Juan Torres Rodríguez
Expediente 260/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Torres Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Obteniéndose de la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de seis de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, toda vez que no existe actuación pendiente por realizar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable pueda recurrir la sentencia de que se trata. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO.
- Principal
Se notifica auto a quejoso. Téngase por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual remite copias certificadas de la totalidad de las constancias relativas al sumario laboral 3/426/2011, y teniendo a la vista el mismo, al cual anexó copia certificada del auto de ejecución en el expediente laboral 3/426/2011 dictado el veinte de marzo del dos mil dieciocho; en tales condiciones, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en atención a lo siguiente: Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La Negativa de Dictar el Auto de Ejecución con Requerimiento de Pago y Embargo Correspondiente, Así como la Inscripción en la Nomina de Jubilados del Quejoso, en la Empresa, Ordenado dentro de los Autos del Juicio Ordinario Laboral Numero 3/426/ 2011que sigo en contra del "SISTEMA DESENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO GOMEZ PALACIO DURANGO" ya que desde la fecha del 08 de Noviembre del 2017, he tratado de localizar el Expediente sin que sea Localizado, por lo que el Acto Reclamado Consistente en el No Acordar de Conformidad mi Promoción de Fecha 08 de Noviembre del 2017, Lo cual acredito con dicha Promoción, Recibida por la Responsable". En efecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; ello, porque de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe, obra el auto de ejecución en el expediente laboral 3/426/2011 dictado el veinte de marzo del dos mil dieciocho. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto en atención a lo siguiente: Establecen los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De la literalidad de los preceptos reproducidos se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Pues el sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así las cosas, conviene precisar que la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, debe decirse que si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la omisión por parte de la autoridad responsable al dictar el auto de ejecución, por tanto, esa inactividad ha cesado, lo anterior, en virtud de que la responsable emitió el auto de ejecución dictado el veinte de marzo del dos mil dieciocho en el expediente laboral 3/426/2011, documentales a las cuales se concede pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Es indudable que resulta dable determinar que han cesado sus efectos, por haber sido destruida en forma total la afectación que se podría generar a la parte quejosa, de emitir resolución; de modo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes del acto autoritario, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada por la promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada número CL/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las once horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente al quejoso y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; mediante oficio al tercero interesado y autoridad responsable.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el informe rendido por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, y teniendo a la vista el mismo, al cual anexó copia certificada de una foja del auto de ejecución dictado en el expediente laboral 3/426/2011 el cual se encuentra incompleto; en tales condiciones requiérase a la responsable a fin de que, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a la notificación del presente proveído remita a este juzgado federal copia certificada completa y legible del auto de ejecución decretado en el expediente laboral 3/426/2011, toda vez que son necesarias para resolver el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no manifestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a... esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, no ha rendido el informe justificado que le fue solicitado mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en tales condiciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la mencionada autoridad para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, remita a este juzgado la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral 3/426/2011, toda vez que son necesarias para la resolución del presente asunto, apercibida de que en caso de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a... esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. A fin de dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan de nueva cuenta las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado...
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