Juan Ricardo Santos Cortés y Otros.

Expediente 627/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
627/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Juan Ricardo Santos Cortés
  • Juan Ricardo Santos Cortés y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo en contra de la sentencia que sobreseyó en este juicio constitucional, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por los ordinales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio constitucional carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo establecido por el normativo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en la sentencia dictada en el presente sumario se sobreseyó se considera que el este expediente de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del ordinal 21 del propio Acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 627/2020, promovido por . . . , contra actos del Encargado y/o Director y/o Gerente, de la Agencia Comercial, Miahuatlán de Porfirio Díaz de la Comisión Federal de Electricidad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el quince de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito, . . . , solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.  C. Encargado y/o Director y/o Gerente o como se le denomine de la Agencia Comercial, Miahuatlán de Porfirio Díaz, de la Comisión Federal de Electricidad. IV.- ACTOS RECLAMADOS. "De la autoridad señalada como responsable, le reclamo la falta de contestación a la petición que mediante escrito de fecha 21 de agosto del año 2020 y recibido el día 21 del mismo mes y año, de manera pacífica y en forma respetuosa, le hiciera el suscrito." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, y señaló como derechos fundamentales violados el contemplado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número de expediente 627/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos de omisión atribuidos a una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclamó:  La omisión de dar contestación a escrito de petición de veintiuno de agosto de dos mil veinte. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, el Superintendente de Área Miahuatlán de Porfirio Díaz de la Comisión Federal de Electricidad, al rendir su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado, sin embargo, realiza diversas manifestaciones de las que se advierte su existencia; por ello, se tiene como cierto el acto que se le atribuye. Al respecto, encuentra aplicación, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. (Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391). Lo cual se corrobora con el acuse de recibo del libelo que presentó el quejoso ante la autoridad responsable, en el cual obra un sello de recepción que dice, "CFE. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 21 AGO 2020. RECIBIDO, DISTRIBUCIÓN MIAHUATLAN", documental que anexo a su demanda de amparo, misma a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. El análisis de las causales de improcedencia es de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Asimismo, tal y como lo ha sostenido el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 228, visible a fojas 186 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.. Ahora bien, en la especie el que aquí resuelve, advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, el que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente; XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo." Para establecer la naturaleza de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad, conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la invocada con antelación, establecida en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime infringida, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo. Luego, el quejoso en su escrito de demanda exhibió el acuse de recibo del escrito de petición que presentó ante la autoridad responsable el veintiuno de agosto de dos mil veinte, el cual ha quedado debidamente valorado, y del que se advierte, entre otras cosas y en lo que aquí interesa, textualmente, le solicitó, lo siguiente: ".No se omite mencionar que actualmente en dichas instalaciones personal de la CFE, se encuentra realizando una obra de ampliación y/o modificación en el cableado a quienes se les ha manifestado de manera verbal dicha situación en ocasiones haciendo caso omiso y en algunas otras sugiriendo realizar contratos demasiados onerosos con particulares para realizar dichas encomienda, situación que escapa de mis posibilidades económicas pues derivado de contingencia sanitaria la situación económica se toma cada día más insostenible. En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente acudo ante Usted para solicitarle tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de remover dichas retenidas y/o acomedidas o como se les denomine y colocarlas en diferentes puntos y de esta manera cese de continuar causando perjuicios directos al remitente y a su familiar." Asimismo, la autoridad responsable Superintendente de Área Miahuatlán de Porfirio Díaz de la Comisión Federal de Electricidad, al rendir su informe justificado manifestó que en efecto, no dio contestación al escrito de petición de veintiuno de agosto de dos mil veinte, pero que sin embargo, la remoción de dos retenidas que se encontraban dentro del inmueble ubicado en Calle . . . , han sido removidas por el área Miahuatlán, lo cual acreditó con copia de cuatro placas fotográficas, de las que se advierte lo siguiente:  En las placas uno y dos, se observa un predio con las retenidas instaladas al poste de luz; y,  En las placas tres y cuatro, un predio con las retenidas removidas. A las cuales se concede valor de prueba al tenor de lo dispuesto por el artículo 210-A, Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. En ese contexto, como se advierte en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que si el acto reclamado consiste en la falta de contestación al escrito de petición de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el que el quejoso solicita a la autoridad responsable, gire instrucciones a quien corresponda para el efecto de que remuevan las retenidas y/o acomedidas que se encuentran dentro de su domicilio ubicado en Calle . . ., y la autoridad responsable no dio contestación a su escrito, toda vez que la remoción de las dos retenidas que se encontraban dentro de su inmueble han sido removidas por el Área de Miahuatlán dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, motivo de su petición. De ahí, que carece de materia que le den contestación a su petición, al haber dejado de existir el objeto para lo cual lo solicitó. En las narradas consideraciones, es evidente que con ello se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, dado que si bien subsiste el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto para lo cual se solicitó, de forma tal que la protección de la Justicia Federal en caso de concederse, carecería de efectos jurídicos, dado que si bien no se le dio contestación a su escrito de petición, la remoción de dos retenidas que se encontraban dentro de su inmueble fueron removidas por el Área Miahuatlán, dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, motivo de su solicitud. Lo que motiva que al actualizarse la causal de improcedencia ya indicada en relación con el artículo 63 fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. . . Dado el sobreseimiento decretado, impide analizar el fondo de la cuestión planteada. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 11.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 57, del Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. . . Lo anterior, no obstante que a la fecha se encuentre transcurriendo el término de la vista que se le dio a las partes, puesto que las causales de improcedencia son estudio y de especial pronunciamiento, y se actualizan en cualquier momento en el procedimiento del juicio de amparo, de ahí, que ningún sentido práctico tendría diferir la audiencia constitucional, dado que el sentido de la resolución del presente asunto sería el mismo. Por lo expuesto fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se; R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por . . ., contra las autoridades, por los actos y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese la presente sentencia, una vez que se reanuden las actividades cuya suspensión se decretó mediante acuerdo de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal de veinte de diciembre de dos mil veinte, comunicado mediante circular CAP/03/2020.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, y razón actuarial de cuenta, se advierte que el oficio 22217/2020 dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como: "Encargado y/o Director y/o Gerente o como se le denomine de la Agencia Comercial Miahuatlan de Porfirio Diaz, de la Comisión Federal de Electricidad", no pudo ser entregado a su destinatario, toda vez que no existe la citada autoridad con esa denominación, pues debió dirigirse a Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos Zona Comercial Oaxaca; por tanto, a efecto de evitar dilaciones al procedimiento y ante la información aludida, se ordena reexpedir el oficio de mérito en su denominación correcta, debiendo anexarse copia de la demanda de amparo y del auto que la admite, a efecto de que este en aptitud legal de rendir su informe justificado dentro del término que estable el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, si no evitar que se obstruyan los Derechos de acceso a la Justicia y a un recurso efectivo, en aras de una justicia pronta y expedita, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Se instruye al analista Jurídico SISE haga la anotación correspondiente. Notifíquese.

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