Juana Ferman Hernandez

Expediente 1312/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1312/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Juana Ferman Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1312/2021-II. Puebla, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORI A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 1312/2021-II. Puebla, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó * por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación ..Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende lo que denomina como una orden de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación librada en su contra, al parecer, dentro de la carpeta de investigación **, así como su ejecución. Pero la emisión de dicho acto la atribuye únicamente a una autoridad ministerial, mientras que -afirma- el mismo será ejecutado por el Comandante de la Policía Ministerial del Municipio de Tepeyahualco. Ahora, el tercer párrafo del artículo 16 Constitucional3, así como la fracción III del artículo 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que a petición del Ministerio Público, sólo la autoridad judicial -Juez de Control- es quien podrá librar orden de aprehensión. Sin embargo, la quejosa no señaló a juez de control alguno -a quien atribuirle la emisión de la citada orden de aprehensión-; y, tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra; por el contrario, precisó que el acto que reclama deriva de una carpeta de investigación. Por tanto, es improcedente tener como acto reclamado en este juicio una orden de aprehensión, ya que las autoridades señaladas como responsables, tanto ordenadora como ejecutora, carecen de facultades para ordenar una orden de aprehensión, puesto que dichas facultades convergen en forma exclusiva a una autoridad judicial. Asimismo, no pasa por alto para el suscrito el contenido del párrafo seis del artículo 16, el cual establece que en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. No obstante, de los antecedentes narrados no se advierte la actualización de esa hipótesis, ni menos aún existan algún dato o circunstancia que pueda hacer llegar a esa conclusión. Lo anterior resulta así, puesto que la quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que personas quienes dijeron ser agentes de la Policía Ministerial, se presentaron en su domicilio particular exigiendo su presencia, ya que manifestaron llevar una orden de presentación dictada en su contra, emitida por el Agente de Ministerio Público de Investigación del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, logrando percatarse uno de sus vecinos que la orden emanaba de la carpeta de investigación *; por ende, es inconcuso que en el caso no se trata de una detención urgente que pudiera haber sido ordenada por el agente del ministerio público señalado como responsable. De modo que el reclamo planteado está circunscrito en realidad a una orden de presentación con fines de investigación emitida para la quejosa, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración al quejoso en una carpeta de investigación. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que el acto reclamado en la demanda, converge a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando vaya dirigida a esta, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un indiciado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el indiciado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al indiciado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por la quejosa, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con la fracción V del diverso 107, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales5, el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. También se invoca en apoyo a lo considerado, "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Por tanto, de conformidad con los 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Juana Ferman Hernández, porque los actos que reclamó en la demanda encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal del promovente. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio señalado en la demanda de amparo (ubicado en la Ciudad de Puebla). Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Romualdo Sánchez Avendaño por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, el resto de personas señaladas en la demanda quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado de manera expresa la quejosa. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1312/2021-II. Puebla, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó * por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación ..Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende lo que denomina como una orden de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación librada en su contra, al parecer, dentro de la carpeta de investigación **, así como su ejecución. Pero la emisión de dicho acto la atribuye únicamente a una autoridad ministerial, mientras que -afirma- el mismo será ejecutado por el Comandante de la Policía Ministerial del Municipio de Tepeyahualco. Ahora, el tercer párrafo del artículo 16 Constitucional3, así como la fracción III del artículo 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que a petición del Ministerio Público, sólo la autoridad judicial -Juez de Control- es quien podrá librar orden de aprehensión. Sin embargo, la quejosa no señaló a juez de control alguno -a quien atribuirle la emisión de la citada orden de aprehensión-; y, tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra; por el contrario, precisó que el acto que reclama deriva de una carpeta de investigación. Por tanto, es improcedente tener como acto reclamado en este juicio una orden de aprehensión, ya que las autoridades señaladas como responsables, tanto ordenadora como ejecutora, carecen de facultades para ordenar una orden de aprehensión, puesto que dichas facultades convergen en forma exclusiva a una autoridad judicial. Asimismo, no pasa por alto para el suscrito el contenido del párrafo seis del artículo 16, el cual establece que en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. No obstante, de los antecedentes narrados no se advierte la actualización de esa hipótesis, ni menos aún existan algún dato o circunstancia que pueda hacer llegar a esa conclusión. Lo anterior resulta así, puesto que la quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que personas quienes dijeron ser agentes de la Policía Ministerial, se presentaron en su domicilio particular exigiendo su presencia, ya que manifestaron llevar una orden de presentación dictada en su contra, emitida por el Agente de Ministerio Público de Investigación del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, logrando percatarse uno de sus vecinos que la orden emanaba de la carpeta de investigación *; por ende, es inconcuso que en el caso no se trata de una detención urgente que pudiera haber sido ordenada por el agente del ministerio público señalado como responsable. De modo que el reclamo planteado está circunscrito en realidad a una orden de presentación con fines de investigación emitida para la quejosa, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración al quejoso en una carpeta de investigación. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que el acto reclamado en la demanda, converge a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando vaya dirigida a esta, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un indiciado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el indiciado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al indiciado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por la quejosa, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con la fracción V del diverso 107, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales5, el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. También se invoca en apoyo a lo considerado, "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Por tanto, de conformidad con los 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Juana Ferman Hernández, porque los actos que reclamó en la demanda encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal del promovente. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio señalado en la demanda de amparo (ubicado en la Ciudad de Puebla). Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Romualdo Sánchez Avendaño por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, el resto de personas señaladas en la demanda quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado de manera expresa la quejosa. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase.

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