Juan Santillana Ramos
Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Santillana Ramos
- Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación Y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No lo solicitó. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se certifica que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito, y las pruebas documentales que remitió la Junta responsable, relativas al expediente de origen. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, los cuales a continuación se trascriben: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión del dictado de la Resolución que pone fin a juicio, en razón de encontrarse pasado en demasía el término para ello, al haber dado a las partes los términos de ley para formular alegatos y exponer su conformidad respecto al cierre de instrucción, en concordancia con los artículos 885, 895 fracción V, y 899 de la Ley Federal del Trabajo. Vulnerando la Justicia Pronta y Expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número ********************, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, entre otras cosas. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, que dice así: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la quejosa consiste en: i. El retardo en la impartición de justicia por parte de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral ********************, de su índice, al no resolverlo dentro de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues en el caso omitió rendir su informe justificado, por lo que sus actos se tienen por presuntivamente ciertos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo Aunado a lo anterior, la propia autoridad allegó copia certificada consistente en las constancias relativas juicio laboral ********************; documentales que poseen valor probatorio pleno conforme lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo, por disposición del numeral 2 de ésta, al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, este juzgado advierte oficiosamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998 página 241, registro digital 196442, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En este orden de ideas, la parte quejosa reclamó en el juicio de amparo la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión acudiendo a esta instancia constitucional; sin embargo, del informe con justificación y de las documentales exhibidas en apoyo a éste, se desprende que los integrantes de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, emitieron acuerdo el ocho de junio de dos mil veintidós, por el cual dicha autoridad se declaró incompetente y ordenó remitir los autos a su homóloga de la ciudad de Saltillo, Coahuila, quien aceptó el conocimiento el asunto con el número de expediente ********************y fijó fecha de audiencia para la continuación de la fase de instrucción. En consecuencia, es evidente que aun cuando subsiste la omisión reclamada porque la autoridad responsable no emitió el laudo dentro del juicio laboral, en el caso, ya fue modificado el entorno dentro del cual se suscitó porque la propia autoridad se declaró incompetente por razón de territorio, razón por la cual remitió los autos a la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila, quien aceptó el conocimiento y señaló fecha para continuar con la fase de instrucción. Es decir, en caso de concluirse que es inconstitucional -la omisión de dictar laudo-, no sería posible resolver sobre esto, sin afectar la nueva situación jurídica creada por el auto de incompetencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias agregadas en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las once horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos1, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila, por el cual cumple el requerimiento que antecede, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Ahora bien, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, con las documentales ofrecidas por la citada autoridad responsable. Pruebas. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las probanzas que adjuntó, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
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