Juan Reza Sánchez
Expediente 834/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Reza Sánchez
- JUAN REZA SÁNCHEZ y Otros.
- director general del Centro Federal número "1" Altiplano de Toluca estado de México y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de seis de agosto del año en curso, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido, sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se otorgó la protección constitucional al justiciable en relación con los actos reclamados, en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la ejecutoria de seis de octubre de dos mil veinte, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito dicto en toca del recurso de revisión 77/2020, en donde la Superioridad revocó el fallo impugnado y concedió el amparo a la parte quejosa, el auto de seis de agosto pasado, en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que la parte quejosa aún no se encuentra notificada del auto de seis de agosto del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento y se subsana la omisión detectada, por lo que se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción para que de manera inmediata realice al inconforme la notificación personal del acuerdo de seis de agosto pasado. Notifíquese. - - - - - - - I N S E R C I Ó N. - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que los plazos concedidos a la parte quejosa en los acuerdos de siete de diciembre de dos mil veinte, de trece de enero, de dieciséis de febrero y de seis de abril, los tres últimos del año en curso, para que expresara lo que a su interés conviniera respecto de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, el Coordinador General de Centros Federales, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, rindieron y de las constancias que aportaron han transcurrido, sin que haya realizado manifestación alguna en ese lapso. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria de seis de octubre de dos mil veinte, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito dictó en toca del recurso de revisión 77/2020 revocó la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, pronunciada en este asunto, en donde se decretó el sobreseimiento total y otorgó la protección constitucional al justiciable en relación con la orden de traslado contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y la ejecución de ese mandamiento atribuidos al Comisionado de Prevención y Readaptación Social y a los Directores Generales de esas penitenciarías. Ahora, es necesario precisar que la protección constitucional se otorgó a la parte quejosa Juan Reza Sánchez o Juan García Morales para los efectos siguientes: "[.] a) Se dejen sin efecto los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, girados por el Coordinador General de Centros Federales, en suplencia del Comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social; b) El quejoso deberá ser regresado al Centro de Readaptación Social en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. [.]". II. Actos que las autoridades responsables deben llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debían realizar lo siguiente: a) Dejar sin efectos la orden de traslado decretada en contra del quejoso Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. b) El inconforme debía ser regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados. III. Acciones que las autoridades responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo. El siete de diciembre de dos mil veinte, el trece de enero, el dieciséis de febrero y el seis de abril, los tres últimos del año en curso, se recibieron los informes de cumplimiento del fallo protector que el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, el Coordinador General de Centros Federales y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, rindieron; a tales informes se anexaron copias certificadas de los oficios SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, suscritos por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del acta administrativa 329/2020 y su continuación denominada egreso por traslado definitivo de personas privadas de la libertad, de dieciséis y de diecisiete, ambos de diciembre del año próximo pasado. A esos instrumentos se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las autoridades responsables exhibieron se advierten los aspectos siguientes: El Comisionado de Prevención y Readaptación Social dejó sin efectos la orden de traslado decretada en contra del inconforme Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a través de los comunicados SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigidos a las Direcciones Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Sin que se obstáculo para sostener lo anterior, que no haya señalado de manera expresa la insubsistencia de la misiva OADPRS/20331/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, porque aun cuando no hizo una declaración expresa sobre esa situación, lo cierto es que de las comunicaciones SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambas de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se colige que dispuso el egreso del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que fuera trasladados e ingresara al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, lo que revela que implícitamente dejó sin efectos el primero de los oficios señalados. Aún más, el justiciable Juan Reza Sánchez o Juan García Morales fue regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados, como se constata del acta administrativa 329/2020 y su continuación denominada egreso por traslado definitivo de personas privadas de la libertad, de dieciséis y de diecisiete, ambos de diciembre del año próximo pasado. Es así, porque del acta administrativa y su continuación señaladas se colige que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el inconforme Juan Reza Sánchez o Juan García Morales egresó del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con domicilio en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue trasladado e ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, el diecisiete de diciembre posterior. Con base en lo anterior, es factible sostener que las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, acataron la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, porque el Comisionado de Prevención y Readaptación Social dejó sin efectos la orden de traslado decretada en contra del inconforme Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a través de los comunicados SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigidos a las Direcciones Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Aunado a lo anterior, el disidente Juan Reza Sánchez o Juan García Morales fue regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados, como se demuestra con el acta administrativa 329/2020 y su continuación denominada egreso por traslado definitivo de personas privadas de la libertad, de dieciséis y de diecisiete, ambos de diciembre del año próximo pasado. En esos términos, se evidencia que (i) se dejó sin efectos la orden de traslado decretada en contra del quejoso Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y (ii) el justiciable fue regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados. Con las actuaciones descritas que las autoridades responsables realizaron en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que la parte quejosa aún no se encuentra notificada del auto de seis de agosto del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento y se subsana la omisión detectada, por lo que se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción para que de manera inmediata realice al inconforme la notificación personal del acuerdo de seis de agosto pasado. Notifíquese. - - - - - - - I N S E R C I Ó N. - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que los plazos concedidos a la parte quejosa en los acuerdos de siete de diciembre de dos mil veinte, de trece de enero, de dieciséis de febrero y de seis de abril, los tres últimos del año en curso, para que expresara lo que a su interés conviniera respecto de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, el Coordinador General de Centros Federales, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, rindieron y de las constancias que aportaron han transcurrido, sin que haya realizado manifestación alguna en ese lapso. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria de seis de octubre de dos mil veinte, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito dictó en toca del recurso de revisión 77/2020 revocó la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, pronunciada en este asunto, en donde se decretó el sobreseimiento total y otorgó la protección constitucional al justiciable en relación con la orden de traslado contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y la ejecución de ese mandamiento atribuidos al Comisionado de Prevención y Readaptación Social y a los Directores Generales de esas penitenciarías. Ahora, es necesario precisar que la protección constitucional se otorgó a la parte quejosa Juan Reza Sánchez o Juan García Morales para los efectos siguientes: "[.] a) Se dejen sin efecto los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, girados por el Coordinador General de Centros Federales, en suplencia del Comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social; b) El quejoso deberá ser regresado al Centro de Readaptación Social en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. [.]". II. Actos que las autoridades responsables deben llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debían realizar lo siguiente: a) Dejar sin efectos la orden de traslado decretada en contra del quejoso Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. b) El inconforme debía ser regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados. III. Acciones que las autoridades responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo. El siete de diciembre de dos mil veinte, el trece de enero, el dieciséis de febrero y el seis de abril, los tres últimos del año en curso, se recibieron los informes de cumplimiento del fallo protector que el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, el Coordinador General de Centros Federales y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, rindieron; a tales informes se anexaron copias certificadas de los oficios SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, suscritos por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del acta administrativa 329/2020 y su continuación denominada egreso por traslado definitivo de personas privadas de la libertad, de dieciséis y de diecisiete, ambos de diciembre del año próximo pasado. A esos instrumentos se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las autoridades responsables exhibieron se advierten los aspectos siguientes: El Comisionado de Prevención y Readaptación Social dejó sin efectos la orden de traslado decretada en contra del inconforme Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a través de los comunicados SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigidos a las Direcciones Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Sin que se obstáculo para sostener lo anterior, que no haya señalado de manera expresa la insubsistencia de la misiva OADPRS/20331/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, porque aun cuando no hizo una declaración expresa sobre esa situación, lo cierto es que de las comunicaciones SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambas de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se colige que dispuso el egreso del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que fuera trasladados e ingresara al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, lo que revela que implícitamente dejó sin efectos el primero de los oficios señalados. Aún más, el justiciable Juan Reza Sánchez o Juan García Morales fue regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados, como se constata del acta administrativa 329/2020 y su continuación denominada egreso por traslado definitivo de personas privadas de la libertad, de dieciséis y de diecisiete, ambos de diciembre del año próximo pasado. Es así, porque del acta administrativa y su continuación señaladas se colige que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el inconforme Juan Reza Sánchez o Juan García Morales egresó del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con domicilio en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue trasladado e ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, el diecisiete de diciembre posterior. Con base en lo anterior, es factible sostener que las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, acataron la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, porque el Comisionado de Prevención y Readaptación Social dejó sin efectos la orden de traslado decretada en contra del inconforme Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a través de los comunicados SSPC/PRS/17121/2020 y SSPC/PRS/17122/2020, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigidos a las Direcciones Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Aunado a lo anterior, el disidente Juan Reza Sánchez o Juan García Morales fue regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados, como se demuestra con el acta administrativa 329/2020 y su continuación denominada egreso por traslado definitivo de personas privadas de la libertad, de dieciséis y de diecisiete, ambos de diciembre del año próximo pasado. En esos términos, se evidencia que (i) se dejó sin efectos la orden de traslado decretada en contra del quejoso Juan Reza Sánchez o Juan García Morales contenida en los oficios OADPRS/20331/2019 y OADPRS/20333/2019 de dos de agosto de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y (ii) el justiciable fue regresado al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", con domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados. Con las actuaciones descritas que las autoridades responsables realizaron en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Comisionado de Prevención y Readaptación Social y el Coordinador General de Centros Federales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en ese contexto, con fundamento en lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el citado precepto este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la citada autoridad. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese.
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