Juan Robles Atoche

Expediente 124/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
124/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Robles Atoche
  • JUAN ROBLES ATOCHE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la secretaria de acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, remite testimonio de la ejecutoria de diecinueve de agosto del año en curso, dictada en el conflicto competencial 41/2021 de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para conocer de la demanda de amparo origen del expediente 124/2021, del índice de este Juzgado. En consecuencia, acúsese recibo de la ejecutoria descrita y de los autos del presente sumario. Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se tiene al aludido Tribunal de Alzada indicando que corresponde al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, la competencia para conocer del amparo indirecto promovido por Juan Robles Atoche. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado por la Alzada, se ordena remitir los autos originales a dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes, solicitando atentamente al homólogo federal descrito, tenga a bien acusar de recibo una vez reciba los autos y provea lo correspondiente. Por otro lado, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, debido a que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, en razón que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se declaró legalmente competente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, para conocer del amparo indirecto en cuestión, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General ; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, acusa recibo del juicio de amparo indirecto 124/2021, con motivo del conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para conocer del juicio de amparo promovido por **. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, remite transcripción del auto dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo indirecto 112/2021-V-A de su índice, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **, por las consideraciones referidas en dicho auto. Ahora bien, analizadas las razones que sustenta el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para no aceptar la competencia declinada a su favor, debe decirse que este Juzgado insiste en declinar competencia al citado Juzgado Federal, por las consideraciones que enseguida se exponen. Del estado de los autos se advierte que el quejoso Juan Robles Atoche en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: A los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y otras. Esto es, todos los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, menos al Séptimo. El acto reclamado consiste en la orden de aprehensión o cualquier orden privativa de libertad librada en su contra y su ejecución material por parte de las autoridades ejecutoras. Ahora bien, los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. De la lectura integral de los artículos anteriormente transcritos, se conoce la regla especial de competencia que prevé la Ley de Amparo, en el sentido que si un Juez de Distrito es señalado como autoridad responsable, debe declinar competencia para conocer del mismo, por actualizarse el presupuesto procesal de que no puede ser Juez y Parte. Ciertamente, el artículo señalado prevé una regla especial de competencia en el juicio de amparo cuando el acto reclamado se atribuye a un Juez de Distrito, pues la competencia para conocerlo, se surte a favor de otro Juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiera, del más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca; de esta manera, debe aplicarse dicha la regla especial, pues con ello se privilegia el factor de cercanía del Juez de Distrito que debe conocer del juicio respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable. Dicha conclusión encuentra fundamento en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/2020 que cita la autoridad oficiante, en la cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: Que atendiendo al juicio de amparo, la distribución de competencias por razones objetivas, tradicionalmente se ha dividido en los elementos esenciales siguientes: Por territorio, que se prevé en el artículo 94 constitucional, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales. Por materia, también se desprende del señalado artículo 94, remite a lo previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto. Por grado, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito, y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que la competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente, sin embargo, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias por virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Que por ello, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; y verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en relación al juicio de amparo indirecto (con la salvedad de la competencia auxiliar), los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos, son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia y que por ello, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. Que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. Que atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto, la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Que de ser el mismo órgano quien deba rendir informe justificado en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Que por ello, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un juez de distrito o tribunal unitario, OTRO del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis que en debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Concluyó, que en aquellos casos, en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que en principio, se debe declarar incompetente; pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. Y que por ello, se actualiza un supuesto de incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, no obstante pueda plantearse como impedimento, pues el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento. Esas consideraciones se estiman aplicables al caso concreto, pues en contra de lo que expone el juez de distrito a quien se considera competente, este juzgado sostiene que el artículo 38 de la Ley de Amparo determina de manera clara la imposibilidad de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio que le es turnado y en el que a su vez, también son señalados como autoridad responsable, ya que precisa, que deberá plantear la incompetencia a otro del mismo distrito y especialización, y si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. Por ello, si en el caso concreto, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el único órgano jurisdiccional que no está señalado como autoridad responsable dentro del Décimo Tercer Circuito, es al que por razón de turno, legalmente compete conocer del asunto. Máxime, que de aceptar dicho el supuesto que propone (impedimento), se llegaría al extremo de solicitar el impedimento por parte de todos los jueces que se señalaron como autoridades responsables; regla que no se encuentra establecida en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a) emitida por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro siguiente: COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación de los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un Juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable, y no declararse impedido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley de la materia, ya que solamente el juzgador que es competente está en aptitud de declararse, en su caso, impedido. Por lo que, en razón de que este Juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una vez que se reciban los autos originales de expediente en que se actúa, se ordena remitirlos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto de competencia suscitado. La presente determinación hágase del conocimiento del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Finalmente, como lo solicita el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, notifíquese al quejoso ***, el proveído dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo indirecto 112/2021-V-A de su índice. NOTIFÍQUESE. -INSERCIÓN- "Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio 3363/2021, firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado d.e Oaxaca, ·residente en San Bartolo Coyotepec, por el que remite, por incompetencia; el juicio de amparo 124/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Robles Atoche, por propio derecho, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decirnoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigación, que hace consistir en la orden de aprehensión ylo cualquier acto privativo de la libertad girado en su contra y su ejecución. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 11212021-V-A. Ahora bien, en reflexión al tema, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, por tanto, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: De la demanda se advierte que en el rubro de "AUTORIDADES RESPONSABLES" y "ACTO RECLAMADO' señaló lo siguiente: "Señalo como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, así como, al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigación." "Se hace consistir en la orden de aprehensión y/o cualquier acto privativo de la libertad girada en mi contra y su ejecución.' Asimismo, en el capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" menciona lo siguiente: "bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día uno de febrero del año en curso, me fue informado por unos conocidos que me andaban buscando unos Agentes Federales de Investigación supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción que antecede, así como de la lectura a sus conceptos de violación, se advierte que no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecirnientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado; aunado a que la narrativa del ocurso de demanda es ambigua. Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obllgado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norrnan el procedimiento y co.nsolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2°.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: -¡: ¡¡:: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOL VER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." ¡¡ El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: ! "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o  se haya ejecutado. g> 8§ Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha § comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. g Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación del normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez Federal ante quien se presente la demanda; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. PODER .JUDlCIAl DE lA FEDERAOÓN FORMA,.B-1 Juicio de amparo 112/2021-V-A. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Conforme a la primera regla, será competente el juez el distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. En ese sentido se advierte de lo narrado en la demanda de amparo que al momento en que el quejoso solicitó .el amparo, el mandato de captura reclamado no se ha ejecutado ni se está ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, sino que se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el análisis de competencia es con relación a la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Este órgano jurisdiccional. estima que contrariamente al criterio sostenido por el Juez declinante, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante la segunda de las hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado pueda ejecutarse en más. de un distrito; por ende, le compete al Juzgado en donde se presentó la demanda el conocimiento de dicho juicio constitucional. No resulta inadvertido que el juzgado declinante señale lo siguiente: 'Ahora, la lectura de Ja demanda de amparo da pauta a sostener que el justiciable Juan Robles Atoche reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en esta entidad federativa, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, asi como a este Juzgada Quinta de Distrito en esta entidad federativa, can sede en esta ciudad, y del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Salina Cruz, del Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y de la Agencia Federal de Investigación, las órdenes de aprehensión y/o presentación dictadas en su contra y/o cualquier acto privativo de la libertad personal girada en contra del justiciable, así como la ejecución de esos mandamientos. En ese contexto; .dado que este Juzgador fue señalado con el carácter de responsable se advierte la existencia de una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la una impartición de justicia, porque no es factible que este órgano jurisdiccional en el proceso deba rendir informe justificado en su carácter de ente responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue apegada a la ley o no, por lo que esa situación revela una condición de incompetencia para que conozca de la demanda de amparo, dado que no puede ser Juez y parte en el presente juicio constitucional; de ahí que este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver de medio extraordinario de defensa que eljusticiable promovió. Se sostiene lo anterior, porque conforme con la finalidad del juicio constitucional, a partir de lo previsto por los arábigos 38 y 48 de la ley de la materia que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso, y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, por lo que el primero de esos dispositivos hace especial énfasis que quien tiene que conocer del asunto debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Luego, si la demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional y en dicho escrito este Tribunal fue señalado con el carácter de autoridad responsable, es inconcuso que no cuenta con las facultades para conocer y resolver el asunto sometido a su consideración, lo cual da pauta a declarar que este Juzgado Federal carecer de competencia legal, dado que se actualiza un supuesto de incompetencia funcional conforme a lo establecido por los dispositivos examinados. Por otra parte, si en el caso concreto, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el único órgano jurisdiccional que no está señalada como autoridad responsable de los que pertenecen al Decimotercer Circuito, entonces es a ese Tribunal de Amparo a quien compete legalmente conocer del presente asunto, porque el más cercano dentro de la jurisdicción del Decimotercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esa localidad, en términos de lo estatuido por el normativo 38 de la Ley de Amparo." Empero, resulta oportuno destacar la parte considerativa del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil catorce, específicamente, en la que se precisó lo siguiente: "SEXTO. Teniendo en cuenta que se han generado controversias relacionadas con el señalamiento de los juzgadores como autoridad responsable en los escritos de demanda a fin de evitar que se les turne un determinado asunto, lo que finalmente implica su direccionamiento, en estos casos se turnarán en forma aleatoria, ya que en el supuesto de que un juzgador se ubique en alguna causa de impedimento al recibir el expediente podrá excusarse, resolviendo de modo previo /as cuestiones urgentes, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el tumo;" Por lo tanto, en el supuesto de que el Juez declinante determine que se ubica en alguna causa de impedimento al recibir el asunto, e.ste podrá excusarse, , resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes; ello con el propósito de evitar el direccionamiento de las demandas, que consiste en el propósito fundamental del citado Acuerdo, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno; consecuentemente con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, no se acepta la competencia declinada. · Máxime que en la demanda cuya incompetencia sostiene el Juzgado oficiante, se reclaman actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, respecto de los cuales respetuosamente el suscrito considera tiene competencia legal para conocer de ellos, no obstante declina en su totalidad la competencia, siendo que el Juez más cercano para conocer de actos propios del Juzgado declinante y en términos de las normas que nos rigen es un diverso Juzgado de Distrito en San Bartola Coyotepec, al ser el más cercano en el circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito respetuosamente sostiene que el Órgano oficiante únicamente se encuentra .impedido para conocer de actos propios, no así respecto a diversos jueces señalados como responsables, en cuyo caso deberá plantear el impedimento respectivo por economía procesal, en términos de Ja jurisprudencia P./J. 612020 (10a.),emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en· la página 9, de la Gaceta el Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo 1, de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN FORM)\B- 1 Juicio de amparo 112/2021-V-A. contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo , que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal , cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como ta figura del impedimento, de origen comparten et mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." Finalmente, se destaca que en el acuerdo de incompetencia respectivo , no se advierte que se hubiera certificado que en ese órgano jurisdiccional efectivamente existiera el acto reclamado por el quejoso, a efecto de que el Juez oficiante determinara que en el caso se encontraba jurídicamente impedido para conocer del juicio, por tener el carácter de autoridad responsable y, por ende, no podía ser juez en el asunto, y por tal motivo declinara su competencia para conocer de la demanda de amparo correspondiente, ello es así, pues de la citada jurisprudencia se advierte que se actualiza dicha causa de incompetencia, en aquellos casos en los que se constate el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable por haber emitido el acto reclamado. Ante tal determinación , devuélvanse al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el juicio 12412021 de su índice. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Notifíquese."

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto descrita en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 124/2021. Incompetencia. Enseguida es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que . . . presentó da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. En esa línea, se tiene en cuenta que el dispositivo 38 de la Ley de Amparo establece que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por otra parte, el numeral 48 de la ley de la materia dispone, en lo que interesa, que cuando se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito y estime que carece de competencia la remitirá de plano con sus anexos al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En aludido precepto legal también estatuye que una vez que el órgano jurisdiccional requerido reciba la demanda y sus anexos decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En el caso de que acepte la competencia comunicará su resolución al Tribunal requirente, previa notificación de las partes. En el caso contrario, devolverá el escrito inicial a la autoridad judicial requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Ahora, la lectura de la demanda de amparo da pauta a sostener que el justiciable . .. reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en esta entidad federativa, de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, así como de este Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esta ciudad, y del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Salina Cruz, del Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y de la Agencia Federal de Investigación, las órdenes de aprehensión y/o presentación dictadas en su contra y/o cualquier acto privativo de la libertad personal girada en contra del justiciable, así como la ejecución de esos mandamientos. En ese contexto, dado que este Juzgado Federal fue señalado con el carácter de responsable se advierte la existencia de una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, porque no es factible que este órgano jurisdiccional en el proceso deba rendir informe justificado en su carácter de ente responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue apegada a la ley o no, por lo que esa situación revela una condición de incompetencia para que conozca de la demanda de amparo, dado que no se puede ser Juez y parte en el presente juicio constitucional; de ahí que este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el medio extraordinario de defensa que el justiciable promovió. Se sostiene lo anterior, porque conforme con la finalidad del juicio constitucional, a partir de lo previsto por los arábigos 38 y 48 de la ley de la materia que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, por lo que el primero de esos dispositivos hace especial énfasis que quien tiene que conocer del asunto debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Luego, si la demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional y en dicho escrito este Tribunal fue señalado con el carácter de autoridad responsable, es inconcuso que no cuenta con las facultades para conocer y resolver el asunto sometido a su consideración, lo cual da pauta a declarar que este Juzgado Federal carece de competencia legal, dado que se actualiza un supuesto de incompetencia funcional conforme a lo establecidos por los dispositivos examinados. Por otra parte, si en el caso concreto, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el único órgano jurisdiccional que no está señalado como autoridad responsable de los que pertenecen al Decimotercer Circuito, entonces es a ese Tribunal de amparo a quien compete legalmente conocer del presente asunto, porque es el más cercano dentro de la jurisdicción del Decimotercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en términos de lo estatuido por el normativo 38 de la Ley de Amparo. En otro punto, debe destacarse que los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en esta entidad federativa, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, al Juez Sexto de Distrito en esta entidad federativa, con domicilio en Salina Cruz, al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y a la Agencia Federal de Investigación, incluido a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, consistentes en las órdenes de aprehensión y/o presentación dictadas en contra del inconforme y/o cualquier acto privativo de la libertad personal girada en contra del disidente, así como la ejecución de esos mandamientos no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian en el ordinal 48 de la ley que rige al juicio de amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y tampoco respecto de la suspensión de los actos atacados que el agraviado solicita. En ese contexto, con fundamento en lo estatuido por los arábigos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, declara que carece de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Juan Robles Atoche; por tanto, declina la competencia a favor del Juzgado Séptimo de Distrito en esta entidad federativa, con residencia en Salina Cruz, dado que estima que ese presupuesto procesal se surte a su favor, porque no fue señalado como autoridad responsable en el escrito inicial y es el más cercano dentro de la jurisdicción del Decimotercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en esta localidad. Resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.), pronunciada por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicado el viernes once de diciembre del dos mil veinte, en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. . . En razón de lo anterior, sin proveer sobre el escrito inicial ni la suspensión de los actos reclamados, a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA", remítanse la demanda de amparo con firma autógrafa de . . . y el ejemplar de ese escrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que a su vez lo turne al Juzgado Séptimo de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esa localidad, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que revelen la historia procesal del expediente que se envía. Domicilio y autorizados del quejoso. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Téngase como autorizado del promovente en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. NOTIFÍQUESE."

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