Juan Pablo Yepez Rodríguez
Expediente 787/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Pablo Yepez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de febrero de dos mil veintidós. Acepta competencia Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, atento a su contenido la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia y admitió la demanda de amparo promovida por *******, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 787/2021-III del índice de dicho órgano jurisdiccional, la que dio origen a este juicio. Declaratoria de asunto concluido En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como el numeral 3, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se tiene como asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo Se ordena remitir la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante seis meses contados a partir de esta data, según lo dispuesto en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este cuadernillo es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de seis meses de haberse dictado este acuerdo, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el numeral 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, el presente cuadernillo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, tal como se dispone en los artículos catorce, quince y veintiuno del Acuerdo General mencionado, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de enero de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 787*2021-III, promovido por ***, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, y recibido el día hábil siguiente en este Juzgado, ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó: 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, la discusión, aprobación y expedición del Decreto No. LXVI*APLIE*0952*2020 I P.O., de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, específicamente en cuanto a los numeral 11, 12, 13, 14 y 15, que contienen la tarifa anexa inconstitucional de la Ley de ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, en su capítulo IV denominado POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, le reclamo la promulgación del Decreto No. LXVI*APLIE*0952*2020 I P.O., de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, específicamente en cuanto a los numeral 11, 12, 13, 14 y 15, que contienen la tarifa anexa inconstitucional de la Ley de ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2021, en su capítulo IV denominado POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 28, último párrafo, 31 fracción IV, 115 fracción IV, inciso c*, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el consecutivo 787*2021-III, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Ahora bien, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado procede a determinar si cuenta con la misma para conocer de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la tesis número 679, publicada en la página 456, del tomo VI, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, *registro: 218721*, la cual reza de la siguiente manera: *COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En efecto, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía, inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite; es decir, únicamente pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar conforme a la división competencial establecida. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa *amparo indirecto y directo*. En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 35 de la Ley de Amparo, los órganos competentes son los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito; 2. La materia *civil, penal, laboral y administrativa*. En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3. El territorio, regulado por el artículo 37 de la legislación de la materia. En ese sentido, para establecer la competencia, el Juez de Distrito, además de atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo y analizarla de manera integral, debe relacionarla con los demás elementos allegados a la misma y con los que consten en el expediente respectivo, para desprender datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la cual versa el acto reclamado y el ámbito territorial en el que surtirá efectos, a fin de estar en aptitud de establecer cuál órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Es oportuno traer a colación lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: *Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.* Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a* Es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b* Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c* Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las relatadas condiciones, según se desprende de los certificados de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, consistentes en copias con cadena original del complemento de certificación del Servicio de Administración Tributaria, de la facturas fiscales con números de operación *** y ***, ambos a nombre de ***, de las cuales se advierte que el pago de los derechos de referencia, fueron realizados en las oficinas de recaudación de rentas, ubicadas en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Con lo anterior, se acredita que el acto de autoridad que se combate en esta vía constitucional, tiene ejecución en Ciudad Chihuahua, Chihuahua, perteneciente al Distrito Judicial Morelos. En el caso en estudio, el acto reclamado consiste en la constitucionalidad de una norma, esto es, el Decreto No. LXVI*APLIE*0952*2020 I P.O., de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2021, por lo cual, debe atenderse que no se reclama la norma por su sola entrada en vigor, sino con motivo de un acto concreto de aplicación, acto que se materializó en fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, realizado en la oficina de recaudación de rentas en la ciudad de Chihuahua. Por lo anterior, de conformidad con el ordinal 37, primer párrafo de la Ley de la Materia, se estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Chihuahua, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio donde se aplicaron los artículos tildados de inconstitucionales. A la consideración anterior, no es obstáculo el hecho de que la autoridad recaudadora ante la cual se realizó el pago, no fuera señalada como autoridad responsable. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que, si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley. Lo anterior encuentra sustento en el criterio optado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial número 13/2021, de su índice, mediante resolución dictada en sesión de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, bajo los razonamientos siguientes: *Ahora bien, cuando se reclama en un juicio de amparo la constitucionalidad de una ley o de un reglamento con motivo de su aplicación, para los efectos de la competencia, debe atenderse a la naturaleza del acto donde se realizó la aplicación, para determinar el órgano jurisdiccional al que deba corresponder el conocimiento del juicio de amparo; de modo tal que cuando se reclama una ley, no por su sola entrada en vigor, sino con motivo de un acto concreto de aplicación, la competencia para conocer de esa reclamación corresponde a la autoridad de amparo que ejerza jurisdicción en el territorio donde se haya aplicado la ley combatida. En el caso, la quejosa reclamó los actos legislativos que dieron origen al Decreto No. LXVI*AOLIE*0952/2020 I P. O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico los numerales 11 y 13, con motivo del primer acto de aplicación y para acreditarlo ofreció como prueba la factura relativa a la operación *** de cinco de agosto de dos mil veintiuno, expedida por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, de la que se advierte que el pago fue realizado en la Oficina de Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez, Chihuahua. En ese sentido, de conformidad con el ordinal 37, primer párrafo de la Ley de la Materia, se estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio donde se aplicaron los artículos tildados de inconstitucionales. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación rubro y texto siguiente: *Registro digital: 232432 Instancia: Pleno Séptima Época Materias*s): Constitucional, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 163-168, Primera Parte, página 113 Tipo: Aislada: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE SU APLICACION. CORRESPONDE CONOCER DEL JUICIO AL ORGANO JURISDICCIONAL AL QUE COMPETE CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ACTO DONDE SE HIZO LA APLICACION. Cuando se reclama en juicio de amparo la constitucionalidad de una ley o de un reglamento con motivo de su aplicación, para los efectos de su competencia, debe atenderse a la naturaleza del acto donde se hizo la aplicación, para determinar el órgano jurisdiccional al que deba corresponder el conocimiento del juicio de amparo. Es cierto que el artículo 158 de la Ley de Amparo en su texto anterior a la reforma de mil novecientos cincuenta y uno, al señalar los casos en que eran procedentes los juicios de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, no se refirió concretamente a los casos en que se reclamara la constitucionalidad de una ley con motivo de la aplicación que de ella hiciera una autoridad judicial en alguna sentencia definitiva; también es cierto que no hay referencia expresa sobre ese tema en el texto actual de los artículos 158 y 158 bis, de la citada Ley de Amparo, pero una recta interpretación de estos preceptos y del artículo 114 del propio ordenamiento, lleva necesariamente a concluir que cuando no se actualice la hipótesis prevista en la fracción I de este último artículo, o sea, cuando no se trate de combatir una ley que entrañe violación de garantías por su mera expedición, sino de combatirla porque la violación de garantías se produzca al hacerse aplicación de ella y no antes, la competencia para conocer de esa reclamación corresponderá a la autoridad jurisdiccional a quien toque conocer del juicio de amparo en que se combata el acto de la autoridad que le haya dado aplicación a la ley." Sin que pase inadvertido que el criterio citado se refiere a la Ley de Amparo abrogada, sin embargo, resulta aplicable, toda vez que no se contrapone a la Ley de la Materia vigente. De igual manera, este Tribunal Colegiado comparte los argumentos que sustentan el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito siguiente: "Registro digital: 2003246 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias*s*: Común Tesis: V.2o.P.A.3 K *10a.* Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2054 Tipo: Aislada *COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley.". En consecuencia, este Órgano Colegiado, determina que es competente para conocer del juicio de amparo promovido por ***, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues como se estableció en párrafos precedentes la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales tuvo lugar en la ciudad en la que ejerce jurisdicción el aludido juez." Por lo anteriormente apuntado y de conformidad con el criterio expuesto, es que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, por lo cual, se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer el juicio de amparo promovido por ***, contra actos del Congreso y Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con asiento en ciudad Chihuahua. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, a fin de evitar mayores dilaciones, remítase el original de la presente demanda de garantías y copias de la misma, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de ese lugar, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole que a la brevedad posible y de no tener inconveniente legal alguno, comunique a este órgano jurisdiccional el sentido de su determinación. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Este juzgado carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo y la declina al Juez de Distrito en turno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Segundo. Se ordena remitir los autos originales de este juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Notifíquese personalmente y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***, hoy doce de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el escrito y anexos presentados por el autorizado de la parte quejosa. En cuanto pruebas documentales que exhibe, se tienen por admitidas y desahogadas debido a su especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo previo, sin perjuicio, claro está, de relacionarlas en la audiencia constitucional, términos del diverso numeral 124 de la ley invocada. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada*************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *********, Secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada R*******. Doy fe. lamd
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