Juan Soto Mendoza

Expediente 1620/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1620/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Soto Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitido en la queja 194/2017, en la cual se determinó: " (.) Se declara SIN MATERIA, el recurso de queja interpuesto por ERNESTO MONTOYA ESCOBAR, en contra de la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto 1620/2017-V-B. Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la determinación emitida en el recurso de queja 194/2017 de su índice, de la que se advierte, en lo conducente, que devolvió los autos del aludido recurso a la Secretaría de Acuerdos de dicho Tribunal para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se tiene por hecho del conocimiento lo informado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese de recibo.

  3. Principal

    Intégrese la promoción de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja contra el auto que desechó demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda suscrita por Juan Soto Mendoza, regístrese bajo el número 1620/2017-V-B. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste esencialmente en: El acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 870/2011, en el cual se admite el incidente de suspensión de pago de salarios caídos. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 870/2011, en el cual se admite el incidente de suspensión de pago de salarios caídos; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, sí solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Como se dijo, en el caso se considera que el acto reclamado se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia interlocutoria favorable en el incidente de suspensión de pago de salarios caídos, o en su defecto, podrá combatirse en la vía de amparo (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al señalarse como acto reclamado la referida determinación. En efecto, con el acto aquí reclamado sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal actuación no se traduce al exterior del procedimiento en el que se practicó. Luego, se insiste, será en su caso hasta el pronunciamiento de la sentencia interlocutoria que decida el incidente planteado, cuando pudieran influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia interlocutoria es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del incidente de referencia , cuestión que, se insiste no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser acto el reclamado que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia IX.1o. J/22, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/302, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA.- Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, dado que en el caso, se actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Ernesto Montoya Escobar. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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