Juana Hernández Hernández

Expediente 253/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
253/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Juana Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, por el que comunica el sentido de la resolución dictada en el recurso de queja número 165/2023 de su índice administrativo, interpuesto por la quejosa*** Acúsese recibo. Ahora, dicha resolución en lo conducente determinó lo siguiente*** Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por*** en contra del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio de amparo indirecto número 253/2023, de este índice administrativo, radicándolo con el número de queja 165/2023 de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del escrito signado por la peticionaria de amparo, ++++; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, una vez que conste en autos la notificación del presente proveído a la promovente del amparo, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente S.I.S.E., el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación en cita. Atento a lo anterior, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en cita, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., para que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido de que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. En caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso de trato. Finalmente, tomando en consideración que no existe diversa parte a quien deba notificarse la interposición del citado recurso, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, envíese informe en relación con la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución que se impugna. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por*** con once anexos descritos en la cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número*** En el asunto que nos ocupa, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente*** reclama*** El proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico, los artículos 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES, así como los transitorios del primero al trigésimo*** Las consecuencias de dicha reforma, que se hacen consistir en la supresión de su fuente de empleo. En cuanto al acto identificado con el número 1, consistente en el proceso legislativo respecto de la discusión, aprobación, expedición y publicación, de diversos artículos del citado Decreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente*** Preceptos de los que se obtiene que el juicio de amparo procede contra las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; norma generales o actos que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal; con excepción de las que deriven de controversias en materia electoral. En ese entendido, la interpretación que debe darse al artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, es que la causa de improcedencia opera no sólo si el acto o resolución provienen de una autoridad formalmente electoral, sino también en los casos en que el contenido material de la norma, acto o resolución, sea electoral o verse sobre derechos políticos*** Por tanto, respecto del proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, que reclama la impetrante, el juicio de amparo es improcedente, ya que por su naturaleza, no puede ser impugnados en esta vía constitucional, al ser materia electoral. De ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada*** Por otro lado, en relación con el acto reclamado consistente en las consecuencias de la reforma electoral, que genera la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; que tiene por efecto la modificación en la estabilidad del empleo, al desaparecer el cargo que ostenta la quejosa; se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen*** Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En el caso, es pertinente precisar que de los artículos transitorios del decreto reclamado, se observa que la entrada en vigor de dicho decreto, implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, pues prevé que el Consejo General sea la institución encargada de su ejecución, que los fines de la reforma son el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas bajo cualquier régimen laboral; y la Secretaría Ejecutiva es la encargada de revisar con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el citado Decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación. Así, la reforma electoral tiene por efecto una modificación en la estabilidad del empleo de la promovente, pues prevé despidos hasta compactar al mínimo indispensable para su operación los órganos de dicho instituto, la modificación a las remuneraciones y en otras prestaciones al empleo o cargo que ostentan; esto es, tiene como consecuencia privar diversos derechos labores relacionados con la estabilidad en el empleo. Por tanto, la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo de la peticionaria del amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. En ese entendido, el acto reclamado consistente en las consecuencias de la reforma electoral, que genera despedidos, modificación en las remuneraciones y otras prestaciones al empleo que ostenta la quejosa, tiene una naturaleza laboral y no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, sino en jurisdicción ordinaria, esto es, la diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia en mención En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por María del Sol Trujillo Zavaleta. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban ser personales se realizarán electrónicamente, Lo anterior en razón de que proporciona el correo electrónico*** que manifiesta se encuentra registrado en el portal del Poder Judicial de la Federación, por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisado en la dirección electrónica*** En tales circunstancias, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente a la quejosa

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