Juana Esthela Martínez Rodríguez

Expediente 879/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
879/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Juana Esthela Martínez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que JUANA ESTHELA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, no se inconformó en contra de la determinación mediante la cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por Camilo Martínez Ochoa, José Tomás Salcedo Carrillo e Irma de los Santos Flores, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del COMISARIADO EJIDAL DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, parte quejosa en el presente juicio de amparo, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia a este expediente y distribúyanse las otras a cada una de las partes y en el momento procesal oportuno, remítanse los presentes autos y por separado el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo a la superioridad, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Fórmese cuaderno de antecedentes de este juicio de amparo para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por JUANA ESTHELA MARTINEZ RODRIGUEZ, por su propio derecho, contra actos del Registro Agrario Nacional en la ciudad de Tepic, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 879/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Del análisis de esa demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, como se verá a continuación: En primer término, es importante analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de dicho precepto, se ??????????? advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". OSCAR ÁVALOS LARIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.bc 03/04/22 19:52:13 Sobre el particular, debe decirse que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX de la Ley de la Materia, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". ??????????????? De lo transcrito se coligen cuatro reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado; 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; 3) Que la ley que establezca el recurso o que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo; y 4) Que el plazo no sea mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de garantías en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, deban agotar los recursos ordinarios o medios de ??????????????? defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 3/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, enero de dos mil uno, que estatuye: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Ahora, el acto reclamado que hace consistir en la trasmisión de derechos agrarios a favor de la señora María Guadalupe Castillo Hernández o a diversas personas de los derechos agrarios de las parcelas 233 Z-1 P1/2 y 235 Z-1 P1/2 atribuido a autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, como lo es el Registro Agrario Nacional con sede en Tepic, Nayarit, puede ser modificado revocado o nulificado a través de un medio ordinario de defensa, ya que en su contra procede el juicio agrario. Bien, el artículo 18, fracción, II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con los arábigos 163 y 166 de la Ley Agraria, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [.] II.- De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades ??????????????? administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; [.]" "ARTÍCULO 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. De lo anterior, se colige que cuando se reclamen actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares, se hace necesario someter previamente dichas cuestiones a los citados tribunales, toda vez que al acudir al medio ordinario de defensa que prevé el artículo 163 de la Ley Agraria, se está en posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado con los mismos requisitos que los que la Ley de Amparo exige para otorgar dicha medida, acorde con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria. Por lo tanto, si se promueve el amparo sin agotar previamente el juicio agrario, opera la causal de improcedencia invocada. Apoya a lo considerado, la tesis de jurisprudencia VII.A.T J/29, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Página 71, Tomo: 78, Junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz dice: TRIBUNALES AGRARIOS. DEBE OCURRIRSE ANTE ELLOS, PREVIAMENTE A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Los actos emanados de autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria deben ser combatidos ante los tribunales agrarios existentes a partir de la fecha en que entró en vigor la nueva legislación agraria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, previamente a la instauración del juicio constitucional, en acatamiento al principio de definitividad que prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable a lo considerado, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, localizable en la página 345, del Tomo XII, Septiembre de 1993, Octava Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRIBUNAL AGRARIO. ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO ANTE ÉL. PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO TRIBUNAL AGRARIO. ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO ANTE ÉL. PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando en materia administrativa proceda en contra de los actos reclamados, algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes se suspendan los efectos de ?????????????? los actos mediante la interposición del recurso o medios de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia Ley de Amparo; así pues, cuando se reclama alguna de las controversias surgidas en relación a tierras o derechos de las previstas por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es necesario someter previamente dicha cuestión a los tribunales referidos, puesto que al acudir al medio ordinario de defensa se está en posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado con menos requisitos que los que la Ley de Amparo exige para otorgar dicha medida. Lo anterior porque de conformidad con lo previsto en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles el cual tiene aplicación supletoria al caso, por disposición expresa del artículo 167 de la Ley Agraria, no sólo mediante la promoción inicial de la demanda, sino antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo, podrán decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente, sin audiencia de la contraparte y sin que proceda recurso legal alguno. Por lo tanto, si se promueve el amparo sin agotar previamente el juicio agrario opera la causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107 constitucionales, siempre y cuando la hipótesis del caso de que se trate no se ubique en alguna otra excepción al principio de definitividad de los actos reclamados en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, se tiene que el acto que la quejosa destacadamente reclama a la autoridad responsable, Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en la ciudad de Tepic, es la trasmisión de derechos agrarios a favor de la señora María Guadalupe Castillo Hernández o a diversas personas de los derechos agrarios de las parcelas 233 Z-1 P1/2 y 235 Z-1 P1/2. Y de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que no se duele de actos jurisdiccionales, pues de los mismos de aprecia que manifiesta que María Guadalupe Castillo Hernández, está realizado actos tendentes a que le sean trasmitidos derechos agrarios de la parcela 233 y que ante la negativa de la citada persona de cumplir con un convenio pretende demandarla ante el Tribunal Unitario Agrario, por lo que de los antecedentes del acto reclamado, así como del acto reclamado se desprende que nos encontramos en el supuesto de la fracción II, del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues su reclamo es en contra de actos de autoridades administrativas (Registro Agrario Nacional), fuera de juicio. Lo anterior, pone de manifiesto que dichos actos son susceptibles de ser combatidos mediante un juicio agrario y que, por tanto, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el juicio agrario que prevé el artículo 163 de la Ley Agraria, pues el juicio de garantías como medio extraordinario de defensa, sólo es procedente en contra de actos definitivos, debiendo entenderse por tales, aquéllos respecto de los que no existe ningún medio ordinario de defensa o recurso que una vez hecho valer pudiera producir la modificación, revocación o anulación del acto. Además, como se mencionó en párrafos que anteceden La Ley Agraria no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Pues, los requisitos para conceder la medida suspensional son los mismos que los establecidos en la Ley de Amparo, toda vez que la Ley Agraria dispone que la suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley de Amparo. Cabe precisar que el artículo 166 de la Ley Agraria, ??????????????? al remitir el legislador a la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, permite la posibilidad de que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 126, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte. De tal suerte, que si antes de promover el juicio de garantías, la accionante no interpuso el medio de defensa legal -juicio agrario-, a través del cual pudo haber sido modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; entonces no se satisface el principio de definitividad que hace procedente al juicio constitucional únicamente respecto de aquellos actos que no sean susceptibles de revocación, modificación o invalidación mediante algún recurso o medio de defensa legal, por lo que es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia IX.1o. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página mil treinta y uno, tomo XIV, materia común, julio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional". No se soslaya la excepción al principio de definitividad consistente en haberse reclamado violaciones directas a la Constitución, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, es patente que no acontece; porque las señaladas trasgresiones al artículo 16 de la Carta Magna que refiere la quejosa, por sí mismas no hacen procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a la autoridad administrativa origina la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser ??????????????? impugnado bajo la tramitación del juicio agrario ante los Tribunales Agrarios, en términos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y de la Ley Agraria. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías promovida por Juana Esthela Martínez Rodríguez, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo y por autorizado en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel Osvaldo Valdivia Ibarra, y conforme lo dispone la última parte del párrafo segundo del referido precepto legal, a la persona restante por así solicitarlo. De la misma manera, se les autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita; asimismo, téngasele señalando el correo electrónico que señala en su escrito de demanda, únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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