Juan Vargas Pérez

Expediente 1417/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1417/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Juan Vargas Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente ya que se sobreseyó el amparo, y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, los anexos que remitió dentro del juicio, sin que sea necesario que acuse por su recibo por tratarse de copias certificadas. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Carlos Alberto Alfaro Zariñana, que da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1417/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito ingresado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este juzgado; Juan Vargas Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de septiembre siguiente, este juzgado registró la demanda con el número 1417/2016, y en proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, previo desahogo de prevención, admitió la demanda; solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público de la Federación; fijó día y hora para celebrar audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, fue desahogada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que las autoridades a quienes se atribuyen los actos reclamados tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, reclama: La negativa de conocer sobre la tramitación del expediente administrativo SJ/UEIPF/03/2015. Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Procurador General de Justicia del Estado de México; Fiscal Regional de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; y, Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Autoridades de quienes se reclama: La negativa para ordenar la devolución y entrega de la casa habitación situada en el paraje "Buen Suceso", perteneciente a Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, Estado de México, cuya posesión ostenta el quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Actos existentes. Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, no obstante, dicha negativa está desvirtuada, pues del propio informe se advierte la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistente en copia certificada del cuadernillo relativo a la promoción 2222/2016, a las cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por su parte el agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la tramitación del expediente administrativo número SJ/UEIPF/03/2015; no obstante negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de devolver la casa habitación situada en el paraje "Buen Suceso", perteneciente a Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, Estado de México, empero dicha negativa queda desvirtuada con las constancias remitidas por dicha autoridad como complemento de su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente administrativo SJ/UEIPF/03/2015, carpeta de investigación 443250840002313, a las cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de las que se advierte la existencia del oficio de uno de agosto de dos mil quince (sic), signado por el agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio, dirigido al hoy quejoso; por ende, se tienen por ciertos los actos que se le reclaman a la citada autoridad. Actos inexistentes. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Procurador General de Justicia, y el Fiscal Regional de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia, autoridades del Estado de México, al rendir su informe con justificación negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso aportara prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto que por esta vía se combate, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con la autoridad aludida. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ahora bien, en primer lugar debe señalarse que el acto reclamado de origen versa sobre la devolución de un inmueble asegurado por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales, y que tiene a disposición el agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, como consecuencia del seguimiento de una denuncia de hechos probablemente constitutivos de un delito; así como la negativa de conocer sobre la tramitación del expediente administrativo SJ/UEIPF/03/2015. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y de los documentos anexos a ésta, no se advierte que el referido solicitante de la protección constitucional haya exhibido medio de convicción idóneo y conducente para acreditar su interés jurídico, no obstante ello, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que para efecto de acreditar la titularidad del inmueble asegurado el impetrante presentó las siguientes documentales: Constancia de cesión privada de derechos agrarios, suscrita entre Ceberiano González Rosales como cedente, y Juan Bargas Peres, como cesionario, de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho. Contrato privado de compraventa de la misma fecha, celebrado entre Ceberiano González Rosales como vendedor, y Juan Vargas Peres, como comprador, respecto del terreno ubicado en Santa María Nativitas, en el paraje denominado "El Buen Suceso", con una superficie de 6,633.25 (seis mil seiscientos treinta y tres punto veinticinco) metros cuadrados. Contrato de cesión de derechos agrarios de fecha uno de abril de dos mil once, celebrado entre Juan Vargas Pérez como cedente, y Clemencia Benita Vargas Martínez, como cesionaria, respecto de una superficie de terreno de 6,421.62 (seis mil cuatrocientos veintiuno punto sesenta y dos) metros cuadrados. Convenio de cesión de derechos de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, celebrado entre Juan Vargas Pérez como cedente, y Clemencia Benita Vargas Martínez, como cesionaria, respecto de la parcela número 12, con una superficie de "2.11.63" metros cuadrados. Constancia de posesión ejidal expedida a favor de Juan Vargas Pérez, respecto de la parcela número 12 del ejido de Santa María Nativitas Tarimoro, Municipio de Calimaya, Estado de México, con una superficie de "2.11.63" metros cuadrados. Constancia de deslinde, acuerdo y cumplimiento de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, suscrita entre Juan Vargas Pérez y Clemencia Benita Vargas Martínez, respecto de los terreno ejidales ubicados en el paraje denominado "El Buen Suceso". Recibo número 0810, de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, respecto del pago de contribuciones a nombre de Juan Vargas Pérez. Así pues, el quejoso aduce ser el poseedor del bien litigioso y contar con un interés legítimo, por lo que pretende la devolución del inmueble asegurado, pues la negativa a restituirle dicho bien vulnera sus garantías individuales y afecta su posesión. Atento a ello y, contrario a lo argumentado por el quejoso, en el caso es necesario acreditar fehacientemente su interés, ya que está impugnando una afectación a un derecho subjetivo del cual aduce ser titular, sufriendo una transgresión inmediata y directa sobre su esfera jurídica, en específico, sobre su derecho de posesión. Ahora bien, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Luego, es preciso que los quejosos acrediten una afectación a un derecho subjetivo -interés jurídico-, o bien, una transgresión a un interés jurídicamente relevante, no exclusivamente patrimonial, ya sea actual o futura pero cierta -interés legítimo-. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Del criterio jurisprudencial en cita se desprenden los elementos necesarios para acreditar tanto el interés jurídico como el legítimo para efecto de hacer procedente el juicio de amparo, a saber: Interés Jurídico: Ser titular de un derecho subjetivo; y sufrir una afectación inmediata y directa sobre dicho derecho. Interés Legítimo: La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso; sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, quien se en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El Pleno de nuestro Máximo Tribunal señala que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; es decir, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, en ambos casos, tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, por lo que el impetrante de amparo debe acreditar una afectación a su esfera jurídica en ambos casos. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a.XVIII/2013 (10a.), de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Ahora bien, si la afectación del acto reclamado en el presente asunto versa sobre el derecho de posesión del quejoso -derecho subjetivo-, éste tiene la necesidad de acreditar la causa generadora de dicha posesión, debiendo demostrar por tanto su interés jurídico para hacer procedente el juicio de amparo, para lo cual era necesario que los documentos privados que obran en las constancias remitidas por la autoridad responsable (contrato privado de compraventa de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho) fuera de fecha cierta. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia VI.2º.C. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos.". En cuanto a los demás documentos que obran en los autos del expediente administrativo SJ/UEIPF/03/2015, son también ineficaces para demostrar la posesión del inmueble cuya defensa pretende el quejoso a efecto de que le fuese devuelto, pues ninguno justifica la causa generadora de la posesión; habida cuenta que, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo (cuando el quejoso se ostente como persona extraña al procedimiento o juicio natural), es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Entonces, de acuerdo a lo anterior, no basta con que en el juicio de amparo el particular alegue contar con la posesión del bien inmueble, sino que resulta necesario que éste acredite contar con un justo título, entendiéndose por tal como aquel documento (o causa legitimadora) por el que, de acuerdo a las disposiciones aplicables, pueda estimarse que se han generado consecuencias jurídicas a su favor suficientes para acreditar la existencia del derecho de posesión. Ahora bien, no es inadvertido la existencia de la "CONSTANCIA DE CESIÓN PRIVADA DE DERECHOS AGRARIOS", suscrita entre Ceberiano González Rosales como cedente, y "Juan Bargas Peres", como cesionario, de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por lo que al respecto cabe destacar que el inmueble materia de la controversia resulta ser una parcela ubicada dentro de un ejido; por lo que a efecto de que el quejoso acreditara contar con el derecho de posesión que aduce tener, ciertamente debió probar que el mismo derivaba de la existencia de un título expedido con las formalidad a que se refiere el artículo 80 de la Ley Agraria; numeral que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere: a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público; b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo." Por tanto, si el quejoso sólo exhibió una constancia de cesión privada de derechos agrarios firmada entre el señor Ceberiano González Rosales y éste, en donde supuestamente el primero de los citados cedió la parcela ahí descrita, ubicada en el ejido de Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, Estado de México, pero no acreditó que el mismo haya sido ratificado ante fedatario, dicho documento no resulta suficiente para demostrar que el accionante cuente con derecho alguno sobre la parcela en mención. Cuestión última (la notificación e inscripción), que además de conformidad con el artículo 150 de la Ley Agraria resultaba necesaria para que dicho acto jurídico pudiera surtir sus efectos más allá de los contratantes (y tener plena validez); por lo que resulta claro que el derecho de posesión que aduce tener el quejoso sobre la parcela en mención, no surtió sus efectos frente a terceros y por tanto tampoco resulta oponible en cuanto a sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 111, Tomo XI, Febrero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "DERECHOS PARCELARIOS. LA NOTIFICACIÓN AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE SU ENAJENACIÓN, ES UN REQUISITO DE VALIDEZ. El artículo 80 de la Ley Agraria establece que los derechos parcelarios son susceptibles de enajenarse y que, para la validez del convenio respectivo, es necesaria la forma escrita, la celebración ante dos testigos y la notificación al Registro Agrario Nacional; de manera que por disposición específica de la ley de la materia este último acto sí constituye un requisito de validez del convenio; sin embargo, ello no implica que la inscripción ante el registro mencionado, acto diferente al de notificación, tenga efectos constitutivos pues, en términos del diverso artículo 150 del mismo ordenamiento, los actos que debiendo ser inscritos no lo sean, no podrán producir perjuicios a terceros. Confirma lo anterior el que al realizar una enajenación de derechos parcelarios, en relación con el Registro Agrario Nacional, se llevan a cabo tres actos distintos, a saber, la notificación, que realizan las partes ante esa institución y que sí constituye un elemento de validez del convenio, la inscripción y la expedición de los nuevos certificados, que corresponde al organismo registral y que sólo producen efectos probatorios ante los terceros, sin que estos dos últimos actos puedan considerarse dentro de los elementos de validez del convenio, puesto que no los incluye el referido artículo 80 dentro de ellos." Mención aparate merece el contrato de cesión de derechos agrarios de fecha uno de abril de dos mil once, celebrado entre Juan Vargas Pérez como cedente, y Clemencia Benita Vargas Martínez, como cesionaria; pues al margen de su eficacia demostrativa, evidenciaría que el inmueble materia de litis fue cedido por el hoy quejoso, por lo que salió de su esfera jurídica para pretender defenderlo en la presente instancia constitucional. En las relatadas circunstancias, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, lo que conduce a sobreseer en el juicio de garantías en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Vargas Pérez por propio derecho, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones señaladas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual realiza diversas manifestaciones en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable y solicita que se requiera nuevamente la totalidad de ellas. En ese orden, no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que las copias certificadas remitidas por la responsable consisten en la carpeta de investigación 443250840002313 las cuales se allegaron de manera completa, y las que solicita forman parte de un proceso derivado de una causa penal, las cuales no son necesarias para resolver en definitiva el presente sumario, toda vez que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, es la negativa de las omisiones del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, en integrar la indagatoria y devolverle su inmueble; por tanto, los actos reclamados deben estudiarse tal y como se encuentran probados ante la responsable, en términos del artículo 75 de la Ley de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio de cuenta presentado por la autoridad signante, mediante el cual remite las constancias solicitadas en proveído de dos de diciembre de la presente anualidad, consistentes en las copias certificadas de la carpeta de investigación 443250840002313, por tanto se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales, las cuales deberán mantenerse por separado como anexo II. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

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