Juana Gómez Nicolás
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana Gómez Nicolás
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 919/2023, promovido por ****, contra un acto del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta Ciudad, el que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, J***s acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta Ciudad. ACTO RECLAMADO "(.) LA FALTA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, EN LA CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALA COMO FECHA DE AUDIENCIA DE MENORES LAS 12 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA FORJAR UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE LA SUSCRITA Y MI MENOR NIETO DE INICIALES A.A.L.O., DENTRO DEL AUTO DE RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1751/2023-III, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR DE ESTA CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ, Y TODAS LAS CONSECUENCIAS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN UN EVIDENTE PERJUICIO A LOS DERECHOS DE LA SUSCRITA PERO PRIMORDIALMENTE DE MI MENOR NIETO." SEGUNDO. Admisión. Por auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado, a quien tocó conocer el asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró en sus dos primeras etapas, al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues aun cuando el acto reclamado es de naturaleza omisiva tiene efectos materiales en el lugar donde se desarrolla el juicio, que está comprendido dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que consiste en. La abierta dilación del procedimiento del juicio ordinario civil 1751/2023, toda vez que la responsable en auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, fijó fecha de audiencia para escuchar al menor de edad, para el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, con dilación y sin justificación jurídica. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en esta Ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente 1751/2023 del Juzgado responsable. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso, quien esto resuelve no advierte la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer, en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia (...) SEXTO. Constitucionalidad del acto. Son fundados los conceptos de violación formulados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. En efecto, es fundada la inconformidad en la que la parte quejosa aduce que señalar las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, como fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado, dilata el procedimiento judicial e impide la convivencia del menor de edad con su abuela, pues mientras no sea escuchado no se resolverá sobre la convivencia entre ambos, con lo que dice se contraviene lo dispuesto en los artículos 17 y 4 constitucional. Ello, toda vez que, como esencialmente lo aduce, la circunstancia de que la autoridad responsable haya fijado las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia relativa al artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, con el objeto de escuchar al menor de edad involucrado respecto de la convivencia de la abuela con éste, esto es, para entrevistar al menor de edad sobre los motivos que tiene para convivir o no con su abuela y para que el juez conozca la situación que guarda en relación con sus ascendientes; se traduce en una dilación injustificada que transgrede la garantía de justicia pronta tutelada por el artículo 17 de la Carta Magna y el interés superior de dicho menor de edad, específicamente el derecho que tiene de convivir con sus ascendientes. A fin de demostrar la tesis anterior, es imperativo mencionar que el artículo 17 Constitucional, en lo conducente, establece lo siguiente. "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El citado precepto consagra el derecho de acceso a la impartición de justicia, la cual contiene como uno de sus principios la justicia pronta. Este principio consiste en que las autoridades deben tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes aplicables. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, publicada en la página número 209, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.", ha establecido lo siguiente, en relación con el artículo 17 constitucional, relevante para el presente asunto. 1) La justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2) La justicia completa, consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario. 3) La justicia debe garantizar al gobernado, la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Ahora, es pertinente invocar algunos preceptos constitucional y convencionales, que regulan el interés superior del menor y el derecho que tienen los menores de edad de convivir con sus ascendientes; éste último inmerso en aquél. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente (...) Del precepto constitucional en cita se desprende que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, el día veinte del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y nueve, del que el Estado Mexicano forma parte, establece en sus artículos 7 y 8 lo siguiente (...) Los artículos transcritos tutelan interés superior del menor y salvaguardan el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, para su desarrollo integral. Por su parte, en relación con el interés superior del niño, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el ámbito jurisdiccional constituye un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de dieciocho años. El principio rector del interés superior del menor comprende, por una parte, el derecho a la protección que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el descuido físico, psicológico, mental y emocional, así como que se satisfagan sus necesidades de alimentación, salud y educación; y por la otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente armonioso y con nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Estrechamente relacionado con el segundo aspecto del interés superior de los menores, se encuentra el derecho de éstos de convivir con sus ascendientes establecido en los artículos 7 y 8 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que prevén que el menor tiene derecho a convivir con sus familiares a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico. En ese entendido, respecto del derecho de convivencia, de la interpretación armónica del referido pacto internacional y de la Carta Magna, se tiene que en el caso de separación del menor de edad con alguno de sus ascendientes, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con sus ascendientes, salvo que tal convivencia represente un factor grave que ponga en riesgo su salud, la seguridad o adecuado desarrollo del menor edad. Lo anterior es así, pues la convivencia armónica del menor de edad con sus ascendientes repercutirá sin duda en el desarrollo sano y equilibrado del infante, quien necesita del cariño de sus familiares. En el asunto que nos ocupa, en el acto que se reclama, dictado el quince de agosto de dos mil veintitrés, el juez responsable fijó las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tuviera lugar la audiencia relativa al artículo 345 del Código Civil del Estado, previamente transcrito, a fin de escuchar tanto a las partes como al menor de edad involucrado, respecto de la convivencia, esto es, para que el juez conozca la situación que guarda en relación con sus ascendientes. Ahora, si bien el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa no establecen el plazo dentro del cual debe celebrarse la audiencia en la que debe escucharse a los menores de edad con la finalidad de definir, entre otras cuestiones, los términos en los que, en su caso, el menor de edad convivirá con sus familiares; la fecha señalada en el caso concreto por el juez responsable no encuentra justificación en autos. En efecto, entre la fecha de emisión del acto reclamado (quince de agosto de dos mil veintitrés) y la indicada para la celebración de la audiencia de mérito (veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés), median más de tres meses, y de autos no se advierte alguna circunstancia extraordinaria que justifique su fijación para esa fecha. Al efecto, sirve de parámetro para determinar lo excesivo que resulta el señalamiento de la fecha indicada, lo previsto en los artículos 219 y 221, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que regulan la celebración de las audiencias de pruebas que deben desahogarse en los juicios ordinarios civiles a fin de fijar la litis, desahogar las pruebas y que las partes formulen alegatos, en los que se establece que la primera de dichas audiencias debe efectuarse dentro de los ocho días siguientes a la conclusión del procedimiento de medios alternativos o justicia administrativa, y que, de ser necesaria la indicada en el segundo precepto (por no ser posible la recepción de todas las pruebas en la audiencia prevista en el artículo 219), ésta se señalará dentro de los veinte días siguientes al en que se haya celebrado la primera. Por tanto, además de constituir una dilación excesiva susceptible de ocasionar un indebido retraso en el procedimiento natural, el señalamiento lejano para celebrar la audiencia de mérito afecta el interés superior del menor de edad involucrado y, en concreto, el derecho que tiene a preservar sus relaciones familiares, lo que implica convivir con sus ascendientes, por lo que cobra especial relevancia la necesidad de establecer a la brevedad, de ser procedente, un régimen de convivencia provisional con la aquí quejosa, lo cual, según se advierte del sumario natural, no se ha determinado. Así, el señalamiento de una fecha tan lejana para celebrar la audiencia en la que deberá escucharse al menor de edad y a sus ascendientes se traduce además, en el caso concreto, en un aplazamiento excesivo e injustificado del dictado de las medidas provisionales pertinentes que el juez responsable está obligado a decretar desde el inicio y mientras dure el procedimiento con la finalidad de garantizar la continuidad de la relación familiar y el contacto directo del menor de edad con su ascendiente (abuela) mediante el establecimiento de una convivencia provisional, de no significar ésta un riesgo para el infante. Por las razones previamente expuestas es que se concluye que la determinación que se analiza, consistente en señalar las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, como fecha para la celebración de la audiencia en la que deberá escucharse al menor de edad y a su ascendiente en relación con la convivencia entre éstos y aquél, constituye una dilación procesal excesiva que impacta materialmente y de forma negativa en el derecho que tiene el infante de convivir con sus ascendientes. De ahí lo fundado de este concepto de violación. Expuesto lo anterior, cabe señalar que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo es producir la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, ya sea restableciendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la violación tratándose de actos positivos, o bien, obligando a la autoridad a respetar el derecho afectado cuando se trate de actos negativos; de ahí la finalidad práctica que en ese sentido debe cumplir el juicio de amparo. En ese entendido, dado que la fecha señalada para la audiencia es el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés; una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, deberá. Llegada la fecha y hora, celebrar dicha audiencia. En el supuesto de que las partes interpongan recurso de revisión contra esta resolución, si ya se hubiere celebrado la audiencia para escuchar al menor de edad, deberá continuar surtiendo sus efectos jurídicos el auto combatido (fijación de fecha de audiencia), a fin de no agravar la situación del menor de edad involucrado; lo que es acorde con la finalidad práctica que debe tener la concesión del amparo. De no llevarse a cabo la audiencia de referencia por causas no imputables a la responsable y proceder su diferimiento, el juez deberá señalar nueva fecha dentro de plazo de ocho días hábiles que quedó señalado en líneas precedentes, a efecto de no incurrir en repetición del acto reclamado en caso de exceder el mismo. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE. ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA a ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en esta Ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Publíquese esta sentencia con los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Incidental
En consecuencia, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que se dé continuidad a la convivencia supervisada fijada por la responsable en cumplimiento a la suspensión provisional, entre el menor identificado con las iniciales A.A.L.O., y su abuela paterna, Juana Gómez Nicolás, los días viernes de cada semana en un horario de dieciséis a dieciocho horas en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) de la ciudad de Córdoba, Veracruz; lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que en definitiva se llegue a pronunciar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. En ese orden, gírese el oficio correspondiente al Juez responsable y al Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) de la ciudad Judicial de Córdoba, Veracruz, para que den cumplimiento a la suspensión definitiva aquí decretada. Asimismo, notifíquese a la tercera interesada que deberá presentar al menor en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) de la ciudad Judicial de Córdoba, Veracruz, en el horario y día fijado por el Juez responsable para que conviva con su abuela, Juana Gómez Nicolás; misma que será supervisada por el propio centro y le expedirá la constancia correspondiente. No pasa inadvertido el contenido del oficio CCFC/IC/1290/2023 de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, del que se desprende que no se llevó a cabo la referida convivencia provisional entre el menor y su abuela paterna, ante la negativa del referido menor, el cual refirió no querer convivir con su abuela debido a que en una ocasión lo golpeó y le expresó palabras que lo lastimaron; sin embargo, dicha convivencia será de manera supervisada ante el Centro de Convivencia Familiar, con sede en esta ciudad, cuyo personal deberá informar al juez responsable a más tardar el día siguiente, sobre el desarrollo de ésta, lo cual tiende a reforzar el lazo familiar entre el menor y su abuela paterna y, a su vez, proteger su interés superior Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Juana Gómez Nicolás, en contra del acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando segundo, y para los efectos ahí precisados. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, con un anexo descrito en la cuenta, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, pues al efecto informa que no se llevó la convivencia provisional entre el menor identificado con las iniciales A.A.L.O., y su abuela paterna, **** -aquí quejosa-, ante la negativa del referido menor. Notifíques
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la constancia de notificación de cuenta, se advierte que el actuario adscrito a este Juzgado, en cumplimiento al proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, emplazó a juicio a la tercera interesada Anahí Ortega Temoxtle. Por tanto, se tiene a la citada tercera interesada por legalmente emplazada al presente juicio de amparo y una vez que le transcurra el término concedido para señalar domicilio, se acordará lo conducente. Notifíquese.
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