Juan Pedro Alcantara Marcelo y Otros.

Expediente 1029/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 30 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1029/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Pedro Alcantara Marcelo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por el licenciado José Luis Jimarez Cabrera, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las documentales anexadas al escrito de demanda de amparo. En ese sentido, se acuerda de conformidad su petición de devolución de documentos, mismos que podrán ser recibidos por las personas (con calidad de autorizados en amplios términos) como lo solicita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establecen el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva instada, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 1029/2022-II, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de noviembre de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* y ******* promovieron demanda de amparo en contra de la Encargada de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración de la demanda. En proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, se mandó aclarar la demanda, en los términos ahí precisados. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; de lo que la quejosa tuvo conocimiento desde el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, sin que haya efectuado manifestación alguna al respecto. Quinto. Admisión de la demanda de amparo inicial. Mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (foja 52), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede. Sexto. Primera vista para ampliación de demanda. En auto de trece de diciembre de dos mil veintidós (foja 88), se dio vista a la parte accionante del amparo, para que, de ser su deseo, ampliara la demanda de amparo, en los siguientes términos: Agréguense a los autos el oficio remitido -por duplicado- por la Juez Provisional Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual atiende el requerimiento inserto en auto de uno de los presentes, toda vez que informa la existencia del juicio civil *******, promovido por *******, en su carácter de apoderado del *******, en contra de ******* y *******, aquí quejosos; así como que el bien inmueble objeto del juicio en cita, es el ubicado en *******. Ahora, visto el estado de autos, se desprende que la parte quejosa reclamó en este asunto, lo siguiente: 1. Del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad: -Todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del procedimiento judicial de origen; particularmente, la orden de emplazamiento a juicio, la sentencia ahí dictada y su ejecutoria; así como la orden de desalojo, desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, del que la parte quejosa refiere ser poseedora y propietaria. 2. Del Titular de la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, el Titular de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en esta ciudad: - La ejecución de la orden de desalojo y desocupación del bien inmueble. Al respecto, como se destacó en auto de uno de los actuales, la autoridad oficiante no fue señalada como responsable sino que, el Juez que fue precisado con esa calidad, fue el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; es decir, uno diverso. Por ende, se da vista a la parte quejosa, por conducto de su representante común, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, de ser su deseo, amplíe su demanda de amparo y agregue como autoridad responsable al Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad de quien deberá precisar los actos que desea reclamarle. (.) Después, tras desahogar la parte quejosa dicha vista, en auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda (foja 108); respecto de la cual, la nueva responsable, Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, rindió su informe justificado, como se advierte de la constancia visible agregada a foja 116, así como los anexos que remitió. Séptimo. Segunda vista para ampliar demanda de amparo. En auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés (foja 202) se otorgó nueva vista a la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: (.) Así, una vez que admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de los demandados, lo cual, de acuerdo a las constancias enviadas, ocurrió respecto a ambos quejosos, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Ya que dichos emplazamientos se encuentran íntimamente relacionados con los aquí combatidos, pues los quejosos se ostentaron terceros extraños al juicio de origen, con apoyo en el artículo 111, fracción II, de la ley de la materia, se les da vista para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo ampliar su demanda, en relación con el emplazamiento que les efectuó a ambos el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora adscrita a la Oficina Central de Oficinales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. (.) Luego, en acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda (foja 220); y el informe justificado relativo a tal ampliación, rendido por los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, obra a constancia 259 de autos. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades a las que designó como responsables en este asunto: Del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos y del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad: Todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del procedimiento judicial de origen; particularmente, la orden de emplazamiento a juicio, la sentencia ahí dictada y su ejecutoria; así como la orden de desalojo, desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, del que la parte quejosa refiere ser poseedora y propietaria. De la Encargada de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos y el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad: La ejecución de la orden de desocupación y entrega del bien inmueble aludido. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La ejecución de la orden de desocupación y entrega del bien inmueble; así como el emplazamiento practicado al juicio de origen, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Encargada de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez ni al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo refirieron al rendir sus informes con justificación. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad, pero no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juzgado Constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Tampoco son ciertos los actos reclamados al Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistentes en la sentencia dictada en el juicio oral ordinario civil ******* y su ejecutoria; así como la orden de desalojo, desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, del que la parte quejosa refiere ser poseedora y propietaria; tal como se evidencia del juicio de origen, del que se desprende que no ha sido dictada sentencia, menos aún los demás actos reclamados por la quejosa, precisados en este párrafo. De igual modo, no es cierto el acto reclamado de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en la ejecución de la orden de desocupación y entrega del bien inmueble ya indicado, en el juicio oral ordinario civil *******; pues, como ya se destacó, no fue emitida dicha orden. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los restantes actos reclamados al Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en la orden de emplazamiento a juicio de los demandados, aquí quejosos; y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en el emplazamiento que les practicó al juicio de origen, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Las documentales de donde ello se desprende, relativas a todo lo actuado en el juicio natural, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria Judicial adscrita al Juzgado de referencia. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede a analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima la actualización de una hipótesis de improcedencia. Sin embargo, antes de examinarla, por cuestión de técnica, es pertinente reseñar brevemente los antecedentes del juicio generador: El aquí tercero interesado, ******* (por conducto de su apoderado *******), promovió demanda ordinaria civil en contra de los quejosos (foja 120), respecto del vencimiento anticipado del contrato de crédito hipotecario relacionado con el bien inmueble *******, en esta ciudad. De dicho asunto, correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; quien lo identificó como el juicio oral ordinario civil *******, de su estadística; mismo que admitió a trámite el veintisiete de julio de dos mil diecinueve (foja 175). El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, los aquí quejosos fueron llamados al juicio de origen, según se desprende de las constancias agregadas a fojas visibles 179 y 180 de autos. Después, el trece de marzo de dos mil veinte (foja 186), se declaró la rebeldía de los demandados, aquí quejosos y se señalaron como fecha y hora para la audiencia preliminar, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; actuación que constituye la última en el asunto de origen, es decir, no se verificó la audiencia premilitar, debido a la pandemia deducida de la enfermedad denominada COVID-19 y tampoco se ha dictado sentencia. Dicho ello, se procede a continuación al análisis de la hipótesis de improcedencia que se estima actualizada, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Dicho numeral consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo procederá, cuando previo a su promoción -contra resoluciones de tribunales judiciales, como en el caso- se hayan agotado los recursos establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Además, en tal numeral se detallan hipótesis de excepción a ese principio -por lo que hace a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, en las que no encuadra el caso concreto, ya que a) no se trata de alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) no se trata de órdenes de aprehensión o detención, c) no es persona extraña al procedimiento, pues, como se colige de los antecedentes reseñados supra líneas, era parte en el juicio natural, el cual no ha concluido y existen actuaciones en las que se hizo constar la participación de la aquí quejosa a dicho procedimiento y, d) no se trata de auto de vinculación a proceso. Pues bien, en contra del citado auto, procede el incidente de nulidad de actuaciones, contemplado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua; los numerales relativos de la mencionada codificación, son del siguiente contenido: Artículo 91. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser invocada por la otra. Tampoco puede ser invocada la nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 93. Las cuestiones que se susciten con motivo de la nulidad de actuaciones o notificaciones, se substanciarán dando vista a la parte contraria. Si se ofrecieren pruebas y fuesen admitidas, se señalará una audiencia especial en la que se desahogarán las mismas, se oirán alegatos y, de ser posible, se dictará la resolución. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, sin más trámite se dictará resolución, si fuera posible; en caso contrario, se dictará dentro del término de tres días. Artículo 94. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. (.) De tales numerales, esencialmente se advierte que la nulidad de actuaciones, en específico, por defecto en el emplazamiento, debe ser promovida por la parte a quien le traería como consecuencia un beneficio y que en caso de declararse que efectivamente, existió algún vicio en la notificación de que se trata, ello conllevaría declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la misma. En efecto, la parte quejosa reclama de las responsables, el ilegal emplazamiento que se le practicó al juicio oral ordinario civil *******, el que aduce, adolece de ser ilegal. Empero, dado que en dicho procedimiento no se ha dictado sentencia, previo a acudir a este medio de control constitucional y convencional, debió agotar el medio ordinario de defensa contemplado en el cuerpo normativo que rige el acto, esto es, el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, pues el mismo es el ideal para combatir el defecto en la notificación de que se duele. Ello, pues la declaración de nulidad que en su caso, fuere emitida, traería como consecuencia la orden de retrotraer todo lo actuado hasta el momento en que se cometió la violación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis (antes, por contradicción de criterios) 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, con registro digital 2000293, del siguiente contenido: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, resulta ilustrativa, por las razones que informa, la jurisprudencia 3a./J. 19/92 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en octubre de mil novecientos noventa y dos en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 206784 de rubro y texto siguientes: PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/343 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 55, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia civil y número de registro 209640, que dice: EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ÉSTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia aludida en este apartado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada es la que debe prevalecer, y lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Resta mencionar que algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, integradas conforme a la ley de la materia anterior, resultan aplicables en atención a que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Único. Se sobresee en el juicio promovido por ******* y *******, en contra de las autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde, los escritos presentados por el licenciado *******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, y por la licenciada *******, apoderada legal de la tercera interesada *******. Respecto al escrito presentado por el licenciado *******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual oferta pruebas y manifiesta alegatos. Respecto a las pruebas que ofrece, no se hace mayor proveído, toda vez que las mismas fueron ofertadas y admitidas en auto de veinticuatro de noviembre. En torno a sus manifestaciones de alegatos, mismos que se tienen por formulados. Luego, por lo que hace el escrito por la licenciada *******, apoderada legal de la tercera interesada *******, misma que acredita su personalidad con copia certificada del instrumento público número *******, ante la fe del notario público número ******* de la Ciudad de México, mediante el cual se apersona a juicio. Además, con fundamento en los artículos 9, 10 y 28 de la Ley de Amparo, téngase designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio el inmueble que indica. Se tienen por vertidas sus manifestaciones en vía de alegatos. Asimismo, como lo insta la promovente, se le tiene haciendo suyas desde este momento, el informe justificado y sus constancias rendido por el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Finalmente, tómese lo anterior en consideración en la celebración de la audiencia incidental, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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