Juana Nelly Bolaños Cruz

Expediente 554/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
554/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Juana Nelly Bolaños Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    SE REMITE EN INCOMPETENCIA

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por Juana Nelly Bolaños Cruz, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Pánuco, Veracruz y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 554/2019-V-A. INCOMPETENCIA En principio, debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Por tanto, debe establecerse si este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal o no para conocer del presente asunto. En virtud de que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente, regulada en esta materia en el artículo 37 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo deberá decidirse en relación con ésta. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia, como sigue: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, y para el caso de que el acto reclamado no requiera de ella materialmente, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución reclamada, o en su caso, ante el cual se presente la demanda. Así, del artículo trascrito se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación de la naturaleza del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demanda que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la autoridad responsable de la ejecución de éste, será la encargada de afectar la esfera de derechos del gobernado. Ello es así, en virtud de que el propósito de la legisladora fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible a la gobernada, estableciendo reglas que lo facilitarán, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio; por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, debe tomarse en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el Juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias, y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o en su caso de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En esa tesitura, en el caso concreto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso, lo cual es acorde a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente por el derecho a la jurisdicción. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado entre otros, la entrega formal y material del bien inmueble ubicado en calle Violetas, de la Congregación Anáhuac, en Pueblo Viejo, Veracruz, en el juicio civil, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Pánuco, Veracruz, promovido por Servando Leija Pérez, por no haber sido oída ni vencida, en el procedimiento de origen. En esas condiciones, tomando en consideración que los actos reclamados deben tener ejecución en Pueblo Viejo, Veracruz, dado que ahí se encuentra el inmueble cuya entrega formal y material se requiere por la autoridad judicial citada, este órgano de control constitucional, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Sirve de apoyo por analogía la tesis de la Novena Época emitida por Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2288, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por tanto, tomando en consideración el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, es evidente que este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, carece de competencia legal para conocer de la presente demanda. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la competencia para el estudio constitucional de los actos reclamados se surte a favor del Juzgado de Distrito el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, que por turno corresponda. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes, y una vez que se encuentre debidamente notificada la parte promovente, remítase el cuaderno de la presente demanda y copias de la misma a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, para que lo hagan llegar al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, a fin de que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente, quien deberá manifestar si acepta o no la competencia para conocer del presente asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Gustavo Vargas Trujillo y Alicia Angélica López Antimo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por haberlo solicitarlo así la promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

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