Juan Ramón Fructuoso Barrita
Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Ramón Fructuoso Barrita
- Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- JUAN RAMÓN FRUCTUOSO BARRITA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, en atención el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se provee: Se declara consentido el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad prevista por el arábigo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, el disco versátil digital (DVD), que anexó con motivo de su informe de ley correspondiente, lo anterior, debido a que resulta innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que la presente incidencia se concedió la suspensión provisional y definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído veinte de abril de dos mil veintiuno y la interlocutoria de veintisiete de abril siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para todos los efectos legales. Ahora bien, la concesión de la sentencia de amparo se otorgó para los efectos siguientes: AUTORIDAD EFECTOS 1.- El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. 2.- Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. *Reintegren al aquí quejoso la cantidad que le fue indebidamente descontada en el mes de abril de dos mil veintiuno, así como los descuentos subsecuentes hasta que se cumplimente este fallo. *No realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de la materia, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase a las autoridades responsables descritas, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a su notificación, cumplan con la sentencia dictada en este juicio, para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá en su carácter de personas físicas una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido por los numerales 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurran en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Dígase a la autoridades responsables que en términos del artículo 195 de la ley de la materia si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 415/2021 promovido por **a en contra de los actos de las autoridades que se precisarán más adelante. I. ANTECEDENTES El veintiocho de enero de dos mil doce, se publicó en el periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio se estableció textualmente lo siguiente: "Artículo 6.- El Fondo de Pensiones se constituirá con: [.] III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión. [.]". "Artículo 18.- [.] Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "OCTAVO. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales. Por lo que respecta a las aportaciones del 18.5% que el Gobierno del Estado se obliga a realizar al Fondo de Pensiones, estas las enterará con apego a lo señalado en el artículo 18 de esta Ley. Posteriormente, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca concedió a Juan Ramón Fructuoso Barrita una pensión por jubilación y ordenó a la Oficina de Pensiones realizara el descuento del 9% - por concepto de cuota al Fondo de Pensiones- que prevén, precisamente, los artículos recién transcritos. Dicha determinación fue comunicada al aquí quejoso por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, mediante oficio OP/DG/1667/2020. II. TRÁMITE El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, Juan Ramón Fructuoso Barrita, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se describen: a) Congreso del Estado de Oaxaca; b) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; c) Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, d) Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado Oaxaca y; e) Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. Todas con residencia en la ciudad de Oaxaca; de quienes reclamó: El proceso legislativo que dio origen al DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de dicha ley; así como, los actos de aplicación y ejecución conjunta e individualmente de dichos preceptos que hace consistir en el oficio OP/DG/1667/2020 de dieciséis de diciembre de dos mil veinte y sus consecuencias legales. Es por ello que el quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 415/2021 y fue admitida el veinte de abril del año en curso. En el mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: Del Congreso del Estado de Oaxaca, del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y del Secretario General de Gobierno en el Estado de Oaxaca, reclama: El proceso legislativo que dio origen al DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de dicha ley. Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado Oaxaca, y del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, reclama: El primer acto de aplicación de los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO de la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, actualizado en el pago de la pensión por jubilación del mes de abril de 2021, por el concepto "202 FDO. D PENSIONES". El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; y, La devolución de todos y cada uno los descuentos que se le han aplicado a partir del primer acto de aplicación y los que inminentemente se sigan aplicando después de la formulación de la demanda, sustentada en las leyes declaradas inconstitucionales. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su respectivo informe justificado, las autoridades responsables procedieron como sigue: AUTORIDAD SENTIDO Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Conviene Gobernador Constitucional del Estado. Conviene Secretario General de Gobierno. Conviene Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones. Conviene Director General de la Oficina de Pensiones. Conviene En ese sentido, debe establecerse que la existencia del Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, resulta indiscutible, porque se trata de un acto de naturaleza legislativa, cuya existencia no está sujeta a prueba, como lo explica la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, que se localiza con el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Lo que también acontece en relación al acto concreto de aplicación de la norma reclamada, pues en el presente asunto quedó demostrado -con la copia certificada del oficio OP/DG/1667/20- que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca ordenó a la Oficina de Pensiones que descontara al aquí quejoso el 9% de lo que recibe como pensión jubilatoria, con fundamento en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. En conclusión, el oficio OP/DG/1667/20 permite afirmar la aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, porque esas disposiciones establecen la obligación de los jubilados de contribuir con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de dicha Ley, y eso es justamente lo que ocurrió en el presente asunto. En relación al descuento realizado en abril de dos mil veintiuno, también se acredita con el documento que se encuentra agregado físicamente al presente expediente. Los precitados documentos adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que respecta a los ulteriores descuentos que se realicen a la peticionaria de la protección constitucional en aplicación de las porciones normativas impugnadas, debe señalarse que si bien, se tratan de actos que aún no se han verificado, lo cierto es que tienen que ser catalogados como futuros inminentes, cuya existencia es indudable. En efecto, la certeza de realización de esos actos inminentes estriba en que son una consecuencia necesaria de un acto concreto ya existente que afecta el universo jurídico de la disidente. Para clarificar lo anterior es necesario precisar que los pagos de las pensiones en materia de seguridad social se caracterizan, por ser actos de tracto sucesivo, es decir, que se configuran momento a momento, dado que su liquidación deriva de la cuantificación efectuada por la autoridad administrativa, donde se determina el monto que le corresponderá al beneficiario de manera periódica. Cabe destacar que los actos de tracto sucesivo son aquellos que se prolongan a lo largo del tiempo, es decir, existe la realización de acciones periódicas dirigidas a un solo fin; se caracterizan por tener unidad y no se agotan con el cese de uno de ellos, dado que se reiteran de manera que siguen produciendo sus efectos a futuro. De lo anterior se sigue que la afectación recaída a los descuentos mensuales efectuados a una pensión fundados en una o varias normas jurídicas, integran actos de tracto sucesivo, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el monto debido de la pensión de forma periódica y su descuento obedece directamente a un mandato legal, que hasta en tanto no se determine su inaplicación de la esfera jurídica del quejoso, sigue siendo de obligatorio acatamiento para la autoridad administrativa. En ese contexto, la certeza jurídica y, por lo tanto, la inminencia de los ulteriores descuentos reclamados, estriba en que su realización se verificará con base en la legislación aplicable, que mientras no sea declarada inválida debe continuar siendo el fundamento para realizar las liquidaciones periódicas correspondientes. Aún más, al subsistir la resolución del Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca donde ordenó a la Oficina de Pensiones de esa entidad federativa que descontara a la solicitante de amparo el 9% de lo que recibe como pensión jubilatoria, hay certeza de que la autoridad administrativa está obligada a realizar los descuentos subsecuentes; de ahí que es factible concluir que los ulteriores descuentos que se realicen a la disidente en aplicación de las porciones normativas impugnadas sean ciertos. VI. LEGITIMACIÓN Juan Ramón Fructuoso Barrita está legitimado para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el ordinal 6 de la Ley de Amparo, dado que en el presente sumario quedó probado que él es destinatario de los preceptos 6, fracción III, 18, segundo párrafo, Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, al tener la calidad de jubilado; además, al disidente se le descontarán los montos respectivos en aplicación de esos preceptos y de acuerdo con la resolución del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca donde ordenó a esta última dependencia que le descontara el 9% de lo que recibe como pensión jubilatoria, asimismo, en el recibo de pago de su pensión correspondiente al mes de abril de dos mil veintiuno, se observa el descuento relativo al pago del fondo de pensiones, lo que implica que esos actos impactan en su esfera normativa en sentido negativo y, por ende, lo legitiman para ejercer la acción de amparo por sí. VII. OPORTUNIDAD La oportunidad de la demanda -al igual que lo relativo a la existencia del acto y la procedencia del juicio- es uno de los presupuestos procesales que deben examinarse antes de estudiar el fondo del problema jurídico planteado. En el caso concreto, el quejoso señaló expresamente que se enteró del acto reclamado el treinta de marzo dos mil veintiuno, fecha en que recibió el primer comprobante de pago mensual de su pensión por jubilación, correspondiente al periodo de pago del mes de abril del año en curso, que converge con la presentación de su escrito inicial (dieciséis de abril siguiente). No obstante, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, informó que el quejoso fue notificado del primer acto de aplicación consistente en la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación y refrendo del Decreto 885 que contiene los artículos 6, fracción III, 18, segundo párrafo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como el dictamen contenido en el oficio OP/DG/1667/2020 de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la parte relativa donde se le conmina otorgar una cuota al Fondo de Pensiones por el nueve por ciento de lo que perciba por pensión por jubilación, el tres de febrero de dos mil veintiuno, lo que acreditó con la constancia respectiva. Lo anterior, sugiere que el quejoso consintió la norma reclamada, al tener conocimiento del primer acto de aplicación de la norma desde el tres de febrero de dos mil veintiuno. En efecto, el quejoso señaló expresamente que el acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad controvierte, lo constituye el pago de la pensión por jubilación relativo al mes de abril de dos mil veintiuno; sin embargo, está probado que el titular de la acción de amparo conoció de la norma antes de la fecha que menciona, es decir, conoció del oficio por el que se ordenó la materialización de la norma, el tres de febrero de dos mil veintiuno, cuando recibió el original de dicho documento. En ese sentido, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho al veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, queda claro para este juzgado, por lo que hace al oficio OP/DG/1667/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que impone decretar el sobreseimiento en relación al mismo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, por necesaria consecuencia, conduce inmediatamente a decretar el sobreseimiento por lo que respecta a los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, pues la falta de impugnación oportuna del oficio que constituye su primer acto de aplicación, trajo consigo el consentimiento de la norma cuestionada, ya que se trataba del primer acto de aplicación y no se cuestionó en tiempo. En efecto, la aplicación de la norma se dio desde cuando se ordenó a la Oficina de Pensiones que descontara al aquí quejoso el 9% de lo que recibiría como pensión jubilatoria, pues la materialización es solamente una consecuencia natural de la citada orden. Ciertamente, el quejoso no debió esperar hasta que se realizara materialmente el descuento, pues bastaba con que éste se hubiese ordenado para que se activara la posibilidad de acudir al juicio de amparo, pues fue a partir de ese momento cuando se proyectaron en su esfera las consecuencias jurídicas del texto normativo, a saber: los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que establecen la obligación de los jubilados de contribuir con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión y eso es justamente lo que se ordenó cuando se otorgó a la quejosa su pensión jubilatoria. Entonces, deviene inconcuso que la falta de impugnación del primer acto de aplicación genera como secuencia el consentimiento de la ley reclamada, tal como lo establece el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y lo confirman las siguientes tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". Cabe destacar que tal sobreseimiento no abarca el ulterior acto de aplicación contenido en el recibo de pago correspondiente al mes de abril de dos mil veintiuno y los descuentos posteriores que se realicen en aplicación de los preceptos reclamados. Es así, porque el quejoso refirió, que el treinta de marzo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de la aplicación de los segmentos normativos impugnados, cuando recibió el comprobante de pago de su pensión jubilatoria correspondiente al mes de abril de esta anualidad; en consecuencia, como no se advierte de las constancias del expediente que dicho quejoso haya conocido el referido acto de aplicación y los descuentos futuros e inminentes indicados en una fecha anterior a la que señala, deben aplicarse las reglas establecidas en el referido artículo 18 de la Ley de Amparo y tener como fecha a partir de la cual comenzó a correrle el plazo para promover su demanda, aquella en la que asegura haberse hecho sabedora de los citados actos. En atención a lo anterior, el juicio de amparo fue promovido en tiempo por lo que respecta a ese acto en específico, pues la demanda de amparo la presentó antes que feneciera el plazo de quince días para ello. VIII. ESTUDIO DE FONDO. Respecto de los actos reclamados consistentes en los ulteriores actos de aplicación de la norma general que también fue reclamada, son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79 fracción I, de la Ley de Amparo. Es necesario suplir la deficiencia de la queja pues de los antecedentes narrados en la presente sentencia, se aprecia que la controversia gira en torno a si se encuentra o no justificado el cobro realizado al aquí quejoso en el mes de abril de dos mil veintiuno, por concepto de cuota de aportación al Fondo de Pensiones El disidente asegura que no, porque los artículos que sirvieron de fundamento para efectuar ese cobro fueron declarados inconstitucionales. En ese orden de ideas, como en el fondo del asunto subyace una afectación a la esfera jurídica de un trabajador pensionado, en el caso cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual ordena suplir la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores. Suplencia que en el caso se estima necesaria, porque el análisis del acto reclamado, permite advertir que asiste razón a la promovente cuando denuncia la indebida aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. En consecuencia, el presente asunto deberá ser estudiado y resuelto atendiendo en lo conducente, al criterio que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables". Además, el conjunto de razones que fundamentan la conclusión de este juzgador sobre la necesidad de suplir la queja deficiente se basan en las consideraciones emitidas por el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, los amparos en revisión 92/2014, 101/2014, 110/2014, 116/2014 y 146/2014. En esos cinco precedentes el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito afirmó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que le fueron aplicados a la quejosa en el acto reclamado. La existencia de la tesis de jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.), demuestra lo antes dicho: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." Las consideraciones más relevantes de las cinco ejecutorias, son del tenor literal siguiente: "[.] resulta evidente la inconvencionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y TRANSITORIO OCTAVO, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, aplicados al quejoso, conforme a los cuales se prevé el descuento del nueve por ciento sobre el monto de su pensión; lo anterior, a la luz del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 102, "Convenio Sobre la Seguridad Social" (norma mínima), del que México forma parte, dado que el mismo solamente autoriza la reducción del monto de la pensión, cuando las ganancias del beneficiario excedan del valor prescrito o fijado por la autoridad competente, de conformidad con la reglas relativas, dado que en la legislación del País, ningún límite se establece para ello; motivo por el cual al privilegiar el principio de la dignidad humana, se impone la declaratoria respectiva. [.] A más de lo anterior, en suplencia de la deficiencia de la queja anotada, los dispositivos señalados como reclamados igualmente resultan inconstitucionales al violar el principio de igualdad, en tanto ubican a trabajadores, jubilados y pensionados, en hipótesis diferentes, por consignarlos el precepto 6 transcrito, en fracciones diversas de ese dispositivo, pero a todos ellos por igual les impone el pago de la cuotas del nueve por ciento de su sueldo base para los trabajadores, y de su pensión para los restantes; no obstantes las diferencias esenciales existentes entre trabajadores activos, jubilados y pensionados. En efecto, las normas en cuestión, resultan violatorias de los derechos humanos de igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados, sin atender a que los del primero rubro, por encontrarse en plena actividad laboral, pueden ascender en su trabajo o allegarse de mayores o diferentes ingresos, dado que al encontrarse en funciones cuentan con juventud; mientras que los del segundo rubro, al tratarse de trabajadores que ya han agotado una vida laboral, tienen como ingreso único, el de su pensión relativa, quienes por cierto, efectuaron ya aportaciones a lo largo de su vida de trabajo, lo cual como ya se dijo, servirá precisamente para financiar esa pensión; supuesto en el cual al tratarse de situaciones diversas, no era el caso de que el legislador local los ubicara en la misma posición y les diera el mismo tratamiento y cargas, por cuanto resulta excesivo que una vez que se obtiene el beneficio de la jubilación, derivado de haber cumplido los años y tiempo de servicio, se siga imponiendo al jubilado y pensionado, la carga de contribuir al fondo de pensiones, cuando se supone que agotó ya esa aportación, durante su vida de trabajo. Ciertamente, no existe razón jurídica ni práctica, para que las personas jubiladas y pensionadas continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión para el fondo de pensiones, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de la prestación consignada en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto, la referida constitución, prevé la jubilación como derecho mínimo de la seguridad social. Luego, dado que los jubilados y pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo, porque las cuotas que durante su vida laboralmente activa aporta el trabajador, tienen como objetivo que, una vez satisfechos los requisitos legales, pueda disfrutar de una pensión o renta para su subsistencia, una vez terminada en forma definitiva la relación laboral, por lo que al ubicarse en alguna de las hipótesis legales para obtener una pensión, no puede equiparar esa situación jurídica, frente a quienes aún se encuentran en el período en el que legalmente están aportando las cuotas que les corresponden para en un futuro, acceder a ese derecho, y no hay razón para que los jubilados y pensionados continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión al fondo relativo, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de esa prestación. Así, el derecho a la igualdad general y a la no discriminación, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las autoridades no traten diferente a individuos en una misma situación jurídica, y proscriben cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión u otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. [.]" Por ende, basta que exista jurisprudencia que declara la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, para justificar el sentido de esta sentencia, pues el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, dijo que dichos preceptos desatienden los postulados que derivan de los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social y que violan el derecho humano a la igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados); y esa conclusión debe prevalecer en este fallo, por su carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia referida, se impone conceder a Juan Ramón Fructuoso Barrita el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, únicamente contra el descuento realizado a su pensión por jubilación en abril de dos mil veintiuno y subsecuentes, con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, pues en la demanda de amparo el inconforme también señaló como actos reclamados los descuentos subsecuentes al realizado con anterioridad a su presentación; por lo que, en ese sentido, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes. IX. EEFECTOS. La concesión otorgada es para los efectos siguientes: AUTORIDAD EFECTOS 1.- El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. 2.- Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. *Reintegren al aquí quejoso la cantidad que le fue indebidamente descontada en el mes de abril de dos mil veintiuno, así como los descuentos subsecuentes hasta que se cumplimente este fallo. *No realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. Lo anterior no significa que la circunstancia de otorgar la protección constitucional contra descuentos subsecuentes implique la inaplicación futura de normas generales en la esfera jurídica del inconforme, pues la concesión del amparo comprende exclusivamente a los actos subsecuentes respecto del mismo monto pensionario que motivó la concesión del amparo; ello se traduce en que las normas que fundaron los actos reclamados pueden ser válidamente aplicadas en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo en otras actuaciones que no hayan formado parte de la litis constitucional. La decisión adoptada tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 139/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ** contra la discusión, aprobación, expedición, refrendo y promulgación, del Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6° fracción III, 18 párrafo segundo, y octavo transitorio; reclamados del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca; lo anterior, por las consideraciones expuestas en el apartado VII de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ** en contra de los actos reclamados al Consejo Directivo y el Director General ambos de la Oficina de Pensiones de esta entidad federativa. El amparo se concede para los efectos precisados en el último apartado de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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