Juana Isela Ponce Ruiz Esparza
Expediente 222/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juana Isela Ponce Ruiz Esparza
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas; en su carácter de Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; mediante el cual informa que requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas, para que dé cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos. Atento a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la totalidad de las autoridades den cumplimiento total al fallo protector de amparo. Notifíquese. -...
- Principal
.... Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, la promoción signada por la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a la que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el treinta de octubre de la presente anualidad, en el amparo en revisión administrativo 284/2023. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la concesión del amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables: El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: José Ignacio Sánchez González. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Así como de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: Verónica Yvette Hernández de Lara Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Ricardo Olivares Sánchez. Consejero Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Rodrigo Castañeda Miranda. Consejero Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado Ruth Angélica Contreras Rodríguez. Consejera Titular de la Coordinación Estatal de Planeación José Israel Chávez Leandro. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado, Municipios y organismos Paraestatales Óscar Castruita Hernández. Secretario General y Consejero Titular de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Héctor Manuel Fernández Medina. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas Para que, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que los efectos de la ejecutoria son los siguientes: "Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague a la quejosa ********************, la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintidós, derivada de la pensión por jubilación a la que tiene derecho y que no le ha sido pagada, sin que sea sujeta a reducción; y en el caso de insistir en suspender o reducir el monto, deberán promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Con la obligación de efectuar el pago de manera retroactiva, esto es, desde el momento en el que le fue suspendido el pago de la prestación en cuestión." Asimismo, remitan las constancias que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización (UMA) y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. En el entendido de que se deben agotar todos los medios y bienes que tenga a su alcance para cumplir con el fallo protector. También importa precisar que la autoridad señalada como responsable, Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, según diversos juicios que se llevan en este juzgado, manifestaron carecer de fondos, por ende, imposibilitadas para dar cumplimiento al fallo protector. Luego, de ser cierto ese escenario, el Gobierno del Estado ha realizado una planeación financiera en materia de solvencia y liquidez, que, en este caso, se traduce en la creación del Fondo de Saneamiento Financiero aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 por la legislatura del Estado, por el cual se establecen la asignación, destino y ejercicio de recursos públicos determinados presupuestalmente como apoyo para el Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional de diversos Entes Públicos, porque, en los últimos años advirtió que diferentes Entes Públicos han tenido que enfrentar situaciones complejas similares a las que el Poder Ejecutivo enfrentó al inicio de su administración, que se traducían en riesgos financieros importantes que en la actualidad mantienen en peligro su estabilidad financiera integral. Según su análisis sobre los riesgos que pueden repercutir en las finanzas públicas del Estado, destacó la situación financiera grave que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su modelo de pensión existente que se basa en un sistema de solidaridad o reparto, en el que las pensiones de los jubilados se pagan con las cuotas de los trabajadores en activo de la administración pública estatal; y actualmente el Instituto subsiste con más de diecinueve mil derechohabientes en activo y de las aportaciones patronales de los Entes Públicos, por lo que se requiere de una urgente reestructuración de sus ingresos. Para efectos de lo anterior, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 84, 86 y 138, párrafos primer y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículos 25, fracción II y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; artículo 14 y demás relativos del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023, así como los artículos 1, 2 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, expidió los "LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN, DESTINO Y EJERCICIO FISCAL DEL FONDO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2023" publicados el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el suplemento al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 13, Tomo CXXXIII, en lo que interesa dispone: "OBJETIVO GENERAL "Artículo 1. El objetivo de los presentes Lineamientos es establecer la asignación, destino y ejercicio de los recursos del Fondo de Saneamiento Financiero del ejercicio fiscal 2023, consistente en el otorgamiento de recursos públicos destinados para el Fortalecimiento Institucional, así como para el saneamiento de las finanzas de los Entes Públicos a través del pago que realicen de sus Obligaciones Financieras, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos. El otorgamiento de dichos recursos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y de flujo que se tenga en la Secretaría." RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO "Artículo 3. Los Entes Públicos beneficiados con el Fondo de Saneamiento serán estrictamente responsables de la ejecución de los recursos públicos que les sean otorgados dentro del marco legal que los regule, así como de los plazos para su ejecución, además atenderán para su ejercicio, las disposiciones normativas en materia de gasto público, rendición de cuentas y los presentes Lineamientos. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO "Artículo 4. Los Lineamientos se encuentran con la siguiente alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Principio Rector 1. Hacia una Nueva Gobernanza. Política Pública 1.4 Finanzas Sanas. Cuyo objetivo es sanear las finanzas públicas para orientar el gasto responsablemente a la generación de valor público y bienestar social. Estrategias: 1.4.1 Implementar en el Poder Ejecutivo, e impulsar en los otros Poderes y órdenes de gobierno, una política responsable de disciplina y austeridad como eje del ejercicio del presupuesto público. 1.4.4 Impulsar alternativas para la disminución del costo de la deuda. 1.4.6 Impulsar y gestionar acciones para el saneamiento financiero del sector educativo." INTEGRACIÓN "Artículo 6. El Fondo de Saneamiento será integrado por los recursos previstos en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos, los derivados de la revolvencia, así como las demás asignaciones extraordinarias que de acuerdo con la disponibilidad financiera se determinen." APLICACIÓN DEL FONDO DE SANEACIÓN "Artículo 7. La Secretaría asignará recursos del Fondo de Saneamiento, los cuales son considerados recursos no regularizables, para apoyar a los Entes Públicos cuya aplicación o destino sea el cumplimiento de sus Obligaciones Financieras, o para su Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes que presenten los Entes Públicos deberán establecer objetivos, acciones, metas y recursos complementarios para cubrir las Obligaciones Financieras o el Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes presentadas incluirán el proyecto que podrá referirse a uno o varios de los destinos siguientes: A) Pago de Obligaciones Financieras: I. Pago de Créditos Fiscales Firmes; II. Pago del entero de adeudos por retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; III. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IV. Pago de impuestos y contribuciones locales por ISN y Control vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; V. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISN y Control Vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VI. Pago de laudos; VII. Regularización de aportaciones patronales al ISSSTEZAC del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VIII. Amortizaciones de los adeudos al IMSS del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IX. Pago de otras obligaciones financieras, y X. Pago de otras obligaciones patronales de seguridad social del ejercicio fiscal 2022 y anteriores. (.). REQUSITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL FONDO "Artículo 8. Los Entes Públicos deberán presentar a la Secretaría solicitud por escrito de los recursos que les sean necesarios para realizar los objetivos descritos en los Incisos A) y B) del artículo 7 de estos Lineamientos con la debida justificación de su objetivo." "Artículo 9. Las solicitudes deberán ser presentadas ante los enlaces siguientes de la Secretaría: ENTE PÚBLICO ENLACE 1. Municipios del Estado y sus Entes 1. Dirección de Coordinación. 2.Poderes, Organismos Descentralizados y Órganos Autónomos 2. Dirección de Presupuesto 3. Organismos Descentralizados de Educación. 3. Dirección de Gestión Financiera del Sector Educativo. VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE SOLICITUDES "Artículo 10. Los enlaces de la Secretaría recibirán las solicitudes por parte de los Entes Públicos con la finalidad de verificar que cumplan con lo establecido en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos. Cada enlace turnará a la Dirección de Presupuesto las solicitudes que cumplan con lo señalado en el párrafo anterior mediante memorándum. Las solicitudes recibidas que no cuenten con la información necesaria serán rechazadas por el enlace que corresponda, con las observaciones encontradas, en un periodo de 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se recibieron." DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA PRESENTAR POS LOS ENTES PÚBLICOS "Artículo 11. Los Entes Públicos, a través del Enlace que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de estos Lineamientos, presentarán la Documentación con la que se acredite el destino especificado en su solicitud para recibir recursos del Fondo de Saneamiento, en 2 momentos como sigue: A). Al hacer la Solicitud: I. Solicitud por escrito para ser beneficiarios del Fondo de Saneamiento especificando la cantidad a solicitar y una breve descripción del origen del adeudo, así como especificar si habrá recursos complementarios para el pago a realizar. II. Documentación comprobatoria del adeudo emitida por la autoridad competente. III. Plan de amortización del adeudo, que incluya lo recursos complementarios con que cuenta el Ente Público. IV. Registro contable del adeudo. B) Una vez autorizada la solicitud: I. Convenio firmado, anexando: 1. Identificaciones del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 2. Documentación con la que se acredite la personalidad y/o nombramiento del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 3. Comprobante de domicilio del Ente Público. II. Comprobante Digital por Internet (CFDI) conforme al Plan de Pagos que se establezca en el Convenio. III. Certificación de la cuenta bancaria donde se realizará la transferencia por parte de la Secretaría para la administración de los recursos. Así como la demás documentación que el enlace considere necesaria para acreditar la viabilidad del apoyo." AUTORIZACIÓN DEL RECURSO "Artículo 12. En el Presupuesto de Egresos, fue aprobada una asignación por 150 millones de pesos para el Fondo de Saneamiento, el cual se destina y/o distribuye como se señala a continuación: I. La cantidad de 100 millones de pesos para el saneamiento financiero del ISSSTEZAC, así como para los adeudos que el COBAEZ tiene con el referido Instituto. II. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Legislativo; III. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial, y IV. Los remanentes, así como los recursos derivados de la Revolvencia y asignaciones extraordinarias aportadas al Fondo de Saneamiento serán autorizadas por la Secretaría. Los Entes Públicos a los que se refieren las fracciones I, II y III no se encuentran exentos de las obligaciones señaladas en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos para la aprobación y transferencia del apoyo." "Artículo 13. La Secretaría a través de su titular, previo dictamen de viabilidad presupuestaria que emita la Dirección de Presupuesto, autorizará a los Entes Públicos el monto de los recursos que hayan sido solicitados, quienes serán notificados de ello a través del Enlace que recibió su solicitud." CONVENIO "Artículo 14. Una vez que la Secretaría autorice la asignación del recurso al Ente Público, a través del Enlace que recibió su solicitud, se procederá a la suscripción del Convenio de Transferencia, Ejecución y Comprobación de Recursos Públicos, al cual se deberá anexar la documentación establecida en el artículo 11 inciso B) de estos Lineamientos." "Artículo 15. Para la entrega de los recursos autorizados del Fondo, los Entes Públicos previamente deberán contratar y/o aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva en la que le será transferido por parte de la Secretaría el recurso que corresponda de acuerdo a sus solicitudes, lo anterior para efectos de la identificación, registro y control de éstos. Notificando con oportunidad dicha información a la Secretaría." Entonces, conforme a los preceptos legales transcritos se desprende, en lo substancial, que de acuerdo a los artículos 14, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Séptimo Transitorios del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2023, se autorizó a la Secretaría de Finanzas otorgar, cuando así lo soliciten, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos Autónomos, Municipios de la Entidad y a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el Saneamiento Financiero, así como para su Fortalecimiento Institucional, todo en función de la disponibilidad presupuestaria que determine la Secretaría, recursos del Fondo para el Saneamiento Financiero 2023 que en relación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, cuenta con saneamiento financiero hasta de $100´000,000.00 (cien millones de pesos en moneda nacional); por lo anterior, se considera que las responsables están en aptitud de realizar gestiones a fin de cumplir con la sentencia de amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, en términos de los artículos 4, 7, 14 y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a efecto de que ordene a los miembros de la Junta Directiva y Director General de dicho instituto el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente. En el entendido de que no bastará con el hecho de que como superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente; sino, que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a sus subordinados a fin de lograr el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, este órgano jurisdiccional considerará insuficiente su intervención de superior jerárquico y, por tanto, también se hará acreedor a las mismas sanciones correspondientes a las autoridades obligadas a cumplir con la sentencia. Lo anterior, es así, toda vez que el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquico de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento por parte de las autoridades que supervisa. Por tanto, el actuar del superior jerárquico implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento cabal del fallo protector y no solamente actuar como autoridad recordatoria, expectante o intermediaria, sino que debe ir más allá, toda vez que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible a su alcance para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, registro 2025145, del texto y rubro siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." En la inteligencia que la multa con la que se apercibe a las autoridades responsables en la etapa de ejecución del fallo protector en primera instancia, debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su propio peculio y de esta forma la medida de apremio adquiera efectividad, y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Incluso, en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo prevé la imposición de la multa y si persiste la renuencia, evasiva, procede la destitución e inhabilitación; y en último extremo, la consignación ante el juez penal, para la imposición de la pena de privación de la libertad de la persona física que incurra en los supuestos descritos en las fracciones que lo integran; en tanto que el diverso 269 de la misma ley, precisa que la pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Véanse también las jurisprudencias 1a./J. 43/2022 (11a.), 2a./J. 103/2014 (10a.) y 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de título y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se otorgó la protección constitucional para que un cuerpo colegiado de naturaleza administrativa emitiera una determinación al que se requirió el incumplimiento, y ante su omisión, fue sancionado sin identificar a las personas que lo integran. Criterio jurídico: Cuando la autoridad obligada al cumplimiento de una sentencia de amparo sea un cuerpo colegiado, es insuficiente que se le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran." "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.)." Por último, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en caso de ser contumaz, una vez que sean impuestas las sanciones económicas, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Suplente de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Director de Administración y Finanzas, Presidenta de la Junta Directiva y Director General todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Zacatecas (ISSSTEZAC). Con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual forma, de conformidad con el numeral 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados a los profesionistas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, así como proporcionando el correo electrónico que cita. Como también lo solicitan, en términos de los artículos 77 y 78 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "guillermoaranda", para consultar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. De igual manera, manifiestan que la Auditoría Superior del estado de Zacatecas debe ser considerada como parte en el juicio en que se actúa; sin embargo, dicha autoridad no reúne las características de tercero interesado, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en todo caso, debe ser considerada como autoridad responsable. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, se determina requerir a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles legalmente computados, manifieste: Si es su deseo señalar como autoridad a la Auditoría Superior del estado de Zacatecas y como acto reclamado el Informe Específico de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado derivado de la investigación número ASE/003/2020 practicada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por el periodo comprendido del quince de septiembre del año dos mil diez al treinta y uno de enero de dos mil veinte, en particular al resultado EXP-INV-ISSSTEZAC-018, Observación 018 y Acción a Promover EXP-INV-ISSSTEZAC-025, Recomendación. De ser así, cumpla con los requisitos a que se refiere el ordinal 108 de la ley de la materia; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuará el trámite del presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades responsables indicados en el escrito inicial de demanda. En otro aspecto, se advierte que el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa se traduce en un acto materialmente administrativo consistente en la omisión de pago de aguinaldo que debió haberse pagado a más tardar el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, sin que exista fundamento legal o documento que justifique el actuar de las responsables. Ahora bien, toda vez que del contenido del informe justificado correspondiente a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, se advierte que manifiesta las razones y fundamentos en los que se apoyó para emitir el acto que ahora se le reclama; luego, tomando en consideración la naturaleza del presente sumario y con fundamento en el último párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa con dicho comunicado para que dentro del plazo de quince días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten si es su deseo ampliar la demanda de derechos respecto a la motivación y fundamentación plasmada en el informe justificado de que se habla en líneas precedentes. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO O DE HACERLO SIN COMPLEMENTAR LA FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUÉLLOS ADUCIDA EN LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De acuerdo con el artículo 117, primero, cuarto y último párrafos, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deben rendir su informe con justificación a través de los medios previstos en la propia norma, en el cual expondrán, entre otros aspectos, las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, mientras que respecto de los actos materialmente administrativos se establece una regla específica, consistente en que cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable deberá, en su correspondiente informe justificado, complementar en esos aspectos el acto reclamado; en caso de que realice esa complementación, deberá correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que pueda ampliar su demanda en el plazo legalmente determinado, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación, y con la cual se dará vista a las propias responsables, así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Por su parte, el diverso numeral 124, último párrafo, de esa ley, igualmente contiene una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación en los asuntos del orden administrativo, atinente a que debe considerarse la que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementarlo, y si a pesar de esa complementación se concluye la falta o insuficiencia de dichos requisitos formales, entonces se estimará que el acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. De lo anterior se colige que esta última porción normativa complementa la regulación que sobre el tema en cuestión, esto es, la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, se introduce en el artículo 117, último párrafo, para los actos materialmente administrativos. En consecuencia, este último precepto, en relación con los actos materialmente administrativos respecto de los que se aduzca falta o insuficiente fundamentación y motivación, prevé dos hipótesis, a saber: 1. Que al rendir el informe con justificación la autoridad responsable complemente el acto reclamado en esos aspectos; y, 2. Que ésta omita rendir ese informe o que haciéndolo, no realice esa complementación. Así, respecto del primer supuesto, el mencionado artículo 124, último párrafo, indica que, al dictar la sentencia definitiva debe considerarse la complementación efectuada y que, en el supuesto de que, aun ante ese adicionamiento, el acto reclamado carezca de los requisitos mencionados, se considerará que contiene un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración, en tanto que, tocante a la segunda hipótesis, esto es, la consistente en que la autoridad responsable omita rendir su informe con justificación o lo haga, pero sin complementarlo en esos aspectos, la ley de la materia no señala consecuencia expresa alguna al pronunciar la sentencia relativa; por lo cual, en ese caso, la sentencia deberá ajustarse a los requisitos que al efecto establece el diverso artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme a la litis que se advierta del acto reclamado, los conceptos de violación planteados y el correspondiente informe de ley." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. ...
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.... Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a Juana Isela Ponce Ruiz Esparza, promoviendo demanda de amparo contra actos de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número 222/2023, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. Al respecto conviene destacar que los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, facultan a los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, a celebrar audiencias por el método de videoconferencias durante el periodo de contingencia sanitaria. Por lo tanto, si las partes consideran indispensable su asistencia en la audiencia constitucional, podrán solicitarlo a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones tecnológicas necesarias para establecer el enlace correspondiente, en la inteligencia que dicha asistencia no es obligatoria, pues el numeral 124 de la Ley de Amparo, la establece como una posibilidad, no como una carga procesal. De ahí que se pone a su disposición el correo oficial de este Juzgado de Distrito 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx, para la recepción de alegatos por escrito a que hace referencia dicho numeral. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Por otro lado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán presentar las promociones que a su parte corresponden, haciendo uso de los medios reconocidos por la Ley de Amparo, esto es, en forma escrita, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, en relación con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues si bien es cierto que el referido artículo 3° de la ley de la materia, reconoce los escritos en forma electrónica, los que producirán los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como la opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales; también lo es que los mismos deben presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica (FIREL) de conformidad con el conforme a lo dispuesto por el citado artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previo registro en éste. De ahí que, no será asequible tener por recibidas las promociones presentadas por su parte, vía correo electrónico. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a las demás partes, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento, de ser así remitan las constancias que la acrediten. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Eduardo Rodríguez Rodarte, Jimena Rojas Hernández, María Hildam Sughey Poblano Ibarra, Ana Laura Hernández Torres y Lissel Segura Nájera, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a Ivonne Rivero Rivera, Paulina Elvira Rubio Huerta, Penélope Yazmín Pérez Martínez y Gustavo Ramos Gaytán, por así haberlo solicitado; asimismo, téngase como domicilio procesal el que señala en su ocurso. Asimismo, en términos de los artículos 77 a 81 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los usuarios "Charly" e "iriverar", a consultar el expediente electrónico, así como a notificarse electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan en el presente juicio de amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. En consecuencia, habilítese la consulta de las actuaciones que integran el presente juicio a través del expediente electrónico; por tanto, gírense instrucciones al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que la representante adscrita a este órgano jurisdiccional, con usuario autorizado "hectorR" visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa y se le notifique electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su ocurso, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda; así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana e instrumental de actuaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados; con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A HACER USO DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SE FACULTA AL ACTUARIO TESTAR DENOMINACIÓN INCORRECTAS DE AUTORIDADES. En caso de que, al momento de la notificación a las autoridades responsables, el actuario sea informado que la denominación es incorrecta y que por esa razón se rehúsen a recibir el oficio, se faculta al notificador para que, en el acto, teste la denominación incorrecta y de puño y letra consigne el nombre de la autoridad que le sea proporcionado, a fin de que el oficio sea recibido; realizará lo mismo con el acuse de recibo el cual hará las veces de certificación. En la inteligencia de que las autoridades quedan obligadas a su recepción. REMISIÓN DE OFICIOS. Finalmente, se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese. ...
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