Juana Francisca Hernández Ortiz
Expediente 1439/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/09/2023
Partes del expediente
- Juana Francisca Hernández Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativo 642/2023 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, que corresponde al 309/2023 del registro del Primer Tribunal Colegido del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, relacionado con el juicio de amparo indirecto 1033/2022, de la estadística de este Juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia declaro firme el sobreseimiento decretado respecto de la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, asimismo confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el presente juicio de amparo, por las razones precisadas en dicha ejecutoria; en consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General; por lo anterior, toda vez que se sobreseyó el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I), este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente; realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual solicita se requiera a la parte quejosa, a efecto de que proporcione por medio de escrito firmado la documentación siguiente de forma legible: dos copias del REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLAVE EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL, CREDENCIAL DE ELECTOR y COMPROBANTE DE DOMICILIO; lo anterior, a efecto de devolverle la cantidad que resulte a su favor y de esta manera dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días justifique ante este Juzgado Federal, que compareció ante la autoridad que se indica en el oficio de cuenta, y proporcionó los documentos solicitados de forma legible y completa, a efecto de que la autoridad responsable esté en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público; por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, del citado quejoso, entonces ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto, apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se acordara lo que en derecho corresponda. Luego, en cuanto al termino de quince días que solicita el promovente a efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio de amparo, dígasele que se concede al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, el plazo de cinco días a fin de que dé cumplimiento a la citada ejecutoria; en la inteligencia, que dicho plazo contará a partir del día siguiente al en que reciba la información que le fue requerida a la parte quejosa en los párrafos que anteceden. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, hágase del conocimiento el presente proveído de las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juana Francisca Hernández Ortiz, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Comité de Vigilancia y el Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Juana Francisca Hernández Ortiz, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando quinto y para los efectos señalados en el último considerando. NOTIFÍQUESE.
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