con lo ordenado; actuar que fue reiterado continuamente, sin lograr avance alguno respecto de las prestaciones de condena y por consiguiente, del fallo concesorio de amparo. En vista de lo manifestado por las autoridades vinculadas al cumplimiento y reiterado ante la responsable, de haber incluido en el proyecto de presupuesto de egresos para año dos mil veintitrés la obtención de recursos económicos para el pago de las prestaciones de condena; motivó a que este órgano jurisdiccional, requiriera el envió de las constancias respectivas para constatar lo referido, así como, requirió también al Juzgado laboral actuara y diera continuidad a la ejecución en el ámbito de su competencia; como se advierte de los autos de dieciocho de noviembre; nueve de diciembre de dos mil veintidós, seis de enero y nueve de febrero de dos mil veintitrés (foja 1767, 1803, 1809, 1816, 1818, ibídem). Dando seguimiento a lo expresado en el párrafo que antecede, la autoridad burocrática, informó que en virtud del incumplimiento de la patronal demandada, aquí autoridad vinculada, impuso las multas respectivas y requirió nuevamente el cumplimiento de las prestaciones de condena; por lo que, en atención a ello, se emitieron los acuerdos de nueve y veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el cual, se precisó a cada uno de ellas lo que debía de realizar, así como, la sanción a imponer en caso de incumplimiento, sin obtener resultado favorable alguno (fojas 1832, 1833 y, 1840, 1841, 1845 y 1846, 1885 y 1886 del tomo IV de autos). Ante ese panorama de contumacia, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se requirió al Pleno del Ayuntamiento demandado y responsable laboral, informaran sobre los avances de la inscripción retroactiva del trabajador; así como, se le ordenó a la segunda tomara nuevas medidas referentes a diversas autoridades estatales (Gobernador del Estado, Secretario de Hacienda, Subsecretario de Egresos y Secretario de Gobierno) para que auxiliaran a la patronal demandada para la obtención de recurso económicos y pudieran cumplir con el fallo condenatorio, también, ordenara al cuerpo edilicio gestionara la solicitud ante ellas; lo que así hizo mediante oficio JEB/2°/3°S/500/2023 (fojas 1897, 1898, 1973 y 1974, ibídem). Enseguida, la autoridad burocrática envió las respuestas emitidas por las diversas autoridades estatales a quien pidió su auxilio; empero, como no realizó pronunciamiento alguno al respecto; por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés se le requirió informara las medidas que tomó en relación a ellas; lo que comunicó mediante oficio JEB/2°/3°S/731/2023 (fojas 2016, 2017, 2038 a 2040, ibídem). Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, vinculó también al cumplimiento de la sentencia de amparo al Gobernador del Estado, Secretario de Hacienda, Subsecretario de Egresos y Secretario de Gobierno, para que cada uno en el ámbito de su competencia ejerciera las medidas necesarias para que el ayuntamiento demandado pudiera obtener recurso económicos (fojas 2111 y 2112, ibídem). Asimismo, en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, insertó en el oficio JEB/2°/3°S/808/2023 de siete del mes y año citado, la autoridad laboral comunicó que dentro de la medidas ordenadas al Ayuntamiento responsable determinó que para el pago de la condena decretada dispusieran del porcentaje del Fondo General de Participaciones (fojas 2087 a 1090, ibídem). Las nuevas autoridades vinculadas en sus oficios respectivos comunicaron que el cuerpo edilicio demandado, aquí autoridad vinculada, podía disponer de un porcentaje de los recursos que se le transfiere al Fondo General de Participaciones; lo que derivó a que se emitiera el auto de uno de agosto de dos mil veintitrés y se le formulara el requerimiento respectivo, sin que hasta la fecha se obtenga respuesta positiva alguna (fojas 2145 y 2146, ibídem). Ante el contexto antes descrito, en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, se formuló el último requerimiento, tanto a la autoridad responsable, como a la vinculada (Presidente, Sindico, Tesorero y Ayuntamiento en Pleno), precisando cada uno de los puntos que debían de cumplir; de los que resaltan los precisados a la vinculada y las conductas evasivas en las que ha incurrido e imponiendo la multa respectivas, así como, de igual, manera se le requirió nuevamente (fojas 2183 a 2186, ibídem). De lo antes narrado se advierte que persiste el incumplimiento de la sentencia concesoria emitida el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, tanto por el Juzgado Burocrático responsable, así como por las autoridades vinculadas al cumplimiento, Presidente, Síndico y Tesorero, y Cabildo en Pleno del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Villaflores, Chiapas, dado que, hasta la fecha no se ha cumplido con las prestaciones de condena del juicio laboral de origen y que fueron plenamente identificadas en el convenio celebrado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, así como la inscripción retroactiva del trabajador al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). Prestaciones que fueron delimitadas desde el auto de quince de junio del dos mil veintitrés y entorno a las cuales se centraría el cumplimiento del fallo de la sentencia de amparo, tal y como lo impone el artículo 196 de la Ley de amparo. Aunado a ello, previa valoración de las constancias relativas a los pagos parciales realizados por la autoridad demandada en el juicio de origen, como se le reiteró al cuerpo edilicio vinculados, dichas parcialidades convenidas no eran suficientes para tener por acatado el fallo concesorio, máxime que bajo el esquema establecido en el citado convenio dicho finiquito debió haber concluido en el ejercicio fiscal dos mil veintidós; datos que se obtienen de la ratificación realizada y comunicada por oficio CJ/JEB/2°/3ªS/625/2021 (fojas 1187 del tomo III de autos). En ese orden de ideas, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional agotó la jurisdicción que le compete y como está obligado a velar por el eficaz cumplimiento de las sentencias amparadoras que evidentemente no debe quedar supeditado a la voluntad o capricho de la autoridad o autoridades responsables, así como, vinculadas; de ahí que entonces, lo procedente es declarar no cumplida la sentencia de amparo. Lo anterior, pues como se aprecia de autos, en este asunto se agotó el procedimiento previsto en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, las autoridades, responsable y vinculadas al cumplimiento, además de no haber demostrado que hubieran desplegado los actos jurídicos necesarios para cumplir con el convenio celebrado respecto de las prestaciones de condena, así como, la inscripción retroactiva del trabajador al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH); lo que denota su contumacia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; apertúrese incidente de inejecución de sentencia. Y, una vez que obren las notificaciones a las partes, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, residente en esta ciudad, para los efectos precisados en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el cuadernillo respectivo, déjese copia de las constancias necesarias para procurar un exacto y debido cumplimiento conforme al artículo 211 de la Ley de la Materia. No obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable y vinculada PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS SIGUIENTES, A SU LEGAL NOTIFICACIÓN, realicen lo siguiente: Autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad: Requiera al Cabildo del Ayuntamiento informe los trámites que ha realizado para la inscripción y pago de aportaciones del quejoso al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). Asimismo, requiera al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), el estado actual que guardan el trámite de inscripción del trabajador realizado por la patronal demandada. Comunique sí la autoridad demandada ha cumplido con la totalidad del convenio celebrado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, respecto del pago de las prestaciones de condena y en caso de no ser así, informe las medidas que haya tomado al respecto. Autoridades vinculadas Presidente, Tesorero, Síndico y Ayuntamiento en Pleno de Villaflores, Chiapas, Chiapas: Informe el cumplimiento dado al auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, consistente en: Celebre una sesión de cabildo extraordinaria, para determinar, la procedencia o no, para disponer de un porcentaje del Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal, para el pago de las prestaciones económicas a favor del quejoso Juanito Hernández Pereyra. Remitan de inmediato las constancias con las que acrediten haber realizado la inscripción de Juanito Hernández Pereyra, ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). Informe si dentro del presupuesto de egresos dos mil veinticuatro incluyó las partidas presupuestales para el pago total del convenio celebrado el catorce de mayo de dos mil veintiuno. De todo lo anterior, cada una de ellas, deberá remitir las constancias de los puntos señalados para acreditar su dicho. Lo expuesto, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, registro 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento.". Apercibimiento. En caso de no cumplir con lo solicitado, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de la materia, se apercibe que de ser omisas al respecto, se les impondrá a la: Autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). 2. Autoridades vinculadas Presidente, Tesorero, Síndico y Ayuntamiento en Pleno de Villaflores, Chiapas, Chiapas, multa de ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $15,561.00 (quince mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible a la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007914, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y vinculadas. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Ricardo Coutiño Gordillo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; asistido de Jorge Fernando García Barragán, secretaria de Juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.
- Principal
Promociones. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, signados por los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, con residencia en esa ciudad, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de seis de octubre del año en curso, proporcionan los datos requeridos con el fin de hacer efectivas las multas impuestas a: 1. Ayuntamiento en Pleno.2. Presidente ******************** 3. Síndico ******************** 4. Tesorero ******************** 5. Primer Regidor ******************** 6. Segundo Regidor ******************** 7. Tercer Regidor ******************** 8. Cuarto Regidor ******************** 9. Quinto Regidor ******************** 10. Sexto Regidor ******************** 11. Regidor Plurinominal ******************** 12. Regidor Plurinominal ******************** 13. Regidor Plurinominal ******************** Acuerdo. Ahora toda vez, que mediante auto de seis de octubre del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de abril de la presente anualidad, y se le impuso una multa a las autoridades citadas con anterioridad, por la cantidad de ********************Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $********************(********************pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, ante la conducta contumaz de dar cumplimiento a la sentencia constitucional emitida en el presente juicio. Envío de oficio. En consecuencia, debido a que en proveído de seis de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó de girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Chiapas "1" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto las autoridades señaladas en líneas precedentes dieran cumplimiento al requerimiento solicitado. Por tanto, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Chiapas "1" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad, con el propósito de que haga efectiva la multa impuesta a la citada autoridad. Por último, se ordena anexar al oficio que se remita a dicha autoridad copia de los diversos de cuenta en donde obran los datos de los servidores públicos, así como copia certificada del proveído de seis de octubre del año en curso en el cual se les impuso la multa; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Promoción. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por oficio 21196/2023 informa las medidas tomadas por ella para lograr el cumplimiento de la sentencia constitucional. Acuerdo. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la citada responsable en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado actual que guarda los autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable y vinculadas al cumplimiento no han acatado el fallo constitucional. A) Autoridad burocrática responsable. De las actuaciones derivadas del juicio laboral de origen se advierte que el Juzgado Burocrático, si bien ha impuesto diversas multas a la patronal demandada, derivadas del no acatamiento del laudo laboral emitido, así como, ha girado diversos oficios al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas para hacer efectivo dicho cobro. También lo es, que no obra ningún dato del que se advierte que las citadas multas hayan sido hechas efectivas a la patronal demandada en el juicio laboral de origen 32/2020. Por ende, es de relevancia contar con dichas actuaciones para ponderar la conducta desplegada por el cuerpo edilicio condenado. Por otra parte, en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, insertó en el oficio JEB/2°/3°S/808/2023 de siete del mes y año citado, la autoridad laboral comunicó que dentro de la medidas ordenadas al Ayuntamiento responsable determinó que para el pago de la condena decretada dispusieran del porcentaje del Fondo General de Participaciones (fojas 2087 a 1090 del tomo IV de autos). Sin embargo, hasta la fecha no ha informado nada al respecto; por lo que, al no contar con el seguimiento dado a la medida tomada, ello impide conocer la continuidad o abstención, en que incurrió la patronal demandada, aquí autoridad vinculada. Requerimiento. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad burocrática responsable, realice lo siguiente: 1. Remita, todas y cada una, de las constancias, en las que se haya hecho efectivas las multas impuestas al Ayuntamiento condenado en el juicio de origen, correspondientes al año dos mil veintitrés. 2) La respuesta obtenida en relación con la medida decretada en auto de seis de junio del año en curso, comunicada mediante oficio JEB/2°/3°S/808/2023 de siete del mes y año citado; y, 3) Para el caso de que ya exista dicha respuesta; la decisión que tomó en relación con la misma. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, dentro del término señalado, sin mayor trámite se le hará efectiva una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. B) Autoridad Vinculada al cumplimiento. Presidente, Síndico y Tesorero, así como, Ayuntamiento Municipal en Pleno de Villaflores, Chiapas. Respecto las autoridades vinculadas, se advierte, que persiste en su conducta reiterativa de negación, para cumplir con la sentencia de amparo, como se verá a continuación: En efecto, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la ejecutoria en el incidente de inejecución de sentencia 10/2021 y se marcaron los parámetros conforme a los cuales, este órgano jurisdiccional debía tomar las medidas para que, tanto la autoridad responsable, como vinculadas al cumplimiento acataran la sentencia de amparo. Lo que motivó, a que se establecieran plenamente, cada una de las conductas, que debía de efectuar las mencionadas autoridades. Cobra relevancia, en ese tema, lo atinente a las vinculadas, en el caso, Presidente, Síndico, Tesorero y Ayuntamiento Municipal en Pleno de Villaflores, Chiapas, quienes desde esa fecha, han tomado un conducta de rebeldía para cumplir con la sentencia de amparo, derivado del laudo condenatorio emitido en el juicio de origen. Conducta de abstención de cumplir que se sustenta en dos supuestos reiterativos: Haber celebrado con el quejoso un convenio, en el que se pactó, pagos parciales de la condenada económica decretada. b) La Falta de inscripción y pago de aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), para lo cual, han requerido de los servicios de un despacho laboral externo. En ese orden, respecto al inciso a), se le reitera, que el hecho de haber celebrado un convenio con el quejoso, no les impide cumplir con la sentencia de amparo y en consecuencia, con el laudo condenatorio, dado que, hasta la fecha no se tiene conocimiento, como tampoco la autoridad laboral haya informado el pago total de las prestaciones de condena. Máxime, que en la diligencia de ratificación del citado convenio llevaba a cabo el veinte de agosto de dos mil veintiuno, ante la responsable, se advierte que el ayuntamiento demandado, por conducto de la Síndico Municipal se comprometió a liquidar, tanto a las prestaciones económicas como sociales, en el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, tal y como se advierte de dicha constancia que obra agrega a foja 1187 del Tomo III de autos; sin que ello haya sido cumplido. Cabe resaltar que las autoridades vinculadas han sido sistemáticamente reiterativas, en solicitar recursos extraordinarios al Gobernador del Estado; Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda; Secretaria de Hacienda y Crédito Público; Secretaria General de Gobierno, todos del Estado de Chiapas; cuando tienen pleno conocimiento de la respuesta que obtendrán, pues no es la primera ocasión que acuden ante dichas instancias para insistir en dicha petición. Empero, haciendo caso omiso, de las respuestas emitidas por el Secretario de Hacienda, por conducto de la Procuraduría Fiscal, Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal, así como del Congreso del Estado por conducto del Director de Asuntos Jurídicos; quienes de manera clara y precisa, les han indicado al ente Municipal, la fuente del pago para solventar las condenas decretadas, esto es, a través del Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal; lo cual, es también de su pleno conocimiento; empero, insisten en continuar por esa vía, no obstante, que dichos entes públicos, ya les comunicaron de donde obtener recursos económicos. Aunado a lo anterior, el Juzgado Burocrático responsable en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, también ordenó a las autoridades vinculadas que los recursos económicos para cubrir el pago de las condenas decretadas, dispusieran del porcentaje que le transfieran al Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal; sin que hasta la fecha lo hayan hecho Lo anterior, abona más en el retardo prolongado de la sentencia constitucional y por lo consiguiente, del pago de las condenas decretadas del juicio de origen. Por otra parte, en relación con el inciso b), el citado Ayuntamiento demandado, aquí autoridad vinculada, desde el ocho de septiembre del dos mil veintidós, ha venido manifestando que para lograr lo ordenado, pago e inscripción del quejoso a la seguridad social, en su vertiente salud; han requerido del apoyo de un despacho de asesoría externa para cumplir con dicha prestación. Sin embargo, se han valido de diversas argucias, con el único fin de seguir retardando el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues mediante pretextos, como la falta de recursos económicos o haber desistido del apoyo del o los despachos contratados, no cumplen con la condena decretada; siendo la última comunicación bajo el mismo argumento, la presentada el veinticuatro de agosto del año en curso, por la Síndica Municipal (21 a 61 del tomo lV de autos). Asimismo, dicho ente municipal pierde de vista que el cumplimento de la sentencia de amparo, debe versar única y exclusivamente por lo que hace al quejoso Juanito Hernández Pereyra, que es el que interesa en el caso de estudio, y no puede utilizarse como pretexto para no cumplir, que deben incorporarse a dicho régimen de seguridad social al resto de trabajadores, derivados de diversos juicios entablados en su contra. Todo lo anterior denota, que con su actuar, hasta este momento procesal, no concurre una verdadera progresividad en el cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la autoridad municipal; y por ende, existe evasiva de parte de las autoridades en cuestión para acatar el mandato. Multa efectiva. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de abril de la presente anualidad y se le impone una multa, de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento en pleno, integrado por: 1. Ayuntamiento en Pleno. 2. Presidente Mariano Guadalupe Rosales Zuart. 3. Síndico Irma Ruth Molina Salas. 4. Tesorero Juan Carlos Hidalgo Coronel. 5. Primer Regidor Carlos Mario Martínez del Solar. 6. Segundo Regidor Liseth Pérez Aguilar. 7. Tercer Regidor Roger de Coss Conde. 8. Cuarto Regidor Amparo Martínez Lara. 9. Quinto Regidor Ernesto Chacón Avendaño. 10. Sexto Regidor Carolina Guadalupe Rojas Montero. 11. Regidor Plurinominal Alejandra Niño Pérez. 12. Regidor Plurinominal Luis Henning Arguello. 13. Regidor Plurinominal Judith Minerva García Sarmiento. Primer requerimiento. En ese contexto, se requiere nuevamente a las autoridades vinculadas al cumplimiento, para que dentro del plazo de tres días, contadas a partir de que sean notificados, cumplan con lo siguiente: 1. Proporcionen en su persona y del Ayuntamiento que representan a este órgano de control constitucional, los siguientes datos: Nombre completo, clave en el Registro Federal de Contribuyentes con homoclaves, fecha de nacimiento y domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación política, según se trate), así como Clave Única de Registro de Población (CURP). Reserva. Resérvese de girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Chiapas "1" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto el Ayuntamiento en Pleno en comento, dé cumplimiento al requerimiento solicitado. Segundo requerimiento. Por otro lado, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al: Cabildo en Pleno del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Villaflores, Chiapas. Para que dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: i. Celebre una sesión de cabildo extraordinaria, para determinar, la procedencia o no, para disponer de un porcentaje del Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal, para el pago de las prestaciones económicas a favor del quejoso Juanito Hernández Pereyra. ii. Remitan de inmediato las constancias con las que acrediten haber realizado la inscripción de Juanito Hernández Pereyra, ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). Así mismo, es obligación de la responsable remitir debidamente requisitada la documentación que haga llegar a este órgano jurisdiccional; por cuanto, se trata de la etapa de ejecución de sentencia cuya observancia debe ser de manera inmediata y evitar cualquier práctica dilatoria que incida en el mismo; como acontece en el caso en estudio. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, dentro del término señalado, se le impondrá, a cada uno, de los integrantes de Ayuntamiento demandado, una multa de ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $15,561.00 (quince mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo.
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