Juana Barragán Bautista

Expediente 313/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 42 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
313/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Juana Barragán Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que obre en autos constancia de la que se advierta que las autoridades responsables se encuentren notificadas o que le transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en virtud de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por un lado se concedió y por otro se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de prueba, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que obre en autos constancia de la que se advierta que las autoridades responsables se encuentren notificadas o que le transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en virtud de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por un lado se concedió y por otro se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de prueba, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, admitió la demanda bajo el número 313/2021; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; se precisa que aquéllos consisten en: La orden de aprehensión y/o detención, privación de la libertad y/o cateo, y su ejecución; así como la incomunicación de la inconforme. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, 1. Licenciado Urbino Alcaraz García, y 2. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, ambos Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; 3. Fiscal Primera, 4. Fiscal Segunda, 5. Fiscal Tercera, 6. Fiscal Cuarta, y 7. Fiscal Quinta, todas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz; 8. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba, Veracruz; 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de Ciudad Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz, 10. Titular de la Dirección de Seguridad Municipal y Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz; y 11. Subdelegado de la Policía Estatal Región XVI de Ciudad Mendoza, Veracruz. Lo anterior, en razón de que así lo manifestaron las autoridades mencionadas al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara medio de prueba idóneo para desvirtuar dichas negativas. Si bien la quejosa exhibió un dispositivo USB que contienen diversos videos de videograbación y fotografías; sin embargo, dicho medio de convicción es insuficiente para desvirtuar la negativa de las autoridades en comento, ya que carece de valor demostrativo, porque no reúne los requisitos previstos en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al no contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancia en que fueron capturadas las imágenes ahí contenidas. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos y las autoridades de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obsta lo anterior, que la autoridad responsable, 6. Fiscal Cuarto Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, al aclarar su informe justificado haya indicado que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se inició la carpeta de investigación número. por el delito de sustracción de menores en agravio de la niña de clave numérica. la cual se encuentra en trámite; sin embargo, dichas manifestaciones no tienden a evidenciar de modo alguno la existencia de alguna orden de aprehensión y/o detención, privación de la libertad y/o cateo, y su ejecución; así tampoco la incomunicación de la que refirió ser objeto la quejosa. Por otra parte, cabe destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a Ana María Maldonado Rodríguez, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causa de sobreseimiento antes indicada. CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 312/2021, promovido por. respecto de los actos y las autoridades precisadas en resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos el considerando tercero de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta remitido por Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, mediante el cual devuelve sin diligenciar el Exhorto. de este índice, por los motivos que ahí se exponen, que se le remitió a fin de que llevara a cabo la diligencia de emplazamiento a la parte tercera interesada. Por lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días, computado legalmente, señale el domicilio actual y correcto de la tercera interesada en mención, en el entendido de que deberá proporcionar uno diverso a los que ya obran en autos, ante la manifiesta imposibilidad de emplazarla en dichos domicilios. De igual forma, se hace de su conocimiento que si se desconoce el domicilio actual y correcto de la parte tercero interesada, el emplazamiento se hará por edictos a su costa, en el término que señala el citado Código Federal de Procedimientos Civiles.

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