Juana María Pérez López
Expediente 1370/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juana María Pérez López
Actuaciones
- Principal
MESA II.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE JUANA MARÍA PÉREZ MORALES Y/O JUANA MARÍA PÉREZ LÓPEZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:---------------------------- Vista la demanda de amparo promovida por Juana María Pérez Morales y/o Juana María Pérez López, contra actos del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 1370/2019-II-A. INCOMPETENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, en principio, debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Por tanto, se debe establecer si este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal o no, para conocer del presente asunto. Ahora bien, para realizar el estudio de la competencia de este órgano jurisdiccional, cabe traer a contexto el contenido de los artículos 34, 170 y 47 de la Ley de Amparo los cuales establecen: .. De los preceptos legales transcritos se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: -Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. -Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. -Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. -Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, son únicamente dos, a saber: -Las sentencias definitivas y laudos; y, -Las resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal. Ahora bien, en el caso concreto, al realizar un examen íntegro de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: -La sentencia número (143) ciento cuarenta y tres, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 75/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, en la que aduce como violaciones procesales en términos de lo dispuesto por el ordinal 172, fracción XII de la Ley de Amparo, las siguientes: -La diligencia de emplazamiento practicada a la quejosa en fecha diecinueve de agosto actual, en autos del juicio ejecutivo mercantil 75/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. -La resolución interlocutoria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la quejosa en contra de la diligencia de emplazamiento de diecinueve de agosto actual. -Todas las actuaciones judiciales en el juicio de origen, por no haberse dado cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. 1. En vía de consecuencia, la ejecución de la sentencia reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En las relatadas circunstancias, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa sentencia número 143 ciento cuarenta y tres, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve), constituye una resolución conclusiva dictada en el juicio del orden mercantil y su ilegalidad la hace derivar de las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento, las cuales de conformidad con los preceptos trascritos, son susceptibles de reclamarse en amparo directo, junto con la sentencia emitida. Lo anterior es así, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales. Por lo que, es indudable que las violaciones aducidas por la quejosa, se ubican dentro de la hipótesis prevista en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, las cuales únicamente son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo directo. En ese contexto, este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En efecto, en relación con las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia de rubro y texto: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese contexto, la quejosa en su escrito inicial de demanda en sus antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad refirió: "Ante el Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, existe radicado bajo el número 75/2019 un Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Sergio Eduardo Perales Martínez, en contra de la C. Juana María Pérez López, en cual me reclama entre otras prestaciones el pago de la cantidad de ***** (******) como suerte principal importe de un cheque.". Sobre esa línea de estudio, resulta oportuno traer a contexto el contenido del numeral 1339 del Código de Comercio el cual establece: Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a ***** (****) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. [.]" Bajo ese panorama, al estar en presencia de una sentencia definitiva, la cual en razón de su cuantía resulta irrecurrible, resulta obvia la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda intentada. Resulta de exacta aplicación la jurisprudencia de rubro y texto: RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia. En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto, una vez notificada la parte promovente del presente proveído por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, remítase de inmediato la demanda de cuenta y sus copias, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, Por conducto de su oficina de correspondencia común, con residencia en Ciudad Victoria, para que determine lo que en derecho proceda. Finalmente, se hace del conocimiento de Tribunal Colegiado que por turno corresponda, que en este Juzgado se tramitó el juicio de amparo 1120/2019-IV-B, promovido por la aquí quejosa, donde que señaló como actos reclamados los siguientes: -La diligencia de emplazamiento practicada a la quejosa en fecha diecinueve de agosto actual, en autos del juicio ejecutivo mercantil 75/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. - La resolución interlocutoria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la quejosa en contra de la diligencia de emplazamiento de diecinueve de agosto actual. Asimismo, que en el aludido juicio biinstancial, mediante proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo que le dio origen, por los motivos ahí expuestos; resolución que se tuvo causando ejecutoria en determinación de trece de noviembre del mismo año próximo pasado y se ordenó el archivo del citado juicio de amparo. Consecuentemente, por relacionarse con la materia del presente asunto, se ordena agregar al presente asunto copia certificada de las anteriores constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, de lo anteriormente expuesto, se advierte que la parte quejosa en la instancia citada juicio de amparo 1120/2019-IV-B, reclamó a la autoridad responsable de manera destacada la resolución interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la quejosa en contra de la diligencia de emplazamiento de diecinueve de agosto actual, por lo que ahora en la presente instancia el acto que reclama lo es la sentencia definitiva dictada dentro de los autos del juicio de origen y como violaciones procesales entre otras, la resolución emitida en el incidente de nulidad promovido contra el emplazamiento que le fue practicado. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Por lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes y déjese copia de la demanda para constancia legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, con el apercibimiento de que, de resultar impreciso, incorrecto, se encuentre cerrado, deshabitado o quien esté en ese lugar manifieste que no conoce a la inconforme o a sus autorizados, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso aquellas que conforme a la Ley deban hacerse en forma personal, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Se tiene como su autorizado en términos amplios artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adrián Soto Badillo, por contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final, segundo párrafo, del invocado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Ricardo y María del Carmen ambos de apellidos Muñiza Medina, en virtud de no acreditar ante este Juzgado, encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, cuanto a su petición de autorizar a las persona que indica para para promover electrónicamente en este asunto; dígase al promovente, que por el momento no ha lugar de acordar de conformidad su petición, toda vez que omite precisar el usuario en su escrito de cuenta, el cual resulta necesario para efectuar la autorización correspondiente. DIGITALIZACION Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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