Juana Bravo Carrillo
Expediente 1847/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1847/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/12/2022
Partes del expediente
- Juana Bravo Carrillo
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. Por tanto, hágase del conocimiento el presente proveído de las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar tanto provisional como definitiva se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa el Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, no ha dado cumplimiento a lo ordenado mediante auto de siete de noviembre del año en curso, por medio del cual se le requirió para los efectos de que dentro del plazo de tres días, contado a partir al en que surtiera efectos la notificación del referido auto, procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente al citado Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en el Estado de Nayarit, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir al en que surta efectos la notificación del presente auto, remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente sumario. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables toda vez que con su actuar, demuestra el retardo para la impartición de justicia que señala el artículo 17° de nuestra carta magna. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, presentado vía electrónica por Arturo Díaz Maldonado, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; luego, en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden. Finalmente, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado vía electrónica por Fabiola Díaz Lomelí, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, toda vez que dicha promovente únicamente se encuentra autorizada en términos del párrafo segundo, del artículo 24, de la Ley de Amparo; de ahí que sólo está facultada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos del juicio de garantías en que se actúa y no para promover en representación de la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa no se ha recepcionado la publicación de la totalidad de los edictos ordenados en el presente sumario, a fin de lograr el emplazamiento al juicio constitucional de la persona moral aquí tercera interesada "PATZCUARO BEACH", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; sin que pase inadvertido el hecho que en la comparecencia de once de noviembre del año en curso, se realizó la entrega personal a Héctor Eduardo Avelar Ríos, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, del edicto dirigido al Diario Oficial de la Federación, para su debida publicación. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término que se le concedió mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento dado al fallo protector por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió al quejoso CARLOS ADALBERTO CRUZ SANDOVAL, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, emitiera una respuesta congruente que correspondiera a la petición que le formuló el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, y le fuera notificada oportunamente. concesión que se hizo extensiva al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y al Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y a fin de que la autoridad ordenadora estuviera en condiciones de acordar la procedencia o improcedencia de la solicitud de pensión. En cumplimiento a ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad de Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado el veinte de octubre del año en curso, informó respecto al cumplimiento efectuado al fallo protector dictado en el presente juicio; esto es, dio respuesta a la petición formulada por el quejoso CARLOS ADALBERTO CRUZ SANDOVAL, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, hace de su conocimiento que fue concedido el beneficio de pensión, con la categoría de Operador de Autobús, con un importe mensual de $14,643.73 (catorce mil seiscientos cuarenta y tres pesos 73/100 moneda nacional), equivalente al 83.33% de sus percepciones económicas en el momento de su retiro, la cual entraría en vigor a partir del dieciséis de noviembre del año en curso; copia del oficio de referencia del que se advierte que se le notificó personalmente a la parte quejosa el dieciocho de octubre del presente año. Por su parte, el Consejero Jurídico del Gobernador y representante del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad de Tepic, informaron lo propio; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada; conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de veintiuno de octubre del año en curso, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo indirecto en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó
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