Juan Vazquez Dominguez
Expediente 1369/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1369/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/02/2015
Partes del expediente
- Juan Vazquez Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con Residencia Almoloya de Juárez; mediante el cual acusa recibo de diversa misiva del índice de este órgano de control constitucional, por la que se le devolvieron las constancias que adjuntó a su informe justificado; circunstancia de la cual queda debidamente enterado este juzgado de Distrito.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual acusa recibo de los oficios 3717 y 3721, de este índice, por el que se devolvieron las constancias que adjuntó a su informe justificado; circunstancia de la cual este órgano de control constitucional queda enterado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca, dice dar cumplimiento al requerimiento realizado el veintiséis de diciembre del año próximo pasado (foja 93), y remite copia certificada del toca de apelación 470/2014; lo anterior, sin que haya lugar a dar vista a las partes con su contenido, o hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que se trata de constancias relacionadas con el recurso de apelación interpuesto por la víctima Jesús Martínez Rodríguez, en la carpeta administrativa 1778/2014, contra el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en este juicio; y, que a la fecha, ha sido sustituido procesalmente por la determinación que resolvió diverso recurso de apelación hecho valer por la defensa del quejoso Juan Vázquez Domínguez, contra dicho acto, aunado a que el ocho de enero anterior, se tuvo a la oficiante, dando cumplimiento al requerimiento del que fue objeto (foja 104). Ahora bien, del análisis de las constancias que remitió la citada sala el cinco de enero anterior, recibidas en este órgano jurisdiccional el siete siguiente y con las cuales, en términos de los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes por el término de tres días, se advierte que en relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso Juan Vázquez Domínguez, el tres de septiembre de dos mil catorce, en la carpeta administrativa 1778/2014, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" [El énfasis es propio]. De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, destacando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto, entendiendo que esta última parte está dirigida a las etapas procedimentales que integran el juicio penal oral, tan es así que el propio precepto señala que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; es decir, que ello únicamente impera cuando el cambio de situación jurídica pretende hacerse depender de las determinaciones emitidas en diversas etapas del procedimiento oral, no así cuando se trate de una sustitución procesal, derivada de la resolución de un medio de impugnación instado por la defensa del propio quejoso, como en el particular acontece. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso acudió a este juicio de garantías, el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, señalando como acto reclamado el auto de vinculación a proceso emitido en su contra el tres de septiembre anterior, en la carpeta administrativa 1778/2014, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, así como su ejecución atribuida al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, en el citado municipio de Almoloya. En tanto que del informe justificado y las documentales remitidas por el Juez responsable, así como el del referido Director, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que efectivamente el tres de septiembre de dos mil catorce, en la carpeta administrativa 1778/2014, el Juez de Control responsable, decreto auto de vinculación a proceso, contra Juan Vázquez Domínguez por su probable responsabilidad en la comisión del hecho delictuoso de extorsión. De igual forma, de tales constancias se advierte que el once de noviembre de dos mil catorce, en los autos del toca 470/2014, la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca, resolvió la apelación interpuesta por los imputados Silviano Hita Magallanes, Félix Avilés Reyes, y por el defensor privado del imputado Juan Vázquez Domínguez, aquí quejoso, en contra del auto de vinculación a proceso, en los siguientes términos: "PRIMERO. Al resultar infundados los agravios expresados por los imputados Silviano Hita Magallanes, Félix Avilés Reyes, así como por la defensa del imputado Juan Vázquez Domínguez, SE CONFIRMA el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, de TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, dictada en la carpeta administrativa 1778/2014, por el JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE Toluca, MÉXICO. SEGUNDO. Quedan notificadas personalmente de este resolución las partes que se encuentran presentes, en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Penales en Vigor. TERCERO. Con copia por duplicado de la video grabación de esta audiencia, devuélvanse la carpeta administrativa 1778/2014 y las copias certificadas de las videograbaciones de las audiencias aludidas y del a resolución impugnada, al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; solicitando al A quo para que en un plazo breve, informe a esta Alzada la manera de como quedó cumplimentada la resolución y en oportunidad, archívese el toca como concluido.". En este orden de ideas, si el peticionario de amparo promovió juicio de garantías contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el trece de septiembre de dos mil catorce, en los autos de la carpeta administrativa 1778/2014, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho delictuoso de extorsión; y, el once de noviembre de dos mil catorce, con motivo del recurso de apelación planteado por su defensa, la Sala a quien correspondió conocer de él, determinó confirmar la mencionada determinación; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos en los incisos señalados en párrafos precedentes, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamo. En efecto, el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso, la carpeta administrativa 1778/2014. Al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado del auto de vinculación a proceso que reclamaba. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba con motivo del acto que reclamó en el amparo, ya que dicho auto fue sustituido jurídica y procesalmente por la determinación que analiza su legalidad, a través del recurso de apelación interpuesto por la propia defensa del quejoso. Si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en el toca de apelación 470/2014; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Es oportuno destacar que tal situación no implica inobservancia a la parte en la que el legislador establece que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en el precepto citado inicialmente; toda vez que esta última parte está dirigida a las etapas procedimentales que integran el nuevo proceso penal oral, tan es así que el propio precepto señala que la autoridad judicial que conozca de dicho proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; es decir, que ello únicamente impera cuando el cambio de situación jurídica pretende hacerse depender de las determinaciones emitidas en diversas etapas del procedimiento oral, no así cuando se trate de una sustitución procesal, derivada de la resolución de un medio de impugnación instado por la defensa del propio quejoso, como en el particular acontece. Aunado a que el ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la primera tendrá ejecutividad y firmeza una vez fallado el medio de impugnación correspondiente; de ahí que, la resolución que recae a tal medio de defensa sustituye el acto reclamado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que esta nueva determinación y no la reclamada es la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis en el juicio de garantías, en razón que éste no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios. Máxime que conforme al principio de definitividad que establece la procedencia del amparo contra actos definitivos, si bien tratándose de actos en materia penal, existen ciertas excepciones, éstas tendrán vigencia en la medida que el quejoso opte por la vía constitucional y no por la ordinaria para impugnar la resolución reclamada, pues en caso contrario, deberá sujetarse a la última determinación emitida en el citado medio de defensa, y en su caso, impugnar mediante el juicio de amparo, dicha determinación, toda vez que al sustituir procesalmente a la primera, es esta última la que rige su situación, como en el particular acontece; y, en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso, que ahora se rige por lo determinado en la resolución emitida en el recurso planteado por su defensa, respecto de la cual, incluso, tuvo oportunidad de ampliar su demanda o bien, manifestar lo que a su interés legal conviniese. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, conforme a la Jurisprudencia sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por el cual, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca, en cumplimiento al requerimiento realizado el veintiséis de diciembre del año próximo pasado, remite copia certificada del toca de apelación 470/2014; por tanto, se tiene por satisfecho el requerimiento de que fue objeto y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, toda vez que de su contenido se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber un cambio de situación jurídica.
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