Juana Iveth Lara Rodríguez

Expediente 197/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
197/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Cincuenta Y Tres de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Zacatecas
  • Juana Iveth Lara Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del diez al dieciséis de los corrientes; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de dos de marzo de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 197/2017-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen constancias que devolver a la autoridad responsable. Conste. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este juzgado el dos de marzo del año en cuso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juana Iveth Lara Rodríguez; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En atención a lo anterior, y toda vez que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, se haya allegado algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Karla

  2. Principal

    CUENTA. El dos de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la juez con lo siguiente: Juicio de amparo 197/2017, formado con la demanda de amparo promovida por Juana Iveth Lara Rodríguez, registrada con el número de folio 2438, copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Iván Navarro Solís y Gustavo Castillo Vera, si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Escrito signado por la quejosa Juana Iveth Lara Rodríguez, por el que da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintiuno de febrero del año en curso, con registro 2872.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE ESCRITO ACLARATORIO. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Juana Iveth Lara Rodríguez, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintiuno de febrero del año en curso. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Toda vez que ya se registró el expediente en el libro de gobierno, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, los actos reclamados se hacen consistir en lo que enseguida se transcribe: "Del Actuario de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje la falta de emplazamiento a juicio a los demandados INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES Y MINERA MADERO, SA DE C.V., en el juicio laboral que promoví y radicado bajo el expediente número 305/2016. b) De la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje que no acate la disposición contenida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que ha diferido en dos ocasiones la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a que se refiere el artículo 895 de la Ley Federal del Trabajo.". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de ordenar el emplazamiento al juicio laboral de origen de los demandados Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El cinco de agosto de dos mil dieciséis, la ahora quejosa promovió juicio laboral contra Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ante la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Luego, el expediente se registró con el número 305/2016 que le correspondió, en el que, inicialmente se señalaron las nueve horas del siete de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la cual no se llevó a cabo por falta de emplazamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable. 3. Posteriormente se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de enero de la presente anualidad, la que, tampoco se llevó a cabo por los motivos expuestos en el párrafo que antecede. 4. Finalmente, se señalaron las once horas con treinta minutos del veintiocho de abril del año en curso, para la celebración de la indicada audiencia. Además, la quejosa aduce, que no obstante que las notificaciones deben practicarse dentro del término de cinco días, contado a partir de la fecha de emisión de la resolución a notificar, no se ha llevado a cabo el emplazamiento a juicio de las referidas demandadas. La tardanza anterior es de la que se duele la impetrante del amparo. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio; en cambio, existen otros que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que, desde luego, desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. Sin embargo, esta clara distinción entre actos intraprocesales y actos afectatorios de derechos fundamentales como directriz a seguir para denotar la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no es absoluto, puesto que existen otras violaciones adjetivas o intraprocesales que también pueden ser consideradas como actos de imposible reparación, porque pueden ser tan trascendentes como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir los derechos fundamentales de modo irreparable. En este orden de ideas y sobre las bases expuestas, debe efectuarse un análisis jurídico para dilucidar y determinar si el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de los demandados Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al juicio laboral 305/2016, dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, ocasiona a la impetrante del amparo perjuicios de imposible reparación, en la medida en que pueden verse afectados los derechos humanos del individuo y que, por ello, resulte procedente el amparo indirecto. En el caso específico, el acto que se atribuye a la junta responsable, no es de aquéllos que tengan una ejecución de imposible reparación, pues como puede apreciarse de lo expuesto, la falta de emplazamiento a los referidos demandados, no se trata de una omisión autónoma al procedimiento del juicio laboral 305/2016, sino que se presenta justamente dentro de dicho juicio, en el que la quejosa es parte, por lo cual, no obstante que alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como de ejecución irreparable, por no actualizarse el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Máxime que la suscrita juez de amparo no advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues la impetrante del amparo refiere que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la cual se encuentra fijada para las once horas con treinta minutos del veintiocho de abril del presente año, y su demanda la presentó el veinte de febrero del propio año, como se aprecia del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. Además al ser parte la propia quejosa en el juicio de que se trata, está en posibilidad de solicitar se realicen las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados, dado que según refiere en su escrito aclaratorio de demanda, ignora a qué obedece la falta de emplazamiento que reclama, ya que entre las constancias del juicio laboral a que se alude, únicamente obra el escrito de demanda, auto admisorio, emplazamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social; actas relativas a las audiencias que se habían señalado para el siete de noviembre de dos mil dieciséis y veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en las que se asentó, por la secretaria, que no se encuentran debidamente emplazadas las demandadas a que se refiere la omisión reclamada; sin que mencione haber hecho petición alguna al respecto ante la responsable; razón por la cual resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo que ahora se interpone. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 48/2016 (10a.), resultado de la contradicción de tesis número 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.- De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Juana Iveth Lara Rodríguez. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO:"Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE ESCRITO ACLARATORIO. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Juana Iveth Lara Rodríguez, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintiuno de febrero del año en curso. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Toda vez que ya se registró el expediente en el libro de gobierno, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, los actos reclamados se hacen consistir en lo que enseguida se transcribe: "Del Actuario de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje la falta de emplazamiento a juicio a los demandados INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES Y MINERA MADERO, SA DE C.V., en el juicio laboral que promoví y radicado bajo el expediente número 305/2016. b) De la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje que no acate la disposición contenida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que ha diferido en dos ocasiones la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a que se refiere el artículo 895 de la Ley Federal del Trabajo.". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de ordenar el emplazamiento al juicio laboral de origen de los demandados Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El cinco de agosto de dos mil dieciséis, la ahora quejosa promovió juicio laboral contra Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ante la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Luego, el expediente se registró con el número 305/2016 que le correspondió, en el que, inicialmente se señalaron las nueve horas del siete de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la cual no se llevó a cabo por falta de emplazamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable. 3. Posteriormente se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de enero de la presente anualidad, la que, tampoco se llevó a cabo por los motivos expuestos en el párrafo que antecede. 4. Finalmente, se señalaron las once horas con treinta minutos del veintiocho de abril del año en curso, para la celebración de la indicada audiencia. Además, la quejosa aduce, que no obstante que las notificaciones deben practicarse dentro del término de cinco días, contado a partir de la fecha de emisión de la resolución a notificar, no se ha llevado a cabo el emplazamiento a juicio de las referidas demandadas. La tardanza anterior es de la que se duele la impetrante del amparo. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio; en cambio, existen otros que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que, desde luego, desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. Sin embargo, esta clara distinción entre actos intraprocesales y actos afectatorios de derechos fundamentales como directriz a seguir para denotar la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no es absoluto, puesto que existen otras violaciones adjetivas o intraprocesales que también pueden ser consideradas como actos de imposible reparación, porque pueden ser tan trascendentes como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir los derechos fundamentales de modo irreparable. En este orden de ideas y sobre las bases expuestas, debe efectuarse un análisis jurídico para dilucidar y determinar si el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de los demandados Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al juicio laboral 305/2016, dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, ocasiona a la impetrante del amparo perjuicios de imposible reparación, en la medida en que pueden verse afectados los derechos humanos del individuo y que, por ello, resulte procedente el amparo indirecto. En el caso específico, el acto que se atribuye a la junta responsable, no es de aquéllos que tengan una ejecución de imposible reparación, pues como puede apreciarse de lo expuesto, la falta de emplazamiento a los referidos demandados, no se trata de una omisión autónoma al procedimiento del juicio laboral 305/2016, sino que se presenta justamente dentro de dicho juicio, en el que la quejosa es parte, por lo cual, no obstante que alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como de ejecución irreparable, por no actualizarse el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Máxime que la suscrita juez de amparo no advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues la impetrante del amparo refiere que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la cual se encuentra fijada para las once horas con treinta minutos del veintiocho de abril del presente año, y su demanda la presentó el veinte de febrero del propio año, como se aprecia del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. Además al ser parte la propia quejosa en el juicio de que se trata, está en posibilidad de solicitar se realicen las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados, dado que según refiere en su escrito aclaratorio de demanda, ignora a qué obedece la falta de emplazamiento que reclama, ya que entre las constancias del juicio laboral a que se alude, únicamente obra el escrito de demanda, auto admisorio, emplazamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social; actas relativas a las audiencias que se habían señalado para el siete de noviembre de dos mil dieciséis y veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en las que se asentó, por la secretaria, que no se encuentran debidamente emplazadas las demandadas a que se refiere la omisión reclamada; sin que mencione haber hecho petición alguna al respecto ante la responsable; razón por la cual resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo que ahora se interpone. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 48/2016 (10a.), resultado de la contradicción de tesis número 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.- De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Juana Iveth Lara Rodríguez."

  4. Principal

    CUENTA. El veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Juana Iveth Lara Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, con registro 2438. La circunstancia de que los licenciados Iván Navarro Solís y Gustavo Castillo Vera, si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Juana Iveth Lara Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese el expediente bajo el número 197/2017-1, que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Ahora, los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . . . V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley.". REQUERIMIENTO. Con fundamento en los preceptos legales transcritos, como antecedentes del acto reclamado, se requiere a la quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la legal notificación de este auto, aclare su demanda de amparo en cuanto a los aspectos siguientes: Indique, bajo protesta de decir verdad, a qué obedece la falta de emplazamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable, que reclama Precise, si el actuario responsable se ha constituido en el domicilio que obre en autos del juicio laboral de origen, y no los ha encontrado, o bien, diga los motivos específicos por los que no se les ha emplazado. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís, quienes cuentan con cédula profesional número 733695 y 4404717; y como domicilio para ese fin el ubicado en Callejón de Guadalajarita número 109, Centro de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Bjm

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