Juana Aranda Galván
Expediente 481/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juana Aranda Galván
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se decretó el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquéllos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable
- Principal
Se notifica por lista a la promovente Por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del oficio 020/2018, así como de la notificación de dieciséis de mayo de este año, recaídos a la petición presentada por la quejosa... por tanto, agréguense para que surtan los efectos legales conducentes. Por otra parte, como lo señala la autoridad responsable, se tienen designados como delegados a los profesionales que menciona, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en dicho informe. En efecto, la disposición trascrita claramente establece que una de las causas que da lugar a la improcedencia del juicio de garantías, es aquella cuando cesan los efectos del acto reclamado, la cual, según su interpretación gramatical, se puede afirmar que el concepto "cesación de los efectos del acto reclamado" es cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta causal de improcedencia, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada. Ciertamente, la razón que justifica la improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna, en la esfera jurídica del particular. Por tanto, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido. Sentando lo anterior, al examinar integralmente la demanda y su escrito de aclaración, aparece que la quejosa Juana Aranda Galván, reclama la omisión en que incurre el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, al no contestar el escrito de petición presentado el quince de enero de dos mil dieciocho, por el cual solicita la suspensión de los procedimientos administrativos referentes al crédito 33897326139, a nombre de su cónyuge Miguel Ortiz Cazares, dado que éste actualmente se encuentra desaparecido, cuyos hechos son objeto de la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M2/168/2016, del índice de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas o Localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, en esta ciudad. Al respecto, conviene destacar que de las constancias que remitió la autoridad responsable de referencia, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece el oficio número 020/2018, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por el cual se dio contestación a la petición de la quejosa Juana Aranda Galván, de quince de enero de dos mil dieciocho, en la cual solicita se suspendan todos los procedimientos administrativos y se detengan los plazos de prescripción y caducidad, por falta de pago de la vivienda con número de crédito 33897326139 otorgado a Miguel Ortiz Cazares, así como todos los efectos que de éstos se deriven; el cual fue notificado personalmente a la quejosa el dieciséis de mayo del año en curso, según se advierte del acta de notificación que obra agregada al informe justificado de cuenta. En tal virtud, la causal de improcedencia referida anteriormente queda plenamente acreditada, porque de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dio contestación a la petición de la quejosa de quince de enero del año en curso, en la cual se le informó que actualmente se encuentran suspendidos todos los trámites administrativos y judiciales de cobranza del crédito otorgado a su cónyuge, lo cual le fue notificado en esa fecha, según se advierte del acta de notificación. En tales condiciones, considerando lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia. No constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por..., mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto que antecede de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, III, VII y XV constitucionales, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción I, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en esta ciudad. Sin haber lugar a tramitar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Pídase a la autoridad responsable rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rinda oportunamente dicho informe, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, todos de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, el cual entró en vigor el nueve de enero de dos mil diecisiete, con la prevención de que en caso de ser omisa al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme a lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 115 de la ley de la materia, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. En relación a las pruebas documentales que se acompañan a la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo; se tienen por ofrecidas y desahogadas por así permitirlo su especial naturaleza, sin perjuicio de dar cuenta con las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Dése al agente del Ministerio Público de la adscripción la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda que se provee en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente procedimiento. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Se notifica auto a promovente. Por recibida la demanda de amparo que promueve Juana Aranda Galván, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad. Al efecto, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 481/2018-I, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, en virtud de las omisiones que se advierten de la demanda de cuenta, y a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: Aclare cuál es el acto reclamado, es decir, si reclama la respuesta contenida en el oficio 014/2017, o la omisión de contestar su escrito de petición, pues aduce que han pasado sesenta meses sin que haya contestación, y en caso afirmativo, deberá realizar una transcripción del mismo o allegue copia simple de dicho oficio. 2. Exhiba dos copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, de conformidad con el artículo 110 de la ley en la materia. Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos hechos con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del presente expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Apercibida también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ignacio Benjamín Torres Vázquez y Sigfrido Solorio García; toda vez que sus cédula profesional sí se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a la promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida del secretario licenciado Jesús Omar López Coronado, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe
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