Juan Pérez Gutiérrez
Expediente 3/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Pérez Gutiérrez
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Grupo Especial Número Tres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera incidente de inconformidad en contra la resolución de cumplimiento de nueve de marzo de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Debido a que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces resulta que, una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *****. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 3/2018-IV, promovido por ********. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el dos de enero de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado el mismo día, ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Especial Número Tres y Actuario adscrito, a quienes reclamó el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 3/09/1388, al no verificar la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, dentro del término que para ello establece la Ley Federal del Trabajo, ofrecida desde el mes de enero de dos mil once. Segundo. Concesión de amparo. En proveído de cuatro de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo; integrado el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el primero de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Especial Número Tres, en caso de que no desahogara, el seis de febrero del año en curso, las testimoniales de ********, ******** y ********, realizara las gestiones necesarias para ello; así como para que proveyera lo necesario para desahogar la testimonial hostil de ********, en el juicio natural. Tercero. Auto en que se causa ejecutoria la sentencia y vista a la parte quejosa por desprenderse la posibilidad de que hubiera quedado sin materia el fallo protector. En auto de veintiuno de febrero del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia y toda vez que mediante oficio No SPS/523/2018, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Especial Número Tres, informó que la parte demandada en el Juicio natural se desistió de las testimoniales referidas, se dio vista a la parte quejosa con ello por el termino de tres días, ante la posibilidad de que la ejecutoria de amparo quedara sin materia. Cuarto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe, procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las partes. Al respecto, se tiene que el amparo y protección de la Justicia Federal, se otorgó al quejoso para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Especial Número Tres, en caso de que no desahogara, el seis de febrero del año en curso, las testimoniales de ********, ******** y ********, realizara las gestiones necesarias para ello; así como para que proveyera lo necesario para desahogar la testimonial hostil de ********, en el juicio natural; sin embargo, como ya se indicó, la parte demandada se desistió de dichos medios de convicción, de manera que, la ejecutoria de amparo dictada en este asunto quedó sin materia. Por lo que, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 3/2018, ha quedado sin materia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada ********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, ORDENADA EN PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: a) Para que en caso de que el de febrero de dos mil dieciocho, no desahogue los testimonios de *******, ******* y *******, realice todas las gestiones necesarias para desahogarlas, respetando el término de diez días para desahogar pruebas en un juicio natural, y b) Provea lo necesario para desahogar la testimonial de *******, en su carácter de testigo hostil, desde luego, respetando el mencionado término de diez días previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; y, No obstante lo anterior, el nueve de los actuales (foja 54), se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informando que el seis de febrero del año en curso, en los autos del juicio laboral *******, la parte ahí demandada, se desistió de la prueba testimonial a cargo de *******, ******* y *******. Por lo que, ante la posibilidad de que la ejecutoria de amparo haya quedado sin materia,, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de cuenta, a efecto de que en el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga respecto al cumplimiento del fallo protector, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se resolverá lo conducente, tomando en cuenta las constancias de autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de febrero de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 3/2018-IV. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El dos de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada al día siguiente a este juzgado, la demanda promovida por parte de *******, por conducto de su apoderada. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó: 4.- ACTO RECLAMADO.- La omisión por parte de las autoridades responsables de substanciar el procedimiento laboral en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, y específicamente la falta de notificación y presentación de los testigos ofrecidos por la parte demanda, en su escrito ofrecimiento de pruebas, para el perfeccionamiento de dicha prueba, circunstancia que ha generado una violación procesal que viola a los derechos humanos de mi representado, porque el desahogo de dicha prueba se ordenó desde el 27 de junio de 2011, y hasta la fecha de la presentación de esta demanda de garantías, ha sido posible el perfeccionamiento de dicha prueba, porque el tribunal laboral, omite turnarlo citatorios al actuario adscrito a la misma, y este último realizar la notificación de los testigos. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de enero de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 3/2018-IV y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, al no verificar la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, dentro del término que para ello establece la Ley Federal del Trabajo, ofrecida desde el mes de enero (fojas 21 y 22). Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, al rendir de manera conjunta su informe justificado (fojas 16 a 38) manifestaron que el acto reclamado es cierto; además, remitió copia certificada de las constancias relativas a la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. Tales documentales cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa argumenta que con el acto reclamado, la Junta responsable vulnera en su perjuicio el derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Dicho numeral establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que el derecho de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, tal derecho de administración de justicia, está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El subrayado es propio. Bajo ese contexto, la Junta responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 685, 686, y 883, todos de la Ley Federal del Trabajo, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, disponen: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.). 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.). 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. El subrayado es propio. Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema. Indicado lo anterior, de las constancias del juicio natural que remitió la Junta responsable, ya valoradas, se desprende que desde el veintiséis de enero de dos mil once (foja 23), la Junta responsable, celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral, y, en lo que aquí interesa, la parte demandada ofreció la prueba testimonial a cargo de *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******; sin embargo, a pesar de que la responsable calificó de legales todas las pruebas ofrecidas, no proveyó sobre la fecha de desahogo de dichas testimoniales. Luego, fue hasta el catroce de abril de dos mil once (foja 29), que se fijaron las catorce horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil once, para verificar la audiencia de desahogo de la prueba testimonial en comento. Así las cosas, el veintisiete de febrero de dos mil catorce (foja 31), el apoderado de la parte demandada se desistió de la testimonial ofrecida a cargo de *******, y se difirió el desahogo del citado medio de convicción, únicamente respecto de ******* y *******, toda vez que no fueron notificados para comparecer a la citada audiencia. Posteriormente, en audiencia de veintiocho de enero de dos mil quince (foja 33), se declaró la deserción de las testimoniales ofrecidas por la demandada a cargo de *******; y *******; asimismo se señaló el veintiuno de mayo de dos mil quince para desahogar las testimoniales de *******, ******* y *******;. Finalmente, el diez de enero de dos mil dieciocho (foja 34), fue diferida nuevamente la audiencia en mención, para las trece horas con diez minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, los cuales fueron debidamente notificados, según se desprende de las constancias remitidas por las responsable. Sin que se advierta que la Junta Responsable, en momento alguno haya proveído sobre el testigo hostil *******. Pues bien, tal como se precisó, desde el catorce de abril de dos mil once (foja 27), la Junta calificó de legal el ofrecimiento de las testimoniales ofrecidas por la parte demandada y hasta la fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, no ha desahogado dichos medios de convicción, superando con evidente exceso el término que fija la Ley Federal del Trabajo a fin de celebrar tal audiencia, que es de diez días, pues median entre ambas fechas siete años y cinco meses. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 685, 686 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de fijar la fecha para la audiencia de desahogo de la prueba testimonial dentro del término que indica la Ley Federal del Trabajo, así como en realizar todas las gestiones necesarias para que la misma sea celebrada, en atención a lo previsto por la ley laboral referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, para que la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, efectúe lo siguiente: a) Para que en caso de que el de febrero de dos mil dieciocho, no desahogue los testimonios de *******, ******* y *******, realice todas las gestiones necesarias para desahogarlas, respetando el término de diez días para desahogar pruebas en un juicio natural, y b) Provea lo necesario para desahogar la testimonial de *******, en su carácter de testigo hostil, desde luego, respetando el mencionado término de diez días previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; y, La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Actuario Adscrito a dicha Junta, pues no se reclamaron por vicios, de conformidad con la jurisprudencia ochenta y ocho, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del tomo V, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que estatuye: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de |garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Juan Pablo Martínez705/2017
- Juan Pablo Sánchez Hernández109/2018
- Juan Pablo Vázquez Calderón811/2017
- Juan Pablo Vázquez Olivas411/2022
- Juan Pablo Yepez Rodríguez787/2021
- Juan Pedro Alcantara Marcelo y Otros.1029/2022
- Juan Ramón Chavez Chavira430/2023
- Juan Ramón Chávez Chavira1144/2022
- Juan Ramón Hernández Jímenez878/2021
- Juan Rangel Pinedo412/2023
- Juan Roberto Peña Flores345/2018
- Juan Rubén Mares Oropeza y Otros.687/2021