Juana Maria Perez Martinez
Expediente 748/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juana Maria Perez Martinez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA III.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE JUANA MARÍA PÉREZ MARTÍNEZ, SÍNTESIS DE LA DETERMINCAION DE NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por Juana María Pérez Martínez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 748/2019-III-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, se desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resulta factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyo es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En ese contexto, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado lo hace consistir en: "La omisión del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de dictar la sentencia correspondiente en los autos del Juicio de Amparo Directo 866/2017 de su índice." En ese contexto, se estima que en el caso respecto del acto precisado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]" En ese sentido, es importante señalar que la figura de la improcedencia es una institución jurídica por medio de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para estudiar y, por tanto, determinar si el acto o actos reclamados por la parte quejosa son o no inconstitucionales. Es decir, la improcedencia motiva que el órgano jurisdiccional de amparo no dirima la controversia constitucional que le ha sido planteada, cuyas hipótesis se encuentran previstas en la Constitución, la Ley de Amparo y en la jurisprudencia formada por el más alto tribunal del país y los tribunales colegiados de circuito. Asimismo, dicha institución es de estudio preferente e incluso, de oficio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado a través de sus criterios jurisprudenciales que los jueces y tribunales federales de amparo tienen la obligación de estudiar en principio si se actualiza o no alguna causa de improcedencia y, en caso de que así sea, deberá desechar la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en los ordinales 113 y 179 de la ley de la materia o, sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, en relación con el 63, de la legislación de amparo. Luego, cabe precisar que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los encargados de tutelar los derechos humanos y prerrogativas constitucionales mediante los diversos medios de control constitucional. De ese modo, cuando en una demanda de amparo se señale con el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Lo anterior, ya que dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. En ese sentido, la fracción VI, del citado precepto legal 61 de la Ley de Amparo, establece de manera clara que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; ello evidencia que al reclamar una conducta desplegada por un Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo indirecto es improcedente. De igual forma, debe decirse que la citada causa de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Por añadidura, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la tesis IX.1o.29 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página quinientos cuarenta y cuatro, del tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA"" En ese contexto, cabe acotar que los actos que reclama la quejosa al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, derivan de del juicio de amparo directo 866/2017, situación por la que no pueden ser analizados, pues ello iría en contra del principio de seguridad jurídica. Por tanto, es inconcuso que se actualiza plenamente la hipótesis legal prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo. Se aplica a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 1a. XIX/93, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, octava época, página ocho, con el rubro y texto: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO." También se aplica, por su contenido e identidad jurídica, la tesis I.9o.C.34 K, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, noviembre de dos mil cinco, materia común, novena época, página ochocientos treinta y ocho, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO ÉSTOS DECIDEN CUESTIONES DE LEGALIDAD EN JURISDICCIÓN ORDINARIA." Así, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Juana María Pérez Martínez, por derecho propio, contra actos del Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal antes invocado. DOMICILIO Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle dos ceros, número 243, entre Juárez y Zaragoza, de la colonia Hidalgo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de esta ciudad, asimismo, se advierte que la demanda de amparo que se provee, está suscrita en Tampico, Tamaulipas, circunstancia que deviene confusa, pues no se tiene seguridad si el domicilio se ubica en Tampico o en Ciudad Victoria, Tamaulipas; por tanto, al ser inexacto el domicilio de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano judicial, hasta en tanto subsane esa omisión. AUTORIZADOS Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su demanda, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa en su escrito de demanda. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por la Secretaria Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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