Juana Félix Ortiz
Expediente 1688/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1688/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juana Félix Ortiz
- Jefe de la Central de Notificadores Y Actuarios del Distrito Judicial de Zacatecas, Con Sede En la Ciudad de Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
En nueve de octubre de dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de abril del año en curso, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, causó ejecutoria y se ordenó el archivo del mismo. Ahora bien, toda vez que carece de objeto la permanencia en este Juzgado, de las copias certificadas del juicio de ejecutivo mercantil ******************** que remitió el Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, como apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a dicha autoridad las citadas documentales. Se solicita acuse de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. HGO.
- Principal
Juicio de Amparo: 1688/2018 El nueve de abril de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para la parte quejosa del veintiséis de marzo al ocho de abril de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de marzo del dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 1688/2018. Que dentro de dicho juicio sí se tramitó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva, sin que se haya exhibido billete de depósito. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el catorce de marzo del dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento, por lo que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1688/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juana Félix Ortiz, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales señalados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior en virtud que los actos que la parte quejosa reclama tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto de la demanda de garantías con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así las cosas, debe decirse que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, lo siguiente: El auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de su índice, en el que entre otras cosas, se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de Juana Félix Ortiz, aquí quejosa; así como su ejecución. Realizada la precisión anterior, se procede a determinar sobre la existencia o no de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados descritos en el considerando precedente, que la parte quejosa les atribuye al Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, pues así lo manifestó la segunda de las responsables en comento al rendir su informe justificado (foja 29). En tanto que si bien el Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto que se le reclama (foja 32), lo cierto es que dicha negativa queda desvirtuada en virtud de sus propias manifestaciones en las que se evidencia la certeza del acto que se le atribuye. Apoya lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, publicada en la página 391 del tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 246/2018 (tomo de pruebas); documentales que adquieren el carácter de documentos públicos lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En la especie, el suscrito considera que en relación al acto reclamado atribuido al Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de su índice, en el que entre otras cosas, se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la parte demandada Juana Félix Ortiz, aquí quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, cuyo dispositivo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley que rige el acto reclamado, particularmente respecto de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en el caso concreto se precisa que el artículo 1165 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo. Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor para que se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud. De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las seis y hasta las setenta y dos horas siguientes. También el actuario o ejecutor podrá, sin necesidad de providencia judicial, trasladarse a otro u otros domicilios en el que se pueda encontrar el deudor, con la obligación de dejar constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un máximo de cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se darán por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e intimado dos veces rehúse contestar si es o no es suya la firma, se tendrá por reconocida, y así lo declarará el juez. Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la cantidad que deje de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma origen o monto del adeudo. Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público. Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior. Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del promovente y a su costa. El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios acompañando la copia certificada como documento fundatorio de su acción, copias simples de éstas y demás que se requieran para traslado al demandado, y se acumularán los dos expedientes y en su caso se despachará auto de ejecución. Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." De dicho numeral, se desprende que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, de ahí que es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 12/2016, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011695, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, que a continuación se transcribe. "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." Ahora bien, en el caso en concreto, es menester precisar el contenido del primer párrafo del artículo 1339 del Código de Comercio, aplicable a la fecha de la emisión del acto reclamado, que es del tenor siguiente: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." Así las cosas, conforme al precepto antes transcrito, se advierte que sólo son impugnables a través de la apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda la cantidad de $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.), sin tomarse en cuenta los intereses moratorios y demás accesorios reclamados. En el caso, de las copias certificadas del juicio natural remitidas como anexo por el Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe con justificación, se advierte que el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de origen, fue promovido por José Pedro Miguel Ángel Martínez Realzola, Jesús Esteban Saucedo Jaramillo, Laura Carranza Fraire y Luis Javier Espinoza Peña, endosatarios en procuración de la moral Hermanos Batta, Sociedad Anonima de Capital Variable, aquí parte tercera interesada, contra la ahora quejosa Juana Félix Ortiz, como obligada principal, procedimiento en el que se reclamó el pago de la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas). Bajo ese contexto, se desprende que en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de su índice, en el que entre otras cosas, se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la demandada, aquí parte quejosa, no procede el recurso de apelación; sin embargo, por exclusión al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el citado numeral, resulta incuestionable que procede el recurso de revocación a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, el cual señala: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". De ahí que al tener la parte quejosa la calidad de parte formal en el juicio de origen, no existe razón para relevarla de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente el acto reclamado en cuestión mediante el citado recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no existe motivo alguno de liberar a la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario de manera previa a acudir al juicio de amparo, máxime que la relación jurídico-procesal quedo bien establecida y consentida. Esto último se precisa, pues la única excepción al principio de definitividad que en caso podría cobrar actualización conforme a las reglas contenidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta la naturaleza del juicio de que deriva el acto reclamado es que la quejosa fuera tercera extraña al juicio; sin embargo en autos quedo debidamente acreditado que Juana Félix Ortiz, aquí quejosa, es la demandada principal en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018, del índice del Juzgado del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por lo que el hecho de que aún no haya sido emplazada no es un argumento válido para intentar excepcionarse de acatar el principio de definitividad, pues esto podrá hacerlo una vez que se integre a la relación jurídico procesal. Cuanto más, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio pues en este aún no se ha dictado sentencia, por lo que está en plena capacidad de integrarse a la relación jurídico procesal y, con ello, hacer valer todos los recursos ordinarios que tenga a su alcance para impugnar la legalidad del auto que pretender controvertir ante esta instancia constitucional. Es aplicable al argumento expuesto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con registro 196802, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Civil, Tesis: II.2o.C.T.34 C, página: 508 de rubro y texto siguiente: "JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO. Si en el amparo indirecto que se promueve en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el acto reclamado surgió de un juicio ejecutivo mercantil en el que la suerte principal no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo y lo constituye el auto admisorio de la demanda que dio origen a la controversia que por su naturaleza se tramita ante un juzgado de cuantía menor, como el auto de exequendo es una resolución que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del ejecutado, resulta incuestionable que éste puede interponer contra dicho auto admisorio el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el numeral 1340 del último ordenamiento mencionado, cuyo medio de impugnación sólo procede cuando se trata de asuntos de cuantía superior y, actuar en contrario, transgrede garantías individuales". En el entendido que si bien la irreparabilidad del acto dispensa a la quejosa de esperar al dictado de una sentencia definitiva, ante la premura de que se estudie la constitucionalidad del acto que le genera la afectación de un derecho sustantivo; sin embargo, por disposición constitucional, aun en ese supuesto, el gobernado tiene la carga de cumplir con el principio de definitividad, según la regla prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Norma Fundamental. En ese orden de ideas, aun cuando el acto reclamado por el quejoso (auto de exequendo) pudiera constituir un acto de imposible reparación, por la afectación que dicho acto puede generar, tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad. Por ende, es evidente que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la acción de amparo, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Razón por la cual debe sobreseerse en el juicio, atento al contenido del precepto 63, fracción V, de la citada ley, por cuanto hace al acto reclamado por la quejosa atribuido al Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en el supracitado auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, al emanar del acto emitido por la ordenadora, y no reclamarse por vicios propios. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas, tendentes a demostrar la violación de derechos humanos aducida. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Juana Félix Ortiz, por propio derecho, acorde a las razones expresadas en la última consideración de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza, hasta hoy catorce de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JUANA FÉLIX ORTIZ, LA DETERMINACIÓN DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "... VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1688/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juana Félix Ortiz, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales señalados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior en virtud que los actos que la parte quejosa reclama tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto de la demanda de garantías con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así las cosas, debe decirse que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, lo siguiente: El auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de su índice, en el que entre otras cosas, se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de Juana Félix Ortiz, aquí quejosa; así como su ejecución. Realizada la precisión anterior, se procede a determinar sobre la existencia o no de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados descritos en el considerando precedente, que la parte quejosa les atribuye al Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, pues así lo manifestó la segunda de las responsables en comento al rendir su informe justificado (foja 29). En tanto que si bien el Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto que se le reclama (foja 32), lo cierto es que dicha negativa queda desvirtuada en virtud de sus propias manifestaciones en las que se evidencia la certeza del acto que se le atribuye. Apoya lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, publicada en la página 391 del tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 246/2018 (tomo de pruebas); documentales que adquieren el carácter de documentos públicos lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En la especie, el suscrito considera que en relación al acto reclamado atribuido al Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de su índice, en el que entre otras cosas, se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la parte demandada Juana Félix Ortiz, aquí quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, cuyo dispositivo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley que rige el acto reclamado, particularmente respecto de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en el caso concreto se precisa que el artículo 1165 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo. Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor para que se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud. De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las seis y hasta las setenta y dos horas siguientes. También el actuario o ejecutor podrá, sin necesidad de providencia judicial, trasladarse a otro u otros domicilios en el que se pueda encontrar el deudor, con la obligación de dejar constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un máximo de cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se darán por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e intimado dos veces rehúse contestar si es o no es suya la firma, se tendrá por reconocida, y así lo declarará el juez. Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la cantidad que deje de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma origen o monto del adeudo. Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público. Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior. Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del promovente y a su costa. El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios acompañando la copia certificada como documento fundatorio de su acción, copias simples de éstas y demás que se requieran para traslado al demandado, y se acumularán los dos expedientes y en su caso se despachará auto de ejecución. Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." De dicho numeral, se desprende que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, de ahí que es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 12/2016, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011695, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, que a continuación se transcribe. "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." Ahora bien, en el caso en concreto, es menester precisar el contenido del primer párrafo del artículo 1339 del Código de Comercio, aplicable a la fecha de la emisión del acto reclamado, que es del tenor siguiente: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." Así las cosas, conforme al precepto antes transcrito, se advierte que sólo son impugnables a través de la apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda la cantidad de $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.), sin tomarse en cuenta los intereses moratorios y demás accesorios reclamados. En el caso, de las copias certificadas del juicio natural remitidas como anexo por el Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe con justificación, se advierte que el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de origen, fue promovido por José Pedro Miguel Ángel Martínez Realzola, Jesús Esteban Saucedo Jaramillo, Laura Carranza Fraire y Luis Javier Espinoza Peña, endosatarios en procuración de la moral Hermanos Batta, Sociedad Anonima de Capital Variable, aquí parte tercera interesada, contra la ahora quejosa Juana Félix Ortiz, como obligada principal, procedimiento en el que se reclamó el pago de la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas). Bajo ese contexto, se desprende que en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018 de su índice, en el que entre otras cosas, se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la demandada, aquí parte quejosa, no procede el recurso de apelación; sin embargo, por exclusión al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el citado numeral, resulta incuestionable que procede el recurso de revocación a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, el cual señala: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". De ahí que al tener la parte quejosa la calidad de parte formal en el juicio de origen, no existe razón para relevarla de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente el acto reclamado en cuestión mediante el citado recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no existe motivo alguno de liberar a la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario de manera previa a acudir al juicio de amparo, máxime que la relación jurídico-procesal quedo bien establecida y consentida. Esto último se precisa, pues la única excepción al principio de definitividad que en caso podría cobrar actualización conforme a las reglas contenidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta la naturaleza del juicio de que deriva el acto reclamado es que la quejosa fuera tercera extraña al juicio; sin embargo en autos quedo debidamente acreditado que Juana Félix Ortiz, aquí quejosa, es la demandada principal en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018, del índice del Juzgado del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por lo que el hecho de que aún no haya sido emplazada no es un argumento válido para intentar excepcionarse de acatar el principio de definitividad, pues esto podrá hacerlo una vez que se integre a la relación jurídico procesal. Cuanto más, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio pues en este aún no se ha dictado sentencia, por lo que está en plena capacidad de integrarse a la relación jurídico procesal y, con ello, hacer valer todos los recursos ordinarios que tenga a su alcance para impugnar la legalidad del auto que pretender controvertir ante esta instancia constitucional. Es aplicable al argumento expuesto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con registro 196802, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Civil, Tesis: II.2o.C.T.34 C, página: 508 de rubro y texto siguiente: "JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO. Si en el amparo indirecto que se promueve en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el acto reclamado surgió de un juicio ejecutivo mercantil en el que la suerte principal no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo y lo constituye el auto admisorio de la demanda que dio origen a la controversia que por su naturaleza se tramita ante un juzgado de cuantía menor, como el auto de exequendo es una resolución que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del ejecutado, resulta incuestionable que éste puede interponer contra dicho auto admisorio el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el numeral 1340 del último ordenamiento mencionado, cuyo medio de impugnación sólo procede cuando se trata de asuntos de cuantía superior y, actuar en contrario, transgrede garantías individuales". En el entendido que si bien la irreparabilidad del acto dispensa a la quejosa de esperar al dictado de una sentencia definitiva, ante la premura de que se estudie la constitucionalidad del acto que le genera la afectación de un derecho sustantivo; sin embargo, por disposición constitucional, aun en ese supuesto, el gobernado tiene la carga de cumplir con el principio de definitividad, según la regla prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Norma Fundamental. En ese orden de ideas, aun cuando el acto reclamado por el quejoso (auto de exequendo) pudiera constituir un acto de imposible reparación, por la afectación que dicho acto puede generar, tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad. Por ende, es evidente que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la acción de amparo, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Razón por la cual debe sobreseerse en el juicio, atento al contenido del precepto 63, fracción V, de la citada ley, por cuanto hace al acto reclamado por la quejosa atribuido al Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en el supracitado auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 246/2018. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, al emanar del acto emitido por la ordenadora, y no reclamarse por vicios propios. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas, tendentes a demostrar la violación de derechos humanos aducida. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Juana Félix Ortiz, por propio derecho, acorde a las razones expresadas en la última consideración de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza, hasta hoy catorce de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. ..."
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